Integración y desafíos sobre refugio y migración para Centroamérica

América Latina y el Caribe generan una migración producto cada vez más de dinámicas multicausales (económicas, por diversos tipos de violencia —incluyendo de género o de identidad sexual— y por cambios climáticos).

Los grandes polos expulsores en el continente se ubican en Colombia, producto del conflicto armado interno, que aún no llega a una conclusión definitiva en cuanto al establecimiento del proceso de paz, y recientemente en Centroamérica norte, aunque en menores cantidades en relación con Colombia, pero preocupantes en términos de su dimensión poblacional.

Considerando esta realidad, el 13 y 14 de octubre de 2016 se realizó en la ciudad de Bogotá, Colombia, una Mesa de Alto Nivel, convocada por la fundación Asylum Access de América Latina, sobre la crisis global de refugiados y los flujos migratorios masivos, con enfoque en la situación de América Latina.

En dicho evento se contó con la participación del secretario de la Organización de Estados Americanos, de representantes de la Unión de Naciones del Sur, del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, de representantes de la Organización Internacional para las Migraciones y de delegados de algunos de los Gobiernos y de la sociedad civil del sur, el centro y el norte del continente americano.

Lo que pareció relevante fue conocer, en materia de avances, el caso de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y los procesos del Mercado Común del Sur (Mercosur), cuya integración económica, social y política posibilita prácticas gubernamentales y sociales que buscan la creación de condiciones para una identidad común, así como para la movilidad y receptividad de la población intrarregional, con la disposición de normativizar y aplicar políticas y acciones regionales para cumplir la legislación internacional, tal como ocurre con la homologación de estatus escolares, que posibilita la movilidad laboral y profesional. Destaca el caso de Ecuador, que establece una buena práctica al constituirse en país abierto a la recepción de migrantes de cualquier parte del mundo y de solicitantes de refugio y asilo, al mismo tiempo que asigna a personas en calidad de refugiadas el documento de identidad ciudadana nacional para que tengan acceso a todos los derechos. Colombia, por su parte, ha logrado integrar un instituto autónomo adscrito al Ministerio de Relaciones Internacionales, independiente del Ministerio del Interior, a favor de que este logre un enfoque de derechos humanos de las migraciones y se aleje del enfoque restrictivo de seguridad nacional. Argentina y Uruguay cuentan con una Comisión Nacional para Refugiados (Conare), que busca mecanismos de homologación de las actuaciones.

Sin duda, los avances de la Unasur y del Mercosur en cuanto a integración regional y regulación migratoria han sido posibles gracias a gobiernos democráticos con vocación social. Sin embargo, dicha integración puede verse amenazada ante el reciente surgimiento de conflictos que ponen en entredicho los avances democráticos en algunos de esos países. No obstante, es un hecho que los procesos de integración regional en función de los derechos humanos de las personas contribuyen a su garantía y defensa, especialmente en términos de movilidad humana.

En contraste, existe una diferencia extrema con los países de Centroamérica norte, en principio porque los gobiernos de esta región parecen indiferentes al drama humano que viven sus connacionales. Esta crisis humanitaria aún no aparece como una prioridad de tratamiento desde su institucionalidad nacional y regional. Tampoco es que sus autoridades establezcan su corresponsabilidad en cuanto a la ausencia de garantías de otros derechos, lo cual está provocando la migración forzada. Guatemala, por ejemplo, en la última reunión mundial sobre refugiados y migrantes, realizada en Nueva York, negó sistemáticamente que en el país se tengan condiciones de desplazamiento interno. Por tal razón, el Tratado de la Integración Social Centroamericana, en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana, creado en diciembre de 1991, queda en letra muerta por los escasos avances en la materia.

Centroamérica norte presenta en 2015 las cifras más altas, con 110 000 solicitudes de refugio y asilo, principalmente en Estados Unidos, México, Canadá, Belice y Costa Rica, en comparación con las 20 000 registradas en 2012. Los países centroamericanos carecen de una efectiva integración que incluya la discusión y aprobación de propuestas que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes y les permita posicionar la región de mejor forma en los procesos globales. Por el contrario, mientras avanzan en procedimientos de integración aduanera, favorecen las políticas estadounidenses de detención de la población migrante al extremo de que no están respetando su propia legislación, como la referente a la libre locomoción en el territorio centroamericano mediante la aplicación del documento CA-4.

Los países centroamericanos tienen demasiados desafíos. Deben cumplir con los preceptos pactados de integración social y ser proactivos frente a las soluciones de problemas comunes, que mínimamente deberían incluir la homologación de iniciativas regulatorias, institucionales y de protección consular, así como la vinculación con otros organismos de los Estados para establecer políticas de combate de la impunidad y la desigualdad, la oferta de mejores medios para cumplir con los indicadores socioeconómicos de la población (especialmente para los territorios expulsores, que, frente a las dinámicas migratorias actuales, también se convierten en territorios de recepción de población deportada), la discusión y el análisis como región de las alternativas a la exacerbación de la violencia sin aplicar las viejas medidas de militarización y, como medida urgente, el avance en la colaboración con las entidades internacionales de derechos humanos y del sistema de Naciones Unidas para que se logren aplicar la legislación y los mecanismos de protección internacional a favor de sus connacionales. Sin duda, el reto fundamental son gobiernos democráticos con vocación social. Solo así podría ponerse en práctica un verdadero sistema centroamericano de integración social.