La regulación de los tarjetazos y la sombra de la tasa de interés líder
La regulación de los tarjetazos y la sombra de la tasa de interés líder
El Congreso dio luz verde a un decreto que llegó después de nueve años de discusión y que integra en una ley específica prácticas ya aplicadas. La Ley levanta altas expectativas en un país con poca educación financiera y un mercado que debe ser más transparente en los cobros que realiza al usuario.
La Ley de Tarjetas de Crédito, aprobada en marzo bajo el decreto 2-2024 y publicada en el diario oficial, cobrará vigencia en agosto y levanta altas expectativas en los usuarios de estos productos financieros.
En la nueva legislación prevalecen cuatro puntos: Las tasas de interés, la tipificación de delitos como la clonación, la mayor participación del sector cooperativista en esta actividad y la protección de los usuarios financieros.
Algunos puntos no son nuevos, solo faltaba una ley específica que lo regulara. El primer ejemplo son las tasas de interés para financiamiento.
De acuerdo con la normativa, los tarjetahabientes podrán pactar libremente la tasa que se aplicará a la línea de crédito teniendo opciones de tasa fija o variable.
El contrato debe establecer qué tipo de tasa de interés se pagará. En el caso de una fija, no se podrá modificar durante la vigencia del contrato «salvo si es en beneficio» de la persona que adquiere el producto.
Y en el caso de la tasa variable, se pueden hacer revisiones semestrales y cuando existan cambios se notificará al cliente con 45 días de anticipación.
Puede aceptar o no la modificación y solicitar un convenio de pago del saldo acumulado.
Estas condiciones ya estaban normadas. La Superintendencia de Bancos (SIB) explica que en la actualidad estos dos tipos de tasas «son las que se utilizan en este tipo de actividad» así como la Ley de Bancos y Grupos Financieros establece que las tasas de interés, comisiones y demás cargos se pactan libremente entre los bancos y usuarios.
¿Quién tiene la última palabra?
El emisor y el tarjetahabiente podrán pactar la tasa de interés que se cobrará en las transacciones con tarjeta de crédito.
El presidente de la Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala (AEMPG), Juan Bernardo Rivera, explica que se aplicarán las tasas, según elija cada emisor.
En una segunda opinión, el exjefe de la SIB, Víctor Mancilla, comentó que la variabilidad se establece con parámetros: como la tasa promedio ponderada activa (créditos) o pasiva (captaciones) y se avisa al cliente, con suficiente anticipación, los ajustes que se apliquen tanto en préstamos como en las tarjetas de crédito.
En el mercado las tasas de interés para el segmento de tarjetas de crédito, es entre tres y cuatro por ciento mensual debido a la alta siniestralidad que tiene, explicó Mancilla.
«Hay más riesgo, porque no es una operación de préstamo, las tarjetas de crédito se operan en tiempo real y están masificadas», agregó.
El promedio de siniestralidad —pérdidas— era hace unos años del 16%, y los costos de operación son altos por la tecnología e infraestructura que utilizan, la disponibilidad internacional que ofrecen y la fuerte competencia en el mercado, que lleva en algunos casos, a disminuir el rigor en el análisis del cliente con lo que se elevan los riesgos, señaló el exfuncionario.
La mora en el saldo total de tarjetas de crédito al cierre de 2023 fue de 3.5% en moneda nacional y de 1.6% en moneda extranjera, según datos que publica la SIB, este nivel fue más alto que el reportado durante el año previo.
En esta ecuación hay que agregar las decisiones de la Junta Monetaria (JM) sobre la tasa de interés líder de la política monetaria que inciden en las tasa pasivas y activas bancarias, aunque la misma autoridad reconozca que existe un rezago de al menos seis meses en la transmisión de los efectos.
En febrero, la decisión de la JM fue mantener la tasa líder en 5%, nivel que mantiene desde abril de 2023, luego de ir escalando desde el 1.75% que tuvo desde junio de 2020 hasta mayo 2022, cuando se elevó a 2% debido a los impactos en los mercados internacionales por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
La JM es el cuerpo colegiado que de acuerdo la Ley Orgánica del Banco de Guatemala lo conforman el presidente del Banguat, los ministros de Finanzas Públicas, de Economía y de Agricultura; un representante electo por el Congreso de la República; por las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura (Cacif); por los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los Bancos privados nacionales (Asociación Bancaria de Guatemala); y por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
También se eligen a los representantes suplentes, en el caso de los ministros y el presidente del banco central se nombra sustituto a un viceministro y al vicepresidente del Banguat.
Este año, la JM está presidida por Álvaro González Ricci y el vicepresidente Alfredo Blanco, y la integran los ministros Jonathan Menkos, Gabriela García y Maynor Estrada, así como los representantes titulares por Cacif, Carlos Arias; por la ABG, Luis Lara y por la Usac, José Rolando Secaida.
El Congreso de la República aún no tiene representante. Después de remover al diputado Duay Martínez, del partido Vamos, el legislativo evalúa una nómina de seis candidatos: Samuel Pérez, Manuel de Jesús Archila, Luis Javier López y Cristian Álvarez, además de Fernando Linares Beltranena y Henry Estuardo Castillo Villatoro.
[embedpzp1]
Altos riesgos, altos intereses
Una vez que los distintos actores han fijado las referencias para las tasas de interés que se manejan en el mercado, van reflejando distintos comportamientos.
El Banco de Guatemala (Banguat) reportó que, en febrero, la tasa de interés activa promedio ponderado del sistema bancario, sin incluir el rubro de tarjetas de crédito, fue de 12.24% en moneda nacional y 6.95% en dólares; en tanto que la tasa pasiva promedio ponderado fue de 4.62% y 3.63dd%, respectivamente.
Para las tarjetas de crédito, al 31 de enero de 2024, la SIB registró tasas de interés máximas aplicadas por las tarjetas de crédito de 60% hasta 62.28% para las operaciones en quetzales y 36.60% a 60% aplicadas en las transacciones en dólares.
El mercado ofrece distintas categorías como las tarjetas clásicas, gold, premier, platinum, black o digital, entre otras, que tienen diferentes cobros de acuerdo con el riesgo, indicó Mancilla al ubicar entre 3% y 5% las tasas mensuales que se cobran.
En las páginas de los bancos del sistema se publican las tasas que aplican en el rubro de tarjetas de crédito, así como los cobros por membresía, comisiones, por retiro de efectivo en cajeros, mora, sobregiro, reposición, seguros y otros servicios.
También hay diferencias según la compañía de procesamiento de pagos, que puede ser Visa, MasterCard o American Express; así como en los beneficios que se ofrecen en programas de lealtad, asistencias médicas, millas, promociones y descuentos en comercios afiliados.
Mancilla aseguró que lo relevante de la Ley será mejorar la publicidad de las tasas que se aplican; contar con contratos que tengan la tasa efectiva, y no cobrar intereses sobre intereses, que hacía gravosa y casi impagable la deuda para algunas personas.
Siguiente fase: reglamentar la ley
La Junta Monetaria, la que está cargo de decidir las tasas de referencia, debe también aprobar en abril de este año, los reglamentos que la SIB le proponga para implementar la Ley de Tarjetas de Crédito que fue publicada el 1 de marzo pasado, y que cobra vigencia en seis meses.
Debieron transcurrir nueve años para que el país contara con una nueva ley, luego de que en 2018 la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el decreto 7-2015 que aprobó el Congreso debido a las inconstitucionalidades señaladas por los emisores de las tarjetas de crédito, el Banguat y varias cámaras empresariales.
Esta primera ley cobró vigencia en marzo de 2016 y en el mismo mes la CC la dejó en suspenso ante el rechazo de diferentes sectores y el impacto para los usuarios que perdieron durante unas semanas el servicio de Visa Cuotas, utilizado por los consumidores para financiar sus compras en varios pagos.
Al cierre del 2023, la asociación de emisores (AEMPG) contabilizó en 4.2 millones la cantidad de tarjetas en el mercado y en 2.8 millones los usuarios que utilizan este servicio en más de 55,000 comercios afiliados y los 120,000 puntos de venta.
El presidente de la AEMPG indicó, además, que por día se realizaron cerca de 900,000 transacciones, que en total registraron 315 millones de operaciones con tarjetas de crédito.
Por su parte, la SIB indicó que el saldo de la cartera de este producto financiero, en diciembre pasado alcanzó los 32,274.9 millones de quetzales.
La AEMPG reúne a 16 emisores de tarjetas, y partir de la vigencia del Decreto 2-2024, según Rivera se tendrán «contratos más claros, resaltando la tasa de interés que se va a cobrar y los costos adicionales que puede tener para el cliente».
La Ley también autoriza a las cooperativas de ahorro y crédito de primer y segundo grado para emitir tarjetas de crédito. En la actualidad, algunas de las que integran al sistema es Micoope que ofrece este servicio, pero actúan como coemisores.
Para José Luis Sandoval, gerente de la Confederación Integral Guatemalteca de Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito, R.L. (Confecoac) es positivo el cambio que les permitirá ser emisores de las tarjetas, y esperan ofrecer tasas más competitivas en comparación con las que ofrecen las entidades bancarias.
El sector cooperativo ha solicitado participar en la discusión del reglamento de la Ley, que deberá convocar la SIB. Según Sandoval, hasta ahora la Ley es un avance parcial, que debe completarse con los lineamientos que se aprobarán en el reglamento.
En tanto, la SIB indicó que se iniciará con la elaboración o modificación de los reglamentos que corresponda, y para cumplir con el artículo 58 de la Ley, se incluye a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) por medio del Ministerio de Economía para realizar la readecuación de la normativa.
[embedpzp2]
Cooperativas a la espera
La gama de servicios financieros será más amplía para los asociados a las cooperativas de ahorro y crédito a partir de la vigencia del Decreto 2-2024, comentó José Luis Navarro, gerente general del Instituto Nacional de Cooperativas (Inacop).
«La mayor transparencia y competencia en el mercado, junto con la protección al usuario financiero, podrían traducirse en un mayor acceso a las tarjetas de crédito, mejores condiciones para los usuarios y un uso más responsable de este medio de pago», afirmó Navarro.
Según el Inacop, el universo de cooperativas es de 2,620, de las que están activas 1,368. Las cooperativas son de primer grado; las federaciones son entidades de segundo grado y las confederaciones, son de tercer grado.
En el caso de las de ahorro y crédito de las 748 existentes, y las que cumplen con sus obligaciones y están activas son 537. Navarro dijo que los servicios que ofrecen a los asociados en todo el país son ahorro, créditos hipotecarios, prendarios y fiduciarios, y algunas cuentan con tarjetas de crédito.
Leonardo Canastuj, titular de la Inspección General de Cooperativas (Ingecop) detalló que hay cuatro federaciones de las entidades de ahorro y crédito. En Guatemala la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacoac), en Sololá la Federación Integral de Ahorro y Crédito Rurales (Federural), en Totonicapán la Federación Integral de Ahorro y Crédito de Occidente (Fedecope) y la Federación de Cooperativas Integrales de Ahorro y Crédito (Fecgua).
En el sistema Micoope participan la Fenacoac y Fedecope, que desde 2015 dieron los primeros pasos para incursionar como coemisores de tarjetas de crédito. En 2022, según la Memoria de Labores publicada, cerraron con 41,129 tarjetahabientes.
Las tarjetas de débito y crédito Micoope VISA pueden utilizarse en cajeros automáticos, tanto en los del sistema cooperativo, como en los de otros operadores. La tasa de interés que ofrecen es de 1.75% mensual sobre saldos, el cobro por retiro de efectivo es del 3%, 50 quetzales por reposición, la membresía y cobertura de fraude y robo es sin costo.
Piden supervisión de la SIB
En Confecoac se aglutinan 37 cooperativas de ahorro y crédito con 2.8 millones de asociados, y según Sandoval, cuentan con activos totales por 4.5 millones de dólares, cifra que los pondría en el sexto lugar en el ranking de entidades bancarias en el país.
Aún con el modelo actual, siendo coemisores (en asociatividad con los bancos), se logra ofrecer tasas competitivas, pero al ser emisores directos el sector pretende mejorar las tasas y más incidencia con los créditos en beneficio de las familias y comunidades de las zonas rurales, principalmente, explicó Sandoval al asegurar que cada producto financiero mantiene el enfoque social, los valores y principios cooperativos bajo los estándares internacionales.
Las cooperativas de ahorro y crédito no son entidades supervisadas por la SIB, que ejerce la vigilancia en las instituciones que la Ley le mandata. Al respecto, la Superintendencia informó que el sector cooperativista «sigue bajo la vigilancia y fiscalización de la Inspección General de Cooperativas (Ingecop), que les permite la captación y colocación de recursos».
Agregó que, en materia de lavado de dinero, «siempre le corresponderá a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) requerir información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con ese delito».
Estas cooperativas informan a la IVE las transacciones sospechosas que realicen sus clientes, ya que están calificadas como Personas Obligadas bajo Régimen Especial (POREs) bajo la legislación contra el lavado de dinero.
Canastuj dijo que las cooperativas de ahorro y crédito tienen su propia normativa para las tasas, sistema de vigilancia, límite de crédito y otros controles. Por mes, la Ingecop fiscaliza en promedio 12 cooperativas, y parte del trabajo a realizar con la Ley, será verificar la normativa y procesos utilizados al emitir las tarjetas de crédito, añadió.
En opinión de Mancilla, las cooperativas tendrán que estar sujetas a la supervisión de la SIB, porque la Ley debe aplicarse a todas las entidades que realizan la actividad sin diferencias.
Este aspecto de regulación bancaria y financiera, lo apoyó Sandoval al afirmar «queremos ser supervisados por la SIB, para mejorar nuestras prácticas y el manejo de riesgo».
Desde la Confecoac, se reclama una supervisión más acorde a la actividad que realizan estas cooperativas, ya que además la Ingecop carece del presupuesto adecuado para supervisar a todas las entidades.
Ante la falta de un supervisor adecuado, el sector cooperativista ha acudido a la autorregulación, a buscar prácticas eficientes para reducir los riesgos, porque «es la plata de los asociados y funciona con un modelo, que si tiene problemas afectaría demasiado a las comunidades», explicó Sandoval.
Pese a esto, la Ingecop ha encontrado observaciones en las 230 fiscalizaciones hechas. Algunas son el atraso en los registros contables y la falta de reglamento de créditos, indicó Canastuj al recordar que una de las principales actividades de las entidades es otorgar préstamos y en el 20% de las fiscalizaciones se encuentra esta deficiencia.
Cada día surgen nuevas cooperativas dedicadas a distintas actividades, pero principalmente al ahorro y crédito, y el presupuesto de la Inspección no es suficiente para supervisar a todos, afirmó Sandoval, que espera la invitación de la SIB para participar en la elaboración del reglamento de la Ley en las próximas semanas.
[frasepzp1]
Una unidad sin presupuesto
Según la SIB, la Ley viene a dar mayor claridad en la relación entre el emisor, el tarjetahabiente y los afiliados; transparencia para los usuarios de servicios financieros y fortalece la educación financiera.
Además, establece un nuevo régimen de protección para los usuarios; tipifica los delitos de clonación; uso, distribución y comercialización ilegal de tarjetas de crédito y débito.
El Decreto 2-2024, permite que la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) solicite a la SIB información del cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad en las operaciones con tarjetas de crédito.
Aunque la Ley crea dentro de la Diaco, la Unidad de Protección de Servicios Financieros, que en la iniciativa de Ley se le asignaba un monto no menor del 10% del total del presupuesto de la Diaco, quedó sin esta fortaleza debido a que el artículo se suprimió en la aprobación final del decreto.
Esta unidad será la que vele por el cumplimiento de los derechos de los usuarios y de las obligaciones de los proveedores de servicios financieros.
El presidente de la AEMPG reiteró que están a favor que se regule la actividad a través de leyes con bases técnicas, «lo cual vemos en la Ley de Tarjetas de Crédito».
Es una ley técnica que promueve la protección del consumidor con el objetivo que tome una decisión informada y acorde a sus necesidades financieras.
[frasepzp2]
La Ley propone que el Ministerio de Economía (Mineco) aporte 1 millón de quetzales para realizar la primera feria de educación financiera, en la actualidad entidades como el Banco de Guatemala, la Dirección de Competencia del Mineco y la SIB han desarrollado ferias, seminarios y otras actividades de educación e inclusión financiera.
En conclusión, la Ley de Tarjetas de Crédito es un paso importante en la dirección correcta y se espera que tenga un impacto positivo en el mercado financiero guatemalteco y en el bienestar de los usuarios de tarjetas de crédito, indicó Navarro, gerente del Inacop.
«Es importante mencionar que la ley aún no ha sido implementada, por lo que es difícil predecir su impacto real. Además, la ley no es una solución mágica a todos los problemas relacionados con las tarjetas de crédito. Se requiere un esfuerzo conjunto por parte de los emisores, los usuarios y las autoridades para que la ley sea efectiva», finalizó.
Más de este autor