El ataque del Congreso a la ciudadanía

El Congreso de la República arremete contra la ciudadanía:

• La afrenta contra el procurador de los derechos humanos tiene varios objetivos. Por un lado, atacar a uno de los últimos funcionarios que han denunciado los actos corruptos de políticos y las extralimitaciones sostenidas de funcionarios públicos. Con esta estrategia no solo se busca debilitar la moral de una ciudadanía indignada, sino que se intenta infundir miedo. Pero no estamos solas, no estamos solos. No somos una voz que apenas se escucha. No se deje amedrentar.
• La mesa instalada en oposición a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, después de que esta última revelara decenas de pruebas válidas para denunciar a políticos y empresarios que han secuestrado el Estado para responder a sus privilegios a costa de las necesidades de la sociedad, es una muestra del poder que creen tener los diputados y las diputadas que la integran. Es una comisión que extralimita la naturaleza de la función de la representación al Congreso y que desvirtúa la revisión crítica y necesaria de la lucha contra la corrupción. Es una muestra de burda venganza. Pero es también peligrosa para una opinión pública que ha sido blanco de una polarización infundada: se está generando un discurso en el cual los señalados de delitos se convierten en víctimas de las investigaciones que buscan justicia. La demanda debe ser la misma: justicia objetiva e independiente ante las instituciones correspondientes. Es decir, el Congreso de la República no tiene autoridad en el asunto. Además, quien está en dicha comisión debe recordar que su poder es ante todo nuestro poder.

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• El presupuesto que está por ser aprobado es una embestida contra la sociedad guatemalteca: se recortan los programas de vacunación, no aumenta la cobertura educativa, se atribuirán millones de quetzales a oenegés desconocidas y se incrementa desproporcionalmente el presupuesto del Ministerio de Defensa. Con este presupuesto, el nuevo gobierno de Alejandro Giammattei no podrá atacar los problemas de raíz. Y si no es de su interés, debería serlo el no responder mínimamente a ciertas promesas de campaña.
• Para una sociedad que dice que la inseguridad es su preocupación más inmediata, los 500,000 quetzales asignados al combate contra las extorsiones no parecen suficientes, y seguramente se sentirán los 140 millones de quetzales menos para la prevención de la violencia. No hay más para afrontar el narcotráfico, y la continuidad de la reforma policial será imposible sin recursos.

El 14 de enero de 2020, alrededor de 15 diputados perderán su inmunidad al ser señalados por el Ministerio Público o por la Cicig ya sea por discriminación, por lavado de dinero, por financiamiento electoral ilícito o por algunos otros delitos. Muchos de ellos están involucrados en estas acciones. Antes de salir de ese lugar que ha visto tantas traiciones a los principios democráticos, buscan maneras de protegerse en el futuro votando leyes que les favorezcan cuando enfrenten la justicia. No tenemos representantes del pueblo. Tenemos agresores de toda una sociedad, salvo algunas escasas, reconocidas y dignas excepciones.

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