En los últimos días, el MP ha tomado acciones extremas. Para empezar, a solicitud de la Feci, el Juez Fredy Orellana procedió a ordenar al Registrador Electoral la cancelación del partido Semilla. La gravedad de esta resolución no debe ser ignorada. Se trata de un juez de instrucción penal dentro de un caso que todavía no está abierto a juicio. La resolución que cancela a una organización política se dictó sin mediar un proceso donde los afectados hayan tenido la oportunidad de ser citados, oídos y vencidos. Dicho en otras palabras: un acto de brutalidad judicial que pone en riesgo los derechos de cualquier ciudadano por un juez de la menor jerarquía, sin necesidad de juicio o sentencia firme.
La resolución de corte autoritario se dictó pasando por encima del Tribunal Supremo Electoral, único órgano con la competencia y autonomía de funciones para cancelar un partido político. La guinda la puso Leonor Morales Lazo, la fiscal a cargo del caso, al firmar un oficio dirigido al TSE advirtiéndoles que no pueden obrar en contra de la «resolución» del Juez Orellana, so pena de ser perseguidos penalmente. El gesto resulta inédito. No solamente se trata de una afrenta a un órgano de rango constitucional, sino que ella actúa en defensa oficiosa de un juez. ¿Sobre qué bases jurídicas se realiza este acto? ¿Ahora jueces y fiscales son aliados? ¿No se supone que los jueces ejercen una función contralora de los fiscales? ¿O, se han convertido en simples ejecutores de las órdenes que dicta desde Gerona la Fiscal General?
Cada uno de estos actos, ejecutados con desfachatez y arrogancia, nos describen con claridad un fenómeno: la destrucción de la institucionalidad en Guatemala, la inoperancia de los preceptos constitucionales y de las leyes ordinarias frente al poder real de los mafiosos atrincherados en el sistema de justicia que ahora utilizan como ariete para atacar a los otros poderes del Estado y destruir la gobernabilidad.
[frasepzp1]
Pero la crisis va más allá de intentar anular a un movimiento político opositor. Con absoluto descaro se atreven a aplicar un efecto bumerán al caso más grande de defraudación denunciado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). En lugar de ejercer de manera «fuerte y firme» las potestades para investigar a los denunciados coludidos en una estructura criminal, el MP emprende ágiles acciones en contra de los hermanos de Marco Livio Díaz, superintendente de la SAT, en una acción evidentemente encaminada a ejercer coacción a un órgano de fiscalización. El mensaje resulta claro: no está permitida la investigación de los actores corruptos.
En contraste con la rudeza y arbitrariedad de estas acciones intimidatorias, esta misma semana, uno de los más grandes operadores de la corrupción Manuel Baldizón, recibía exoneración de responsabilidades en el caso Transurbano y, al finalizar la diligencia, Rafael Curruchiche, el Jefe de la Feci lo saludaba en forma cordial y se tomaba fotos con el encausado y su hijo. En un país donde se respete la institucionalidad, este gesto podría orillar a un fiscal al despido. Resulta reprobable dar la impresión de que quien está encargado de investigar a un encausado, aparezca públicamente como su aliado. ¿Cómo podemos confiar en que su caso fue efectivamente investigado y que los esfuerzos por lograr una sentencia condenatoria fueron reales?
Para ambos extremos, el MP tiene explicaciones falaces y de mera propaganda. «Nadie es superior a la ley» enuncia, aunque ello contrasta con la lenidad que ha permitido a cientos de actores corruptos ser exonerados de sus procesos. Otra de las frases favoritas es: «el MP debe investigar toda denuncia», sin embargo, ello no ha conllevado la investigación de un solo caso significativo de corrupción desde que Consuelo Porras asumió el poder. Controlar la narrativa es parte del plan macabro. Intentan llevarnos al punto en que estas acciones suenen a lo «normal» y que asumamos, sin ningún sentido crítico, los actos abusivos y violatorios de las leyes, como inevitables.
Más allá de la narrativa falaz, la ecuación es simple: los amigos y aliados de la alianza criminal gozan de una impunidad intocable mientras que quienes se oponen a sus intereses son amedrentados, criminalizados y castigados. Las leyes, el respeto a las garantías, la lógica o el sentido común no importan. Las formalidades tampoco. El MP no rinde cuentas a nadie y no tiene quién ponga límite a sus abusos; ha dejado de ser institución para convertirse en herramienta.
A pesar de que el fenómeno de destrucción de la institucionalidad es evidente y de que gran parte de la ciudadanía reacciona a estas acciones con indignación, no hay liderazgos capaces de detener la maquinaria destructiva.
El papel de la CC resulta penoso. Se arrodillan ante actos carentes de lógica o juridicidad, incumpliendo su misión de amparar a los afectados por violaciones a sus garantías y derechos. Todo para acuerpar a un MP que se ha desviado de sus funciones para convertirse en centro autoritario. Recordemos que el balance de los poderes del Estado recae en las manos de la CC, cuya función básica es la defensa del régimen constitucional. Mantener el equilibrio de los distintos poderes es su trabajo. Resulta evidente que el desbalance de poder que hoy ostenta el MP es fruto de esta inacción cómplice.
El presidente de la república fue electo por un pueblo urgido de hallar un líder para sacar al país del abismo. Sin embargo, el mandatario no termina de asumir la responsabilidad política que le atañe, preocupado de manera irónica, por preservar una «institucionalidad» que se desmorona ante sus ojos. Elude asumir que el riesgo que podría acarrear a nivel institucional remover a la Fiscal General de su cargo, es mucho menor que el que conlleva permitirle continuar el avance de su capacidad destructiva.
El Congreso de la República podría accionar para revertir la desafortunada Ley orgánica del MP que blindó el puesto de Fiscal General tergiversando la configuración constitucional de ese cargo de una manera muy antitécnica. Sin embargo, se ha constatado que se trata de un organismo que funciona con base en incentivos y no siempre se logra alinear los intereses fragmentados en su seno. Pensar que actuarían en defensa de la institucionalidad del país es ilusorio.
[frasepzp2]
Frente a un Ministerio Público que ha perdido radicalmente la brújula y se ha erigido en un verdadero peligro para preservar la república, el peor error que podría cometer la ciudadanía es dejarse convencer por la propaganda del MP, buscar explicaciones jurídicas a sus acciones o, peor aún, justificarlas. Normalizar el abuso de poder tiene la potencialidad de adormecer las acciones que es imperativo emprender frente a los actores que están detrás del intento de anular las libertades civiles, las garantías individuales y que se sentirían a gusto en una dictadura criminal.
La batalla por la democracia y la institucionalidad del país es cuestión de sobrevivencia. Y el veredicto en relación a las acciones del Ministerio Público por parte de la ciudadanía no puede sino exigir la salida de la Fiscal General. Su conducción de esta institución no solamente desvirtúa la esencia misma del Ministerio Público, sino que pone en peligro la soberanía popular ejercida mediante el voto.
Si ella no es destituida, no se podrá reconducir al país a una institucionalidad verdadera que respete los valores republicanos y democráticos. El MP será la herramienta instrumentalizada para la instauración de una dictadura criminal en Guatemala. El ejemplo más cercano es Nicaragua. Por este peligro, de normalizar un supra-poder, sin control, ni adhesión a las leyes, resulta urgente reaccionar en rechazo de la anomalía. Deben sumarse las organizaciones sociales, los grupos económicos, la ciudadanía en general. Un frente unido puede disipar el terror que han querido implantar de que todo opositor será perseguido. En todo caso, esperar pacientemente el colapso del país, no es opción.
