La perversidad de ellos, de esos que ostentan el poder, no tiene límites y, cínicamente presentaron una iniciativa de ley para nombrar el 9 de marzo «Día nacional por la vida y la familia» (aprobado por el Congreso de la República), justamente un día después de la conmemoración del «Día internacional de las mujeres» y cinco años después del asesinato de 41 niñas en el hogar seguro Virgen de la Asunción. Para esta misma fecha, se está declarando a Guatemala capital pro-vida, y en los próximos días se esperan actividades como la cumbre de organizaciones anti-derechos y el encuentro de parlamentarios cristianos.
Este grupo de políticos encabezados por el poder ejecutivo y varios congresistas como Aníbal Rojas, Julio Lainfiesta, Manuel Conde, Oscar Chinchilla, Allan Rodríguez, Shirley Rivera, Lucrecia Marroquín, entre otros, se mueven eficientemente para apropiarse de un discurso que pretende apropiarse de la vida. Sin embargo, tal y como Claudia Piñeiro lo denunció en Argentina en 2018, ese discurso es una burda operación del lenguaje, que se nutre de una lucha dicotómica entre buenos y malos, pues aquellas personas que no son pro-vida, son pro-muerte, pro-asesinato.
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Esa absurda narrativa, alejada de los contextos históricos y las complejas realidades sociales, promueve una guerra cultural que busca reducir una problemática profunda sobre la autonomía y la construcción política de la humanidad de las mujeres y pasa a otorgarle a estos políticos la capacidad de enjuiciar, someter y castigar a todas las personas que no compartan su palabrería.
No obstante, estar a favor de la vida es lo último que estos hacen. Estar a favor de la vida, significaría estar a favor de la salud, la educación, la alimentación, el trabajo digno y la vivienda. Significaría estar a favor de la justicia, contra la impunidad y la corrupción. Actualmente, han sido estos políticos quienes se afianzan a sus cargos para que lo único que cambie sean las cifras de sus cuentas bancarias, mientras descaradamente destruyen cualquier posibilidad de habitar dignamente nuestros territorios.
Para ellos, la vida es lo que menos importa. Hoy, uno de cada dos niñas, niños y adolescentes en Guatemala sufre de desnutrición crónica[1], y tan sólo en el 2021 se registraron más de 55,000 embarazos en niñas[2] (eventos claramente tipificables como violación sexual). Según la coordinadora 8 de marzo[3], en sus redes sociales, tan solo el año pasado se realizaron 48 denuncias diarias por violencia física contra las mujeres y, desde el año 2018, los Centros de Atención Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS) no reciben el financiamiento que les corresponde.
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Este médico y presidente que se hace llamar pro-vida ha mantenido en constante desabastecimiento a los hospitales del país, hizo un contrato opaco para la adquisición de vacunas contra la COVID19 y lideró un ineficiente plan que, hasta la fecha, solamente ha permitido aproximadamente el 34 % de la vacunación de la población[4] y le ha negado el derecho a las niñas, niños y adolescentes de adquirirla. Además, según los datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el 2021 fue la Covid-19 la principal causa de muerte materna[5] en el país. Este mismo presidente exoneró al sector empresarial de sus moras en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), debilitando a la única institución que ha garantizado acceso a la salud de la población trabajadora y jubilada. Fue éste también, quien ha otorgado permisos y realizado negocios turbios con grandes mineras que continúan contaminando fuentes de agua, acabando con la naturaleza y además asesinando y criminalizando a defensoras y defensores de derechos humanos.
Tal y como lo dice la antropóloga Yayo Herrero[6], «poner la vida en el centro es construir políticas, culturas, economías y comunidades que tengan como prioridad garantizar una vida decente, una vida que merezca la pena vivirse para el conjunto de las personas. Poner la vida en el centro es garantizar que construimos comunidades en donde nadie tiene miedo al futuro, en donde nadie sufre pensando en qué es lo que le va a pasar mañana». Obviamente, poner la vida en el centro, también implicaría el libre derecho de todas las mujeres y personas gestantes, a decidir sobre sus cuerpos sin importar su nacionalidad, clase social, su identidad étnica, su edad o su orientación sexual; es por todo esto que desde aquí digo que: a ellos, ni ayer, ni hoy, ni mañana les pertenecerá la vida.
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