A lo largo de más de cien días, desde el dos de octubre de 2023, con el liderazgo de los pueblos indígenas en Guatemala, se realizó la movilización ciudadana en defensa de la democracia. Afuera del edificio del MP en el viejo barrio de Gerona, en la ciudad capital, se instaló el punto central de la protesta.
Sin embargo, esta no se concentró solo en ese espacio. A lo largo y ancho del país se llevaron a cabo manifestaciones pacíficas de diversas formas. En su mayoría, se trataba de actividades sociales y comunitarias que pusieron de manifiesto la reconstrucción del tejido social. Un entramado que el terrorismo de estado se había encargado de destruir en el marco de la acción contrainsurgente en el siglo pasado. Los otrora barrios obreros y populares citadinos pasaron en ese entonces a ser enormes espacios de silencio y terror.
No obstante, el hartazgo ante la evidente acción ilegal del MP y los grupos criminales a los que representaba, dio paso al renacimiento social. Cual ave fénix, los barrios populares se levantaron y lo hicieron con alegría, con baile, con renovada ilusión de retomar el camino de la defensa organizada de sus derechos.
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El miedo se apoderó del pacto criminal y expoliador de los pueblos. De tal suerte que, sin pensarlo dos veces buscaron todos los medios posibles para impedir la toma de posesión del equipo electo en las urnas. La presencia social organizada en las calles y, en especial frente al MP, puso de manifiesto la certeza de que los pueblos no se dejarían arrebatar su decisión en las urnas. De allí que el plantón se haya mantenido más de cien días.
Ante la derrota política y moral, la venganza fue la reacción del pacto. Venganza que instrumentalizó la jefa del MP y su equipo que, en absoluto abuso del poder que otorga el cargo que ostenta, criminalizó a varios líderes de pueblos indígenas. Ese es el caso de Luis Pachecho y de Héctor Chaclán, privados de libertad desde hace un año. Acusados con cargos que tienen una enorme carga de racismo pues, se les acusa de asociación ilícita. Un delito que se tipifica en la ley de crimen organizado y que tiene como propósito desarticular empresas criminales, como todas las que Porras Argueta y su banda criminal han protegido.
La raigambre racista de la acusación del MP está en que para señalar el delito en cuestión han tomado como base el ejercicio de derechos constitucionales. Sí. Así de irracional y absurdo es el proceso. Luis Pacheco y Héctor Chaclán, expresidente y extesorero de la Asociación 48 Cantones de Totonicapán, respectivamente, por su función, al igual que cualquier líder social, se comunican con otras organizaciones y entidades. Ese proceso de comunicación y coordinaciones ha sido considerado un delito cuando en realidad es una forma ancestral de organización, comunicación y funcionamiento de los pueblos. Allí es donde radica el enfoque racista del MP. Pero, además de racista, que ya implica violentar derechos, el MP pisotea libertades y garantías constitucionalmente protegidas. Derechos como el de asociación, libertad de reunión, expresión y manifestación, están siendo perseguidos al usar el derecho penal para sancionar su ejercicio.
El MP de Consuelo Porras, cuyo período está por fenecer junto a su reinado de inmundicia, ha sido un enemigo declarado de la organización social, el estado derecho y la defensa de la democracia. A un año de su encarcelamiento ilegal y racista, alzamos la voz para exigir libertad para Luis y Héctor. Libertad para los pueblos de Guatemala y juicio y castigo para los criminales.
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