El desalojo de la comunidad Palestina Chinebal y la sostenibilidad de las empresas

Por más de medio siglo, las comunidades q’eqchi’ han demandado que el Estado les otorgue certeza jurídica sobre las tierras que habitan y trabajan. No tienen más que un pedazo de tierra y sus humildes viviendas para sobrevivir. Algunos consiguen trabajo con terceros. Son comunidades extremadamente pobres y abandonadas por el Estado.

La aldea Chinebal inició sus trámites ante el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) a inicios de los años 70. El expediente de la comunidad, junto a otros 200 de comunidades de los municipios de Panzós y El Estor, se encuentra resguardado en el departamento jurídico del Fondo de Tierras; estos expedientes dan cuenta de las gestiones realizadas por las comunidades para regularizar la posesión de esas tierras.

Pese a su permanencia pacífica y continuada en el lugar desde hace más de 70 años, las alternativas para lograr la certeza jurídica sobre sus tierras han venido cerrándose para las comunidades locales maya q’eqchi’.

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En julio 2020, el gobierno del presidente Giammattei canceló la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), lo cual es grave pues significa la desaparición de la única institución que investigaba los casos en litigio y, aunque no siempre era ágil ni llegaban a buen puerto sus gestiones, la SAA representaba un espacio para investigar la tenencia y propiedad de la tierra, promover el diálogo y buscar soluciones entre las partes. Al desaparecer esa institución, se cancelaron las mesas de diálogo y las comunidades de esta zona quedaron en total indefensión frente a las pretensiones de empresas y finqueros.

Cumpliendo la estrategia diseñada en octubre 2020, el sector privado en alianza con el gobierno han venido avanzando en cada una de las acciones recomendadas: se establecieron acuerdos tripartitos entre el CACIF, el Ministerio Público y el Registro General de la Propiedad; CACIF instaló su Observatorio sobre la Propiedad; y recientemente el MP inauguró la Fiscalía contra delitos de Usurpación, con lo cual la institucionalidad del Estado prejuzga de «usurpación» la mayoría de los conflictos agrarios presentes en la zona, sin haber agotado las fases de investigación (registral, histórica, social y cultural) y sin hacer uso ni hacer pública la información catastral que el RIC ha generado con financiamiento internacional.

El Estado no ampara a las comunidades q’eqchi’ en su derecho ancestral o de primera ocupación, ni en el resto de derechos fundamentales y universales reconocidos en la Constitución de la República y en las convenciones internacionales: el derecho a la vida, a una vida digna, a la alimentación, a la salud y otros más.

Las comunidades desalojadas solo saben del Estado cuando aparece para cumplir una orden de desalojo utilizando la fuerza, judicial o extrajudicialmente, dejándolas literalmente a la orilla del camino.

Hay que tomar en cuenta que en esta región las propiedades privadas se crearon «en papeles». El Estado otorgó las tierras a personajes con poder político en documentos. La mayoría de las veces los terratenientes no vivían en la región y ni siquiera conocían las fincas. Éstas les fueron otorgadas violando aún las mismas leyes de la época.

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Durante el gobierno del presidente Reina Barrios (1892-1898) se otorgaron fincas de 30 caballerías cuando la ley mandaba a otorgarlas solo de 15 caballerías. La ley establecía que no se podía adjudicar tierras a quienes ya las poseyeran y, en muy poco tiempo, tan solo dos propietarios —de apellidos Schlesinger y Anguiano— llegaron a concentrar el 67% de las tierras del Polochic.

En 1972, esta zona fue declarada Zona de Colonización y el INTA realizó mediciones y motivó a las comunidades a presentar sus solicitudes y llenar expedientes. Las expectativas de las comunidades de poder legalizar sus posesiones crecieron. Pero los expedientes quedaron congelados.

En 1978 la Diócesis de La Verapaz denunció que, mientras los campesinos hacían esfuerzos enormes por legalizar sus posesiones sin ningún resultado, algunos finqueros hacían maniobras para quitarles las tierras con procedimientos pseudo legales, todo tipo de presiones e incluso violencia.

Estas tierras cobraron mayor interés para el sector empresarial a raíz del establecimiento del cultivo de la palma aceitera en los años 90. Hasta 1960 no había carretera que comunicara a Chinebal. No existía ninguna comunicación hacia Mariscos y la carretera al Atlántico; únicamente se podía avanzar a pie desde Pataxte hasta Río Zarquito, Selempín y Chinebal. Tampoco había comunicación hacia el noroccidente, hacia Telemán y Panzós. Durante la época seca lograba entrar algún tractor desde Sehú hasta Chinebal.

La fauna y la flora eran exuberantes y solo se podía circular en tractor debido a las constantes inundaciones y el terreno pantanoso. Las comunidades, sin embargo, se establecieron, lograron cultivar sus alimentos y vivieron en esas condiciones, abandonadas por el Estado.

Los pobladores de Palestina-Chinebal —como se denomina la comunidad de 94 familias desalojada violentamente el pasado 16 de noviembre 2021—, asientan su reclamo en que sus abuelos y padres fueron desplazados forzosamente del lugar durante el conflicto armado. Un poblador relata:

«Este espacio era de nuestros padres y de nuestros abuelos. Lamentablemente, en el tiempo del conflicto armado ellos fueron sacados de aquí, ellos tuvieron que huir de este lugar y por esta razón nosotros estamos volviendo para recuperarlo. […] se amontonaron en un lugar que una iglesia evangélica les proporcionó para poder estar ahí, donde permanecieron durante mucho tiempo. Ellos siempre nos dijeron que este espacio era de ellos, que vivían aquí y tenían sus casas. Recuerdo que cuando teníamos 12 años nos empezaron a enseñar las brechas. Pero este espacio ha sido de mucho problema: así como se vivió en el conflicto armado estamos volviendo a sufrir: perder vidas, perder nuestras cosas».

El exgerente del Fondo de Tierras Axel López, en su momento, les ofreció investigar la situación de la tierra reclamada y, hasta el 25 de junio de 2021, una mesa técnica abordaba su caso. No obstante, en noviembre pasado se reactivó la orden judicial de desalojo emitida en junio de 2020, dando paso al desalojo que vimos a través de las redes sociales: uso desproporcionado de la fuerza pública, más de 1,000 efectivos de la PNC y 100 radiopatrullas, destrucción con maquinaria pesada y quema de las viviendas, persecución de los hombres de la comunidad y la criminalización de 12 de ellos que enfrentan órdenes de captura.

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Hace alrededor de dos años me entrevistó una firma consultora que formulaba la Política de Sostenibilidad para la empresa palmera Naturaceites. Esta empresa concentra grandes extensiones de tierra en el valle del Polochic, en Fray Bartolomé de las Casas y San Luis Petén. En esa ocasión opiné que la sostenibilidad de la inversión de la empresa tiene distintas dimensiones, y enfaticé en la sostenibilidad ambiental y social. En esta última dimensión una empresa será sostenible si establece relaciones respetuosas con las comunidades del lugar, si respeta sus derechos y cumple estrictamente con los estándares internacionales y las leyes.

Les hice ver que la sostenibilidad social tiene también mucho que ver con conocer y reconocer la historia. Hoy en día la empresa palmera debe tomar en cuenta que entre 1981 y 1984 se desató la represión contra las comunidades de la zona, primero selectiva y luego masiva.

Las heridas de aquella historia de represión aún no han sanado. Está muy fresco el recuerdo de la violencia ejercida por el ejército y por el administrador de la finca, que era al mismo tiempo comisionado militar. Aún está fresca la memoria de un anciano de Chinebal que fue torturado en el casco de la finca vecina a la comunidad, donde permanecía acantonado el ejército.

Las secuelas del desplazamiento forzoso del pasado siguen presentes y se reeditan con los desalojos actuales, continúa el mismo entrevistado:

«Después del desalojo nosotros no nos fuimos a ningún lugar. Toda la noche la pasamos a la orilla del camino, atentos con las mujeres y los niños. Lo que más me duele y molesta a mi es que los niños todo el día no comieron. Esto no es justo, no puede pasar; ellos no tienen la culpa. Simplemente nosotros hemos regresado acá para que ellos tengan alimentos y el gobierno hace lo contrario».

En suma, le dije a los consultores que la sostenibilidad tiene que ver también con sanar heridas, con resarcir agravios y contribuir a no profundizarlos. Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos asientan como pilares prevenir, respetar y remediar. Aún es tiempo para que las empresas y el gobierno detengan los desalojos de las comunidades q’eqchi’ de las tierras que habitan legítimamente y que es lo único que tienen en esta vida.

Ninguna iniciativa de combate a la pobreza logrará su cometido destruyendo la vivienda y los medios de vida de comunidades ya paupérrimas. Ninguna empresa ni inversión rural será sostenible imponiéndose sobre la población local, despreciándola y considerándola desechable.

Solo una perspectiva racista y discriminatoria puede tolerar la destrucción de humildes casas con maquinaria y fuego como sucedió en Palestina-Chinebal, dejando a niños, ancianos, mujeres y hombres a la vera del camino.

Ni la empresa ni el Estado pueden voltear la mirada hacia otro lado e ignorar que han creado una emergencia humanitaria para las familias desalojadas. Los protocolos internacionales sobre desalojos establecen la obligación estatal de respetar los derechos fundamentales y asistir a las víctimas de desalojos en cualquier circunstancia.