De esa cuenta, concentraba en la presidencia del Ejecutivo, los poderes del Organismo Judicial y del Congreso de la República. Además, inició persecución en contra del entonces Procurador de Derechos Humanos (PDH), Ramiro de León Carpio e implantó una férrea censura de prensa y restricción de garantías. Fue precisamente el gremio periodístico el que inició las movilizaciones de rechazo al golpe de Estado. Serrano Elías, llamado aprendiz de dictador, pretendió seguir el ejemplo de Alberto Fujimori, en Perú, quien también había disuelto los poderes del Estado con el argumento de que eran entes corruptos.
El golpista de Guatemala pretendió afirmar que sus motivaciones también buscaban combatir la corrupción. Sin embargo, las razones del dictadorzuelo eran otras. En realidad quería ser el dueño plenipotenciario del negocio de la energía eléctrica y, ante el riesgo de que le fuera disputado por otros sectores, optó por patear la mesa y dar autogolpe.
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En ese entonces, cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC) se integraban con profesionales capaces y con alta honestidad, los intentos perversos de Serrano fueron derrotados. El TSE le puso un alto a su pretensión de adelantar elecciones al Congreso pues indicaron los magistrados que presidía Arturo Herbruger Asturias que, en condiciones de suspensión de garantías, no era posible convocar. En tanto que la CC, presidida por Epaminondas González Dubón, trazó la ruta de retorno a la legalidad en el marco de la Constitución. El Legislativo, con mayoría de congresistas del partido Unión del Centro Nacional (UCN), de Jorge Carpio Nicolle, se negó a otorgar amnistía a los generales y oficiales de alto rango que habían sido cómplices de Serrano Elías. En el sistema de justicia se inició el proceso penal contra el golpista que se refugió en Panamá en donde obtuvo asilo político. En 1993, Guatemala se recuperó del autogolpe y retomó la senda de la institucionalidad democrática. Epaminondas González y Jorge Carpio fueron asesinados en abril y julio de 1994, respectivamente, sus muertes no han sido plenamente esclarecidas.
Tres décadas después, el Organismo Judicial (OJ) y el Ministerio Público (MP), están en manos de una entente corrupta que prácticamente disolvió de facto el derecho a la justicia. De manos de esas dos instancias se ha producido ahora el segundo golpe de Serrano Elías. El juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, anuló la orden de captura emitida contra el golpista, que había sido renovada constantemente. La disposición judicial contó con la anuencia del MP, sin oposiciones de ningún tipo.
La Procuraduría General de la Nación (PGN), anunció que impugnará la medida que dejaría en impunidad los actos cometidos por Serrano Elías. Cabe destacar que tanto Orellana como el Secretario General del MP, Ángel Pineda, viajaron a Panamá en 2023 y 2025, respectivamente. Con la resolución de Orellana, las alarmas se encienden para señalar posibles actos de colusión encaminados a garantizarle impunidad a quien derrochó recursos nacionales y amasó una fortuna de dudosa procedencia en Panamá. Además, se mantuvo vinculado a partidos políticos y protegió a militares de alto rango acusados de graves violaciones a derechos humanos. Tal el caso de la defensa oficiosa del coronel, también golpista, Francisco Luis Gordillo, sentenciado en el caso por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen y la violencia contra su hermana Emma Guadalupe, en 1981.
Serrano Elías y su golpe en version 2.0 no puede quedar impune de la flagrante violación a la Constitución Política de la República. Como golpista y en virtud de los delitos que cometió debe rendir cuentas ante la ley, no ser beneficiado por acciones perversas de un juez y un MP corruptos.
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