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Sin demostrar razones técnicas, Giammattei hace 204 compromisos con alcaldes

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Sin demostrar razones técnicas, Giammattei hace 204 compromisos con alcaldes

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Ilustración: Dénnys Mejía
Con información de: Francisco Rodríguez
Historia completa Temas clave

El Ejecutivo puso en marcha la maquinaria institucional, ejecutará obras que el presidente podrá inaugurar en su tercer o último año de gestión. A las alcaldías, el mandatario ofreció parques bicentenarios, tramos carreteros, puentes, escuelas y, entre otros, un aeropuerto. Sin claridad sobre los criterios técnicos que justifican la selección de los proyectos, los ediles beneficiados no ponen peros y cruzan los dedos para que les cumplan.

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El presidente Alejandro Giammattei inició el 2021 enfocado en la ejecución de obras para lo que le queda de gobierno. En tres semanas entre enero y febrero, visitó con su gabinete todos los departamentos del país para reunirse con los alcaldes. De esas sesiones salió un listado de 204 «compromisos» presidenciales con una variedad de ofrecimientos.

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Parques Bicentenarios en San Marcos, Retalhuleu, Chiquimula y Zacapa. Una lista de 52 tramos carreteros que necesitan asfalto, reparaciones o ampliaciones en diferentes municipios. Puentes, plantas de tratamiento, introducción de agua, gestión para instalar una hidroeléctrica en Jalapa, un proyecto eólico en Zacapa, requerimientos de autopatrullas, autorización de línea de comunicación eléctrica entre San Marcos y México, contratación de personal para instituciones o centros educativos, y hasta un aeropuerto para Sololá.

El control de este listado está en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP). Álvaro Díaz, quien la dirige, dijo a mediados de abril que el presupuesto para estas obras saldrá del Ejecutivo, pero no dio el monto que necesitan para hacerlos realidad.

Lo que sí especificó es que quieren hacer obra.

Los ministerios hacen los cálculos para definir qué pueden ejecutar este año y qué presupuestarán para el 2022. Giammattei hará otra gira a los departamentos a medio año para reiterar su compromiso con los ediles.

Durante varias semanas Plaza Pública buscó una entrevista con Díaz, pero su equipo no respondió a la solicitud. El funcionario no ha aclarado qué parámetros usaron para definir el listado de obras. ¿Por qué un parque Bicentenario fue la prioridad en unos departamentos? ¿Por qué dejaron sin obras a varios municipios?

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Unos excluidos, a otros prometen «cielo y tierra»

Jorge Orellana, alcalde de Guastatoya, fue uno de los 56 alcaldes que no asistieron a la cita de seguimiento en el Palacio Nacional de la Cultura, donde convocaron a los 340 ediles del país. No participó porque, asegura, le informaron que «en la lista de obras no había nada para su municipio».

Al revisar la lista que la SCEP proporcionó a Plaza Pública el 30 de marzo, no hay nada para ese municipio. Orellana es opositor al gobierno, e incluso formó un grupo para competir por la dirigencia de la Asociación Nacional de Municipalidades en enero de 2020. Giammattei apoyó en aquella ocasión a Miguel Ovalle, de Salcajá, que resultó ganador.

 

Winter Coc, alcalde de San Pedro Carchá, tampoco identifica ofrecimientos para su municipio en la lista de la SCEP, pero sí asistió a la cita en el Palacio. «Nos ofrecieron el cielo y la tierra», dice. Pero todo siguen en palabras. Su necesidad es proveer 2,144 viviendas para los afectados por las tormentas tropicales Eta e Iota de noviembre de 2020.

El Ministerio de Comunicaciones está a cargo de la reconstrucción y, de acuerdo con el alcalde Coc, lo único que le ofrecieron son 51 viviendas, pero no sabe cuándo le cumplirán. En lo que sí le cumplieron, asevera, es en incluir a 450 personas de la tercera edad en el programa de aporte económico que da el Ministerio de Trabajo.

 

Otro caso similar es el de Hugo Sarceño, alcalde de Puerto Barrios. En la visita del presidente a inicios de año, dice, le ofrecieron terminar dos carriles de 6.8 kilómetros que conducen al muelle de Puerto Santo Tomás de Castilla.

 

Sin esa vía, el tránsito al municipio es un caos, indica el edil. «Me prometieron que sí iban a apoyarme», asegura, pero la obra no aparece en el listado de la SCEP.

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Obra prometida sin solicitarla o sin prioridad

A Mynor Amílcar Morales Vargas, alcalde de Zacapa, le emociona hablar del Parque Bicentenario que el gobierno construirá en su municipio. Él tiene un terreno de poco más de dos manzanas a 15 minutos del parque central, que está ocioso, sin vegetación. Según los planes, será un espacio familiar, con un teatro al aire libre, cancha deportiva, salón social, bancas, jardines.

«Por parte de la administración municipal no contamos con presupuesto para un proyecto de tal magnitud», dice. Los ingresos municipales y la asignación a través de los Consejos de Desarrollo no alcanzarían para una obra millonaria como esta. El Ministerio de Cultura y Deportes señaló que no tienen un valor definido para todos los parques Bicentenario que planean edificar. El de la capital, que será erigido en zona 21, tendrá un valor de 5 millones de quetzales.

En cuanto a por qué considera relevante esta obra, el alcalde dice que él no la pidió, sino que se la ofrecieron, y que las gestiones iniciaron a mediados de 2020.

Adicional al parque, Morales ahora también gestiona el asfalto para 3.5 kilómetros que conducen al terreno en donde el Ejecutivo construirá el parque. Actualmente es de terracería y la municipalidad no tienen fondos para repararla.

Diferente es el caso de Ovidio Choc, alcalde de San Cristóbal Verapaz. Él pidió apoyo al Ejecutivo para construir por lo menos 680 viviendas para los afectados por las tormentas tropicales de 2020. El tema tiene que resolverlo con el Gabinete de Reconstrucción, que dirige el ministro de Comunicaciones, Josué Lemus.

 

También pidió escuelas, tubería para agua y un puesto de salud. De acuerdo con el listado de la SCEP, en su municipio serán construidas tres escuelas. El alcalde Choc no sabe por qué darán prioridad a las escuelas. Cuando se le pregunta si considera que el Ejecutivo está atendiendo sus necesidades, responde: «Pudiera decir que no».

El alcalde fue electo por el partido Valor, organización partidaria que forma parte de la alianza legislativa que respalda al oficialismo. A pesar de esto, el alcalde dice que no lo acompañaron ni cuando ocurrió la tragedia del derrumbe en la aldea Quejá, en el que quedaron soterradas varias personas.

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Alcaldes felices

En otra región del país, está Weimer Reyes, edil de Guanagazapa. Reyes, el alcalde de Guanagazapa, dice en tono determinado: «me prometieron» tres proyectos. En la lista de la SCEP aparecen dos. Una planta de tratamiento para la aldea Brito y una carretera que, le dijeron, beneficia a su municipio y conecta hasta Villa Canales. Quedó fuera el comedor social.

A Gabriel Rosales, alcalde de Jutiapa, no le queda más que confiar en que se hará realidad la ampliación a cuatro carriles y un libramiento en el ingreso al municipio. En la lista de promesas aparece registrado que el proyecto a ejecutar es un paso a desnivel, pero el edil asegura que el Ministerio de Comunicaciones ya trabaja en ampliar por lo menos tres kilómetros de esa carretera.

Cada kilómetro está valorado en tres o cuatro millones de quetzales. Así que requerirían por lo menos 12 millones de quetzales para esta obra. La alcaldía apoya con las evaluaciones topográficas y espera que la gestión para la licitación se publique este año para iniciar la construcción en 2022.

Rosales dice que, además de ese proyecto, pidió la ampliación de la carretera de la aldea Anonos a Valencia, «que forma parte de los compromisos que él (Giammattei) hizo a la gente de la montaña, la comunidad Xinca». Esto no aparece entre los compromisos de la SCEP, pero Rosales dice que es importante porque en este sector hay una alta producción de café.

 

Para Sofía Montenegro, politóloga de Diálogos, estos ofrecimientos tienen varias funciones. Primero, pago de deuda política adquiridas durante la campaña. Segundo, la necesidad de «tenerlos contentos se explica porque el desgaste político que ha tenido en la pandemia fue alto. Vemos a un Ejecutivo muy debilitado que tuvo fracturas con el sector económico, eso le costó mucho al poder perder a sus aliados tradicionales. A falta de estos tuvo que buscar otros sectores que le den su aprobación: los alcaldes».

Por último, la politóloga considera que agasajar a los jefes ediles también cumple una función preventiva de conflictos. «Si los alcaldes ponen en duda la gestión del Ministerio de Salud, eso puede provocar conflictividad alta. Montenegro recuerda que programas de respuesta a la crisis sanitaria, como la entrega de alimentos, no llegaron a muchos municipios». Los criterios técnicos quedan a un lado.

El listado de compromisos de Giammattei deja por fuera a varios municipios y varias obras relevantes, pero no se puede dejar de notar que hay ofrecimientos que sí otorgan beneficios a todos los ediles. En la reunión de Giammattei con los ediles de El Progreso, le pidieron apoyo para que en el Congreso se hiciera realidad la reforma a Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

El deseo se les hizo realidad el 28 de abril, cuando la alianza oficialista votó para que las municipalidades puedan acelerar el plazo de convocatorias a licitación. En lugar de esperar 40 días, ahora lo podrán hacer en la mitad del tiempo. Las compras desde 100 mil hasta los 200 mil quetzales se podrán hacer de forma directa, sin necesidad de cotización. Y desde 200 mil quetzales hasta los dos millones de quetzales, solo requieren cotización.

El día en que los 80 diputados (la mitad del Congreso) aprobó las reformas, del palco de visitantes se escuchaban vítores y aplausos de un grupo de alcaldes. «Varios sectores económicos pidieron a Giammattei que vete esa ley, pero dudo que lo haga. El presidente quiere ganarse a los alcaldes» concluyó Montenegro.

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