El Presidente no pidió disculpas, ni dio explicaciones, dijo además que dar una excusa era poco probable. Otto Pérez Molina, en un acto celebrado el jueves en el Palacio Nacional de la Cultura, tampoco llamó “víctimas” a los manifestantes que quedaron heridos y tendidos en el suelo tras una acción del ejército de Guatemala en contra de la población de los 48 Cantones de Totonicapán, el pasado 4 de octubre de 2012 en el kilómetro 169 de la ruta interamericana. En vez de ello, el mandatario ofreció un apoyo: Q6 millones 550 mil como parte de un resarcimiento.
En el Palacio Nacional, muchos esperaban ver un desfile de personas recibiendo una indemnización por parte del gobierno. Esperaban también ver a las familias de los fallecidos, a las viudas, saludando al presidente de la República, sonrientes. Pero no pasó. “Hay un sello de dolor todavía en mi corazón, un lamento que es grande”, indicó Adán Pedro Sapón, representante de las familias afectadas. A su alrededor, el presidente de la República, Otto Pérez, y la vicepresidente, Roxana Baldetti, se mostraban un tanto incómodos ante las palabras que Pedro Sapón decía frente a la concurrencia: “Yo sé que quizás el que dio las órdenes al ejército está aquí, en este patio. No lo sé. Quizás esté aquí. Y le pido que pida perdón a Dios. Y también perdón a Totonicapán”.
El 4 de octubre de 2012 Totonicapán salió a manifestar de modo pacífico en distintos puntos de la ruta interamericana. El saldo, sin embargo, fue de 6 muertos y 35 heridos sobre la carretera. El ejército de Guatemala había acatado así la orden dada por el gobierno de desalojar a los manifestantes. “Cuando uno se levanta, cuando uno alega un derecho, obligado por la pobreza, lo que pasa en nuestro país es que nos mandan al ejército”, recalcó Sapón frente a los asistentes.
Tan sólo minutos antes, el actual presidente de la Junta de Alcaldes Comunales, Joaquín Ordoñez, había recordado que aquel día de 2012, la población de los 48 Cantones de Totonicapán salió a reclamar tres cosas puntuales al gobierno de Otto Pérez: la reforma a la Constitución que anularía la función de sus autoridades locales, la reforma educativa que afectaría sus bolsillos, y el alza constante al precio de la energía eléctrica. “Fue por ello que hace apenas 18 meses nuestros hermanos murieron en manos del ejército de Guatemala”, decía Ordoñez y pedía que el Estado de Guatemala asumiera las responsabilidades.
Cuando Otto Pérez Molina tomó turno en los micrófonos, no pidió una disculpa por lo ocurrido, que como señaló Sapón, era parte de los acuerdos para llegar al proceso de resarcimiento, tampoco la palabra “víctima” apareció en ningún momento en su discurso, o dentro de los carteles informativos del Palacio. El Presidente se refirió a heridos y fallecidos por igual: solamente como “afectados”.
Detalló, sin embargo, que fue gracias a los protocolos que se establecieron desde el ejército, luego de disparar en contra de la población, que se consiguió ubicar a los responsables, pero señaló que todo esto aún es discutido en las cortes de justicia. “A los familiares de los seis fallecidos, no tenemos ninguna explicación, ninguna excusa qué presentarles”.
No excusas, no explicaciones
Para Miguel Ángel Balcárcel, coordinador del Diálogo Nacional, todo este proceso de resarcir a las familias de las víctimas del 4 de octubre ha sido largo, y a veces difícil. “Hubo diálogos, consensos. Escuchamos sus propuestas. Analizamos los estudios que ellos nos presentaron. Todo se hizo fuera de la Capital, en Totonicapán”, explicó el Coordinador.
El monto que será repartido entre las seis viudas y los 35 heridos, desde el Programa Nacional de Resarcimiento, asciende a Q6 millones 550 mil. Barcárcel indicó que aún no se tiene establecida la cantidad de dinero que le corresponderá a cada víctima o familiar de los fallecidos. “Se han categorizado según su condición, heridos graves y leves. Esta ayuda es una parte del proceso de reparación, aún quedan por promover los programas sociales en las comunidades y la ayuda sicosocial”.
–Luego de este resarcimiento, ¿el Estado aún tiene responsabilidad penal en este caso? –se pregunta al coordinador.
–Eso fue parte de las negociaciones. Que ambos procesos, el juicio y el resarcimiento, quedaran por completo separados. El juicio en contra de los militares no se ve afectado. Continúa.
–¿Cómo entender que no fue pedido un perdón, una disculpa de parte del Gobierno?
–No es posible verlo como un perdón, porque hay un juicio para determinar responsabilidades.
–Y las declaraciones del Presidente, al plantear que no darán excusas ni explicaciones a las familias…
–Depende de cómo se interprete– dice Balcárcel. –Eso fue un mensaje a las familias. Cómo, de qué manera podrías presentar una excusa a una familia para decirle que su esposo está muerto. No es excusa de otra naturaleza. Y las explicaciones, son también por esa línea, cómo le vas a explicar a alguien que su esposo ha fallecido. Esa carga emocional...
–¿Pero explicaciones sobre cómo fallo el protocolo en el ejército, en la PNC?
–Eso es parte del proceso judicial. Dependerá de lo que resuelvan los jueces en las cortes. Para interpretarlo mejor lo que se debe hacer es la separación de los dos procesos. Aparte es el penal, y aparte es el que vemos ahora, el de ayuda humanitaria.
–¿Por qué el Gobierno, o al menos el Presidente en su discurso, no reconoce a los heridos y fallecidos como víctimas?
–Bueno, en esencia, ése es el tratamiento que se les ha dado. Ellos inclusive hablan de una masacre. Quienes estuvimos ese día, sabemos las condiciones en que eso se produjo, y así lo hemos informado al Ministerio Público, a la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero ellos, los comunitarios, sí lo manejan como una masacre y lo han expresado así públicamente. Pero serán los tribunales los que establezcan lo que sucedió allí, el 4 de octubre de 2012- explicó Balcárcel.
Por el caso de los fallecidos y los heridos en el kilómetro 169 hay un proceso judicial en contra del coronel Juan Chiroy Sal y otros ocho militares. Fueron ligados a proceso por el delito de Ejecución Extrajudicial seis días después de lo ocurrido en la ruta interamericana. No obstante, la juez A de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores, en la fase antes de abrir a debate, reformó el delito para los implicados por otros menos graves, como Homicidio en Estado de Emoción Violenta, y Omisión de Responsabilidades. El Ministerio Público, mediante amparos y apelaciones, aun intenta abrir juicio en contra de los militares en otras circunstancias: el delito de Ejecución Extrajudicial.
Texto: Oswaldo J. Hernández Fotografías: Archivo Agencia EFE y Sandra Sebastián
