"Estas son las Comisiones de Postulación más deslegitimadas"

Helen Mack conoce el sistema de justicia de Guatemala por dentro y por fuera. Sabe quién es quién dentro de las Cortes; conoce los intereses que mueven a los grupos de abogados que buscan incidir en la elección de las autoridades judiciales, y los pactos y acuerdos que se gestan alrededor de estos procesos. No es abogada de profesión —se graduó de Administración de Empresas—, pero lleva más de 20 años de lidiar en los tribunales del país en busca de justicia, primero, y empeñada en contribuir con la modernización y democratización del sistema de judicial del país, después. El asesinato de su hermana Myrna a manos de agentes del Estado, el 11 de septiembre de 1990, y la lucha porque ese crimen no quedara en la impunidad, le dio un drástico giro a su vida y la convirtió en una probada especialista en Derecho.

Desde la fundación que preside, Mack (Retalhuleu, 1952) fiscaliza el proceso de elección de magistrados a las cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema de Justicia, ahora en marcha, y sola o en alianza con otros grupos de la sociedad civil promueve acciones para evitar lo que ella denomina “la consolidación de las mafias” en el sistema.

En esta entrevista, Helen Mack explica las razones por la cuales el gremio de los abogados ha alcanzado tanto poder político hasta el punto de controlar el sistema de justicia del país. Detalla cómo orbitan alrededor de las Comisiones de Postulación y la forma en que orientan el trabajo de los comisionados; identifica sus estrategias y devela los intereses que los mueven.

¿En qué momento empezó el gremio de los abogados a adquirir poder político en Guatemala?

Los abogados siempre han tenido poder por ser imprescindibles. Todo el mundo necesita de un abogado para resolver sus problemas. Poder político también lo han tenido desde siempre, al ser los que asesoran a los políticos que escriben y aprueban las leyes. Pero formalmente empezaron a tener conciencia gremial del poder que poseen a partir de la Constitución de 1985, que fue cuando se les otorgó la facultad de participar en elecciones y designaciones de las autoridades del sistema de justicia.

¿Fue correcto otorgarles ese poder?

La idea era despolitizar el sistema de justicia. Pero, poco a poco, ese espíritu se fue desvirtuando. A partir de las reformas constitucionales de 1993, se fortalece ese poder al otorgar al gremio de los abogados la potestad de participar en la elección de los principales órganos del sistema de justicia, por medio de las Comisiones de Postulación. De esta forma empiezan a consolidar su poder. En esas mismas reformas se incluyó a los académicos para evitar la corrupción y politización de los procesos de selección. El objetivo era proteger las Comisiones de Postulación, pero hay que tomar en cuenta que entonces sólo había cuatro universidades. Pero le encontraron la forma para penetrar por ese lado, por el académico, y ahora vemos universidades por docenas, con facultades de Derechos sin estudiantes ni egresados. El objetivo de que los académicos protegieran las Comisiones de Postulación, se perdió y empezó a reinar la impunidad y la corrupción.

¿Cuándo se empiezan a conformar los grupos de interés dentro del gremio de los abogados para controlar el sistema de justicia?

Esto se vino dando de a poco. Se percataron de que son necesarios para que el sistema político y social funcione; todo mundo necesita de un abogado para que lo ayude a resolver sus problemas legales. Entonces, al ver que podían participar en la elección de los responsables de hacer que se cumplan las leyes, participar en la elaboración de las leyes (el Congreso necesita de abogados que los asesoren en materia jurídica), empezaron a manipular las leyes para conseguir beneficios personales, profesionales, gremiales y grupales.

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¿No lo hacían antes?

Siempre lo han hecho, pero antes no había democracia. Cuando vieron que la democracia les daba este tipo de réditos, empezaron a distorsionar todo a su favor. Empezaron con la manipulación de las leyes y del sistema para conseguir lo que ellos quieren. Los mismos diputados reconocen que el control de las Comisiones de Postulación los tienen los bufetes más poderosos, los grupos de poder más importantes que dominan estas tramas. Se reparten cuotas dentro de las Comisiones de Postulación que tienen elegir a los candidatos. Cuando las listas de candidatos a magistrados llegan al Congreso, que es donde se debe hacer la discusión y negociación política, ya casi todo está definido, porque en las Comisiones se hicieron los acuerdos. En ese espacio se decide la conformación del sistema de justicia.

¿Qué implicaciones tiene ello para el sistema de justicia?

Se pone en juego el Estado de Derecho y el acceso a la justicia. Lo más lamentable es que los abogados, especialmente los jueces que deben ser imparciales y objetivos para administrar la justicia y preservar el Estado de Derecho, porque son los guardianes de la Constitución y de las leyes, son los primeros en quebrantarlas. De ahí el tema de la honorabilidad. En otros países, precisamente por ese rol que juegan los abogados, son muy exigentes con el tema de la honorabilidad y la ética, porque sobre sus hombros se sostiene la preservación del Estado de Derecho en la aplicación de las leyes.

¿Ha habido cambios positivos en el sistema de justicia del país de 1993 para acá?

Ha habido avances y retrocesos. Un avance fueron las reformas al Código Procesal Penal, de cambiar de un modelo inquisitivo a uno oral. También ha habido avances significativos en la publicidad de los procesos, en la transparencia, en la gestión. Pero el retroceso más importante está en la manipulación de la justicia. Nosotros empezamos a hacer auditoría social en las Comisiones de Postulación al percatarnos, como usuarios del sistema, de la falta de independencia judicial, y de ahí porque era importante para nosotros la transparencia para elegir a los mejores. Lo que hemos visto en esa distorsión es que se están quedando los más corruptos, los que tienen contactos, los que forman parte de una estructura. Y los buenos jueces, porque los hay, porque no todos están corrompidos, son señalados, estigmatizados y sacados de la carrera judicial.

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¿Cómo se conforman esas estructuras dentro del gremio de los abogados?

Son redes amplias que se benefician de sus contactos para ganar sus casos, ya no por medio de la ley sino de la corrupción. Ese es el verdadero interés de esos grupos de incidir en la elección de los magistrados. Captan el sistema y obligan a que otros abogados se adhieran a estas prácticas para no quedar anulados. Estos mecanismos se han popularizado entre el gremio para ofrecer a sus clientes, con la idea de que todos ganan: ganan los clientes, ganan los abogados, ganan los jueces… todos. Si pasamos un examen de conocimientos a muchos abogados, pocos lo ganarían porque no se actualizan. No llenan los requisitos académicos mínimos para ser abogados, pero al ejercer les va bien porque se han acostumbrado a ganar los casos ya sea por amenazas o por corrupción.

¿Cómo se nutren estos grupos?

Por intereses, por necesidad de sobrevivencia. Unos trabajan directamente para los bufetes que protegen los intereses de los “emergentes”, cuyas finanzas ya todos sabemos de dónde provienen. Y otros se ven obligados a asociarse para que algo les caiga y puedan sobrevivir. La falta de oportunidades en Guatemala afecta a todo nivel, incluidos los abogados. Si no se tienen vínculos con el Gobierno, con grupos de interés, con grupos paralelos, con cuates, no logran nada.

En este proceso de Comisiones de Postulación para magistrados de Salas de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia, ¿qué grupos se disputan el control del sistema?

El más conocido es el grupo de Roberto López Villatoro, conocido como “El rey del tenis”. A él siempre se le ha visto como un operador, que ahora se ha convertido en operador de operadores. Tiene carisma para hacer negociaciones, se sabe mover. Luego está el grupo del Ejecutivo, que opera a través de Juan de Dios Rodríguez (actual presidente del IGSS), que tiene una estructura. Y luego está el de los Decanos, que es operado por Estuardo Gálvez (ex rector de la USAC) y Héctor Hugo Pérez Aguilera (magistrado de la Corte de Constitucionalidad). De más está decir que hay una seria contradicción en la participación de un magistrado de la CC en este proceso, porque es alguien a quien le corresponde velar por el respeto de la Constitución, y no puede ser juez y parte. Hay conflicto de interés.

¿Y el grupo de los conocidos como “Los abogados de Mixco”?

Estos están en todos los grupos. Se mueven conforme sus intereses y afinidad. Unos apoyan al “Rey del tenis” y otros al Ejecutivo. Todo depende de sus relaciones. En este grupo no hay hegemonía, no están estructurados, se mueven por sus intereses particulares de acuerdo con las negociaciones.

El Colegio de Abogados es el botín más peleado por estos grupos, porque es en representación de éste que obtienen las cuotas para integrar las Comisiones de Postulación…

Por supuesto. El Colegio, como entidad gremial obligatoria de los abogados, es el espacio donde todos confluyen, y por eso el interés de controlarlo y dirigirlo. El Colegio, por ley, tiene representación en diversos espacios de decisión política y de elección de funcionarios del sistema de justicia. Para estas Comisiones de Postulación, la planilla uno era la del “Rey del tenis”, la dos la del Ejecutivo, y la del Gálvez y Pérez Aguilera, la tres. Acá también es importante destacar el papel de las universidades privadas y de la Universidad de San Carlos, que se han ido transformando y formando parte de éstos (grupos) principalmente por la corrupción. La Universidad de San Carlos tenía prestigio, pero lo perdió por la corrupción. Ahí dentro hay redes que venden tesis y títulos, que gradúan. En el tiempo de Cipriano Soto, por ejemplo, todo mundo sabía que para poder ganar en el Bufete Popular, se pagaban favores de todo tipo. Después pasaron por los exámenes privados y luego las tesis. Eso es un fraude para la sociedad. En las universidades privadas también se han dado este tipo de casos. Con eso logran masivas graduaciones de abogados a quienes luego les cobrarán los favores con votos en el Colegio, por ejemplo. Y, por supuesto, estos abogados que se gradúan de manera fraudulenta, funcionan de forma fraudulenta dentro de este sistema.

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¿Cuáles son los intereses que provocan que estos grupos se aglutinen para buscar el poder?

Primero tener buenas relaciones con los Tribunales, en las diferentes instancias. Luego en las Cortes de Apelaciones y después en la Corte Suprema. Todos forman parte de las redes. Pero esto no es nuevo, lo que pasa es que la corrupción se ha popularizado y ampliado hasta convertirse en la regla del sistema. Conforme el país se empezó a democratizar, la corrupción también se empezó a democratizar. Cuando salió a luz pública la “Red Moreno”, por ejemplo, se conoció el famoso grupo “Salvavidas”, integrado por bufetes de abogados que, tal y como dice su nombre, te “salvaban la vida”. Era de tener contactos para garantizar que se ganarían los juicios.

Entonces, son los abogados los que, como gremio, controlan el sistema de justicia.

Sí. En alianza con los políticos, porque al final son los políticos los que, en el Congreso, eligen a los que les dirigen las instituciones del sistema de justicia.

¿Qué ganan con tener el control del sistema?

Ganan en el ejercicio de su profesión, les facilita hacer dinero ganando casos. Ganan y negocian impunidad.

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¿Y  cómo funciona?

Cuando necesitan, actúan. Es decir, no sucede siempre ni en todos los casos. En muchos casos, el sistema sí funciona. Pero cuando un abogado o un bufete de la red necesitan del favor de un juez o un magistrado, éste actúa, facilita, resuelve.

¿En cuál de las diferentes instancias del sistema de justicia está el negocio?

En todas, pero principalmente en las ramas Civil y Mercantil, porque ahí es donde se resuelven los grandes negocios. Pero también en lo penal, que es donde se gesta la impunidad.

Estamos, entonces, como país, en manos de mafias corporativas.

Sí, de las mafias corporativas tradicionales, pero también de las “emergentes”, del crimen organizado. Eso se ve en otros países, pero acá es descarado. Por eso digo que estas Comisiones de Postulación son las más deslegitimadas, y eso es peligroso porque está en juego el Estado de Derecho.

¿Qué las deslegitima?

La forma en que fueron elegidas, el jugo de conflictos de interés que hay alrededor, la falta de respeto hacia las autoridades, la arbitrariedad con que están actuando, los conflictos de interés. Y los pocos comisionados honestos que hay, son la minoría. Los otros siguen órdenes.

¿Qué pasa con los abogados buenos, los honestos, los éticos?

Hay muchos que se mantienen al margen para no involucrarse con estas redes. Confían en la carrera judicial para ser electos en estos procesos, pero sin mancharse.

¿Qué se debe hacer para modificar esta realidad? ¿Cambiar las leyes?

Esto es un asunto de ética y valores no de leyes. Podemos tener 20 mil leyes, pero los abogados siempre encuentran la fórmula para darles vuelta. Lo que importa es atender y ceñirse al espíritu de la ley, y asumir que la ley es superior a los intereses personales, gremiales y de grupo.

Pero hoy día, en Guatemala, eso es utópico.

Lo que necesitamos es que los comisionados tengan pantalones, pero creo que muchos no los tienen. La independencia la pierden en la primera llamada, en la primera amenaza... Es deprimente.