El guatemalteco que intentó evadir el IVA de un avión con ayuda de Appleby

Cuando en 2012 la compañía estadounidense Noblewood Aviation Ltd pagó con un avión parte de una deuda millonaria que tenía con las empresas del guatemalteco Henry Estuardo Muralles Ozuna, este acudió a Appleby, el prestigioso bufete de abogados que ofrece servicios offshore a sus clientes. En tres meses, la firma con sede en Bermudas le diseñó una estrategia legal que le ayudara a evadir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) escondiendo la aeronave en los registros de la Isla de Man, un paraíso fiscal ubicado en Europa.

Básicamente se trataba de crear una offshore propia para simular un servicio de arrendamiento inexistente y así evitar el pago del IVA y de los impuestos de importación en Europa, donde tiene la sede central la compañía de Muralles Ozuna.

Pero no ejecutaron el proceso porque Muralles Ozuna decidió no importar el avión debido a que la sede de su corporación ya no sería Europa. Noblewood Aviation Ltd se declaró en quiebra en 2012 y Muralles se convirtió en su propietario. La nave estaba registrada en Estados Unidos desde 2006, por lo que, al desistir en la importación a Europa, mantuvo el mismo registro estadounidense y era usada para viajes corporativos.

Muralles Ozuna es accionista en Globen Group, un conglomerado de empresas registrado en un paraíso fiscal que ha hecho fortuna en México a través de licencias extractivas y en España por la venta de biocombustible.

Los registros de la transacción de la aeronave forman parte de los Paradise Papers, una filtración obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), y una red de más de 380 periodistas en 67 países, entre ellos Plaza Pública en Guatemala.

Muralles Ozuna nació en Guatemala pero creció en Estados Unidos. Según su currículo, estudió en Central Falls de Rhode Island. Luego regresó a Guatemala para estudiar Administración de Empresas en la universidad de San Carlos, aunque no terminó la carrera. Durante diez años fue gerente de Management Construction Services, empresa dedicada a la construcción de obras civiles de infraestructura en México y Estados Unidos.

En agosto de 2012, el ciudadano belga Marc Walter Jose Godelieve Van Driessche y cinco empresas guatemaltecas relacionadas con Muralles Ozuna, crearon el Globen Group Ltd., de nombre comercial Globen Energy Services, con sede en España. El grupo fue registrado por Appleby en Islas Vírgenes Británicas. Van Driessche, accionista mayoritario, posee 505 de las acciones, mientras que las empresas guatemaltecas 99 cada una, para un en total 495. El empresario belga, de 55 años, se ha dedicado durante los últimos 30 al comercio de materias primas y productos químicos relacionados para la producción de biodiesel.

La empresa española fue sentenciada en 2015 por irregularidades en la adquisición de productos de la planta Valdetorres a bajo coste. Un tribunal de Badajoz inhabilitó a Globen Energy Services por tres años y le ordenó restituir 3.768.604 euros.

De acuerdo con la información difundida durante las audiencias del proceso judicial, Phil Rivking, el principal acusado en este caso se hacía pasar por un ciudadano guatemalteco bajo el nombre de Felipe Poitan García. Su objetivo era eludir una orden de captura en su contra dictada en 2011, cuando concluyó una investigación de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (en inglés, EPA) sobre su actividad al frente de una empresa vinculada con el biodiésel. Poitan huyó y se escondió en España, donde compró el 60% de la planta de Valdetorres, en problemas tras salir de un concurso de acreedores. Pero la llevó a la quiebra, según el juzgado, debido a una administración desleal.

Poitan administraba la planta de Valdetorres y también formaba parte de Globen Group. Era el representante legal y gerente de la empresa guatemalteca Desarrollo de Canteras y Servicios Energéticos, precisamente con su nombre falso.

Los documentos de Appleby contienen detalles de estas transacciones. Nexgen —otra de las empresas que conforman Globen Group— cotizó esos combustibles en un momento en que ningún otro negociante quería comprarles debido a la poca confianza en la planta Valdetorres. Nexgen le compró a un precio bajo y los revendió con un amplio margen de ganancia, a través de operaciones repetidas. Este negocio se basó en lo que se conoce como back-to-back-trading: una contraparte recibe y reenvía los mismos valores el mismo día.

El papel de Muralles en la expansión de Globen Group

En los correos electrónicos intercambiados con la firma de abogados, Manuel Alberto Castillo González, un mexicano que ejercía como gerente de negocios de Globen Energy Services y Nexgen, explicó el motivo de registrar Globen Group en un paraíso fiscal. “Hemos elegido las Islas Vírgenes Británicas porque representan el puente perfecto entre América y Europa. Localizadas geográficamente en el Caribe, y bajo la protección del Reino Unido, y su ulterior legislación de la UE (Unión Europea). Estamos planeando expandir nuestras operaciones a Centroamérica. Por lo tanto, es un lugar perfecto para transacciones ad hoc en América Latina”.

Muralles Ozuna fue el responsable de dirigir las operaciones del grupo en Guatemala. En 2012 lo cambió del sector de la construcción al de la industria del biocombustible. Ese año se convirtió en el gerente de cuatro de las empresas guatemaltecas que conforman Globen Group: Desarrollo de Canteras y Servicios Energéticos; Comercio y Promociones Centro América (Coprocesa); Distribuidora y Representaciones Gilmar; y Nexgen, S.A.

Plaza Pública intentó contactar con Muralles Ozuna, pero no fue posible localizarlo en las sedes de sus empresas. Distribuidora y Representaciones Gilmar y Coprocesa son casas particulares, y las personas que las habitan desconocen de él y de las empresas. Nexgen registra su dirección en el edificio Europlaza de la zona 14, pero no especifica su número de oficina. Se consultó con la administración del edificio, pero informaron que en su directorio no aparece ninguna empresa con ese nombre.

La oficina del abogado Harold Henry Johnson López, ubicada en Zacapa, está registrada como domicilio fiscal de la empresa Desarrollo de Canteras y Servicios Energéticos, S.A. El objeto de la empresa era desarrollar proyectos energéticos en Guatemala. “Yo tenía una parte de las acciones (1%), como representante, pero había otros accionistas. Después todo el consejo decidió que iban a vender la empresa. En 2012, me reuní con Poitan (Felipe Poitan Arriaga) para venderle la sociedad. Sólo en esa ocasión nos vimos. Yo no le pregunté para qué quería la empresa, desconozco qué uso le dio”, respondió el abogado en un correo electrónico.

Johnson López habla de un ingeniero que manejaba la sociedad antes que Poitan, pero dice no recordar su nombre. "El dueño antes era un ingeniero que prometió desarrollar proyectos energéticos, pero no se veía nada. Al final mejor vendieron. No me acuerdo cómo se llama, ya pasó mucho tiempo”, asegura. Luego de la venta en 2012, no tuvo más contacto con Poitan. En mayo de ese año, Henry Muralles Ozuna asumió la gerencia de esta empresa y a partir de noviembre fue administrada por Felipe Poitan.

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Muralles Ozuna posee el 100% de las acciones de Coprocesa y es socio mayoritario de Nexgen, S. A. con un 30.7% de las acciones. Sus acciones en la sociedad anónima crecieron porque le compró algunas a sus socios minoritarios.

El capital de Muralles Ozuna y Nexgen proviene de diferentes proyectos de inversión en minería y energía renovable. Según datos que la empresa brindó a Appleby, actualmente tiene en México una mina de zinc y plomo, en la que posee el 50% de los derechos mineros. En México es el representante legal de Integral Mining Services Nexgen S.A. de C.V., una sociedad mexicana que cuenta con inversión extranjera y su actividad comercial se define dentro del sector de minería. Se señala como país de origen Guatemala y con dirección comercial la Ciudad de México. Su rendimiento mínimo es de 189 mil toneladas de zinc y plomo por año.

Sus ingresos se deben también a la participación en la venta de biocombustibles con altos márgenes de ganancia en España. Esta información forma parte de los controles internos de Appleby, a través de la política KnowYourClient que obliga a la firma de abogados a investigar a sus nuevos clientes, con la intención de evitar involucrarse en delitos como lavado de dinero.

Con esta operación, Appleby crea un perfil del cliente para detectar si las transacciones que hace son coherentes con la información que ha dado sobre sí mismo, y para detectar actividades sospechosas que están obligados a reportar. Estas prácticas del sector financiero obligan también a conocer de dónde vienen los fondos de los clientes. En el caso de Muralles Ozuna, la historia comienza con el pago de una deuda.

Un avión para saldar una deuda (y esconderlo entre dos sociedades)

En 2012, Nexgen otorgó un préstamo a la compañía estadounidense Noblewood Aviation Ltd, constituida en Texas, el cual fue ejecutó a través de Coprocesa, otras de las sociedades del grupo. Cuando los estadounidenses cerraron la compañía no tenían dinero para pagar la deuda, así que lo hicieron con uno de sus activos: un avión registrado en Estados Unidos desde 2006.

Manuel Castillo, gerente de Nexgen, explicó a Appleby por medio de un correo electrónico que el avión Challenger 600, modelo 1984, tenía un costo aproximado de US$1.5 millones. Pero el préstamo había sido por US$1 millón.

Aunque el avión pudo haberse registrado a nombre de Nexgen, la recomendación de Appleby fue que mantuvieran una empresa diferente como propietaria, por lo que fue vendido a Coprocesa. De esta manera, aunque ambas sociedades tienen en común a Henry Muralles Ozuna como accionista, podían establecer un contrato de arrendamiento. Así Coprocesa facturaría a Nexgen por prestarle vuelos corporativos.

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Entre los documentos internos encontrados en los Los Paradise Papers, Manuel Castillo, gerente de Nexgen menciona: “Queremos mantener los costos operativos y de mantenimiento del avión con las mejores ventajas impositivas posibles en Europa. El más importante de ellos, y lo que nos trajo a la Isla de Man, sería minimizar los impuestos a la importación”. Castillo también dice: “se nos aconsejó que importemos el avión a través de la Isla de Man para obtener una ventaja impositiva del 0% de IVA sobre la importación”.

La firma de abogados les propuso establecer una estructura legal en la que también participaría la firma de Ernst & Young en la Isla de Man, que asesoría para registrar el IVA y gestionar la importación. La finalidad era establecer un negocio de arrendamiento en la Isla de Man y recuperar el IVA adeudado por la importación.

A través de esta artimaña, Nexgen utilizaría la aeronave para viajes corporativos de los directores en los distintos proyectos del grupo empresarial en Europa, México y Guatemala. Sin embargo, se les aconsejó que el avión se mantuviera siempre bajo la propiedad de Coprocesa —que en papeles es otra compañía, aunque la misma persona se beneficie de sus actividades—.

Registrar un avión en Europa para evadir impuestos

Debido a los costos de mantenimiento de la aeronave, los abogados de Appleby crearon una estructura que les permitiría mitigar este gasto aprovechándose de las ventajas fiscales que ofrece Europa. La importación de una aeronave a la Unión Europea estará sujeta al IVA, a menos que califique para una exención de conformidad con el artículo 148 de la Directiva 2006/112 /CE. Ese artículo prevé la exención para las aeronaves "utilizadas por las compañías aéreas que operan principalmente por recompensa en las rutas internacionales".

La Isla de Man no es miembro de la Unión Europea, pero tiene un tratado especial con el Reino Unido, una unión aduanera e IVA, lo que significa que cualquier importación en esa isla se considera importada en el Reino Unido y, por lo tanto, en el área económica europea.

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Por esta razón las aeronaves importadas en la Isla de Man pueden beneficiarse de no pagar impuestos y luego estar en libre circulación en toda la UE. En 2011, la legislación del Reino Unido se modificó para aplicar literalmente el artículo 148. Cuando una empresa de propiedad privada es administrada por una empresa que posee un Certificado de Operador Aéreo, HM Revenue & Customs no acepta que la aeronave califique para la exención. Pero la aduana de la Isla de Man usualmente aceptará que una aeronave pueda calificar cuando se adopta una estructura de la compañía AOC.

Desde mayo de 2007, la Isla de Man comenzó a registrar aeronaves para offshores aprovechando sus condiciones de paraíso fiscal, y compitiendo con otros registros similares en Bermuda o Islas Caimán, pero con la ventaja de estar en Europa. Para 2016, la Isla de Man alcanzó un registro de mil aeronaves.

En los Paradise Papers se han encontrado 54 casos de personas en otros países que utilizaron similares estructuras legales para evadir impuestos en la importación de sus aeronaves hacia la Unión Europea.

Una estructura modelo para importar aeronaves

Los abogados de Appleby desarrollaron una estructura modelo que aplicaban a la mayoría de sus clientes. En la propuesta, les explican que el IVA de importación puede compensarse mediante la creación de una empresa de arrendamiento con registro de IVA en la Isla de Man.

Globen Group enfrentaba el problema de que los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA) no estaban actualizados y todavía mostraban al dueño del avión anterior. Por consejo de Ernst & Young, decidieron hacer un contrato de arrendamiento entre Noblewood Aviation y Metal Jet Limited, así evitaban un doble registro. Esta transacción no es de rutina, pero aunque Noblewood Aviation ya no estaba en funcionamiento, Muralles Ozuna era el director registrado desde que el grupo asumió el control de esa compañía, por lo que fue posible hacer el arrendamiento.

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Para continuar con el trámite, debían permitir que Metal Jet Limited hiciera una solicitud de registrar el IVA en la Isla de Man, y suscribieron un acuerdo de Arrendamiento en Seco (Dry Lease) con otra compañía –Coprocesa– propiedad también del cliente. Appleby explica que normalmente es la sociedad que funciona como negocio operativo para el suministro de la aeronave. De esta forma, los términos del arrendamiento son aceptados por la Aduana de la Isla de Man como parte del proceso de registro del IVA para garantizar que sea comercial.

Tras el registro del IVA, la aeronave tiene que ser importada o entregada físicamente en la Isla de Man. Esto implica una estancia de menos de dos horas. Para ser importada, la aeronave debe llegar desde fuera de la Unión Europea. El piloto de la aeronave de Muralles intercambió correos con los abogados para determinar fechas y logística de su vuelo a la Isla. Pero el avión no llegó a la Isla de Man. El 17 de julio de 2013, una de las abogadas escribió un correo al resto de miembros de la compañía: “Se nos ha informado que el cliente no continuará, ya que el grupo decidió retener el avión en el Registro de los EE.UU. porque no tendrá su sede en Europa más tiempo y, por lo tanto, no hay ninguna ventaja en importarlo”.

De haber continuado, la estrategia contemplaba la inspección de la Aduana e Impuestos Especiales de la Isla de Man. Las estructuras aceptadas por la Aduana deben operar como una empresa y cumplir los términos del acuerdo de gestión. El pago de las tarifas de alquiler por el uso de la aeronave tiene que liquidarse para garantizar que la estructura continúe operando como una empresa y para asegurar que el estado del IVA de la estructura siga siendo válido. Los fondos recibidos por la compañía ficticia creada en la Isla de Man se pueden reasignar a otra compañía del grupo según sea necesario.

La maniobra requería contar con dos sociedades con el mismo beneficiario final —en este caso Coprocesa y Nexgen—. Una de ellas debe tener algún bien que les permita un cobro intangible al otro, en este caso, era el alquiler de la aeronave. Como el pago por alquiler se reporta entre los gastos de la compañía, se reduce el monto de las ganancias y eso disminuye el pago de impuestos sobre rentas.

Abelardo Medina, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), explica que utilizar estas estructuras legales en paraísos fiscales les sirve como herramienta para la eludir el pago de impuestos. En Guatemala se comete elusión tributaria, porque lo que hacen es aprovechar las lagunas y los espacios que ha dejado la ley por tener una redacción poco clara o precisa. “En la elusión, hay un mecanismo legal que, si queremos estirar, le da la posibilidad a la gente de no pagar impuestos”, advierte Medina.

En el año 2000, el Congreso guatemalteco reformó la Ley de Aviación Civil. Uno de los cambios fue liberar del impuesto en la importación de aeronaves: “Cualquier empresa guatemalteca podrá adquirir en arrendamiento para uso dentro y fuera del país, aeronaves propiedad de empresas extranjeras e inscribirlas en el Registro Aeronáutico por el plazo que dure el arrendamiento, adquiriendo matrícula guatemalteca provisional, sin más trámite que el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento y sin tener que cancelar los impuestos de importación”, estableció el artículo 41.

El esquema propuesto por los abogados de Appleby al empresario guatemalteco —aunque finalmente no ejecutado— se ha convertido en una práctica común empresarial para importar aeronaves. Juan Francisco Solórzano Foppa, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), asegura que este año desarrollaron un plan de fiscalización que les permitió compartir información entre la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), que les ayudó a verificar algunos aviones. Este año, la SAT recaudó Q156,919,411 por el cobro de impuestos en las importaciones de aeronaves. “Rompimos récord de recaudación. Se importaron 123 (aeronaves), más que en toda la historia. Por lo general antes se importaban de cuatro a cinco aeronaves al año”, explica.

Esta modalidad de arrendamiento que planeaba utilizar Muralles Ozuna está en apariencia bajo el marco de la ley. Sin embargo, la normativa no contempla otra práctica usada por este empresario: crear una offshore propia para simular un servicio de arrendamiento inexistente.