Sofía Hernández, una gran aliada de Giammattei y una diputada bajo la lupa de EE. UU.

Trescientos cincuenta y cuatro kilómetros. Esa es la distancia que Sofía Jeanetth Hernández Herrera debió recorrer entre su natal Santa Ana Huista, Huehuetenango, y el Congreso de la República en la Ciudad de Guatemala, para ocupar la primera vicepresidencia del Legislativo. Según Google, la distancia se recorre en siete horas y media, pero a Hernández le tomó cerca de cuatro décadas. ¿Qué sucedió en ese lapso? Mucho. Demasiado, quizá.

En 2019, Hernández fue reelecta pese a que Mario Estrada, el candidato presidencial de Unión del Cambio Nacional (UCN), quedó afuera de la contienda al ser capturado por cargos de narcotráfico en Miami, Florida, sólo dos meses antes de los comicios. Esto ocurrió diez años antes de que la embajada de EEUU describió la ideología del partido como «narco». Hernández, diputada por tercera vez, es la única mujer en la Junta Directiva, y está entre el 19.38% de mujeres diputadas que llegaron al Palacio Legislativo (31 en total para el periodo 2020 - 2024), entre quienes también está su hija Karla Andrea Martínez Hernández por UCN en el listado nacional. Su hijo, Erick Geovany Martínez Hernández, también fue electo diputado distrital con este partido.

La Primera Vicepresidenta del Congreso tiene una licenciatura de psicología con enfoque social en la Universidad San Carlos (USAC), afirma que obtuvo un postgrado en victimología en la Universidad de la Florida, y trabajó 14 años en el Ministerio Público (MP).

Mediáticamente, la precede la fama de integrar el «Pacto de corruptos»: el grupo de 107 diputados que en 2017 aprobaron reformas al Código Penal (y luego las anularon) para conmutar penas y favorecer a los exfuncionarios públicos detenidos por corrupción, y reducir la pena de cárcel en las condenas por financiamiento ilícito. No obstante, Hernández se ausentó del hemiciclo durante la mayor parte de la votación y sólo votó a favor en un 20% del proceso, según el registro electrónico del Congreso.

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De aquellos 107, 68 perdieron su escaño en 2019. Hernández fue una de los 39 que lo conservó. Ganó su curul con la bancada UCN, ahora en proceso de cancelación tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), motivo por el cual se debate si ella puede permanecer legalmente en la Junta Directiva del Congreso. El 26 de enero, el Congreso, con 107 votos de nuevo, decidió juramentar al juez Mynor Moto como integrante de la Corte de Constitucionalidad (CC), aunque enfrentaba dos antejuicios y once acciones legales contra su elección. La agenda de Moto, según un informe de la Fundación Myrna Mack y el movimiento Pro Justicia, era promover los objetivos del Pacto de Corruptos, pero en su elección (anulada este febrero) tampoco tuvo que ver el voto de Hernández. Aquel día, según los registros, ella y sus hijos se ausentaron.

El pasado 20 de enero, los señalamientos contra Hernández subieron de volumen cuando las autoridades capturaron en Santa Ana Huista a uno de sus hermanos, Henry Hernández Herrera, por un caso de lavado de dinero y narcotráfico. Ese día, la Primera Vicepresidenta del Congreso emitió un comunicado en un intento de marcar distancia. Aludió a la captura sin mencionar que se trata de su hermano, y resaltó la importancia de «dar a conocer a la ciudadanía que la responsabilidad penal es personalísima». Es decir, que es «inherente a las personas y no puede ser transmitida».

En el comunicado, Hernández dice que desconocía el caso y confía en que el sistema de justicia realice una investigación objetiva. «Soy respetuosa de la ley», dice. «Seguiré trabajando y sirviendo a mi país con ese mismo compromiso».

Acto seguido, evitó a la prensa. Hace un año no actuó igual.

Cuando se divulgó su visita hospitalaria a Gustavo Alejos Cámbara, la diputada lo admitió con naturalidad. Alejos es un exfuncionario público y empresario que enfrenta cinco casos penales. El MP lo acusa, además, de haber tratado de manipular las elecciones de justicia, en beneficio propio y a partir de su influencia en la alianza oficialista, que Hernández integra. La diputada agregó que con Alejos compartía una larga amistad.

Este año, en cambio, viralizada la noticia del hermano, la decisión fue caminar a paso veloz y sin pausas entre su oficina y el hemiciclo, entre su oficina y el estacionamiento, flanqueada por secretarias y otros diputados que, según un periodista que cubre el Congreso, bloqueaban grabadoras y micrófonos. Tan persuasiva fue, que algunos periodistas ya ni siquiera trataban de correr tras ella, para tratar de esquivar brazos bloqueadores, y lograr grabar alguna frase, si respondía a las preguntas.

Para este perfil, la diputada aceptó dar una entrevista después de tres días de correteos, mensajes con las secretarias y a su celular.

¿Los términos? No hablar de eventos recientes, una condición en la que también acaba cediendo.

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Historia de una anomalía

Hernández nació en 1965 en Santa Ana Huista. Creció con tres hermanas y dos hermanos gemelos menores, y desde niña tuvo pasos grandes que seguir: los de su mamá, Lucinda Herrera Castañeda.

«Mi mamá fue la primera enfermera de Jacaltenango; ella era jacalteca», explica Hernández, aunque después se trasladó a Santa Ana Huista, el municipio de su padre, y donde creció la familia. «[Ella] era una líder nata, ayudaba a mucha gente, trabajaba con grupos de mujeres, [y también] era comadrona; a ella la iban a despertar de madrugada. Nosotros crecimos en ese ambiente. A mí me gustaba mucho su trabajo», agrega. Un reflejo de eso apareció en 2018, cuando presentó el proyecto de Ley de Fomento y Protección de la Salud Obstétrica, para aumentar la cobertura de servicios de salud obstétricos y realizó una jornada médica para el personal femenino del Congreso.

Su hijo, Erick Martínez, dice que ella aprendió observando: «Mi mamá aprendió con el ejemplo de mi abuela». Ese proceso sobrevivió incluso a un cambio repentino.

«En el conflicto armado, con todo eso de que la gente se fue de los pueblos, a nosotras (ella y sus hermanas) nos sacaron chiquitas [de Santa Ana Huista]; yo tenía 12 años (era 1977), y nos fuimos a vivir a Huehue cabecera», relata. «Ahí estudiamos básicos, y me gradué de maestra en 1983».

Cuatro décadas después, Hernández y otro diputado exigirían resarcimiento para 150 familias huehuetecas desplazadas por el conflicto armado en los años 80, que todavía permanecían en Chiapas, México. Procuraban que el Estado les ayudara a volver a Guatemala. Pero antes de eso, Hernández se graduó de maestra en 1983 y en 1986 viajó a la capital para estudiar psicología en la USAC. «Mi carnet es 8613435», dice. Lo recita con la precisión automática de quien recuerda su NIT, o su número de celular. También trabajó contestando teléfonos en Telescucha, para sostenerse.

Su familia nunca regresó a Santa Ana Huista. Aun así, asegura que fue la primera mujer universitaria de su pueblo. Se graduó en 1995. Diez años después, sólo el 1.69% de los habitantes del municipio era profesional, según la USAC.

En 1997, Hernández vio en un periódico que el MP ofrecía nueve plazas para psicólogos en atención a la víctima. En el proceso de reclutamiento, cuando acudió a tomar el examen para calificar, se encontró con otros 200 candidatos.

Acabó entre los nueve seleccionados. Eso la llevó a Chimaltenango, en marzo de 1998. Se había casado y tenía dos hijos. Cinco años después, tras un divorcio, logró que el MP la trasladara a Huehuetenango. Regresó al departamento justo cuando su mamá, Lucinda, se lanzó a la política. Quería optar a ser alcaldesa de Santa Ana Huista en 2003, y participó con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Pese a haber salido del municipio, su mamá retenía una base fuerte en las mujeres con quienes hizo trabajo comunitario. Sin embargo, no le bastó.

Los registros del TSE revelan que fue la única mujer, entre siete candidatos, y quedó en séptimo lugar, en una elección que dominó el Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Era, como dice la socióloga Ana Silvia Monzón, una anomalía: una mujer en política.

Trece años después, uno de sus hijos, Filomeno Hernández Herrera, ganó las elecciones municipales en Santa Ana Huista con el partido Líder. Lucinda no vivió para verlo. Murió de leucemia en 2010. Para Sofía Hernández, perder a su mamá fue un parteaguas: un año después, aceptó ser candidata a diputada.

Un tiempo antes, en 2007, le habían propuesto que integrara el consejo municipal en la cabecera de Huehuetenango, pero debía renunciar al MP para participar en una planilla. «Yo no tenía las condiciones económicas para hacerlo, así que desistí, porque siempre he vivido de mi trabajo», recuerda. «Mi mamá fue muy emprendedora, ganaba su propio dinero y nos enseñó [a hacer lo mismo]. Entre mis hermanas, una es abogada y notaria, otra es licenciada en enfermería, una es maestra y comerciante, y luego estoy yo».

Hasta entonces, Hernández también había sido catedrática en la Universidad Rafael Landívar. Impartió cursos de género, procesos de resolución de conflictos y psicología, y afirma que cursó el posgrado en criminología en Florida en 2006. Pero la muerte de su mamá lo cambió todo. «Entonces, em… (pausa). Eso me retó a hacer (se le quiebra la voz) lo que ella nunca pudo hacer», dice.

Antes de las elecciones de 2011, la buscaron varios partidos políticos como Encuentro por Guatemala y el Partido Patriota (PP). Nueve años en el MP de Huehuetenango la hacían conocida. Aceptó la oferta del más insistente: el PP. La había buscado un contacto de la Primera Dama, «Doña Rosita» (esposa de Otto Pérez Molina). Comenzó en apoyo organizacional. Luego, según dice, hubo un problema con quien ocupaba la tercera casilla y la llamaron cuatro meses antes de las inscripciones para participar como candidata.

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Candidata en departamento pobre

En 2010, Huehuetenango era el quinto departamento más pobre. Parte de su territorio, en la Franja Transversal del Norte (FTN), ya era llamada «Corredor de la Pobreza». El gobierno de Carlos Manuel Arana Osorio (1970-1974) creó la franja para generar desarrollo agrario, pero 40 años después, cuando Hernández estaba en la antesala de su primera candidatura política, el departamento tenía siete de los quince municipios con más pobreza extrema.

En 2011, Hernández resultó electa diputada distrital con el PP (el partido oficial 2012-2015, cancelado años después por financiamiento ilícito). Dos años y medio después, dejó el PP.

«Me fui porque no estuve de acuerdo en muchas situaciones», dice, sin revelar ninguna.

Para el 30 de septiembre de 2014, ya aparecía votando con Libertad Democrática Renovada (Líder) en el Congreso (meses antes de la caída del mandatario Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti), el partido con el que los «patriotas» ya preparaban la transición de Gobierno. Ese mes, la votación de magistrados titulares de la Corte de Apelaciones mostró que Líder no era un grupo granítico, y que Hernández no siempre compartía las decisiones de su bancada. Por ejemplo, votó como la mayoría de la bancada Líder en favor de Dina Ochoa Escribá, y (con una minoría) contra Claudia Escobar Mejía.

En 2014, el proceso de elección de los magistrados acabó con el presidente de la Junta Directiva en la cárcel, Gudy Rivera, del PP, por presionar a Escobar para que favoreciera al partido oficial, a cambio de su reelección en Sala de Apelaciones. La exmagistrada también denunció la interferencia de Gustavo Alejos en el proceso, a quien Hernández identificaría como su amigo seis años después. Mientras tanto, Ochoa acabaría en la CC por decisión del presidente Jimmy Morales (2016-2020), aunque la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) la identificó públicamente como poco idónea.

Antes de Sofía, estaba Emilenne

Una parte de la fama que precede a la vicepresidenta Hernández es un déjà vu, algo que se había escuchado y leído antes con Emilenne Mazariegos. La diputada Mazariegos llegó al Congreso con la Unión Democrática (UD). Su cónyuge Edwin Martínez, que ocupó la curul en 2008 y 2009 por Huehuetenango, la cedió a Mazariegos en 2010, para volver un año después y sacarla del hemiciclo. En 2012, Mazariegos regresó como diputada electa del PP por Huehuetenango (sin ser originaria del departamento), compartiendo bancada y distrito con Hernández. Un reporte de InSight Crime señala que Mazariegos ya había establecido fuertes alianzas con la entonces vicepresidenta Baldetti (2012-2015) cuando esta era diputada del PP en la legislatura anterior.

InSight Crime citó a elPeriódico y a «informantes del departamento como de la ciudad» para divulgar «la existencia de vínculos entre el grupo de [narcotráfico] Los Huistas, la diputada Emilenne Mazariegos y con otra persona que ha trabajado en el Ministerio Público, y como diputada en el Congreso». La única que tiene ese perfil es Sofía Hernández, aunque la publicación no la menciona con nombre.

Un exfuncionario del Ejecutivo, antes citado, asegura que Hernández aprendió la tarea legislativa de Mazariegos, hasta que ésta perdió la curul en 2015. «[Sofía Hernández] era buena observadora, aprendió rápido, y la sustituyó», dice la fuente. El exfuncionario explica que Mazariegos perdió puntos, en junio de 2012, cuando las autoridades capturaron en Huehuetenango a Walter Arelio Montejo, alias «El Zope», integrante de los Huistas, porque EE.UU. pedía extraditarlo para llevarlo a juicio por narcotráfico. No haber percibido a tiempo la amenaza de la captura que se cernía sobre Montejo, para prevenirle, la colocó en arenas movedizas.

Hernández, en cambio, asegura que marcó distancias con el PP desde que dejó la bancada, meses antes de que Mazariegos dejara el Congreso. Para septiembre de 2014, Hernández ya aparecía como miembro de Líder. Esto era seis años antes de la captura de su hermano, pero desde entonces, algunas publicaciones como InSight Crime la vinculaban al narcotráfico.

«Yo siempre digo que… (suspira) es muy duro para mí», explica entre pausas. «Al principio me dolía muchísimo que me señalaran. Empezó desde el Patriota, con problemas que tuvieron en la bancada y [las razones] por qué me fui. Siempre me han buscado un montón de cosas y no me han encontrado nada. He tratado de hacer las cosas correctas. Conozco la ley, si estuve en el MP tanto tiempo, y tengo principios… Mi gran pecado es haber nacido en Santa Ana Huista».

En 2014, se planteó un antejuicio contra Mazariegos por tráfico de influencias, relacionado a la cartera de Salud en Huehuetenango. Un año después enfrentó otro antejuicio también por tráfico de influencias y abuso de autoridad. Pese a ello, Mazariegos resultó reelecta en 2015, pero la CC decidió que ella y otros diputados carecían de idoneidad para volver al Congreso debido a los procesos en su contra. La investigaba la Fiscalía especial contra la impunidad (Feci) y los señalamientos continuaron hasta cuajar en una acusación por sustraer 15 millones de quetzales de diversas entidades del Estado.

El 6 de septiembre de 2015, días después de la renuncia del presidente Pérez Molina y días después de que lo ligaran a proceso por varios casos de corrupción, Hernández participó y ganó como candidata a diputada de Líder (luego cancelado por financiamiento ilícito). Sólo una semana después, Manuel Baldizón, presidenciable del partido, anunció su retiro de Líder aduciendo fraude en el proceso electoral que llevó a Morales y al Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación a la presidencia.

Ahora, en la entrevista, cuando la Primera Vicepresidenta del Legislativo escucha la comparación de cómo, antes que ella, Mazariegos también fue asociada al narcotráfico siendo diputada del PP sin que el MP la acusara ni produjera pruebas, Hernández dice nada. Más bien, sigue hablando, sin dedicar una palabra a Mazariegos.

«Fueron las circunstancias del momento», afirma. «Yo me fui a los dos años del Patriota por muchas cosas, pero demostré mi capacidad y liderazgo político». Si alguna vez hubo el tipo de mentoría que menciona el exfuncionario, quedó en el pasado, tan atrás, que es como si no existió.

En septiembre 2016, un mal augurio: se planteó un antejuicio contra Hernández por tráfico de influencias. ¿El acusador? El gobernador de Huehuetenango, Mauselio Hiram Martínez Galindo.

En julio de 2016, el gobernador le había dicho a Ojo con mi pisto, «no he recibido presiones», aunque admitió que lo habían abordado diputados de varias bancadas, incluida Hernández y su hija Karla Martínez Hernández, para apoyar proyectos. Pero después, la Comisión de Probidad citó al gobernador para que informara acerca de la ejecución de recursos. Él acabó divulgando que «había sido presionado para pagar obras inconclusas y otras que podrían considerarse fantasma», según Walter Félix, entonces diputado y miembro de la comisión. Félix dijo a la prensa que «se habrían pagado cerca de 45 millones de quetzales que carecen de auditoría».

El gobernador denunció que los diputados Rubén Martínez Herrera, del entonces partido oficial FCN-Nación, y la diputada Hernández, de la bancada Alianza Ciudadana (AC), promovieron su remoción. Dijo que lo citaron en 2016, y le pidieron que le diera «viabilidad a las obras que llegaban al Comité Departamental de Desarrollo (Codedes)» y que debía «descontar un 10% de dichos proyectos, para distribuirlo entre los diputados, alcaldes y gobernador». Además, el gobernador denunció que el diputado Martínez Herrera le pidió que colaborara con él al sobrevalorar obras en el Consejo de Desarrollo que él presidía, «a cambio de una comisión económica». Él dijo que rechazó el ofrecimiento, según reportes de prensa.

El 22 de septiembre de 2016, cuando se divulgó el caso, Prensa Libre citó a la diputada Hernández: «Creo que fue un malentendido por parte del gobernador». En octubre, a pocas semanas de que el Organismo Judicial anunció que había dado trámite al antejuicio contra la diputada Hernández, el gobernador Martínez resultó acusado de prostituir a personal femenino de la gobernación en reuniones con alcaldes del departamento. El gobernador lo negó, pero la prensa reprodujo testimonios de varias empleadas que aseguraban haber sido víctimas de violación bajo amenaza de perder sus empleos. Para 2017, el gobernador había desistido de acusar a la diputada Hernández.

En una cuenta de la parlamentaria en Soundcloud, el único archivo de audio que aparece es una grabación del gobernador, en el cual explica que desistió de la acusación, y que la misma obedeció al «acomodamiento que tiene el Estado para que las instituciones funcionen». En la descripción del archivo, aparece este párrafo: «En el audio se escucha la voz del Gobernador de Huehuetenango, Mauselio Hiram Martínez Galindo, en donde indica que la denuncia que interpuso contra la Diputada Sofía Hernández fue por presiones de los mismos diputados miembros de la Comisión de Probidad. Martínez dio marcha atrás y retiró la denuncia al reconocer que no había delito que perseguir, sino que, por el contrario, la Diputada Hernández realiza su trabajo».

En 2017, Hernández perdió su inmunidad, pero no enfrentó un antejuicio porque el gobernador retiró la denuncia. Ese año, Mazariegos fue capturada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en 2017 (dos años después que Baldetti), y desapareció de la escena política. En marzo, el presidente Jimmy Morales destituyó a Martínez y a otros siete gobernadores, aduciendo la baja ejecución presupuestaria. Sin embargo, datos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (Segeplan) revelaron que la gestión de Martínez y de otros tres gobernadores relevados estaban entre los primeros diez con mayor erogación de recursos.

La diputada negó que abogara por destituir a Martínez. Una publicación la describe como «despreocupada» cuando los periodistas le pidieron su opinión respecto a la condena por una estafa mediante cheque del nuevo gobernador Julio Calderón Reyes. En mayo, Pedro Gómez Martínez sustituyó a Calderón.

Del exgobernador Mauselio Hiram Martínez, la diputada Hernández dice ahora que volvieron a ser amigos. «Él fue mi compañero en la universidad, mi amigo de muchos años, pero llegó a un cargo propuesto por la sociedad civil, y alguien cercano lo instruyó a hacer [la denuncia] en mi contra», dice Hernández. «Mire, las mujeres en estos puestos somos un blanco muy fácil, y la única forma de derrotarnos es la difamación y la calumnia. Pero él desistió en la denuncia porque no había nada».

En 2018, Baldizón resultó capturado en Miami. Ese año se postuló para integrar el Consejo de la Carrera Judicial, pero las avenidas políticas la llevaron por otro rumbo. Después de que el TSE cancelara también a Líder por financiamiento ilícito, Hernández se integró primero en el bloque Alianza Ciudadana. En los comicios de 2019, se postuló como candidata de UCN y ganó su legislatura actual, pese a la captura del presidenciable del partido dos meses antes en Miami. Ese año, a Baldizón lo condenaron a cuatro años y dos meses de prisión por lavado de dinero.

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Esa segunda reelección significaba una cosa: el patrocinio de su candidatura y su poder electoral en Huehuetenango son a prueba del debilitamiento de los presidenciables en los partidos a los que ha pertenecido. Eso explica por qué Hernández no cree que el cierre de UCN afecte su futuro político. Para ello cita el precedente de Líder, y cómo su cancelación no le impidió integrar el bloque independiente Alianza Ciudadana y seguir con sus funciones legislativas.

La diputada entró a UCN en noviembre de 2018, y las elecciones fueron el 16 de junio de 2019. Pese a las circunstancias distintas para ella en las tres últimas elecciones, ganó ocupando la tercera casilla. Para ella, estos resultados no son ningún misterio.

«Me conocen en los municipios porque voy a mi departamento», explica. «Estoy cerca de la gente. Puedo ser la primera vicepresidente del Congreso, pero no quiere decir que no voy a ir a comerme un plato de frijoles con la gente a su casa, o que vaya a ver qué necesitan. Muchos diputados no conocen la realidad de su departamento».

El futuro de UCN todavía es incierto. El partido aún puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la CC, pero Hernández cree que debe acatar lo que dictó el TSE. «Los procesos legales hay que respetarlos, y si el Tribunal Supremo Electoral dice “se cancela”, pues hay que respetarlo», señala. «Ya estuve en un bloque legislativo independiente, sin partido, y de igual manera somos diputados. Digo yo que vamos a conservar la unidad, para seguir trabajando, porque se nos va a limitar de comisiones, de citaciones, pero la intermediación por el pueblo la seguiremos haciendo y al final es lo que la gente nos pide». Hernández dijo que ser Primera Vicepresidenta no le ha facilitado el trabajo por su departamento.

El 17 de febrero la alianza oficialista intentó, sin éxito, enmendar el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso, que habría permitido a los diputados de UCN (una vez en firme su cancelación) migrar a otras bancadas, retener puestos en comisiones y continuar en la Junta Directiva—caso de Hernández. La enmienda coincide con las modificaciones que el TSE planteó a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que incluyen una excepción a la prohibición del transfuguismo (el cambio de bancada durante una legislatura) si ocurre «la expulsión, escisión, suspensión o cancelación de la organización política con la cual alcanzó la diputación».

Alianzas con el Ejecutivo

La vicepresidenta y sus hijos son tres de los doce diputados de UCN, la tercera bancada más grande en el Legislativo, y que ha votado con la bancada oficial Vamos en asuntos de interés para el Ejecutivo.

El exfuncionario del Ejecutivo de otra administración, que pidió no ser identificado, afirma que Hernández utilizó su caudal electoral en Huehuetenango para contribuir a la victoria de Alejandro Giammattei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Añade que, desde entonces, eso le valió una importante alianza con el presidente. Huehuetenango es importante para los partidos por el número de diputados electos y el número de alcaldías, y en 2011 era «el tercer distrito en número de votantes, después de los municipios de Guatemala», según InSight Crime.

elPeriódico reportó que UCN costeó, a favor del partido de Giammattei, «los gastos de movilización para la segunda vuelta en los distritos donde ganó diputaciones, [y] a cambio el presidente y su equipo negociador le ofrecieron acceso a puestos clave en el Ejecutivo y negocios con el Estado».

Un diputado de oposición dijo que Hernández se había procurado de contactos en ministerios y dependencias claves para poder controlar mejor la agenda de proyectos en el departamento. Actualmente, ella pertenece a ocho comisiones, y considera las alianzas esenciales para avanzar. «Son procesos que llevan años», dice Hernández. «El Ejecutivo es a veces engorroso, burocrático, pero hay que ser persistente para lograr resultados. Por supuesto que en la política hay negociaciones, acuerdos que son gana-gana».

Hernández es vicepresidenta en las comisiones de Desarrollo Social y Turismo. Además, integra las de Seguridad Alimentaria, Reformas al Sector Justicia, Comunicaciones y Economía (estas dos últimas, con su hija), y (con su hijo) las de Educación y Agricultura. La diputada Karla Martínez también es subjefa de bloque en UCN, vicepresidenta de la comisión de Salud, e integra la comisión de Relaciones Exteriores. El diputado Erick Martínez además es vicepresidente de la Comisión de Defensa e integra la comisión de Ambiente.

Hasta ahora, la única evidencia visible de contactos en entidades del Ejecutivo es el caso del gobernador de Huehuetenango, Jorge Juan Gualberto de León Herrera, quien pasó de ser su asistente en el Congreso en la legislatura anterior, según elPeriódico, a ser Director Ejecutivo IV con un sueldo base de 20 mil quetzales en el Ministerio de Agricultura, según un listado de empleados y honorarios de marzo de 2019 de esa cartera.

De León Herrera es identificado como financista de UCN. Sin embargo, cuando estaba en el Maga, un informe (página 9 del anexo I-5) que UCN entregó al TSE muestra que en 2019 De León Herrera sólo aportó 6,692 quetzales en gastos de publicidad y propaganda en La Libertad, Huehuetenango, para la campaña. No fue la mayor donación oficial en ese departamento. En mayo de 2020, el Ejecutivo sustituyó al gobernador Ramiro Barrillas Castillo por De León Herrera, quien obtuvo la puntuación más alta entre la terna de candidatos que la sociedad civil entregó a la Presidencia de la República, según reportes de prensa.

Por aparte, desde el año pasado, el mandatario ha hecho más apariciones públicas con la Primera Vicepresidenta del Congreso que con el presidente del Legislativo de turno, Allan Rodríguez. Una razón es que Rodríguez contrajo Covid y se retiró de las tareas legislativas a mediados de 2020 por unas semanas, pero el citado exfuncionario del Ejecutivo explica que en realidad se trata de una demostración pública de la alianza entre el partido oficial, Hernández y UCN.

En julio de 2020, por ejemplo, Giammattei y Hernández visitaron el aeródromo de Huehuetenango para supervisar unos trabajos. En agosto, el mandatario solicitó al Congreso —vía Hernández, con quien se reunió en la Casa Presidencial— que se aprobaran de urgencia nacional las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado «para agilizar y fortalecer los proyectos de las municipalidades». Esa fue una de las disposiciones que los jefes de bloque y la alianza oficialista priorizaron sobre la elección de las cortes, para finales de agosto, aunque la CC ordenaba una resolución pronta al Legislativo y Giammattei también lo pidió al Congreso.

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La sombra del narcotráfico

El 20 de enero, la carrera política de la Primera Vicepresidenta del Congreso acabó bajo el microscopio cuando circuló la noticia de la captura de su hermano. No ayudó que, a otra diputada de la bancada, Vivian Preciado Navarijo, le sucedía algo similar o peor: su hermano, Carlos Danilo Preciado Navarijo, alcalde de Ocós, fue capturado el 19 de enero en Panamá con pedido de extradición para enfrentar cargos por narcotráfico en EE. UU.

La noticia tuvo un efecto inmediato: cerrar filas. El único que habló con los periodistas fue el jefe de la bancada, Carlos Napoleón Rojas Alarcón. La prensa, si esperaba algo elocuente, encontró otro muro. «No puedo opinar nada sobre esas capturas; la bancada es unida y, gracias a Dios, [estamos] más fortalecidos que nunca, contentos de pertenecer a la UCN», dijo Rojas, hijo de un exmilitar condenado por desfalcar el Ministerio de la Defensa en la administración de Alfonso Portillo (2000-2004).

Le preguntaron si las capturas son un caso político.

«No le podría decir; cada quien es responsable de sus actos», responde.

Insistieron: ¿Las capturas afectan la imagen de la bancada?

Rojas no se tambaleó: «Nosotros hacemos nuestro trabajo como diputados; tratamos de dar la mejor imagen posible y de luchar cada quien por nuestro distrito».

Alguien preguntó si había hablado con las diputadas.

«Yo hablo con las dos, como amigo y diputado; siendo jefe de bancada, vemos varios temas de bancada».

Nueve días después, el 29 de enero pasado, la diputada y el mandatario participaron en la inauguración del Instituto Nacional de Educación Diversificada Jornada Doble, en Huehuetenango, aunque los trabajos todavía están incompletos, según elPeriódico. También estaban en la actividad los ministros de Salud, Amelia Flores; de Agricultura, José Ángel López, y el secretario de coordinación ejecutiva de la presidencia, Álvaro Díaz Velásquez. Una semana después, estaba claro que las capturas en nada cambiaron la alianza entre el Ejecutivo y UCN. Lo confirmaron las fotografías que circularon en redes sociales donde aparece Giammattei asistiendo—junto a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno—a la boda de Rojas.

La Feci reveló que Henry Herrera Hernández fue capturado por «obstrucción de la acción penal» al intentar ocultar el origen ilícito de 600,000 quetzales que otro involucrado en el caso (Juan Bautista Rozotto López) transportaba cuando lo apresaron en 2013 (y que la fiscalía vincula al narcotráfico). El hermano de la diputada tenía orden de captura desde 2018. El jefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, dijo que sólo la Policía Nacional Civil (PNC), responsable de la captura, podía explicar por qué el sospechoso permaneció prófugo durante dos años y medio.

Un diputado de oposición, que pidió no ser identificado por miedo a represalias, dijo que la vicepresidenta Hernández ha buscado acercarse al Ministerio de Gobernación por medio de la bancada UCN, para intentar influir en quién es nombrado jefe de la comisaría en Huehuetenango, supuestamente para procurar protección a estructuras involucradas en hechos ilícitos. No obstante, el acercamiento también puede obedecer a la alianza entre el oficialismo y UCN, que evitó que se gestionara desde el Congreso la destitución del ministro del Interior, Gendri Reyes, el año pasado. Una parte de la oposición exigía la separación de Reyes del cargo después que la PNC capturó ilegalmente a 43 personas y utilizó fuerza excesiva en su contra el 21 de noviembre, luego de una manifestación.

En la interpelación del 19 de enero pasado, los diputados de UCN estaban entre los que abandonaron el hemiciclo (junto a los oficialistas) para forzar a suspender la interpelación de Reyes por falta de quorum. Las fotografías de la sesión de ese día muestran el hemiciclo casi vacío.

Si la conducta de la bancada era un trato a cambio de protección policial en Huehuetenango, no funcionó (al menos no en el caso de Henry Hernández Herrera, capturado un día después). El fiscal Sandoval dijo que no podía establecer, sólo con base en una sospecha, si este sujeto evadió su captura por más de dos años porque tuvo acceso a información privilegiada. Aun así, el MP ha dicho públicamente que pretende demostrar cómo los Huistas se procuraban impunidad en el sistema judicial.

Mientras tanto, el vocero de la PNC, oficial Edwin Monroy, explicó que una captura en un sitio como Santa Ana Huista plantea desafíos: la presencia de investigadores y agentes captores no pasa desapercibida, y permite que los cómplices alerten al prófugo.

«La investigación y ubicación de la persona, asegurarnos que realmente está en un lugar determinado, y obtener una orden de allanamiento, lleva tiempo», dice Monroy. «Se estaba tras la pista de esta persona, pero quienes tienen un pendiente con la ley no están en un solo lugar; se movilizan constantemente, lo que dificulta su aprehensión, especialmente si tienen nexos con algunos grupos».

El 1 de febrero, en una citación con la bancada Todos, el Ministro de Gobernación mencionó que la PNC cerró 2020 con un déficit presupuestario de 420 millones de quetzales en salarios para agentes, y que «las unidades de investigación carecen de vehículo y personal necesarios en los departamentos del país». Esto sumaría otra dificultad en las capturas de alto perfil.

Por ahora, nadie ha documentado una relación directa o indirecta de la diputada con el narcotráfico antes del caso de su hermano. En 2009, cuando el embajador de EE. UU., James Derham, escribió en un cable diplomático que UCN tenía ideología «narco», faltaban diez años para que su presidenciable fuera capturado en Miami por narcotráfico y el partido tuviera otros vínculos al mismo.

Una fuente de la UNE dijo que el exdiputado Julio López Villatoro de ese partido, y el poder financiero tras la UCN, buscó un candidato presidencial sin escrúpulos, que no chistara ante fuentes de financiamiento cuestionables, y lo encontró en Mario Estrada, que acabó preso en EE. UU. Según la fuente, el involucramiento de López Villatoro tras bambalinas en UCN fue fundamental para el pacto oficialista, y explica también los retrasos en la elección de magistrados para la CSJ y la CC, y la juramentación del juez Moto.

Como corolario, para integrar el Parlamento Centroamericano (Parlacen), UCN postuló en 2019 a dos diputados suplentes y a una titular vinculados a Los Huistas, y que enfrentan acusaciones del MP y la Cicig: Freddy Arnoldo Salazar Flores (ex Líder) y su esposa Danury Lizeth Samayoa Montejo, hija de Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias Chicharra, supuesto líder prófugo de Los Huistas; y María Alma Judith Flores Porras de Salazar, madre de Salazar Flores.

Ninguno de estos casos afecta judicialmente a Hernández, ni siquiera el de su hermano, pero han agudizado los cuestionamientos en su contra.

«En todas las familias somos diferentes», dice la Primer Vicepresidenta del Congreso. «Nosotros somos seis hermanos … (hace una pausa larga). Yo no puedo responder ni por mi hijo menor de edad. Ahorita puedo decir: “está haciendo la tarea”, pero no sé si la está haciendo. Entonces, no puedo responder por la vida de nadie más».

«En el caso de él (se refiere a su hermano Henry, ligado a proceso un día antes, pero no lo llama por su nombre) ni siquiera sé cómo está el proceso. Sólo he leído lo que dicen los medios: “Obstaculización a la acción penal”. Ese delito tiene medida sustitutiva», dice. «¡Pero lo han vuelto un show mediático! [Es] un ataque a mi persona, porque no es a él; es a mí, porque soy la primera vicepresidenta del Congreso. No entiendo. Pero no me puedo poner a llorar porque no se vale que las mujeres, cuando nos atacan, nos pongamos a llorar».

«No he salido a dar declaraciones, ni a aclarar, pero sigo viniendo al pleno; tengo mi cara levantada», afirma. No alude al caso de la diputada Preciado Navarijo, quien se ausentó del Congreso con licencia desde la primera sesión del año, el 21 de enero, y todavía lo estaba al menos hasta el 11 de febrero. «No tengo nada de qué avergonzarme», continúa Hernández. «No soy narcotraficante ni pertenezco a ningún grupo de crimen organizado, y mi gente en Huehuetenango lo sabe. Por eso me apoya».

Extraoficialmente, un diputado de oposición y el citado exfuncionario del Ejecutivo afirman que los Huistas protegen sus intereses por medio de UCN, como antes lo hacían por medio del PP, a cambio de financiamiento ilícito. Ninguno habla del asunto sin el anonimato asegurado. Otros, como los diputados de Huehuetenango de otras bancadas, simplemente no hablan, ni siquiera para responder si la presencia de una diputada de su distrito en la Primera Vicepresidencia les ha permitido trabajar mejor por su departamento.

El diputado Bernardo Arévalo de la bancada Semilla, sin aludir a los antecedentes de UCN, admite que en el Congreso convive «gente que tiene motivaciones de tipo político-ideológico, y gente que tiene motivaciones de tipo transaccional, política clientelar, etc.»

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Redes de poder y zonas de influencia

Hace un año, las autoridades confirmaron que el 15 de febrero de 2020 la diputada Hernández visitó en el sanatorio Ciudad Nueva a Gustavo Alejos Cámbara, identificado como operador político desde la administración de Álvaro Colom (2008-2012) hasta la fecha. La visita ocurrió dos días antes de las votaciones de magistrados ante la CSJ.

Sabían que llegó en una camioneta con placas oficiales. La custodiaba otra con placas de circulación P-105FSM, a nombre de Tec Dos Mil, Sociedad Anónima, cuyo representante legal es Walter Antonio Vargas Soto, vinculado al caso Fénix. Es un proceso penal de 2003 por desfalco y lavado de más de 30 millones de dólares al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en el cual Gustavo Adolfo Herrera Castillo es el principal involucrado, y cuya acusación penal se retomó en 2019.

Herrera Castillo también es identificado como un clave operador político durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) (2000-2004), y en las administraciones siguientes, con influencia en las Comisiones de Postulación para magistrados de todas las cortes, en el Congreso, en las salas de los tribunales y en las oficinas de funcionarios públicos de todos los niveles, para ubicar a sus allegados en las posiciones más importantes del sistema de justicia.

Hace un año, la diputada Hernández no ocultó la visita cuando la prensa la abordó al respecto, pero cuando los periodistas le preguntaron cuántas veces lo había visitado, titubeó.

El informe Comisiones Paralelas: Mecanismos de cooptación de la justicia, de la Fundación Myrna Mack, de abril de 2020, que se apoya en un informe de la Cicig, afirma que en los procesos viciados en la elección de magistrados «resalta el pacto oficialista» en el que coinciden los intereses de Alejos, [Gustavo] Herrera, [la diputada] Sofía Hernández, un sector de la UNE, y otros grupos que se benefician de los Alejos (y el partido TODOS), en especial, el [del] Mariscal Zavala, la UCN». Esos intereses incluyen tomar el control de entidades claves y espacios políticos y administrativos en los tres poderes del Estado.

«No le podría decir cuántas veces, pero sí hemos estado… Yo a él lo conozco desde hace varios años y somos amigos», respondió Hernández finalmente, sugiriendo que se han reunido varias veces. «Y con los amigos, en las buenas y en las malas», agregó. La parlamentaria advirtió que sí le preocupaba sentirse perseguida y señalada por algo que no es necesario ocultar (la visita a Alejos). «No se está trabajando nada afuera de la ley, y soy una mujer muy respetuosa de la ley», dijo. Los periodistas insistieron en preguntarle desde cuándo era amiga de Alejos, pero se marchó sin responder la pregunta.

La diputada además comparte bancada con Julio César López Escobar, de Huehuetenango, hijo del excongresista de la UNE Julio López Villatoro, prófugo por el caso de Plazas Fantasma en el Congreso. López Escobar además es sobrino de Roberto López Villatoro, alias el Rey del Tenis, sobre quien pesa una acusación por el caso Comisiones Paralelas.

En julio de 2020, cuando la diputada Hernández fungía como presidenta del Legislativo, después de que el presidente Allan Rodríguez resultara contagiado de Covid, fue nombrada persona non-grata por la Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango, entre otras organizaciones. La acusaban de no hacer suficiente para que los damnificados por la pandemia, en materia de salud y empleo, recibieran ayuda. Le achacaban «actuaciones en favor de corruptos y criminales».

El reclamo ocurrió tres años después del Pacto de Corruptos y cuatro meses después de su visita a Alejos.

Las votaciones de Hernández, registradas en la sección de eventos de votación del portal del Congreso de la República, revelan detalles elocuentes en esa votación del 13 de septiembre de 2017 para modificar el Código Penal (CP). La iniciativa 5351 respecto a la conmuta de penas en casos de corrupción, tuvo siete eventos de votación. Hernández votó a favor en tres (artículo 2, preámbulo y redacción final); votó en contra en uno (artículo 3), y estuvo ausente en tres. En términos concretos, si votó por la redacción final, su voto era una aprobación tácita de toda la iniciativa. La 5352, que reducía responsabilidades partidarias del financiamiento ilícito, tuvo ocho eventos de votación. Hernández votó en contra de dos: la moción privilegiada y aprobación en único debate, y estuvo ausente las seis votaciones restantes.

Sin embargo, la hija de Hernández votó en favor en todos los eventos de la 5351 y en cinco de ocho de la 5352, igual que la mayoría del bloque de Alianza Ciudadana (al que pertenecían) y UCN (su futura bancada dos años después). Es importante notar que un diputado de otro partido, que vincula a Hernández con el narcotráfico, y que pidió no ser identificado, votó a favor en todos los eventos de ambas iniciativas y no es identificado públicamente como parte del Pacto de Corruptos.

Hernández no respondió a una pregunta que le fue enviada por mensaje de texto acerca de por qué votó así en las citadas iniciativas. El 15 de septiembre de 2017, cuando 130 diputados votaron en forma unánime para anular las reformas al CP, Hernández y su hija eran dos de los 16 ausentes. ¿Qué significaban sus ausencias? Sólo ellas lo saben.

Otras votaciones polémicas para Hernández, porque fueron a favor, incluyen la Ley Tigo (Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos), que también aprobaron otros 95 diputados en 2014, presuntamente a cambio de sobornos a manos de la entonces vicepresidenta Baldetti, según el MP y la Cicig; el proyecto de crédito Odebrecht (también aprobado por otros 107 diputados en 2012, y años después vinculado a casos de corrupción en varios países, incluyendo Guatemala), y Sigma, un crédito por 2,156 millones de quetzales para ampliar la ruta de Escuintla a El Salvador, que aprobaron sin discusión o razonamiento otros 145 diputados, con escasas garantías de transparencia para su ejecución.

Y ahora Hernández no parece estar cerca de deshacerse de la referencia del narco por la captura del hermano. EE. UU. hasta lo oficializó en un comunicado. Juan González, director de Asuntos Hemisféricos para la región, del Consejo de Seguridad, en la administración del presidente Joe Biden, dijo en enero que era preocupante el vínculo entre diputados y el narcotráfico (a raíz de las capturas de los hermanos de las diputadas de UCN). «Ese vínculo (…) es algo que los Estados Unidos seguirá investigando», dijo.

Hernández no se muestra desencajada. Al contrario.

En su cuenta de WhatsApp, en enero (cuando circulaba la noticia de su hermano), tenía como foto de perfil a un guerrero en armadura, sosteniendo una espada, con la leyenda:

«Un guerrero sólo baja la cabeza para orar, y se levanta para vencer» (Efesios 6:10-18).

«Me enseñaron a ser resistente», dice Hernández. «Soy aguantadora, pero no agacho al cabeza porque no tengo por qué». Por algo su hijo, el diputado Martínez, dice que estudiar psicología le ha resultado útil a su mamá en la política. «El psicólogo clínico entiende el comportamiento de las personas y cómo se debe abordar ciertos temas sociales para generar apoyo», señala.

Un mes después del reclamo de las organizaciones en Huehuetenango, Hernández estaba de vuelta en el departamento, anunciando la movilización de 550 millones de quetzales para invertir en la red vial, incluyendo un tramo a San Juan Atitán, donde la pobreza alcanza el 82%.

«Siempre he trabajado y sé cómo se maneja la administración pública en el tema carreteras», dice Hernández. «Venimos trabajando en los estudios desde hace seis años para que fueran incluidos en la planificación. Por ejemplo, ayer [8 de febrero] estuve en [el ministerio de] Comunicaciones, con unos alcaldes, viendo lo del recapeo en el tramo de Huehue a La Mesilla».

El exfuncionario del Ejecutivo dice que el mejoramiento de la red vial en Huehuetenango persigue crear mayores rutas de acceso para el transporte de droga hacia México. El hijo de Hernández, en cambio, afirma que el objetivo es ayudar a sacar de la pobreza a ocho municipios en la Franja Transversal del Norte. «Barillas, por ejemplo, es número uno en producción de cardamomo y café», dice Erick Martínez. Las carreteras en buen estado disminuirán los costos de transporte y facilitarán la exportación de productos.

Después de diez años de carrera política, y 45 de haber salido de Santa Ana Huista, parece simbólico el tema de abrir o reparar caminos.

«Seguiré trabajando porque no sé hacer otra cosa», afirma la diputada. ¿Es muy pronto para hablar de participar en la próxima legislatura? «Es muy pronto», responde de inmediato. «Estoy segura de que volverían a votar por mí si volviera a participar en otro proceso electoral, pero ahorita, de verdad…», hace una pausa, se ríe y continúa: «con todos los ataques, no me dan ganas. Dios dirá. Que sea lo que Él quiera».