Tras el golpe de Estado de 2009, las autoridades hondureñas otorgaron ilegalmente la concesión y licencias para varios proyectos de explotación de recursos naturales en territorio lenca. Entre estos, el hidroeléctrico denominado proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah. Tales concesiones son ilegales por cuanto incumplieron con procedimientos como la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas.
La lucha que encabezó Berta Cáceres se enfocaba en la defensa del río y lo que este representa para las comunidades aledañas, la población lenca en particular. Desde el Copinh, Berta mantuvo una voz de denuncia y un accionar constante en defensa de los derechos de su pueblo. Lamentablemente, la madrugada del dos de marzo de 2016, Berta fue brutalmente asesinada en su residencia. Un crimen que conmocionó a la comunidad de defensa de Derechos Humanos en el continente y el mundo, dado su reconocimiento como defensora.
Varios autores materiales fueron procesados y sentenciados. Sin embargo, el proceso no avanza hacia la rendición de cuentas de los autores intelectuales. Esa estructura que conspiró, planificó, financió y ordenó su asesinato. Berta se enfrentó a grupos de poder económico que se coludieron con estructuras de sicarios a las cuales pagaron para cometer el crimen.
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En su Informe Final, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), concluyó que el asesinato de Berta es «el resultado de una operación criminal organizada, cuidadosamente planificada y ejecutada mediante una estructura de coparticipación que incluyó sicarios, intermediarios con formación militar, personal y directivos de la empresa DESA así como, redes de apoyo, tolerancia y omisión desde disintos ámbitos del Estado». Un Estado cuyo presidente en ese entonces era Juan Orlando Hernández, convicto por narcotráfico en Estados Unidos y perdonado por su actual gobernante Donald Trump.
De acuerdo con las investigaciones del GIEI, los fondos que tanto el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), otorgaron al proyecto, impulsado ilegalmente, fueron desviados para el pago de los sicarios. Es decir, la banca internacional para el desarrollo, al final de cuentas, patrocinó con o sin su consentimiento, el asesinato de una defensora de Derechos Humanos.
El GIEI también resalta que el crimen pudo prevenirse. En su investigación, el grupo encontró que desde las autoridades hondureñas había información, en tiempo real, de los autores intelectuales y materiales. Pese a ello y a las constantes denuncias sobre el riesgo que corría la vida de la defensora, lejos de protegerla, apañaron su asesinato.
En su comunicado con ocasión del décimo aniversario de la ejecución de Berta Cáceres, el COPINH, denuncia que este crimen se cometió bajo las órdenes del poder económico de Jacobo Atala, José Eduardo Atala, Pedro Atala, Daniel Atala Midence y con la complicidad del Estado de Honduras.
De tal suerte que este no es más ni menos que un crimen de Estado por el cual Honduras debe responder. No basta con el proceso a los autores materiales. La justicia sí o sí, debe alcanzar a los autores intelectuales, a esa familia que tomó la decisión, planificó, ordenó y financió el asesinato de Berta Cáceres, quien merece justicia.
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