Fisuras II

En el caso de Guatemala esto suele traducirse en un voto castigo que desarma a los candidatos oficiales frente a la oposición.

Un ejemplo de esto fue el gobierno del PAN, el cual fue manejado bajo el patronazgo de Álvaro Arzú, pero que más allá de juicios de valor sobre qué tan buena o qué tan mala fue la gestión panista, hay que reconocer que logró apegarse a un plan de trabajo conocido desde su campaña política. En otras palabras, se preveía un gobierno que buscaba reestructurar el Estado y liberalizar la economía. A pesar de esto, los procesos de privatización, particularmente el de Guatel, sumados al desgaste del magnicidio del monseñor Juan Gerardi, la ola de violencia en las regiones urbanas y la arrogancia de Arzú rellenaron de arcilla los guantes de boxeo de la oposición eferregista dirigida por Ríos Montt, su hija Zury, Francisco Reyes y el candidato presidencial Alfonso Portillo. La contienda fue devastadora para el entonces candidato oficial Oscar Berger quien tuvo la mala suerte de irse a segunda vuelta prolongando así la humillante derrota en las urnas.

La crítica más feroz que cayó sobre los panistas fueron precisamente los procesos de privatización que en aquel entonces calaron en la jerga popular como la “piñatización” de los bienes del Estado. Al igual que ahora, con el caso del usufructo en Puerto Quetzal, el reconocimiento por que las empresas del Estado prestarán un servicio más eficiente era mayoritario; el gran problema, y lo que se acusa hasta el día de hoy, es la forma en que se dieron los procesos de privatización. Procesos que más que inyectar bienes al erario nacional y la creación de un ambiente de libre competencia para los consumidores se centraron en un negocio turbio del cual nadie nunca dio cuentas claras.

Estos procesos se dieron en 1998, un año antes de las elecciones, año en el que también fue asesinado Gerardi y el país fue azotado por el huracán Mitch. Estas situaciones contribuyeron a un mayor desgaste del gobierno que a pesar de todo, hizo público los procesos de privatización los cuales fueron ampliamente debatidos en los medios y en círculos intelectuales y académicos. Aun así se convirtieron en un lastre durante la campaña electoral de 1999.

Aquellos que no conocen el pasado, están condenados a repetirlo dice la máxima que se le atribuye a Santayana y al parecer muchos en el actual gobierno tienen poca o nula noción de la historia política de este país. Tan solo hace unos meses le dábamos el beneficio de la duda al gobierno sobre su capacidad para enderezar el rumbo de ciertas acciones. Al día de hoy, la nave gubernamental sigue profundamente torcida y dividida, con la Vicepresidenta contradiciendo al Ministro de Gobernación, con el Ministro de Finanzas y el Superintendente de Administración Tributaria enfrascados en un estira y encoge digno de chamusca de recreo y con el Presidente dejando claro que la mano dura también tiene suficiente ñeque para perforar el piso de esta nave que desde ya se empieza a hundir y a su tripulación no parece importarle.