En el anuncio, la SIB habla de «fortalecer la protección de los depositantes». Lo que no dice es cómo lo hará. Básicamente, lo que busca la iniciativa de ley es que el Banco de Guatemala (Banguat) salga al rescate económico de los bancos comerciales que puedan estar en peligro por «eventos adversos». En otras palabras, se propone que el Banguat salga al rescate, como Superman, de los bancos que tengan problemas. En este contexto, rescate significa una medida extraordinaria que implica transferir fuertes sumas de dinero sin ningún límite.
¿Quiénes son los banqueros para tener ese tipo de privilegios? Hablando de hechos reales, tenemos presos al ex gerente general del Banco G&T Continental por financiar ilegalmente la campaña del Partido Patriota y al expresidente del Banco de Desarrollo Rural (Banrural) por blanquearle recursos al binomio Baldetti-Pérez Molina.
La iniciativa de ley 5157 le otorga a la Junta Monetaria el poder de decidir rescatar bancos que hayan sufrido «eventos adversos que afecten considerablemente el buen funcionamiento del sistema de pagos o propicien problemas de liquidez o solvencia». Pero ¿qué se incluye en esos eventos adversos? En primer lugar, habrá que especificar qué se entenderá por eventos adversos para reducir las ambigüedades y los vacíos que genera lo no normado, que podrían ser aprovechados por los banqueros para no responsabilizarse por los daños y las pérdidas causadas a los cuentahabientes. En el caso de que se decida rescatar un banco, el Banguat utilizará las reservas monetarias internacionales (RMI) para inyectarle capital al banco en problemas y, recalco, sin ningún tipo de límite. Luego deberán retribuirse esos recursos mediante el presupuesto de la nación o mediante emisión de deuda.
Es decir, el costo de oportunidad de rescatar un banco es:
- Limitar la asignación de recursos a una entidad pública (imaginemos el Ministerio de Educación o el de Salud Pública y Asistencia Social).
- Endeudar al país.
- Todo lo anterior para que el banco siga operando.
En segundo lugar, ¿dónde está la SIB? Se supone que esta entidad debe promover la estabilidad del sistema financiero supervisado y la confianza en este. No olvidemos que es el órgano del Estado especializado en ejercer la regulación y la supervisión del sistema financiero de Guatemala. Tampoco olvidemos los salarios que gozan el superintendente y los cinco intendentes. Por ejemplo, el intendente administrativo (el que menos gana de los cinco) se embolsó Q54 142.25 al mes en el 2015.
Lo peor de todo es que el artículo 5 señala que los funcionarios no podrán ser juzgados por las medidas que tomaron en favor de un banco mientras estas estén vigentes. No solo tienen grandes salarios, sino que no quieren ser juzgados por sus hechos.
Como guatemalteco y estudiante de economía, me opongo rotundamente a los efectos nefastos que ocasionaría la entrada en vigor y aplicación de esta iniciativa de ley al erario público guatemalteco. Los nobeles de economía Joseph Stiglitz y Paul Krugman están en contra del salvataje bancario, pues afirman que la población termina pagando el costo y que se hacen recortes públicos por errores de banqueros. Recordemos la historia que nos dejó la crisis del 2008, cuando los bancos comerciales de Estados Unidos dieron créditos hipotecaros a personas que sabían que eran insolventes de pago y esa mala práctica creó una burbuja inmobiliaria que, al reventar, obligó a la Fed (Reserva Federal estadounidense) a salir al rescate de todos esos bancos inyectándoles dinero. En otras palabras, la usura de los bancos de dar créditos basura (como se les llama) no les afectó, pues la Fed les devolvió el dinero.
La pregunta es: ¿por qué sí hay recursos para rescatar bancos, pero no para reducir la pobreza o crear más hospitales o centros educativos de calidad?
Lo que deberían hacer la SIB y la Junta Monetaria es reforzar el Fondo para la Protección del Ahorro (FOPA).
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