El beneficio es para todos… los que ya tienen sus frecuencias

Había quien le demandaba que vetara las reformas a la Ley General de Telecomunicaciones pero Otto Pérez Molina frustró sus intenciones: el 5 de diciembre se publicó el decreto en el diario oficial.

El presidente había sancionado el decreto y entra hoy en vigor. Con él se amplían los plazos de usufructos de frecuencias radioeléctricas de 15 a 20 años y se establece la posibilidad de prorrogar los contratos por medio de una solicitud escrita.

Los diputados Amílcar Pop, de Winaq; Carlos Mejía, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y Carlos Barreda de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), solicitaban el veto. Pop indicaba que era una medida que limitaba aún más el acceso a medios de comunicación a muchos sectores, incluido el indígena. La inquietud de Barreda era la ausencia de beneficios para el Estado al ceder el espectro radioeléctrico como parte de sus recursos.

En las redes sociales también se preparaban las protestas para demandar al gobernante dar marcha atrás. Las críticas no se limitaban al ámbito nacional. El Sistema de Naciones Unidas ya había expresado su inconformidad por la falta de discusión de la Ley y la oportunidad perdida de hacer más accesibles las frecuencias radioeléctricas. Y hoy mismo, uno de los gurús de los nuevos medios, el brasileño Rosental Alves tuitetaba: "Entra en vigor Ley de Telecomunicaciones en Guatemala que restringe las radios comunitarias".

Sin embargo, ya era demasiado tarde. El decreto contaba con el aval del Presidente desde el 30 de noviembre.

Pérez Molina argumentó que la crítica no provenía de Naciones Unidas sino de una persona dentro de ese organismo. El mandatario también manifestó que la Ley de Telecomunicaciones de Guatemala ha sido un ejemplo en la región ya que ha permitido que todas las personas en el interior del país puedan tener acceso al servicio de telefonía. Además, anunció que se está trabajando en un proyecto de telecomunicaciones, pero no dio mayores detalles al respecto. 

Una limitación reafirmada

La ley que sancionó el mandatario consta de cinco artículos. En ellos se modifican disposiciones de la normativa vigente desde 1997.

La normativa fue creada durante el gobierno de Álvaro Arzú como marco legal de la privatización de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel). Fue a partir de ese momento que se tuvo la posibilidad de que las empresas de telefonía celular obtuvieran parte de las frecuencias electromagnéticas del Estado por medio de usufructos en vez de concesiones, como había sido en años anteriores.

Había, sin embargo, una empresa, Comunicaciones Celulares S.A. (Comcel),  que desde 1986 ya contaba con parte del espectro radioeléctrico para este fin.

Los efectos no se limitaban a la telefonía celular. La nueva normativa dio lugar a subastas para obtener los usufructos de 15 años para controlar las frecuencias de radio, televisión, servicios satelitales y radioaficionados, entre varios otros.

“Era un logro en términos de transparencia que se tuviera que subastar”, expresa Oscar Chinchilla, diputado de Compromiso Renovación y Orden (Creo) y titular de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sit) en la administración de Óscar Berger.

Sin embargo, también se estableció que las empresas que ya contaban con concesiones no tuvieran que pasar por este proceso de subastas cuando su contrato concluyera. En lugar de ello, tuvieron la opción del usufructo por los siguientes 15 años sin tener que pagarle al Estado.

La llegada de Alfonso Portillo al poder anunciaba cambios en temas de telecomunicaciones. Pues el nuevo gobernante había anunciado en campaña que buscaría declarar lesiva la forma en que se había realizado el proceso.

Portillo no llegó a concretar esta promesa y en su primer año de mandato (2000) Comcel obtuvo el usufructo de la banda que controlaba, diez años antes de que concluyera el plazo de su concesión.

¿Certeza jurídica?

20 de noviembre. La instancia de jefes de bloque del Congreso acordó que ese día tendría lugar la tercera lectura y redacción final y por artículos de las reformas a la Ley, incluidas en una iniciativa de 2011.

A pesar de que no había discusión previa y de que muchas bancadas se oponían, el oficialismo y los aliados en ese momento consiguieron 90 votos y la aprobaron.

La Unión del Cambio Nacional (UCN), el Partido de Avanzada Nacional (PAN), la Gran Alianza Nacional (Gana), el Partido Unionista (PU), el bloque Todos y Libertad Democráticas Renovada (Lider) –bancada responsable de la iniciativa– respaldaron al PP en la aprobación.

Gudy Rivera, presidente del Legislativo, menciona que la Ley se socializó con los diversos sectores relacionados con radio, televisión y telefonía, y se aprobó cuando hubo consenso con todos ellos. Rivera añade que tampoco es un cambio muy grande, pues se amplió el plazo sólo cinco años.

Roberto Alejos, miembro de Todos, se refiere a que es una regulación que estaba lista para aprobarse el año pasado, pero debido a que era época electoral, se optó por posponer el procedimiento.

El argumento de quienes votaron a favor es la certeza jurídica. Mariano Rayo, analista independiente y exdiputado por el Partido Unionista (PU), explica que una medida como esta les da a las empresas la posibilidad de diluir la inversión que deben realizar en plazos más largos y que esto se traduce en que puedan dar servicios más baratos.

Sin embargo, Pop aclara que esto complica el panorama para optar a una frecuencia ocupada debido a que un simple intercambio de cartas es suficiente para prorrogar los plazos.

Rayo replica que hay aún muchas frecuencias que pueden utilizarse. Sin embargo, Chinchilla resalta que nada más hay libre cerca de un cinco por ciento del espectro radioeléctrico.

Los beneficiados

La mayoría de usufructos de 15 años otorgados en 1997 tuvieron que ser renovados este año, mientras que las empresas de telefonía concluyen este período en 2015. Sin embargo, un artículo transitorio de la reforma establece que, sin importar el plazo transcurrido desde el otorgamiento de la frecuencia, todos los usufructuarios podrán solicitar la ampliación a 20 años en los 90 días siguientes a la entrada en vigencia de la Ley.

Es decir que el beneficio principal lo obtienen las empresas telefónicas que evitarán pasar por el proceso de renovación en el año de vencimiento, pues ya tienen los próximos 20 años asegurados y sólo necesitan de un cruce de cartas para solicitar una prórroga.

Mario Taracena, diputado de la UNE, señala que esto beneficia principalmente a Mario López, principal accionista de Tigo Guatemala, empresa que funciona en las frecuencias de Comcel, pues tendría que ceder espacios ante la empresa matriz internacional al momento de tener que competir por las frecuencias después de 2015.

Orlando Blanco de la misma bancada, asegura que el día de la aprobación de la iniciativa, Luis Valladares, abogado de Tigo se presentó en el Congreso para pedirles a los bloques aliados la aprobación.

“Estuve indagando. Ese día Luis Valladares estaba en un concierto de Madonna en Estados Unidos”, responde Alejos, quien también asegura ser amigo desde la infancia de Valladares. Plaza Pública intentó comunicarse con Valladares, pero no respondió a las llamadas.

Pero los alcances de la Ley no se limitan a la telefonía celular, pues las empresas de radio y televisión también obtuvieron cinco años adicionales al período de su usufructo y un procedimiento más fácil para renovarlo. Tras la aprobación, Ricardo Sagastume, director del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones (Cetel), señalaba en una entrevista para Prensa Libre que la ley beneficiaba a todos los sectores.

Los beneficios alcanzan también a cadenas televisivas y consorcios radiales, uno de ellos, Emisoras Unidas, en manos de la familia de Erick Archila, ministro de Energía y Minas, y compañías como Claro, con participación del mexicano Carlos Slim.

Anteriormente, Lider había tratado de impulsar la aprobación por urgencia nacional de una iniciativa similar, pero que se limitaba a las frecuencias de radio y televisión. La falta de quórum impidió avanzar con este tema y quedó en suspenso.

A pesar de que las frecuencias de televisión abierta también se benefician con la ampliación a cinco años, Luis Rabbé, exministro de Comunicaciones de Alfonso Portillo y cuñado del empresario mexicano dedicado a este mercado Ángel González, se ausentó de la sesión y no dio su voto a favor de la medida.“Hay que interpretarlo. Si uno está a favor, vota a favor; si no, vota en contra o se abstiene” es lo único que afirma Luis Rabbé al ser consultado.

Su hermano, Alfredo Rabbé, votó en contra.

El problema para Ángel González, cuyos intereses se ven representados en muchos diputados a los que favorece en campaña, pero especialmente en los hermanos Rabbé, es que la mayoría de sus inversiones en medios de comunicación de masas pasan, además de por los cines, por la televisión en abierto y la televisión por cable: dos sistemas que con los rápidos avances tecnológicos actuales pueden quedar obsoletos o en un segundo plano comercial, en comparación con la televisión satelital y digital, controlada fundamentalmente por las empresas de telefonía. Y con la renovación automática de los usufructos para la telefonía, que fue una enmienda que el Congreso hizo, inesperadamente, en tercera lectura, a González se le dificulta la posibilidad de entrar a ese negocio.

Si bien la normativa les permite asegurar el control de sus frecuencias a quienes ya las tengan, también les impide competir por estos fragmentos del campo radioeléctrico con los demás usufructuarios.

En un foro relacionado con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Taracena señaló que todos los partidos habían adquirido compromisos de campaña con González, el magnate de la televisión abierta, a cambio de publicidad.

Durante el gobierno de Álvaro Colom, el Ejecutivo hizo un intento por establecer un impuesto para la telefonía. A pesar de que el entonces mandatario parecía al principio estar convencido de que era una opción viable, el tema se fue olvidando y nunca llegó al Congreso. Tigo era una de las principales implicadas.

Al ser consultado en una entrevista para Plaza Pública sobre el tema, el exministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight sobre si había sido obra de Gustavo Alejos, entonces secretario privado de la Presidencia y hermano de Roberto Alejos, quien había frustrado este plan, se limitó a responder que era lo que una buena fuente le había dicho y que no tenía pruebas de ello. Y añadió que el Gobierno renunció al tributo a cambio de que financiaran las aspiraciones electorales de la primera dama, Sandra Torres.

La polémica en torno a la reforma de la ley tiene que ver con esos dos elementos: la prolongación de un sistema de medios electrónicos y telecomunicaciones concentrado y poco proclive a la apertura democrática a distintas voces, y la supeditación de la política a los negocios de sus financistas.

Sin utilidad para el Estado

Existe otro aspecto relacionado con la prórroga: que el Estado no recibe ninguna regalía por el uso de las frecuencias, pues más allá de la subasta, el uso de estas frecuencias no representa ganancias para el Estado.

“¿Para qué regalías?”, expresa Rayo, quien resalta que, en Guatemala, el valor agregado que se traduce en empleos y servicios, asciende a 2,110 millones de dólares. Sin embargo, Frank La Rue, relator para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, opina que se trata de bienes naturales “como los recursos que extraen las mineras”, y que su uso comercial debe darle beneficios al Estado.

Chinchilla coincide en este sentido con La Rue. El legislador comenta que las empresas telefónicas facturan alrededor de Q30 millardos al año, sin pagarle al Estado periódicamente por el uso que hacen de sus frecuencias, aun cuando estos recursos podrían utilizarse en temas de interés nacional como la salud, la educación o el derecho a la alimentación.

La Rue agrega que lo ideal es que el manejo de las telecomunicaciones esté a cargo de un ente autónomo. Sin embargo, la Superintendencia de Telecomunicaciones -Sit- es una dependencia “de tercera categoría” del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y, por lo tanto, del Ejecutivo, lo que genera que cada gobierno haga convenios comerciales con quienes tienen el control de las frecuencias a cambio de propaganda en la época electoral. “Que el Presidente sancionara la Ley es corrupción”, enfatiza el relator.

Marginados a la ilegalidad

Aunque persisten las quejas por la reforma, la situación antes de su aprobación no era muy diferente y los requisitos para optar a una de estas frecuencias ya eran limitados. Según Pop, lo que hace la nueva normativa es reforzar y profundizar esas restricciones.

Existen rangos del espectro entre dos frecuencias que no se utilizan. Esto se hace para evitar la interferencia. Generalmente es en estos rangos en los que operan las radios ilegales. Chinchilla expone que si bien muchas emisoras lo hacen con fines de lucro, se recurre a esta práctica debido a las dificultades para obtener un usufructo. Se desconoce cuántas radios ilegales existen.

Según el congresista, una opción al respecto sería utilizar las frecuencias que están bajo el control del Estado y distribuirlas en la mayoría de municipios para que se usen con fines culturales y educativos.

La Rue sostiene que en un ánimo de promover derechos fundamentales al acceso a medios, a la información y a la opinión, es necesario que en el espectro radioeléctrico no sólo exista espacio para los medios comerciales, sino también para los comunitarios y los públicos.

La concentración de las frecuencias radioeléctricas en manos de un pequeño sector no es exclusiva de Guatemala, sino que ha sido una tendencia general en los países del continente. Así lo muestra el estudio 50 años de concentración de medios en América Latina, de Guillermo Mastrini y Martín Becerra.

El autor expone el caso de Argentina donde el grupo Clarín, editor del diario del mismo nombre, adquiere los derechos de un canal televisivo y empieza un crecimiento constante. Luego entra al mercado de la televisión por cable. El grupo también logró contar con participación en las telecomunicaciones por medio de la Compañía de Teléfonos del Interior (CTI), de telefonía celular y participa de la televisión satelital a través de DirecTV Latin America.

En el caso de Argentina, desde 2009, se emitió una ley que establece que el espectro que se destina a cada uno de estos tipos de medio no debe exceder de la tercera parte de las frecuencias. Las empresas dedicadas a la comunicación tienen hasta el próximo viernes para presentar los planes de desinversión necesarios para adaptarse a esta normativa.

Actualmente hay en el Congreso guatemalteco una iniciativa que plantea reformas al Código Penal. En ella se tipifica el delito de “transmisiones ilegales” para quienes usen el espectro radioléctrico sin la autorización de la Sit. La pena iría de los seis a los 10 años de prisión y el decomiso y pérdida de su equipo de transmisión. Es decir un mínimo superior al del delito de enriquecimiento ilícito, cuya pena va de los 5 a los 10 años, más una multa de 50,000 a Q500,000.

La iniciativa del diputado del Partido Patriota, Luis Fernández, ya cuenta con un dictamen favorable –emitido el mismo día que se aprobaron las reformas a la Ley de Telecomunicaciones– de la Comisión de legislación y puntos constitucionales, presidida por el también oficialista Oliverio García.

No obstante, la aprobación de la iniciativa está sujeta a una consideración del pleno. La razón es que en 2011, la Asociación de Sobrevivencia Cultural planteó un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Telecomunicaciones, pues se señalaba que violaba los derechos de los pueblos indígenas al no permitirles el goce del espectro radioeléctrico.

La CC no dio el amparo, pero –contradictoriamente– consideró que dos de los artículos sí violan garantías constitucionales y que el Congreso debe emitir una normativa sobre este tema.

Pop, quien acompañó a la entidad responsable del recurso en este proceso, considera que a pesar de la negativa, obtuvieron en gran medida los objetivos que buscaban.

La consideración de la CC puede convertirse en un precedente para un objetivo más amplio, según explica Pop: el de impugnar la Ley aprobada ayer por el Presidente. De lograr su cometido, las reglas del juego podrían cambiar, o al menos darle mayor oportunidad de acceso a los medios a los pueblos indígenas. De lo contrario, su falta de acceso a estos medios continuará al menos por 20 años más, que podrán extenderse otros 20 y otros 20 y otros 20 de manera casi automática y gratuita y sin competencia, si quienes controlan las telecomunicaciones y sus descendientes así lo quieren.