Los trailerbuses iniciaron recorriendo dos grandes rutas, la M-85, que salía de la Primero de Julio en dirección al Centro Histórico, y la ruta M-10, que de Jocotales pasaba por zona seis y llegaba hasta la Plaza Barrios. El negocio de la empresa Munitrans, incluía un seguro de vida y lesiones, además de la contratación de conductores, el mantenimiento de las unidades y la cobertura de diésel. Y al igual que en la actualidad, tal y como la Municipalidad lo plantea con el Aerometro, el discurso giraba en torno a que la mayor inversión surgiría de la empresa privada.
Esta narrativa es ambigua y peligrosa. Una empresa privada, cualquiera que ésta sea, tiene el objetivo central de lucrar con sus servicios, es decir que se dispone a invertir únicamente si en sus cálculos habrá mayor ganancia que pérdida. En proyectos de este tipo, la empresa privada usualmente se blinda de riesgos y pérdidas. Estos son asumidos por el Estado, no solamente a nivel económico, sino también en términos de calidad de vida de la población.
Primero, el riesgo económico que enfrenta el Estado tiene que ver con salvar a la empresa de cualquier error de cálculo, como llegar a subsidiar el pasaje, cubrir un incremento desmedido de combustible o de energía eléctrica, incurrir en gastos adicionales en infraestructura colindante, derivados de una pobre planificación y proyección, que al final permitan mantener el porcentaje de ganancia de la empresa inversora. Y, más importante aún, el Estado asume un mayor gasto público por salud, pues una buena política de movilidad urbana promueve el transporte colectivo en lugar del individual, lo que aumenta la actividad física y por tanto disminuye las enfermedades relacionadas al sedentarismo, la polución del aire, accidentes de tráfico, etc.
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En segundo lugar, la población enfrenta un impacto directo en calidad de vida, pues los proyectos existen y se realizan en espacios y tiempos históricos que deben ser tomados en cuenta. Por tanto, un transporte público debe permitir el acceso de aquellas personas que lo necesitan más, quienes usualmente no podrán pagar un costo elevado (por ejemplo, de aproximadamente Q.10.00) por un solo viaje. Una planificación inadecuada, además de solamente quedarse en un falso discurso de sostenibilidad, abre las puertas de par en par a concesiones turbias de onerosos proyectos de movilidad urbana que también acarrean un impacto sobre la diluida naturaleza en nuestras áreas urbanas (los pocos árboles que nos quedan suelen ser talados).
Como se vio allá por los años noventa, colocar cabezales halando furgones dentro de la ciudad de Guatemala no tenía sentido, especialmente por las calles tan reducidas, la contaminación ocasionada y la falta de seguridad para las personas usuarias. Con todo ello, tal y como sucederá con el Aerometro, la peor parte de estas ideas caducas y estos contratos opacos, lo paga la población pues no pretenden dignificar sus vidas.
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Este proyecto de Aerometro, promovido por la alcaldía de Ricardo Quiñónez, del partido Unionista, además de tener una negociación poco transparente, ha evidenciado que es un proyecto caro, impráctico y que no resuelve los problemas de movilidad y de transporte, sobretodo en una arteria principal como es la Calzada Roosevelt. Un transporte público digno, es integrado y garantiza compromisos claves como: ser de acceso universal, atender a gran parte del territorio y a la mayoría de su población (iniciando, por aquellas personas que tienen mayores dificultades de locomoción y distancias más lejanas para su traslado), así como el ofrecerse a precios accesibles a todas las clases sociales. Y, por último, el transporte colectivo debe ser ofertado de forma continua, incluso en los horarios de baja demanda.
No debemos olvidar que el transporte público es el engranaje efectivo de la movilidad urbana y no habrá futuro digno cuando su planificación siga basándose en intereses individuales y no colectivos.
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