Sandra Torres tuvo un problema

Entre sus manos sostiene el símbolo de su partido: una palomita blanca –una de verdad– que palpita, que se mueve, que tiembla desde el escenario. Torres acomoda las alas del animalito entre sus dedos; la hace tomar impulso y la lanza hacia la muchedumbre, hacia el azar… La palomita, insignia del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), no consigue abrir del todo sus alas en el aire, y cae.

Cae sobre la muchedumbre.

Se desploma.

Es una metáfora total.

Una escena, verídica, que sirve de epílogo para complementar el siguiente panorama:

El caso de la candidatura presidencial de Sandra Torres se depositó hace poco más de un mes en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El Registro de Ciudadanos, dirigido por Miguel Solís, había dictaminado fraude de ley y consideraba que Sandra Torres violaba la Constitución de la República al haberse divorciado del actual presidente de Guatemala, Álvaro Colom, como excusa para poder competir en las elecciones.

En tres instancias ante este tribunal, su candidatura fue revocada. Y desde ese mismo suceso –ocurrido el 4 de julio–, muchos vislumbraron un largo y desgastante periplo legal para el partido oficial, uno que seguramente agotaría todas las instancias de la legalidad, y al igual que lo ocurrido en 2003 con la candidatura de Ríos Montt, acabaría frente a la Corte de Constitucionalidad.

Y así fue.

El caso llegó, un mes más tarde, hasta el más alto tribunal de justicia de Guatemala. Una población expectante permanecería cinco días en ascuas ante la magnitud de esta resolución. Al mismo tiempo, decenas de analistas, políticos, periodistas, jueces y abogados, debatían sobre el voto que emitiría cada uno de los siete magistrados (cinco titulares y dos suplentes) que fueron impulsados por distintos sectores de poder hasta la Corte de Constitucionalidad.

Además había una tercera parte interesada: la candidata a la presidencia por parte del partido Acción de Desarrollo Nacional, Adela de Torrebiarte. “Defenderemos las reglas de la democracia, defenderemos lo establecido en la Constitución”, argumentaba.

Hoy develado, el fallo, con unanimidad de siete votos a cero –tres de ellos declarados concurrentes, que significa estar de acuerdo con la decisión final pero que en lo personal no se coincide con la argumentación mayoritaria– ha sido definitivo: “No” por tercera vez, sin posibilidad de apelar. Y Sandra Torres no está más en la contienda electoral.

Favores, amparos y apelaciones

Pero para llegar hasta allí, el partido oficial, en coalición con el partido GANA, derrochó gran parte de su tiempo de agenda electoral en trámites de juzgados. La ex candidata no participó en debates ni foros y apenas concedió entrevistas. El partido fue hermético y, hasta donde pudo, se presentó optimista ante las cámaras y las grabadoras.

El camino hacia el fallo final empezó con un amparo tres días después de la resolución definitiva del TSE en contra de la candidatura, y con ello, el escenario se trasladaría a los tribunales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Un escenario complementado además por varias movilizaciones “espontáneas” de miles de simpatizantes de rostros ajados, perplejos y agotados por el calor, donde en medio de la gente nadie ofrecía una frase distinta de la trivial: “venimos a apoyar: queremos que la inscriban”. Así por casi una semana.

Había, no obstante, en una de estas gigantescas manifestaciones, tras el bochornoso suceso de la palomita acontecido luego de la audiencia pública de la ex candidata ante la CSJ el 29 de julio, algunos niños que revoloteaban y jugaban alrededor de aquella multitud que todavía miraba y escuchaba a una Sandra Torres omnipresente desde altoparlantes y megapantallas que rodeaban la plaza frente a la Corte Suprema de Justicia.

Nada adiestrados, lejos de la trivial respuesta de los adultos, los niños podían hablar. “Salimos de casa cuando estaba oscuro”, decía uno, Samuel, 10 años, quien despertó, ese día, “ya claro” en su primer viaje a la capital.

Sonrientes, tres pequeños con sus botas de hule grandes que les quedaban gigantescas, sus ropas llenas de lodo seco con estampas de Harry Potter, Winnie Poh y Batman, decían que venían acompañando –cada uno– a su mamá. Venían desde Alta Verapaz.

–¿Qué piensan de la capital? –les pregunté.

–Es como chula. Huele raro.

–¿Qué hacen acá, tan lejos de todos?

–Esperar la refacción.

–¿Y su(s) mamá(s)?

–Se están anotando…

Una vistazo rápido alrededor y uno veía grupos de gente cuyo centro era alguien vestido de verde y blanco, gritando nombres, anotando datos en una hoja de papel.

–¿Y si no se anotan? –pregunté al grupo de Samuel.

–No venimos.

“No venimos” significaba, como me comentaría horas más tarde, Janet Sacvín desde un teléfono público de Santa María Chiquimula, Totonicapán, “aceptar la amenaza del partido oficial” que consistía en “dejar fuera del programa Mi Familia Progresa (Mifapro) –creado por el Gobierno actual– a todo aquel que no apareciera en una de las listas de los coordinadores”.

Bajo este ultimátum, por ejemplo, el autobús de Totonicapán saldría a las 0:00 horas el día de la audiencia pública de Torres con destino a la capital.

Janet, situada en uno de los departamentos de Guatemala que el PNUD, en su informe nacional de desarrollo humano, ubica entre los de mayor pobreza en Latinoamérica, es madre soltera. Hasta hace poco, por sus 5 hijos, Mifapro le concedía Q300 cada mes. El único requisito era cumplir con el compromiso de enviar a sus hijos a la escuela y mantenerlos en control sanitario, pero Janet Sacvín denunció al partido oficial de “obligar a la gente a devolver favores a la Primera Dama” y al tratar de “abrir los ojos de la comunidad”, fue expulsada del programa de ayudas sin mayor justificación. Nadie ha hecho nada por ella, ni el Ministerio Público, ni ningún vecino de su comunidad en tanto teme represalias.

Días antes a la manifestación frente a la Corte Suprema de Justicia, César Augusto Tzunux Chiroy y Miguel León Lux, promotores comunitarios de Mifapro en Santa María Chiquimula, agrega Sacvín, reunieron a los inscritos en el programa de ayudas y anunciaron que “la ex Primera Dama los necesitaba”.

“Así como un día ella acudió a sus necesidades, ahora les toca a ustedes”, dijeron y recomendaron, como narra Janet, “llevar palos o piedras por cualquier situación que pudiera suceder”.

Entre murmullos, entre miradas nerviosas, según Sacvín, los promotores continuaron: “Eso si quieren que la ayuda siga llegando”.

La ayuda de la que hablaban, como pudo corroborarse entre la gente de la comunidad que prefirió no dar su nombre, no se ha visto por ningún lado de Santa María Chiquimula desde hace 4 meses.

“Los otros partidos lo están impidiendo”, argumentó Tzunux cuando una amiga de Sacvín lo cuestionó.

De regreso en la plaza, frente a la CSJ, Samuel y sus dos amigos me habían esbozado prematuramente estos detalles en una sola frase:

–¿La conocen?– pregunté a los niños señalando la megapantalla desde donde Sandra Torres hablaba a la multitud.

–La que nos da nuestra comida... –dijeron.

Apenas doce horas después de las palabras de Samuel, en la madrugada del sábado 30 de julio, la CSJ resolvía con una votación final de 12 magistrados contra uno, el rechazo, en definitiva, al amparo interpuesto por la candidata del partido oficial.

En las ironías del lenguaje, la última “esperanza” de la Unión Nacional de la Esperanza, consistía en apelar esa decisión y llegar al final de las instancias nacionales: la Corte de Constitucionalidad.

Hacia el fallo final

El día de la resolución final fue expectante, tedioso y largo. Habían pasado ocho días de la apelación por parte del partido oficial, y apenas cinco días desde que Sandra Torres, en una vista pública, se reconociera como madre soltera de cuatro hijos, divorciada por convicción, mujer atacada por diversos sectores, y luego se le entrecortara la voz ante las cámaras, abogando ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sobre el derecho de 1 millón 137 mil personas que la querían como Presidenta de la República.

Curiosamente fue un día en el que no hubo muchedumbres volcadas en las calles, por más que uno tratara de buscarlas. Ni buses extraurbanos ni baños portátiles ni altoparlantes.

En las afueras de las oficinas de la CC varios periodistas especulaban sobre las posibilidades que Torres tenía de ser inscrita. “Es muy poca gente para lo que se les avecina. Confían. Le darán luz verde a la candidatura”, decía un fotógrafo de Honduras.

Después del medio día, en los alrededores había unas 100 personas con banderas, con ollas como tambores, además de pitos y tapaderas. También unos 100 antimotines mal encarados, inertes bajo la lluvia, y parcos en todos los sentidos. Y unos cincuenta cazanoticias.

Adentro, en un salón con poca ventilación, el presidente de la CC, Alejandro Maldonado y los otros cuatro magistrados titulares –Gloria Porras, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Mauro Chacón y Roberto Molina Barreto–, adjuntos a los dos suplentes –Juan Carlos Medina y Héctor Trujillo– conocían la ponencia del caso Torres desde las once de la mañana y deliberaban.

Era un grupo de magistrados que en días anteriores habían sido la comidilla de todos los medios de comunicación. En un acto bestial de deshojar margaritas (Sí. No. La quieren. No la quieren), y de tratar de entender las inclinaciones de la balanza de poder, distintos analistas hablaban por radio sobre la importancia a futuro que representaba la decisión que tomaría la CC en este contexto. El caso podría servir a largo plazo para otorgar confiabilidad y coherencia al Sistema Jurídico de Guatemala. O también para ubicar a la CC como un aliado o un contrapoder del próximo Gobierno.

Trujillo sentó una de las primeras polémicas en la opinión pública en torno al caso. Había fungido como fiscal de la UNE en el proceso electoral pasado, y en un comunicado de prensa, el Centro para la Defensa de la Constitución le pedía que se inhibiera del citado caso. También Alfonso Carrillo, uno de los abogados más poderosos del sistema, actuó para impedir que el magistrado pudiera emitir su dictamen.

La alianza UNE-GANA reclamaba lo mismo con Molina Barreto. Éste, según los oficialistas, ya había dado una opinión adversa a la candidatura en un programa de televisión.

Luego Porras sería otra de los magistrados puesta en duda por una supuesta íntima relación con el Ejecutivo. A estos tres se les solicitaría que se retiraran del caso.

Ninguno lo hizo, votarían y conocerían los argumentos de la apelación sobre la candidatura de Sandra Torres a la presidencia.

Todavía más interesante, cuando se regresaba a analizar el voto de Trujillo, varios juristas quedaban con un gesto interrogante en el rostro: la esposa de este magistrado, Mirtala Góngora, una de las actuales magistradas del TSE, había dicho “no” en la instancia que desde un inicio mantenía en aprietos la candidatura de Sandra Torres. A Trujillo, en contraste, se le tenía etiquetado como un voto a favor de la candidatura…

Horas antes a la resolución, en las calles aledañas, una pequeña multitud se movía intermitente entre  dos estados de ánimo: euforia y llanto. Euforia cuando se anunciaba extraoficialmente que el fallo había dado lugar a la candidatura. Y entonces las consignas, a garganta pelada, eran “!Cuatro años más!” y “!Sí se pudo!”. O llanto en relación a la información de radios locales, que vaticinaban la negativa como algo definitivo, con información llena de especulaciones, sobre los votos –5 a 2– de los magistrados. La gente oraba, pedía a Dios por ellos: “por nosotros los pobres”.

Después de una demora de más de dos horas, los trabajadores de la CC, y al menos unos cien uniformados de la Policía Nacional Civil, con gesto cansado, abrieron las puertas de una pequeñísima y maloliente sala ubicada al fondo de todo el edificio, lejos de las ventanas ante las que se apostaban los seguidores de Torres. Una fila abnegada de periodistas siguió el camino de cables y policías. Comentaban que seguramente el traslado era una decisión defensiva. Días atrás, en la vista pública, varias piedras habían destrozado las ventanas. No había sido una lapidación exactamente, no fueron muchas, pero la posibilidad desasosegaba. La escena se conservaba intacta hasta llegar a la sala de conferencias. Según se susurraba, los siete magistrados terminaban de cenar y estaban listos  –a las 11 de la noche– para emitir su fallo.

Alejandro Maldonado, Gloria Porras, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Mauro Chacón, Roberto Molina Barreto, Juan Carlos Medina y Héctor Trujillo entraron solemnes en la sala. Se depositaron frente a los micrófonos y dictaminaron que su resolución, por unanimidad, hacía énfasis en el inciso C del Artículo 186 de la Constitución de la República, en el que indicaban que la prohibición para optar a la Presidencia (“los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”) alcanzaba al cónyuge. Ratificando con ello la negativa inicial del TSE presentada hace casi un mes en relación a la inscripción en el caso Torres.

La misma noticia se escuchaba, a esas horas, fuera del edificio. A gritos, había quien tradujera todo aquel bagaje jurídico para decir, de un modo más simple, que Sandra Torres había sido rechazada y no sería inscrita. Posiblemente, allí, sumidos en una gran desazón, nadie pensaba que esta era la primera vez que el partido oficial participaría en unas elecciones sin aspiraciones presidenciales, después de que las habían tenido tan altas. En las calles, banderas a media asta, y una pequeña multitud, nocturna y vigilante, que al grito de “no votaremos”, arrastraba los pies sin candidata.