Confirmo las diversas alarmas que este plan dispara, quizá no por su contenido técnico, sino fundamentalmente por el peso político y económico que tendrá en la imposición de un modelo de desarrollo y gobernabilidad al estilo gringo, con liderazgo del sector privado, la inversión, el crecimiento económico y el control social. Aunque el desarrollo y la gobernabilidad son definitivamente necesarios en el Triángulo Norte, desde nuestra perspectiva se lograrán solo sí se transforman las enormes desigualdades y exclusiones de la población mayoritaria, las condiciones de violencia generalizada y del crimen organizado que campean por los territorios —y que están fluyendo dentro de actividades económicas y políticas— y la debilidad de los Estados, que se traduce en corrupción y en poca legitimidad del sistema político y de sus instituciones y no permite el bienestar social.
En principio, quiero referirme al enorme peso político y económico del plan para arrastrarnos a un modelo de desarrollo que la mayoría de los sectores sociales no hemos decidido y muchos adversamos, ya que es este modelo el que precisamente ha impedido lograr una vida digna, en paz y con la participación de todos y todas.
El peso económico de este plan se refleja en que, si es aprobado por el Congreso de Estados Unidos, aportará a la región 1 000 millones de dólares, lo que significa aproximadamente el 1% de las pequeñas economías del Triángulo Norte (103 000 millones en total). Se puede decir que es un aporte económico poco significativo en términos de financiamiento neto. Su peso estriba más bien en su orientación a promover diversos sectores productivos, a lo que me referiré más adelante. Su peso político estriba en que dichas directrices vienen de los principales organismos internacionales de financiación, así como de la gran potencia mundial y país número uno, para determinar el buen o mal camino de la política interna de nuestros países. Pero no es únicamente el peso político de Estados Unidos, sino también el poder que les transfiere a los sectores económicos tradicionales, con quienes está considerando —son sus socios principales— implementar dicho plan. Tampoco se puede dejar de mencionar el apoyo político de los Gobiernos, especialmente el de Honduras y el de Guatemala, aliados naturales de este sector, que ya tiene su propio peso.
En el caso de Guatemala, la Fundesa y el Cacif realizaron su propia presentación del plan el martes 24 de febrero en un hotel capitalino. Tal como menciona su invitación al sector privado organizado de Guatemala, es un «plan alianza para la prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica».
Efectivamente, el Cacif y el Gobierno ven en este plan la oportunidad del siglo, lo que no habían logrado con el plan K’atun 2032 y la Investment Summing 2013 en cuanto a concretar sus planes de inversión en negocios de alto impacto como, según sus propias definiciones, «el centro logístico internacional, el centro energético mesoamericano, la plataforma exportadora de bienes y servicios y el sector turístico industrial». A su vez, con los recursos que logren canalizar definirían el enfoque y el tipo de desarrollo rural que siempre han querido impulsar: «desarrollo rural y empleabilidad». Les ha allanado ya el camino el Ministerio de Trabajo con la propuesta de disminución del salario mínimo en regiones donde sus inversiones están previstas.
Este plan pretende concretar, con apoyo en infraestructura, la interconexión entre puertos y fronteras. Según sus proyecciones, dicha infraestructura conectaría el occidente con el mercado centroamericano; el noroccidente con el nororiente (la Franja Transversal del Norte, que busca conectar los mercados con el gran vecino del norte, México, y por supuesto toda la explotación a través de monocultivos y recursos naturales); el nororiente con el suroriente, que constituye en parte el proyecto del llamado Corredor Seco; y toda la franja costera, que es abarcada por todas las inversiones cañeras. Los municipios seleccionados están, por casualidad, en aquellas áreas donde hoy se desarrollan fuertes conflictos por la defensa de los territorios contra estos y otros megaproyectos. Por supuesto, también son municipios expulsores de población migrante, a excepción de los de las Verapaces y de la costa sur, que aún no son reconocidos como tales, pero donde sí existen intereses de inversión. Algo que no pudieron dejar de mencionar es que estos municipios presentan altos índices de pobreza (53.1%) y de desnutrición (41.1%), y para ellos tienen proyectos de pequeña y mediana economía desde el Estado, a los que llaman «caminos para el desarrollo rural».
La ruta está trazada. En estas próximas reuniones con el vicepresidente de Estados Unidos esperan validar los montos, los sectores productivos, los territorios, y luego ser ellos quienes conducirán el desarrollo del plan a través de un consejo asesor privado. Y solo después proponen un plan nacional y de diálogo con socios.
¿Qué gana Estados Unidos con esto? Pues concretar muchos de sus planes que se le han venido interrumpiendo, como el ALCA y el Plan Mérida, y consolidar modelos como el Plan Colombia y su influencia en la región sur, que forma parte de su esfuerzo por la Alianza del Pacífico. Le permite, sobre todo, ampliar su red de seguridad continental, en cuyo centro se encuentra el comercio de su producción y de sus inversiones, pero también el posicionamiento estratégico de sus intereses geopolíticos.
Es por ello que la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica difundió el miércoles 25 un pronunciamiento en el cual anuncia sus diversas preocupaciones, especialmente en materia de desarrollo real para las poblaciones de origen migrante, pero también sobre seguridad y criminalización de las luchas sociales y de la migración, pues con este plan se prevé una trenza riesgosa de control y represión: narcotráfico-crimen organizado, migraciones y movilización social.
¿Dónde quedaron los niños y la población migrante? Aún atrapados en las cortes estadounidenses o en centros de detención esperando a ser integrados a sus familias. Otros, esperando ser beneficiados con una protección especial por mostrar indicios de huir a causa de la violencia. Muchos no tendrán otro destino que la dramática deportación. Más de un millón de guatemaltecos en Estados Unidos seguirán luchando por la ansiada reforma migratoria. Cientos de migrantes centroamericanos seguirán sufriendo, día tras día, los embates del terror en la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Pese a que esta población migrante fue relegada en el plan, sus remesas representaron el 13% del PIB en el 2014, cantidad similar al aporte de la agricultura y cinco veces mayor que el aporte de este plan, y un 70% en muchos de estos territorios donde se quieren extender las grandes inversiones. Los grandes sectores de la economía que absorben el trabajo son el informal y el de la pequeña agricultura.
Por ello, conversando con un amigo, le decía que quizá estas líneas y voces que se levantan son fuerzas de átomos frente a gigantes para advertir a Estados Unidos, y ojalá que también a las élites políticas y económicas, que todo este proyecto de desarrollo sin consenso social y sin atacar las causas estructurales que históricamente han generado pobreza y exclusión traerá consigo más ingobernabilidad, mas confrontación social y más migración. Él me decía: «Recuerda que hay una piedra que derrotó a Goliat».
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