¿Con cuánta frecuencia son tema de conversación o circulan en redes sociales las denuncias de violencia doméstica, de abusos sexuales, de amenazas de muerte a ciudadanos despojados de sus pertenencias a punta de pistola o de extorsiones de quienes buscan hacerse de dinero sin importar las consecuencias o los daños a vecinos que trabajan para ganarse la vida mientras otros se lo quieren arrebatar?
El peligro es tal que las víctimas se ven obligadas a huir de sus hogares, de sus barrios, de su ciudad. Prefieren abandonar su país con tal de salvar su vida y la de cada miembro de la familia. Dejan todo: desde afectos y sueños hasta propiedades y trabajo. Les importa poco si salen con o sin documentos personales, pues no hay tiempo de detenerse por ellos. Algunos piden asilo. Otros no saben que tienen el derecho a solicitar protección internacional. Cruzar la frontera es apenas el inicio de un camino hacia el alivio, aunque para nada es corto ni está libre de obstáculos.
Nos toca allanar ese camino. La agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) brinda apoyo a personas que necesitan protección internacional. Su mandato es velar por que se cumplan todos sus derechos, para lo cual acompaña y asiste a los Estados en el proceso. En Guatemala, el Acnur trabaja de la mano con las instituciones que integran la Autoridad Migratoria Nacional, con la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) y con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) para que las personas reconocidas como refugiadas —y también las personas solicitantes de asilo— tengan acceso a todos los servicios, como lo tienen quienes residen en el país. Así lo establece el Código Migratorio (decreto 44-2016 del Congreso de la República de Guatemala).
El IGM otorga la cédula tipo R a todas las personas reconocidas como refugiadas. Es la cédula de la esperanza, pero todavía no es ampliamente conocida. Es el documento de identificación en el cual, además, consta que quien la porta tiene permiso de trabajar en Guatemala. Aun así, en las instituciones públicas y privadas se desconoce y la legislación nacional solo reconoce el DPI como el documento válido para gestiones cotidianas.
Si una persona reconocida como refugiada trabaja y quiere abrir una cuenta bancaria para depositar su sueldo, no puede. El banco no reconoce su cédula, y no es por falta de voluntad. El sistema informático solo admite la cantidad de dígitos de un DPI, diferentes a los que muestra la cédula tipo R. Al querer suscribirse a un servicio de telefonía móvil ocurre lo mismo. Si se quiere obtener licencia de conducir, igual. Si se quiere alquilar una casa o se tiene que identificar en la recepción de un edificio para ingresar, no entra, pues pocas personas han visto una cédula tipo R.
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A la frustración se suma que, a pesar de estar legalmente en el país, el refugiado debe adaptarse a la informalidad para subsistir y enfrentar otras dificultades: trabajos mal remunerados, explotación y el estigma de ser extranjero.
El reto es grande. Existe el compromiso del Gobierno de Guatemala, asumido en el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones, que da prioridad a la integración local de personas refugiadas. Existen la voluntad política y la buena disposición de las instituciones, empresas y personas de aceptar la cédula tipo R para promover la integración por razones humanitarias. El reciente Acuerdo de la Autoridad Migratoria 2-2019 se hace eco de esto y establece por primera vez que el documento que se emita en el futuro provenga del Registro Nacional de la Personas (Renap), al igual que el del resto de las personas extranjeras residentes. Hasta que esto no ocurra, los refugiados tendrán la cédula tipo R con sus limitantes.
En Guatemala, cerca de 400 personas han sido reconocidas como refugiadas y una cantidad similar ha solicitado protección en los últimos años como consecuencia del desplazamiento forzado por la situación de violencia e inestabilidad en algunos países de la región. Los solicitantes de asilo vienen desde El Salvador, Honduras, Nicaragua y, más recientemente, Venezuela, de donde más de cuatro millones de personas han salido en los últimos años.
Se trata de personas de distintos estratos y capacidades: profesionales con posgrados que huyen de la violencia política, madres que escapan de la violencia intrafamiliar, trabajadores y trabajadoras que huyen de las extorsiones, pero que se trasladan para emprender. Traen consigo conocimientos, experiencia y la voluntad de aportar sus capacidades en Guatemala.
En el Día Mundial de los Refugiados, el Acnur hizo pública una campaña informativa que busca sumar esfuerzos y voluntades. Representantes del sector público, del sector privado organizado y de la sociedad civil ya están apoyando y han empezado a reconocer que existe una cédula tipo R, que es válida y legal: el DPI de las personas refugiadas.
Desde el Acnur invitamos a todas las personas a sumarse. La campaña nos ha demostrado que todas las personas somos solidarias cuando comprendemos el valor de una vida y la oportunidad de salvarla. Guatemala es solidaria y le abre la puerta a un nuevo comienzo para las personas refugiadas.
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