Viene una recesión. ¿Qué hacemos?

La OCDE estima que el impacto inmediato significó una caída de entre un 20 y un 25 % de la producción de las economías desarrolladas, y una reducción de un 33% de su demanda agregada. Aún falta por ver cuánto tiempo estaremos encerrados, y no se han calculado los impactos indirectos de la crisis.

La contracción inicia en Wuhan, China. Una de las ciudades más importantes en la producción y exportación de partes de automóviles y manufactura mundial. China, en general, con más de mil millones de consumidores, también es un gran comprador: importan materia prima, circuitos integrados, petróleo, soya y aviones y vehículos de EEUU.

EEUU (y el mundo) le compra a China piezas de automóviles, celulares, computadoras, juguetes y otros productos manufacturados. El catalizador de la recesión que viene fue el cierre de importantes centros de producción. China es el gran ensamblador mundial y un eslabón esencial de una cadena global de producción. Es decir, que China importa, transforma y exporta: exporta productos finales y productos intermedios.

Wuhan dejó de exportar partes de una cadena de producción global y con ello varias fábricas en otros países dejaron de consumir.

Algunas en Europa y EEUU aún están produciendo por su stock en inventario, pero se verán estancadas cuando se agote.

China también dejó de importar al parar su producción y eso implica desacelerar las economías de sus socios comerciales principales al reducir demanda.

Con las medidas globales de cuarentena se dibuja una tormenta perfecta sin muchos precedentes históricos.

La crisis del 2008 se queda corta comparada con las proyecciones actuales, y las políticas fiscales y monetarias contracíclicas no pueden hacerse esperar. Aunque necesarias, la efectividad de dichas políticas y la rapidez de la respuesta de la economía aún son inciertas.

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Cuando el COVID19 se esparce en Europa y entra al continente americano, tanto el consumo como la producción se ven afectados. No hay por ahora una estanflación. Hay un shock de demanda agregada temporal y de oferta agregada contrayéndose. Si a esto sumamos los precios del petróleo, que de enero a marzo han caído un 25 %, los costos de producción no muestran incrementos, más bien sugieren a venir a la baja.

Demanda agregada a la baja, inversión a la baja y producción a la baja. Es una contracción de dos vías sin un horizonte de estabilización en el corto plazo.

Aunque aún es muy temprano predecir por la incertidumbre, hay que pensar en abordar la recesión tanto con políticas de estímulo a la demanda agregada en el corto plazo, como de estímulo a la producción para el mediano y largo plazo.

En países como Guatemala esto es un reto mayor. Primero por la falta de recursos del Estado, segundo por la poca cintura que tiene para usar fondos públicos y tercero por la captura que resta independencia a la toma de decisiones públicas ante una crisis de la magnitud como la que presenciamos.

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A pesar de que el gobierno tiene algunos márgenes para endeudarse sin sacrificar demasiado la saludable estabilidad macroeconómica del país, el escenario sugiere endeudamientos fuertes que en el mediano plazo pueden sacrificar la ya precaria situación del débil estado guatemalteco. Para el largo plazo una reingeniería fiscal es necesaria.

La automatización de empresas puede ser una solución al shock de oferta, del lado de la producción, aunque afectaría al empleo. Al no requerir mano de obra pueden empezar a producir incluso remotamente. Sin embargo, por mucho que produzcan, mientras el consumo esté paralizado y en cuarentena, no hay ventas. Se pone más serio si quienes dejan de trabajar, así como las MiPymes de servicio, no reciben ingresos, convirtiéndose en una bola de nieve que hará que menos empresas produzcan, menos consuman y se detone un ciclo de desempleo creciente de grandes proporciones.

Agreguemos a ello la caída en las remesas, fuente crucial de ingresos para el consumo de muchas familias, y la recesión se incrementará. No digamos si en EEUU hay despidos masivos y con ello aumenta la repatriación o deportación de connacionales desempleados.

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Las políticas para desmantelar y debilitar el ya pequeño y débil estado guatemalteco tienen sentido, según algunos analistas, para revitalizar la economía en el corto plazo, pero son peligrosas para el largo plazo.

Las grandes empresas gozan aún de un margen de utilidades y cuentan con inventarios y liquidez en el corto plazo. El problema es que su demanda se ha reducido. Ojalá EEUU bajara los aranceles en los próximos días para dinamizar el comercio, pero sobre eso no tenemos control.

El comercio interno y las MiPymes son otra fuente importante de ingresos para la población guatemalteca, pero más del 80 % de ellas se desenvuelven en la informalidad. Esto implica que tributan poco, pero también que carece propietarios y trabajadores carecen de seguro social. Más del 70% de las personas empleadas trabajan en la informalidad, sin acceso a seguro social. La producción para el autoconsumo se da en áreas rurales, población indígena y regiones con índices de alta concentración de pobreza. Se calcula que más del 40% del PIB depende de la economía informal.

Debilitar al Estado en estas circunstancias es tentador para dinamizar algunas industrias, pero un Estado más débil haría que el desarrollo humano colapse. En muchos casos, la red de protección social es inexistente para quienes trabajan en la informalidad o viven en áreas a las que los servicios estatales no llegan. La crisis del COVID19 lo ha evidenciado más.

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El salario habitual en la industria maquila es el salario mínimo, que este año es de Q84.85 al día, (unos U$7.50 al día), unos U$345 al mes (y con bonos asciende a unos $405). El costo de la canasta básica alimentaria para un hogar está en unos U$465 al mes.

Lo anterior explica los índices sociales paupérrimos en Guatemala. Uno de cada dos niños sufre de desnutrición. Ocho de cada diez, si son indígenas. La pobreza no ha disminuido, más bien aumentó en la última medición hecha. Seis de cada diez personas viven debajo de la línea de pobreza de $4.25 al día.

Guatemala es uno de los cinco países más desiguales en ingresos en Latinoamérica y el que tiene mayor desnutrición infantil en la región.

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La economía formal no es capaz de absorber a la población económicamente activa, por lo que no es extraño que las personas apenas sobrevivan, se dediquen a la economía informal e ilegal (narcotráfico, sicariato, etc.) o emigren. Lo mismo con los otros dos países del norte de Centroamérica por ello las caravanas de migrantes no paran. Solo en EEUU viven unos 3.5 millones de guatemaltecos y la migración no ha disminuido a pesar de los bloqueos y muros físicos y administrativos puestos por el Gobierno de Trump.

Esto explica la alta dependencia de muchas familias sobre todo en áreas rurales de las remesas para el consumo. En 2019 las remesas alcanzaron un récord de 10.500 millones. Diez veces más que la ayuda en programas que envió la Usaid en dicho año.

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En el plazo inmediato hay muchas personas que por necesidad salen día a día a trabajar (mercados cantonales, ventas ambulantes, y MiPymes formales e informales). La pobreza y la falta de acceso a crédito, seguro de salud y de vida, así como no contar con ahorros, ponen a las personas en un dilema grave: O trabajo con el riesgo de contagio o no como.

El problema es que debido a los altos riesgos de contagio y la poca capacidad del Estado en atender la pandemia puede provocar muertes masivas afectando a la economía de esos hogares de forma estructural. 

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Una recesión de al menos cuatro meses en EEUU impactará con dureza en la industria de manufactura, el turismo y las remesas en Guatemala. Esto golpeará directamente el empleo y los ingresos directos de miles de entre medio millón y un millón de familias, vulnerables en el corto plazo.

Los desembolsos de 7,000 y 11,000 millones de quetzales se quedan cortos para atender el impacto que puede causar la recesión global en las actuales circunstancias.

En 2008 Guatemala solo sufrió una desaceleración. Esta vez sí podemos esperar una recesión, sobre todo por los efectos de rezago del COVID19 y los despidos masivos que la parálisis de la economía local está ocasionando y que la recesión post COVID19 va a ocasionar en cuanto al comercio internacional.

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Para el corto-mediano plazo es necesario que el Banguat tome su rol de prestamista de última instancia ante la crisis y financie las políticas fiscales contracíclicas necesarias para el tiempo por venir.

La estabilidad macroeconómica histórica permite al Estado incrementar la deuda soberana, sin causar problemas serios a la sostenibilidad financiera. Con una calificación satisfactoria por parte de agencias de riesgo (B+), Guatemala aún puede aprovechar los fondos de asistencia de emergencia del Banco Mundial y postularse para los paliativos ofrecidos por los organismos financieros multilaterales que permiten diferir sus obligaciones financieras.

Es preocupante que, en estas circunstancias, además del paliativo a las familias de Q1000 que ofreció el Gobierno para este mes, se necesite una inyección de más recursos (similares en abril) y más fondos para reactivar a la economía en proyectos de inversión pública en los siguientes tres a cuatro meses.

Por otro lado, las disposiciones para prevenir contagios a lo interno en Guatemala y la dependencia en industrias intensivas en mano de obra ponen en riesgo a esa gran parte de la población que vive al día.

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No habiendo una red fuerte de seguridad social, el riesgo de contagio de COVID19 por la necesidad económica sugiere un alto riesgo humano y consecuentemente en la economía de miles de hogares.

Las disposiciones oficiales al momento son de permitir a personas trabajar en dichas industrias siempre y cuando estas cumplan con normas de seguridad y prevención de contagios, incluyendo proveer transporte al personal y brindar condiciones y servicios de prevención sanitarias. No hay transparencia en estos procesos hasta el momento.

Además, implica elevar los costos de producción a las maquiladoras, por lo que habrá que estar atento del cumplimiento de esas condiciones, así como observar si estas empresas pueden continuar operando en los próximos meses.

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El impacto para las familias trabajadoras en esos sectores de exportación es grande también, por el alto riesgo de contagio. Hablamos de vidas humanas. El gasto por medicamentos y tratamientos puede impactar con dureza a la economía familiar. Esto es aún más grave también para el 70% de empleados en el país pues trabajan en la informalidad y no cuentan con seguridad social.

La economía informal y las MiPymes se han visto afectadas ya. Muchas en centros urbanos han cerrado y algunas empiezan a despedir a sus trabajadores.

El turismo, que genera casi medio millón de empleos, es el sector más afectado. Las MiPymes de turismo generan el 85% de empleo en esta industria, y son otra fuente importante de ingresos de familias en áreas rurales (artesanías, alimentos, etc.). El ingreso de divisas por turismo ascendió a casi U$1,250 millones en 2019.

La tentación del corto plazo

En esta crisis si a alguien hay que subsidiar y facilitar sus márgenes de utilidad es a las MiPymes, buscando incluso formalizar a la gran mayoría que operan en la informalidad, pero al mismo tiempo fortalecer las redes de protección social tanto de propietarios como de trabajadores(as) para el mediano y largo plazo.

Debilitar aún más al estado con el gasto público más pequeño del mundo e ingresos más bajos de Latinoamérica termina siendo contraproducente si se quiere elevar los estándares de vida de la población en el largo plazo y de forma sostenible. Un retroceso peligroso se avizora en el horizonte de no repensar nuestro modelo de desarrollo en su fórmula Estado-Mercado-Sociedad, a partir de la crisis.

Debilitar aún más al Estado es insensato.

Debido a la estructura desigual de factores productivos, la existencia de industrias oligopólicas, la dependencia de remesas de EEUU y de la economía informal para la mayoría de la ciudadanía guatemalteca, el abordaje a la recesión deberá evitar que se ensanchen las brechas de desigualdad, se mine la capacidad de MiPymes y de desarrollo individual de las mayorías y evitar que la clase trabajadora se quede sin protección social.

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También debe prevenirse la depredación de ecosistemas a favor de industrias extractivas que buscan precisamente paraísos fiscales y laxas regulaciones laborales, fiscales y ambientales para minimizar sus costos de producción y maximizar sus utilidades.

Soluciones tentadoras para el corto plazo, pero nefastas para el largo.