Irresponsabilidad criminal

Sin embargo, los gremios empresariales vinculados al transporte de carga y de pasajeros han logrado que la norma no se aplique. Pese a que el reglamento de la ley la hacía viable, estas entidades han conseguido mediante movilizaciones  y cabildeo, obtener prórrogas que cuestan vidas.

La entrada en vigor de la norma, el 2 de marzo, no ha sido prorrogada.  No obstante, es otro hecho doloroso lo que hizo retroceder a los legisladores. Una colisión en la  autopista Palín-Escuintla el fin de semana dejó cuatro personas fallecidas. El hecho lo protagonizó un camión de volteo que bajó la cuesta a excesiva velocidad.

El Boletín 1-2026 del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset), refiere que en 14 años (2011-2025) la cantidad de personas fallecidas en accidentes de tránsito se ha duplicado. Según la entidad, en 2011 se registraron  1223 personas fallecidas, en tanto que en 2025 fueron 2,432. El Onset reporta, además, que en enero del presente año se ha producido un aumento de vehículos de transporte pesado involucrados en accidentes. Añade que se registra un aumento de personas fallecidas y lesionadas con respecto al mismo período del año anterior.

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Por lo tanto, es innegable que la seguridad vial en general en Guatemala es un problema serio cuya solución requiere diversas acciones. La primera, regular la velocidad con la que se desplazan vehículos de transporte de personas y carga pesada. Una revisión de las muertes por accidentes asociados a este tipo de transporte muestra que el exceso de velocidad es un factor común en los percances. De igual forma, el estado en que dichas unidades se encuentran así como  las condiciones en que deben laborar los pilotos.

Los berrinches de William Barrera de la  Gremial de Transportes (Astrapigua) y Rony Mendoza, líder de la Gremial de Pilotos de Guatemala, no deben asustar a las autoridades. Por el contrario, es menester que se le ponga un alto a la irresponsabilidad gremial en el transporte que juega con la vida de las personas.

No olvidemos que la norma que obliga al uso del SLV entró en vigor hace más de dos semanas. Dicha normativa es aplicable para vehículos de 3.5 toneladas en adelante. Se trata de un dispositivo que tiene como función controlar electrónica y mecánicamente la velocidad máxima de los automotores. Pese a que desde el 2 de marzo se debe imponer sanciones, según fuentes de las mismas gremiales, a finales de enero menos del 10 por ciento de buses extraurbanos contaba con el dispositivo. Es decir, 9 de cada diez buses carece de este, pues, seguramente los empresarios contaban con que el Congreso iba a otorgar la prórroga una vez más.

Cifras oficiales indican que hay más de 400 mil unidades de transporte que deben contar con el SLV entre furgones y plataformas (40,061), autobuses, buses y microbuses (127,465), así como camiones, cabezales y transporte de carga (263,893).

La primera tarea es verificar que todos los vehículos cuenten con el dispositivo. Para ello, las autoridades deberán disponer de los recursos humanos necesarios para realizar la jornada de inspección y retirar las unidades que no cumplan o carezcan del certificado correspondiente de buen funcionamiento. A su vez, los gremios de transporte deben apegarse a la ley y dejar de lado esa irresponsabilidad criminal que ha costado ya tantas vidas.