El policía que predijo su muerte por hacer su trabajo

Cuarenta días antes de ser asesinado, José Miguel Mérida Escobar, el investigador de la Policía Nacional que había descubierto al presunto responsable de uno de los crímenes más sonados de la época, declaró ante un juzgado. La tarde del 26 de junio de 1991, proporcionó la información obtenida sobre el asesinato de la antropóloga Myrna Elizabeth Mack Chang, ante el juez Eduardo Antonio Coromac Ambrosio.

Mérida dijo que el asesinato de Mack fue “posiblemente por el trabajo que ella desempeñaba”. Mack era una antropóloga e investigadora social que trabajaba en comunidades de desplazados internos debido a la violencia del conflicto armado interno en Quiché, y había fundado junto a otros profesionales la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (Avancso). En el juzgado, Mérida pidió que el caso se mantuviera en reserva por temor a su seguridad.

Quizás por el miedo, el investigador se contradijo en aquella declaración y dudó sobre los dos informes que barajaban diferentes móviles del asesinato. El primero, firmado el 29 de septiembre de 1990, trazaba la hipótesis de que el crimen podría ser político, debido al trabajo de Mack y señalaba como sospechoso a Noel de Jesús Beteta, un sargento del Ejército, de alta en el Estado Mayor Presidencial. Este informe se mantenía en secreto dentro de la policía; pocos sabían de su existencia y no estaba en el expediente del caso. El segundo informe, del 4 de noviembre, era el que se manejaba en los juzgados y concluía que el brutal asesinato había sido el resultado de un robo común. El primer informe lo habían firmado Mérida y su compañero, Julio Pérez Ixcajop; el segundo, el jefe de la sección de homicidios del Departamento de Investigaciones Criminológicas (DIC), Otto René Tatuaca.

Escéptico, Mérida Escobar confirmó en mayor grado el informe de septiembre pero expresó desconfianza. “Lo ratifico parcialmente… aparentemente son los (reportes) que rendimos”, dijo. Sobre el documento que apuntaba que el móvil era un robo, señaló que no lo ratificaba del todo porque omitía a personas que entrevistó y aparecían otros con quienes no había hablado.

Helen Mack, hermana de Myrna y querellante en ese caso, recuerda aquel día. A Mérida lo citaron a las nueve de la mañana para declarar, pero lo atendieron hasta las 17:30, cuando los trabajadores del despacho ya se habían ido. El expediente del caso Mack, que permanece en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado en Guatemala (ODHAG), confirma que Mérida comenzó a testificar a las 5:40 de la tarde. “El fiscal que estaba apoyando el caso no llega, sino que llega un asesor del Ministerio de Defensa y le muestra su tarjeta a Mérida Escobar. Obviamente era una intimidación”, dice Mack.

Al salir, Mérida le dijo a Helen Mack, aquello que repetiría a otros después.

—He firmado mi sentencia de muerte

—Ni que tanto hubiera dicho— le respondió Mack.

En la audiencia, Mérida Escobar confirmó su firma en el informe de septiembre, aunque pidió, para evitar represalias, que analizaran grafo-técnicamente la celeridad de su firma.

El encargado de esclarecer el asesinato de Myrna Mack hizo su trabajo. Entrevistó a vendedores que frecuentaban la calle en la que la apuñalaron. Uno de esos testigos había sido policía y describió a un tipo que reconocía: un exinvestigador de narcóticos que ahora trabajaba en el Estado Mayor Presidencial. Lo había visto vigilar la 12 calle y 12 avenida, en una motocicleta azul. Mérida tomó nota de las descripciones que permitieron tener un retrato robot y lo cotejó con los kárdex de exagentes de la policía antinarcóticos. Y así, el retrato tuvo nombre: Noel de Jesús Beteta Álvarez.

Mérida Escobar nació el 7 de febrero de 1955, en la aldea El Sitio, Catarina, San Marcos. Durante sus últimos meses de vida buscó exilio, pero no quiso irse sin su familia. Cuando lo mataron, dejó viuda a Rosa Amalia y huérfanos a Elder, Abner, José y Edilsar. No era muy alto, pero tenía una complexión fuerte. Durante su carrera como policía, se especializó en la investigación de homicidios y asistió a cursos impartidos por especialistas del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Según Rember Larios Tobar, el exjefe que le asignó la investigación, Mérida se expuso al confirmar ante la prensa que él era el investigador titular del caso Mack, luego de rendir su testimonio. Ninguna otra fuente pudo confirmar estas declaraciones, solo Larios, quien asegura que Mérida lo buscó para conocer su opinión al respecto: “Había cometido un grave error al atribuirse la investigación del caso y eso le podía acarrear problemas”.

“Nos dijeron que investigáramos hasta las últimas consecuencias”, relata Larios, quien recuerda que el entonces jefe de la policía, el coronel Julio Caballeros Seigné, les prometió protegerlos, independientemente de quiénes fueran los culpables: militares, políticos o criminales. “El presidente está con nosotros”, fue la promesa. “A mí me exigía el director, y él decía que a él le demandaba el Presidente”, asegura Larios.

“Tenía miedo”, reconoce, “pero uno de los lemas en la policía es que las órdenes se cumplen, no se discuten”.

Larios continuó su carrera en la PN, pero tras el asesinato de Mérida se autoexilió en Canadá por temor a correr la misma suerte. Regresó a Guatemala años después, y entre 2008 y 2009 fue director adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC), durante la cuestionada administración de Marlene Blanco Lapola. En 2015, Larios fue detenido por conducir ebrio y agredió y amenazó a sus captores.

Los compañeros de Mérida y una policía militarizada

Durante la guerra interna (1960-1996) la Policía Nacional (PN) funcionaba con lógicas militares. Sus directores, mandos altos e instructores eran oficiales del Ejército. La cultura policial —la manera de organizarse, de entender los puestos y las funciones de cada uno— tenía su origen en la estructura de estos aparatos. Sus operaciones se coordinaban con el Ejército, con el Archivo del Estado Mayor Presidencial, con la Policía Judicial y la Guardia de Hacienda, a través de un Centro de Operaciones Conjuntas.

“Nos considerábamos hermanos pequeños, subordinados al Ejército”, señala Larios.

En esa institución trabajaban los cuatro exagentes que, según el Ministerio Público (MP), participaron en la operación especial de inteligencia que tenía como objetivo asesinar a Mérida Escobar. Tres de los ahora acusados fueron compañeros suyos en el DIC: Alberto Encarnación Barrios Rabanales, José Miguel González Grijalva y Julio David López Aguilar. Ellos fueron capturados en junio de 2014. Un año después arrestaron también a su superior, el entonces primer jefe del DIC, Martín Alejandro Mejía García. Un quinto agente relacionado con este hecho, Lucas Edgar Martínez García, está prófugo y es buscado por la Interpol. .

Los cinco participaron en la captura de Alfredo de Jesús Guerra Galindo y Gonzalo Cifuentes Estrada, chivos expiatorios acusados del asesinato de Mérida en 1991, que luego serían absueltos y denunciarían maltratos y detenciones arbitrarias. La Fiscalía señala a estos expolicías de haber participado en un operativo que buscaba desviar las averiguaciones del asesinato de Mérida para que no lo vincularan al caso Mack; los acusa de asesinato, abuso de autoridad y delitos contra los deberes de la humanidad.

En su audiencia de primera declaración —el 24 de junio del 2015— el superior que consignó esas capturas, Martín Alejandro Mejía, dijo que se enteró de la detención de Cifuentes Estrada al entrar al despacho del entonces director de la Policía, Mario Enrique Paiz Bolaños, cuando lo presentaba un grupo de periodistas como responsable de la muerte de Mérida. Mejía aseguró desconocer cómo llegó el detenido al despacho de su jefe, y explicó que cuando terminó la conferencia de prensa, Paiz Bolaños le ordenó que oficializara la captura.

De Cifuentes Estrada, el primer sospechoso por el asesinato de Mérida, existe un testimonio en video. En la grabación, que fue transmitida en un noticiero televisivo, Cifuentes se atribuye haber matado a Mérida: “Lo asesiné el día 5 de agosto”, comienza el relato en el que Cifuentes Estrada se inculpa frente a la cámara. Luego acusa a Mérida de haberlo capturado por un asalto a una agencia del banco Bandesa, y que el investigador también había capturado arbitrariamente a su esposa. Según Cifuentes, Mérida agredió físicamente a su mujer, la violó. “La hizo desgracia”, decía.

“Me encontraba en el parque Concordia lustrándome… lo vi… no soporté y lo asesiné”, cuenta el supuesto asesino confeso. Cifuentes dio detalles sobre el arma y el automóvil que usó, un picop propiedad del exagente Alfredo de Jesús Guerra Galindo, el otro señalado en este caso, que sería capturado después. Aquella era una confesión en toda regla, pero según Mack, la querellante adhesiva en caso Mérida Escobar, el video era una estrategia para manchar el nombre del investigador y desviar la atención del móvil real de su asesinato.

Una voz fuera de cámara (que según Mejía, corresponde a Paiz Bolaños) pregunta:

—¿Cuál es el nombre completo del agente… del señor… del exagente que te prestó el vehículo?

—Él se llama... —Y corte. Estática. Ahí termina la confesión. 

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Un documento desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA en inglés), en un mensaje de la estación clandestina en Guatemala para la oficina central, reporta: “El □□□□□□□□□ servicio produjo un video que tiene una confesión del supuesto asesino, un criminal insignificante. □□□□ reporta que el □□□□□□□□□ servicio indujo al criminal a tomar la culpa por el asesinato, con la promesa de una liberación próxima. Esto es posible y también es posible que al criminal acusado o a otros les hayan pedido que llevaran a cabo el asesinato de parte del □□□□□□□□□ servicio. También es viable que el □□□□□□□□□□ no estuviera involucrado”.

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Myrna Mack fue asesinada de 27 puñaladas el 11 de septiembre de 1990. Su caso se volvió el paradigma de la lucha contra los crímenes de Estado durante el conflicto armado, al convertirse en el primer proceso penal en el que se condenó al autor material del crimen, el sargento Noel de Jesús Beteta, y a un autor intelectual, el coronel Juan Valencia Osorio, entonces jefe del Departamento de Seguridad Presidencial. Beteta cumple una condena de 20 años, mientras que Valencia, se encuentra prófugo tras huir de la justicia con el apoyo del Ejército, luego de ser condenado a 30 años de prisión.

En 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad en la ejecución extrajudicial y denegación de justicia a Myrna Mack.

Ese mismo año, Guatemala honró públicamente la memoria de Mérida Escobar. En 2005 su familia y el Estado de Guatemala acordaron una solución amistosa en el caso de ejecución extrajudicial que se procesó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el acuerdo, Guatemala se comprometió a que el MP investigaría para dar con los responsables de asesinar y silenciar al investigador del asesinato de Myrna Mack.

Uno de los policías señalados ahora por el MP por el asesinato de Mérida también estuvo en el operativo posterior al asesinato de Mack, en septiembre de 1990. Julio López Aguilar participó de las investigaciones la noche del crimen, en la que se excusaron por no haber recabado ninguna evidencia científica-forense importante, porque llovía. En realidad, la lluvia llegó hasta la madrugada siguiente. Antes de que lloviera, en donde yacía el cuerpo de Myrna Mack, la 12 calle 12-17 de la zona 1, también llegó otro miembro de la policía con nexos con el Ejército: el coronel Julio Caballeros Seigné, director de esa institución. Caballeros justificó su presencia en la escena porque estaba cerca, visitando a un familiar. Meses después Caballeros sería removido del cargo, y sustituido por Paiz Bolaños.

¿Fue el asesinato de Mérida Escobar una acción planificada? ¿Su muerte se debió a su investigación del caso Mack? ¿Fue, al igual que el caso Mack, una operación de inteligencia, planificada por las fuerzas de seguridad del Estado? ¿Los directores y mandos altos de la policía sabían de esto, planificaron esto, permitieron esto? Estas preguntas aún no tienen respuestas concretas. Pero la fiscalía ha trazado una hipótesis y pretende demostrarla durante el juicio.

Según José Mariano Domingo Cabrera, historiador, perito propuesto por el MP, a través de los registros del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) se puede reconstruir la estructura de mando de la Policía Nacional. El perito explica que el caso de Mérida ejemplifica las estrategias de esa institución para esconder y desviar investigaciones. No era incapacidad técnica o profesional, sostiene Domingo. La Policía no era una institución nueva y muchos de sus miembros habían recibido capacitación internacional. “Desde el asesinato de Mack contaban con la capacidad de rastrear objetivamente a los asesinos”, indica.

A criterio del historiador, Mérida se convirtió en un enemigo del Estado por su investigación del asesinato de Mack, lo cual se evidencia con el hecho de que la dirección de la Policía la engavetara. Según Rember Larios —quien investigaba el caso junto a Mérida—, el expediente se escondió por miedo. Solo él, Mérida Escobar y Caballeros Seigné, el director, comentaban los avances de la investigación del asesinato de Myrna Mack. “Luego de terminar la investigación se la entregamos al coronel Caballeros quien ordenó que no la reveláramos hasta que él lo ordenara. Entonces procedimos a archivarla”, recuerda Larios.

Policía bueno, policía malo

Los documentos desclasificados de la CIA ocultan los nombres de sus informantes. Pero las versiones que estas fuentes manejaban no están ocultas y son al menos dos.

La primera versión en las comunicaciones de la oficina clandestina de la CIA apunta a que Mérida Escobar era un criminal. “Oficiales mayores creen que (el asesinato) se relaciona a su involucramiento con un grupo de oficiales de policía corruptos”, se lee en el informe.

Los reportes aseguran que Mérida pertenecía a una banda que robaba bancos junto a los también policías Luis Castro Jiménez y Edgar Gálvez. La fuente señala que Mérida delató a sus compañeros por el robo de un billar en diciembre de 1990. Los otros policías fueron despedidos y procesados. Cuando los dos compañeros fueron liberados, le prestaron el carro a un tercer exagente que también formaba parte de la banda y mataron a Mérida Escobar.

Sobre esta versión, un registro de órdenes de la Policía Nacional confirma que Gálvez fue dado de baja al ser sindicado de asalto y robo armado a un billar el 13 de diciembre de 1990, junto a tres investigadores más del DIC. Mérida, Castro, Gálvez y Rubén Cabrera Castillo fueron suspendidos de sus labores, según un libro del departamento de investigaciones. Lo mismo apunta un registro del departamento de personal de la Policía. Por estas acusaciones, Mérida pasó 18 días en la cárcel.

Otra pista en los desclasificados: el carro utilizada para asesinar a Mérida pertenecía a Alfredo de Jesús Guerra Galindo, despedido de la policía en 1990 y miembro de la seguridad del entonces viceministro de Gobernación, Manuel González Rodas. Guerra Galindo era investigado por tres robos a bancos. Se presume que la banda utilizaba armas y vehículos pertenecientes al séquito del viceministro. Guerra Galindo señala que él le prestó su carro o a Castro o a Gálvez (no precisó a quién) y no tenía idea de que lo usarían para asesinar a Mérida.

Guerra Galindo fue formalmente acusado por el asesinato de Mérida en 1991.

Otro de los factores que lleva a creer que esto fue una operación planificada, es que a Guerra Galindo lo capturaron 30 minutos después del asesinato de Mérida, pero en Zaragoza, Chimaltenango, a 60 kilómetros del Parque Concordia.

Los altos cargos de Gobernación y Defensa tenían una teoría diferente. En otro documento desclasificado se indica que tres coroneles: el director del servicio de Inteligencia Militar, Marco Antonio González Taracena; el director de la Policía Nacional, Mario Paiz Bolaños; y el ministro de Gobernación, Fernando Hurtado Prem, esparcían el rumor de que el Estado Mayor Presidencial, a cargo del coronel Luis Francisco Ortega Menaldo, estaba involucrado en el crimen. ¿La razón? Política. El trabajo investigativo de Mérida Escobar para esclarecer la muerte de Myrna Mack convertía su asesinato en una herramienta para dañar a un enemigo político, señala el reporte.

Esos rumores se basan en que dos miembros del EMP, Marco Tulio López Raymundo y Juan Hernández Sánchez, fueron arrestados el 9 de julio por la Policía. Mérida habría participado en este operativo. Ese mismo día López y Hernández fueron apartados del servicio. Un documento del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) corrobora esa información. Otro documento revela que el Centro de Operaciones Conjuntas de la PN apuntó entre sus novedades que ese día remitió a dos elementos al EMP.

Las teorías se esbozan a pesar de la censura en los documentos desclasificados de la CIA, que fueron obtenidos a través del National Security Archive, del que Kate Doyle es analista y directora del proyecto de información sobre Guatemala. Doyle explica los cuadros blancos y tachones que ocultan cierta información en ellos: En Estados Unidos existe una ley que protege las fuentes de información y los métodos a través de los cuales se produce inteligencia. Estos documentos también contienen una clave que indica una restricción. Si esta información tachada fuera revelada, dañaría a la Agencia de Seguridad de Estados Unidos.

Los documentos atribuye determinadas acciones a un “servicio”, pero el nombre de ese servicio está oculto. Podría ser el servicio presidencial, secreto, de archivo o inteligencia u otro, comenta Doyle. En su mayoría menciona, en inglés, a un servicio cuyo nombre tiene nueve caracteres. Lo que sí está claro es que un servicio intenta culpar al otro. A partir de los documentos se puede inferir que la CIA estaba convencida de que un servicio encubrió el asesinato de Myrna Mack, y que la oficina en Guatemala tenía información suficientemente creíble para contarle a Washington cómo el gobierno buscaba encubrir este caso. 

“Un oficial militar le dice a la CIA que en el Ejército se hablaba sobre cómo Mérida se estaba acercando de más. El Ejército no era uno, sino que estaba dividido. Habían diferentes círculos, clicas en la institución y una hablaba sobre las otras”, explica Doyle al revisar de nuevo los documentos desclasificados.

El asesinato de Mérida en los tribunales de hoy

Luego de ser capturado por el caso Mérida Escobar, el entonces primer jefe del DIC, Martín Alejandro Mejía, intentó desvincularse de la acusación asegurando que no era primer jefe cuando fue asesinada Myrna Mack. Y aunque eso es cierto, sí lo fue cuando mataron a Mérida. Dijo: “… hablan de ‘el plan’. El jefe fue el que planificó, me imagino, porque yo no era el jefe del departamento de investigaciones, yo fungía como segundo jefe en esa ocasión”, relató ante el juez que llevaba el caso en ese entonces, Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado B de Mayor Riesgo.

El “primer jefe hizo todas las operaciones coordinadas con la jerarquía que viene desde el Ministro de Gobernación, Presidente, director, subdirector, tercer jefe y después yo, como parte de la organización, estoy dentro como segundo jefe”, agregó en esa ocasión.

Si la teoría de la Fiscalía es que el asesinato de Mérida Escobar fue una operación especial de inteligencia que buscaba la impunidad del asesinato de Myrna Mack, los señalados abarcan los gobiernos de Vinicio Cerezo (1985-1990) y de Jorge Serrano Elías (1990-1993). De Rember Larios a Martín Alejandro Mejía, en el DIC. De Carlos Augusto Morales Villatoro a Fernando Hurtado Prem, al frente de Gobernación. De Julio Caballeros Seigné a Enrique Paiz Bolaños, en la dirección de la Policía.

La teoría de Helen Mack sobre el asesinato de Mérida, se explica con una serie de pasos: el objetivo de la operación de inteligencia era su hermana Myrna, y a Mérida lo matan para dejar en la impunidad ese asesinato. Pero para procurar impunidad por el asesinato de Mérida responsabilizan a dos inocentes: Cifuentes Estrada y Guerra Galindo. Uno de ellos fue asesinado meses después; y el otro desaparecido. “Son los medios necesarios para dejar en el aire el caso de Mérida”, y así se cierra lo que la activista llama “el círculo de la impunidad”.

Los dos acusados por el asesinato de Mérida Escobar fueron exculpados. El 24 de agosto de 1992 Cifuentes Estrada (quien se inculpa en el vídeo) y Guerra Galindo (el expolicía) fueron absueltos por un tribunal. Cifuentes Estrada fue asesinado el 1 de diciembre de 1992. Cuando el MP realizó una exhumación de sus restos al reabrir el caso Mérida, encontró similitudes con uno de los disparos que mató a Mérida Escobar, el tiro que le impacta en la mandíbula, del lado izquierdo. 

El reporte policiaco indica que Cifuentes intentó asaltar una panadería y lo mataron. Esa noche no se cumplieron los protocolos para cuidar su cuerpo: No se llevó a la morgue ni le practicaron trámites de rigor. Entregaron el cadáver a su pareja, quien se lo llevó.

A Guerra Galindo, nadie lo ha visto desde julio de 1995.

Los policías que firmaron

En el proceso judicial para esclarecer la muerte de Mérida Escobar, las firmas en los documentos son importantes. Este registro permite al MP demostrar que los acusados tuvieron conocimiento de lo que pasaba. Mérida Escobar firmó y ratificó el informe donde señala a Beteta, como el asesino material de Myrna Mack; la teoría del MP es que por eso lo mataron. Los tres investigadores señalados y su jefe firmaron la consignación de las capturas de los acusados de matar a Mérida, Guerra Galindo y Cifuentes Estrada; la fiscalía justifica así su involucramiento en la operación de inteligencia que mató a Mérida. Sus firmas son el principal indicio que mantiene este caso unido.

Pero también existen otros argumentos para la acusación. El principio de jerarquía, resumido en la audiencia por el mismo Mejía García: hay una línea de jerarquía que se comunica hacia arriba y hacia abajo. Arriba estaban el Ministro de Gobernación, el Director de la Policía y otros funcionarios de Alto Rango.

En la etapa intermedia de este este proceso —enero de 2016— los abogados Luis Fernando Ruiz Ramírez y Ana Reina Martínez Antón, defendieron a Mejía García acusando al MP y a la querellante adhesiva de presionar para que a su defendido lo juzguen junto a los otros tres policías cuyo proceso ya iba más adelantado. Esto, según el abogado Ruiz, para asegurar la culpabilidad de su defendido y asociarlo con los otros.

Un año después, el pasado 28 de febrero, comenzó el debate oral en contra de Martín Mejía García, Alberto Barrios Rabanales, José González Grijalva y Julio López Aguilar ante el Tribunal C de Mayor Riesgo —presidido por el juez Pablo Xitumul— el cual decidirá si los expolicías son culpables de montar el asesinato de quien fuera su compañero de trabajo.

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Tres días antes de ser asesinado, Mérida Escobar acompañó a su hermano Ever a Amatitlán. Durante el trayecto, Mérida llevaba su pistola entre las piernas.

—Guarda esa cosa —le dijo su hermano.

—N’ombre, yo sé que en cualquier momento me van a atacar —respondió el investigador, y le contó sobre las amenazas en su contra, su temor de la estructura de asesinatos selectivos conocida como “El Archivo” y el caso de Myrna Mack.

Ever Mérida recuerda que en el anillo periférico los comenzó a seguir un carro. “­Mire, dese cuenta por el retrovisor”, le dijo su hermano. No podían ver al piloto por los vidrios polarizados, pero Ever apuntó los números de la placa en su mano. Llegando a Villanueva dejaron de seguirlos. Ever llegó a su destino y se lavó las manos. El número de placa del carro que los siguió se borró. Eso fue un viernes. Tres días después la profecía de Mérida se cumplió: fue asesinado en el parque Concordia, a escasos cien metros de la sede central de la Policía Nacional. “El lunes fue el asesinato. Entendí por qué nos siguieron”, recuerda el hermano.

Ever Mérida cuenta como una vez González Grijalva le tendió una trampa a su hermano. Lo invitó a un “cumpleaños en Jutiapa” y Mérida se salvó porque viajó con su esposa. Ever también recuerda a Barrios Rabanales. “Lo conozco desde pequeño”, dice. Es originario de un poblado cercano a Catarina, San Marcos, en donde se criaron los hermanos Mérida. “Cuando regresaba fanfarroneaba de que era del Estado Mayor Presidencial, de la G2, que tenía poder”, cuenta Ever. Su desconfianza se extiende también a Rember Larios. “Mi cuñada recuerda que él estaba en la estación de policía cuando ella fue a pedir permiso por Mérida, mientras él esperaba en el parque Concordia, el día que lo mataron”. Y en cuanto al ya difunto originario de Amatitlán, Otto René Tatuaca, su hermano esquivaba calles para no encontrarse con él. "Este no encuentra la forma de comerme”, le decía Mérida Escobar. Para Ever Mérida la manera en que los otros oficiales actuaron se resume en un nombre: Judas.

Por medio del aporte de testigos, peritos y pruebas, el MP pretende demostrar durante el juicio, cuyo desenlace podría prolongar durante dos semanas, que tres excompañeros de Mérida y su exjefe son culpables de su asesinato. Con este caso, después de casi 27 años, quedaría cerrado por fin ante la justicia, el asesinato de Myrna Mack.