Las candidaturas de Rafael Morales Solares, Sergio Pineda Castañeda y José Luis Samayoa Palacios, fueron cuestionadas por varias anomalías. El común denominador es que fueron señalados en el caso de las Comisiones Paralelas. Además, Morales otorgó una resolución favorable a Sandra Torres, la cual desnaturaliza la Ley contra el Femicidio y restringe el trabajo de la prensa.
A Wilber Castellanos se le cuestionó por el amaño en la elección de representantes de magistrados de apelaciones que integrarían la comisión encargada de nominar candidatos a la Corte Suprema de Justicia en 2019. En ese contexto, también se señaló el comportamiento antiético de Roberto Morales Gómez, quien enfrentaba un conflicto de interés al ser postulante y, simultáneamente, magistrado de la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, instancia que otorgó un amparo provisional que vulneró el derecho al voto de profesiones afines afiliadas al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Morales Gómez, además, fue vinculado con Walter Mazariegos, señalado como usurpador de la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Otro integrante de la nómina es Julio César Recinos Fabián, quien forma parte del grupo cercano y círculo de confianza de la jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras. Asimismo, José Alberto Godínez ha sido cuestionado por vínculos con círculos de corrupción y cooptación institucional; su hermano, Carlos Godínez, figura en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos. Por su parte, el candidato Mario Alexánder Velásquez fue objetado por su actuación como secretario general del Tribunal Supremo Electoral al emitir resoluciones que restringieron la participación política de candidaturas de oposición en 2023, además de sus vínculos con redes señaladas de cooptar la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Finalmente, Lesther Castellanos Rodas fue cuestionado por la criminalización espuria contra la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Quetzaltenango, Virginia Laparra. Además, ha estado al frente del Mecanismo Contra la Tortura sin cumplir plenamente sus deberes y, según señalamientos, utilizó su posición para intentar favorecer al convicto líder de la mara Barrio 18, Aldo Dupié Ochoa (el Lobo). La oficina de Castellanos presentó un informe, al igual que la Procuraduría de los Derechos Humanos, que buscaba forzar el cambio de centro de privación de libertad para Ochoa bajo el argumento de condiciones inhumanas de encierro; sin embargo, la oposición de las autoridades frenó el traslado. Posteriormente, Ochoa encabezó el amotinamiento del 17 de enero, tras el cual se produjeron atentados contra la Policía Nacional Civil. Castellanos Rodas, además, figura en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos.
En tal sentido, la Comisión de Postulación no ha cumplido a plenitud su tarea. Ha presentado una lista con tachas, una lista que no permite una selección amplia de personas idóneas pues, deben ser electas seis personas titulares y seis suplentes para el TSE.
Guatemala merece mejores perfiles para la conducción de las instituciones estatales. No queremos personas corruptas, faltas de ética y comprometidas con las mafias a cargo del proceso electoral. El Congreso de la República tiene en sus manos definir quiénes se harán cargo de un proceso vital para la estabilidad democrática o se atiene al repudio ciudadano.
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