Los tres carecían de tierras propias. Los tres tenían familias sin un futuro en el horizonte. Los tres enfrentaron una vida de discriminación, segregación, racismo y carencia de todo. Los tres querían tener tierra para vivir. Los tres fueron acusados de ocupar tierras ajenas. Los tres amenazaron los intereses de presuntos propietarios de ancestrales tierras comunales. Los tres se volvieron números en la telaraña de la burocracia oficial. Los tres se enfrentaron a la acción de las fuerzas de seguridad del Estado. Los tres están muertos.
Cuando apenas se anuncia la primavera en el país de la eterna impunidad (parafraseando a Jean- Marie Simon con Guatemala: el país de la eterna tiranía), las fuerzas de seguridad reunieron un impresionante operativo que incluyó casi 50 vehículos de la Policía Nacional Civil (PNC), dos buses y dos camiones del Ejército, repletos de efectivos. Las imágenes recabadas por observadores de organizaciones de derechos humanos, muestran ranchos de paja, enrojecidos por las llamas y luego convertidos en cenizas. El titular de Gobernación, Carlos Menocal, asegura que “no se destruyeron viviendas”.
Carlos Puc Col y Antonio Beb Ac integraban las comunidades de familias que ocuparon tierras en la rivera del Polochic y que fueron desalojadas por fuerzas de seguridad del Estado, entre el 15 y 19 de marzo de este año. La mañana del miércoles 16, cuando se informaba sobre la muerte de Antonio Beb Ac, las autoridades afirmaban que era una falsa alarma y que no había fallecidos durante la operación. Después, cuando han dado a conocer el informe médico forense, al parecer buscan liberar su responsabilidad con el argumento de que el señor Beb Ac no murió a consecuencia de arma de fuego, sino de un golpe en la cabeza, propinado con un instrumento cortocontundente.
Pero Antonio Beb Ac murió durante un procedimiento de desalojo, efectuado contra toda recomendación de la Organización de las Naciones Unidas y en acatamiento de opacas y turbias resoluciones judiciales, emergidas de la maraña de maniobras de inscripción de tierras, establecimiento de sociedades anónimas, generación de fideicomisos, incumplimientos de pago y declaraciones de quiebra económica por parte de una empresa privada.
Primer semestre de 1978. Gobierna Kjell Laugerud, general del Ejército y presidente por una elección fraudulenta en 1974. Otto Spiegeler Noriega es ministro de la Defensa y el general
David Cancinos, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Antes de que concluya mayo, el 29 para ser precisos, un contingente que pertenecía al destacamento local de la zona militar de Cobán enfrenta a la comunidad de Panzós y aldeas del municipio, en el centro urbano de la comunidad. El grupo de comunitarios q’eqchi’s, encabezado por Adelina Caal Maquín (Mamá Maquín), es reprimido a balazo limpio. Las balas penetran los cuerpos de decenas de pobladores y dejan muertos y heridos en lo que inicia el proceso de masacres más cruento durante el conflicto armado. Mamá Maquín muere en la operación que, en los preparativos de los perpetradores, incluyó la excavación de la zanja en la cual fueron depositados los cuerpos de los masacrados. En esa oportunidad, el Gobierno aseguró que los comuneros estaban armados y que, blandiendo machetes, se “lanzaron contra los soldados, quienes no tuvieron más opción que disparar”.
Los casi 33 años que separan uno y otro hecho no han bastado para que este país supere las condiciones que hace más de tres décadas movieron a la movilización de Adelina y su comunidad. Más de tres décadas después, la impunidad por ese crimen continúa y el Estado, lejos de cumplir las garantías de justicia y satisfacción de necesidades básicas, se lanza con la maquinaria de seguridad para desalojar “invasores de propiedad privada”. Sigue siendo incapaz de perseguir evasores de impuestos, violadores de derechos humanos, torturadores y comandantes de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
No es sentir que los hechos de marzo ya fueron vividos. Es constatar que las cosas poco o nada han cambiado. Sólo los nombres y los rostros de quienes justifican la repetición de la barbarie.
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