La ubicación de dichas piezas paulatinamente se ha ido deslizando desde las primeras hasta las últimas páginas de la sección nacional en un espacio cada vez más reducido, con lo cual se impide la profundización de problema o complementar la información. Generalmente son descripciones sucintas de hechos desde enfoques sensacionalistas, que pretenden producir emoción a partir de discursos e imágenes de impacto en las cuales se recurre con mucha asiduidad al uso de términos peyorativos. De esta manera se induce a quien lee a justificar los motivos de la muerte vinculando a las mujeres asesinadas con actividades delictivas, sin recalcar en el delito penal ni en la violación flagrante de los derechos humanos que cada uno de esos actos significa.
En esa misma línea, la mayoría de las notas informativas hace referencia a los hechos concretos sin ahondar en las consecuencias sociales o el impacto del femicidio en las familias afectadas o la niñez en situación de orfandad.
Es importante aclarar que los medios de comunicación han cumplido un rol importante en cuanto a las percepciones sobre los problemas sociales. De hecho, en determinadas coyunturas han contribuido a hacer visibles temas que permanecían ocultos a las miradas preformateadas culturalmente.
A mitad de la década pasada los medios contribuyeron en la visibilización de la violencia contra las mujeres y específicamente las muertes violentas como un problema grave de violación a los derechos humanos, como resultado de campañas de incidencia y procesos de interlocución que las organizaciones de mujeres iniciaron con los tomadores de decisión de los medios de comunicación.
Inicialmente, se avanzó en dar a conocer la magnitud del problema ya que en los años previos no se contaba con estadísticas desagregadas sobre este delito. Una vez que las entidades públicas comenzaron a discriminar los datos, los medios se hicieron eco del fenómeno y comenzaron a verse cada vez con mayor frecuencia coberturas que enfatizaban los números. Fue la época de los titulares “van 400”, “van 500”.
Hace ya unos años que la selección de agenda, y la manera determinada que se elige para informar, más que contribuir al debate público en términos del derecho a la vida y su exigencia, produce por un lado una sociedad desinformada, y por el otro —y esto es fundamental— un efecto que naturaliza el femicidio y en algunos casos los justifica. Para no contribuir a que los medios se transformen en grandes jueces, es importante comenzar a erradicar los estereotipos y prejuicios de las coberturas para que no se perfilen en las piezas informativas.
Por eso es necesario superar esta forma de comunicar y apostarle a coberturas que —más allá de plantear los hechos concretos o el número exacto de víctimas— apunten al análisis, la investigación seria y con pluralidad de fuentes, que eviten los prejuicios, el sensacionalismo y la sobredimensión del dramatismo. Nada de eso puede realizarse sin procesos de interlocución que unan los esfuerzos de las y los periodistas, los tomadores de decisión de los medios, las entidades públicas, la academia y organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de velar por los derechos humanos de las mujeres. En este proceso se logran varios objetivos, porque en la medida que se construye un mejor periodismo también se promueven cambios en los imaginarios y las prácticas.
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