Conclusiones del juicio del Hogar Seguro apuntan a que las niñas tenían razón
Conclusiones del juicio del Hogar Seguro apuntan a que las niñas tenían razón
Está por concluir uno de los casos más importantes de la historia moderna de Guatemala, su sentencia podría —o debería— marcar un precedente para la responsabilidad que tiene cualquier empleado del Estado con personas menores de edad a su cargo. Las pruebas presentadas y analizadas durante ocho años le dan forma en la fase de conclusiones del juicio.
«Mañana es el día de la mujer, queríamos estar libres y no estar pensando lo mismo que pasamos tooodos los días». Era 7 de marzo de 2017 cuando una voz adolescente dijo estas palabras que quedaron grabadas en un video, ocho años después es una de las pruebas en el juicio por los hechos alrededor del incendio en el Hogar Seguro Vírgen de la Asunción, que mató a la niña que las pronunció, a 40 y dejó heridas de gravedad a otras quince.
Sus palabras se proyectaron sobre una pared en una sala de audiencias donde el tiempo parece ir lento y solo hay un alivio, el aire acondicionado.
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Fuera de ese espacio ventilado que debe alcanzar para más de 20 abogados y abogadas, el ambiente es lúgubre y extremadamente formal. Acá se examina por qué un grupo de niñas en situación de vulnerabilidad y bajo cuidado del Estado decidió protestar y huir de una institución donde recibían malos tratos y en lugar de obtener cuidados, encontraron la muerte.
En un año de juicio, las diferentes versiones de lo que pasó ese 7 y 8 de marzo de 2017 están tomando forma y apuntan en una dirección: que las condiciones en las que vivían las niñas encerradas en el Hogar eran insostenibles; que las razones por la que protestaron aquella noche era reales; y que sí existían los protocolos para actuar, pero las personas a cargo no los siguieron.
La justicia parece al fin reconocer que las niñas tenían razón: sus quejas tenían fundamento y ante la indiferencia de las autoridades, la única opción que les quedaba era huir, según reconoció en sus conclusiones el Bufete de Derechos Humanos, que representa a víctimas, sobrevivientes y sus familias.
El MP dice que se pudo evitar
En el juicio se tiene que probar lo mínimo, hasta la existencia del Hogar Seguro.
Este albergue estaba ubicado en la Finca San Antonio, Aldea El Platanar, San José Pinula, a 23.5 kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala y tuvo dos nombres que prometían una protección que nunca llegó para las niñas, niños y adolescentes que pasaron por allí. Fue creado en 2012 por el gobierno de Álvaro Colom, lo llamaron Hogar Solidario Virgen de la Esperanza (patrona de las madres que atraviesan un embarazo complicado), y en 2015 el gobierno de Otto Pérez Molina lo renombró Hogar Seguro Virgen de la Asunción (celebración del día que subió al cielo sin morir). Fue creado para que el Estado resguardara a menores de edad en situación vulnerable o con sus derechos violentados.
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Contaba con dos grandes áreas, la norte donde estaban albergados los niños y adolescentes; y la sur donde estaban las niñas y jovencita.
Todos estos detalles se discutieron a profundidad a partir del 10 de enero de 2024, cuando el Tribunal Noveno de Sentencia Penal abrió el juicio en contra ocho exfuncionarios señalados de tener responsabilidades alrededor de los hechos que llevaron al incendio.
A partir de ese día, cada semana o quince días se realizaron audiencias para revisar pruebas, recibir declaraciones, testimonios, analizar peritajes científicos, etc. Fue hasta el pasado 15 de mayo de 2025 que la parsimonia jurídica tomó otra velocidad: ese día inició la fase final del juicio, con la Fiscalía contra el Femicidio presentando los resultados de más de ocho años de investigación del antes, durante y después del incendio. El fiscal Edgar Gómez estuvo a cargo de presentar las conclusiones, en las que detalló la responsabilidad de cada uno de los acusados y pidió el tiempo de cárcel que, a consideración del Ministerio Público (MP), deben purgar para pagar su pena, entre 4 y 131 años.
A través de las conclusiones, el MP plantea que esta tragedia se pudo evitar, ya que según indicó el fiscal, existían protocolos, manuales de procedimientos, reglamentos y normativas que definían el papel que cada una de las autoridades involucradas debía seguir en caso de que las y los niños, niñas o adolescentes acogidos en el Hogar Seguro abandonara el albergue o fuera parte de una revuelta.
En cambio, las autoridades evadieron sus responsabilidades al firmar dos actas en las que delegaron a la Policía Nacional Civil (PNC) hacerse cargo de un grupo de 56 adolescentes mujeres. Estos a su vez las encerraron en un aula de 7 por 6.8 metros, 47.6 metros cuadrados, es decir, donde cada una tenía menos de un metro cuadrado para moverse.
Una sobreviviente atestigua
Todos estos detalles se escucharon en una sala de audiencias a cargo de la jueza Ingrid Cifuentes, en un ambiente donde la mayoría de abogados son hombres de trajes oscuros y corbatas apretadas. En esa homogeneidad contrastan Juanita Pérez y Elizabeth Vivar del Bufete de Derechos Humanos (BDH), representantes de las víctimas, sobrevivientes y sus familias.
En el lugar hay una figura —o más bien varias— que pesan más por su ausencia. Por diferentes razones, casi nunca hay sobrevivientes. Sin embargo, en la fase final del juicio hubo una excepción.
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A mitad de las audiencias llegó una joven corriendo y acalorada, vestida con un traje celeste que la identifica como una estudiante de enfermería. Es la más joven dentro del túmulo de abogados y observadores, tiene expuestas las cicatrices de las quemaduras del 8 de marzo de 2017. Allí se le ve pensativa y cabizbaja escuchando los términos científicos y los detalles logísticos que describen lo que le pasó a ella y a sus amigas el día en que fueron encerradas en un aula que ardió durante nueve minutos hasta llegar a los 300 grados centígrados.
Frente a la sobreviviente, el fiscal Gómez dijo a la jueza que en el caso fue posible probar con contundencia que el Hogar Seguro Virgen de la Asunción era un lugar de abrigo y protección para menores de edad en situación de abandono, de calle, con problemas de adicciones, víctimas de adopciones irregulares o trata de personas, e insistió en que quienes estaban allí dentro nunca fueron adolescentes en conflicto con la ley penal, sino personas a quienes sus derechos les fueron vulnerados.
Esta parte fue importante para entender por qué la noche del 7 de marzo, cuando las y los jóvenes que escaparon del Hogar fueron reubicados y dejados por horas afuera del albergue, la PNC los trató como delincuentes. Según dijo el fiscal, les rociaron gas pimienta, golpearon e incluso les pusieron grilletes a algunos. El fiscal Gómez también fue enfático en señalar que, debido a la ubicación del Hogar, el clima es frío y que mientras los agentes policiales portaban suéteres, chumpas y hasta pasamontañas, las y los jóvenes estaban a la intemperie sin ningún tipo de abrigo y algunos ni siquiera portaban zapatos. Nadie de las autoridades se preocupó por ellas y ellos en ese momento.
El día en que la tragedia inició, las niñas habían planeado hacer una revuelta y luego una protesta para llamar la atención de las autoridades y los medios de comunicación, pues querían que en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, sus demandas fueran escuchadas. Buscaban denunciar malos tratos, alimentación inadecuada, abusos físicos y psicológicos.
Cuando la revuelta escaló las y los adolescentes escaparon del hogar a través de la puerta principal y por el ducto de basura, que conducía a un barranco. Las autoridades llamaron a la policía para relocalizarles y al agruparlos, los mantuvieron por horas en la intemperie, mientras firmaban dos actas en las que delegaban la responsabilidad del resguardo a la policía. Según el fiscal, esto constituyó el delito de incumplimiento de deberes, ya que las autoridades tenían el mandato legal de resguardar a las y los adolescentes del hogar.
A las 2 de la madrugada los funcionarios y empleados públicos se retiraron del lugar y los hombres adolescentes fueron llevados a un auditorio espacioso, a las mujeres en cambio las encerraron bajo candado en un aula pequeña. El fiscal recordó que, tras dormir en esa área donde les proporcionaron colchones altamente flamables, las niñas y adolescentes mujeres estaban desesperadas por ir al baño y asearse, aún así la policía no abrió el candado. En medio de la angustia y necesidad, algunas apilaron colchones para defecar dentro del aula, y fue en esas condiciones antihigiénicas que la policía les pasó el desayuno asignado a través de la ventana.
«Había un olor fétido», dijo el fiscal Gómez en la audiencia. Fue en ese momento en que una de las adolescentes le prendió fuego a uno de los colchones para llamar la atención de la policía y que les abriera la puerta. El fuego se expandió y ardió durante 9 minutos hasta que la PNC abrió el candado. 17 niñas y adolescentes murieron inmediatamente.
Los cuerpos aparecen apilados en una de las fotografías expuestas en el juicio, una imagen que la jueza Cifuentes dijo que no podía retratarse y exhibirse en los medios de comunicación por respeto a la dignidad de las víctimas. Otras dos niñas murieron en el área de administración del Hogar Seguro y el resto falleció en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. La mayoría tenía quemaduras hasta en el 95% del cuerpo.
«En esa aula había menos del 21% del oxígeno necesario. Las probabilidades de sobrevivir eran mínimas», dijo el fiscal, quien enfatizó que la construcción del Hogar no cumplía ni siquiera con las normas mínimas de seguridad establecidas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
¿Cuántos años de cárcel piden?
La sobreviviente escucha sola el juicio. Para ella y las otras sobrevivientes, la respuesta del sistema judicial llegó 8 años después. Aunque parece que abre una esperanza para la reparación y sanación, también hay rastros de impunidad.
El 15 de mayo pasado, el día en que inició esta fase final, Anahí Keller, exsubsecretaria de Bienestar Social abandonó la sala de audiencias debido a que recibió un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC), que la dejó fuera del juicio por supuestos errores en su proceso.
Esto fue usado por abogados defensores de los otros sindicados para intentar detener el juicio. Luis Fernando Ruíz, abogado de Luis Armando Pérez Borja, el subcomisario de la PNC que estuvo en el lugar, pidió que el debate oral y público se suspendiera mientras que la CC resuelve el amparo en definitiva, algo que la jueza Cifuentes rechazó.
Con las conclusiones del MP expuestas, el fiscal hizo la petición de cárcel para los acusados.
Contra Carlos Rodas, exjefe de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y Santos Torres, ex director del Hogar Seguro Vírgen de la Asunción, la Fiscalía contra el Femicidio pidió 131 años de prisión divididos así:
● 112 años por maltrato contra personas de edad (2 años por cada una de las 56 víctimas).
● 4 años por incumplimiento de deberes.
● 5 años por abuso de autoridad.
● 8 años por homicidio culposo.
● 2 años por lesiones culposas.
En contra de Haroldo Flores, exjefe de Procuración de la Niñez y Adolescencia de la PGN, 126 años de prisión. En contra de Brenda Chamán, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas del Hogar Seguro, 126 años. Contra Gloria Castro, exdefensora de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos, 4 años de cárcel. Contra Luis Armando Pérez Borja, exsubcomisario de la PNC,117 años de cárcel y contra Lucinda Marroquín, exsubinspectora de la PNC 122 años de cárcel.
La audiencia continúa en los próximos días en fase de conclusiones y se espera una sentencia durante el mes de junio de 2025.
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