Elección de magistraturas y Fiscal General han descansado en opacos acuerdos entre abogados

En 2026, se realizarán los procesos para elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), una nueva Corte de Constitucionalidad (CC), y al o la Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP). Los tres son fundamentales y no coincidían en el mismo año desde la década de los 90.

La elección del nuevo TSE sucederá en la antesala de las elecciones generales de 2027, otro proceso para el que también pueden ser claves una nueva CC, por el cuestionamiento de resultados electorales (como ocurrió en 2023 y 2025 con el juez Fredy Orellana y la actual corte), así como la Fiscalía General, por su potencial papel en bloquear candidaturas.

Considerando lo que está en juego, quiénes intervienen en cada proceso es tan decisivo como el tipo de procesos: tienen en sus manos la elección directa de varios actores, o la conformación de comisiones de postulación para que diversos órganos del Estado hagan la selección final. 

Las agrupaciones gremiales de abogados tienen una influencia innegable. Sus decisiones se reflejan en el resultado de las elecciones (de postuladores o funcionarios) que realiza el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). La ley le otorga a este Colegio un papel protagónico. Aunque un sector de la sociedad civil exige la elección de personas probas, y las leyes se diseñaron con ese propósito, algunas de esas agrupaciones y los operadores políticos que las respaldan han abierto avenidas de cooptación para influir en los resultados electorales del CANG, y en la preselección que hacen las comisiones de postulación.

La gran carrera de las agrupaciones gremiales de abogados por alcanzar la junta directiva y el Tribunal de Honor del CANG obedece a tener el poder de elegir a un magistrado de la CC, y de postular candidatos a fiscal general y al TSE, entre otros cargos y, por medio de esas decisiones, avanzar objetivos de diversa índole.

Prueba reina de influencia directa

El CANG designará a un magistrado titular y un suplente de la CC. Los otros cuatro pares de titulares y suplentes los eligen la Universidad de San Carlos de Guatemala, (USAC), y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los nuevos magistrados tomarán posesión en abril próximo. Es el único de los procesos que no implica una comisión postuladora, y por eso involucra tanta tensión. Este proceso es el que mejor expone la relevancia del CANG para las agrupaciones gremiales de abogados porque, a diferencia de otros procesos, en que escoge miembros de las comisiones de postulación, aquí designa de forma directa. 

Mucho está sobre la balanza. Para la ciudadanía, que los magistrados respondan al deseo de procurar justicia. Para los grupos de interés, que respondan a sus necesidades y deseos particulares. Así lo afirma un abogado litigante que pidió no ser identificado. «Donde interviene (el Colegio de Abogados), las elecciones y la influencia ya están servidas».

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La precaución de este abogado de solicitar el anonimato está justificada. «Ahora hay más vigilancia y contrainteligencia para quienes hablan, y, con la amenaza de criminalización, la sociedad civil es más cuidadosa en sus pronunciamientos; hay mucha desconfianza al hablar con la prensa», dice Lorena Escobar, abogada experta en temas de seguridad.

Antes de llegar a las elecciones de una nueva CC, la asamblea del CANG ya habrá elegido entre cinco planillas inscritas a una persona titular y una suplente para la comisión de postulación que seleccionará quiénes conformarán el TSE a partir de marzo próximo. El 5 de enero pasado las elecciones en el Colegio llevaron a dos planillas a una segunda vuelta, que se realizará el 13 de enero. Por ley, la planilla ganadora integrará esa comisión que preside el rector de la estatal USAC, y la integran el decano de Derecho de la USAC, un representante de los rectores de las universidades privadas y otro de los decanos de Derecho de las universidades privadas. Los suplentes del rector y decano de la USAC los elige el Consejo Superior Universitario (CSU) de la USAC y la junta directiva de la facultad de Derecho. La comisión elige una nómina de 20 aspirantes, entre los que el Congreso escogerá a cinco magistrados titulares y a cinco suplentes.

En  enero se abrirán otras dos convocatorias. La primera, para que el CANG elija a sus designados a la CC. La segunda, para que las presidencias del CANG y de su Tribunal de Honor integren la comisión de postulación que elabora la nómina de candidatos a Fiscal General. De esa nómina saldrá la persona que elegirá el Presidente, Bernardo Arévalo, para suceder a Consuelo Porras. Tomará posesión en mayo. En esa comisión también participan los decanos de las facultades de Derecho y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

La batalla por controlar e influir en los electores está en proceso. Algunas alianzas comienzan a dibujarse ya, como lo demostraron las primeras elecciones en el CANG para elegir a los nuevos magistrados del TSE.

La planilla 4, Unidad por la Democracia, fue la más votada. La integran Gregorio Saavedra y Edgar Ortiz Romero. Se trata de una agrupación que siendo nueva en 2024 logró espacios en una comisión de postulación para la elección de magistrados. Su contendiente en segunda vuelta será la planilla 5, inicialmente cuestionada porque a su candidato suplente, Juan Pablo Pacheco Samayoa, su puesto como asesor de la CC le debió impedir por ley integrar una comisión de postulación. Este detalle vincula la planilla a Néster Vásquez Pimentel, actual magistrado de la CC. María Ovalle Gramajo, la titular, es relacionada con al menos un actor cercano al magistrado Vásquez. Información extraoficial también asocia la planilla al juez Mynor Moto (procesado por el caso Comisiones Paralelas), al rector de la USAC Walter Mazariegos y a la fiscal general Consuelo Porras. Mazariegos además participará en el proceso presidiendo la comisión postuladora.

Entre las planillas perdedoras están la 1, de Avanza (con fiscales del MP afines a la fiscal general Consuelo Porras) y Unidos por el Derecho, de Estuardo Gálvez, (exdecano 2000-2004 y exrector 2006-2014 de la USAC), también vinculada con el rector Mazariegos y el partido Vamos. Fue la tercera más votada, con sólo 38 votos menos que la planilla 5 en segundo lugar, y una ventaja de al menos 4 mil papeletas sobre las otras dos que perdieron.

La planilla 2, de la Alianza Unida por el Gremio, tiene un candidato titular vinculado a farmacéuticas y quien fue asesor jurídico del TSE (2020-2023) y un suplente vinculado a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2019, según reportes de prensa.

La planilla 3, de Unión, Libertad y Justicia, del abogado y operador político Sergio Roberto López Villatoro (apodado el El Rey del Tenis), tuvo un candidato titular exasesor del Instituto de la Defensa Pública Penal y una candidata suplente exfuncionaria del MP y empleada en un bufete vinculado con López Villatoro. 

Figuras influyentes casi eternas  

No es un secreto quiénes son los grandes jugadores, aunque constantemente reconfiguran su entorno, según el abogado Edgar Ortiz Romero,  del grupo Movimiento por la Justicia. Hay figuras identificables que se mantienen vigentes. Una abogada que trabajó para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, 2007-2019), y solicitó no ser identificada, los describe como «centros gravitacionales que han logrado mantenerse durante décadas en posiciones de poder», alrededor de quienes surgen nuevas generaciones.
La lista incluye al exdecano Gálvez, al empresario y operador político Gustavo Alejos Cámbara, a López Villatoro (pese a que su influencia parece haber disminuido en el CANG, a juzgar por los resultados de las elecciones 2025-2026), y al exfiscal general y actual magistrado de la CC Héctor Hugo Pérez Aguilera. «Siempre están vigentes y son los más fortalecidos», añade una exabogada de la CICIG, que solicitó no ser identificada. En esta lista, también está el magistrado Vásquez (en la Lista Engel de actores corruptos desde 2021), y el rector Mazariegos. 

Gálvez, el más influyente de la lista en las últimas elecciones del CANG, explota sus conexiones en la academia y su poder radica en su antigua afiliación con la USAC. «Tiene un perfil con quien puedes negociar, y hablar directamente con altura, y cumple su palabra», dice Escobar. «Eso lo hace una figura hábil que flota; es un negociador muy flexible, y por eso aún es influyente a pesar de los cambios». Lo demuestra su reciente alianza con la planilla y agrupación gremial Avanza, que respaldan la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios del MP, para las elecciones en el CANG y la elección del nuevo TSE. El candidato titular, César Díaz García, encabezó la planilla de Gálvez para integrar la comisión postuladora para elegir la Corte de Apelaciones en 2024.

Según Ortiz, otra pieza de Gálvez a la que se le debe seguir la pista en los otros procesos en 2026 es Saúl Zenteno Téllez, abogado de Manuel Baldizón, y esposo de Jennifer Dell’Aqua, procesada por el caso Comisiones Paralelas. «Zenteno pone la plata; mantiene su vínculo con Baldizón», señala. «Es el más infravalorado de toda esta situación». Zenteno, candidato al Parlacen por el partido Cambio de Baldizón en 2023, además es defensor de María Fernanda Bonilla en un muy público caso de asesinato.

Gálvez y Zenteno, como titular y suplente, perdieron las elecciones para llegar a la CC por el CANG para 2021-2026. El exrector también perdió la elección para completar el periodo 2016-2021 de la CC. Lo derrotó el juez Mynor Moto (procesado en tres casos distintos) aunque tampoco pudo ocupar la magistratura por una orden de captura en su contra.

En las elecciones del CANG, la planilla Unidos por el Derecho y Plataforma de Profesionales por la Justicia —que Gálvez lidera— ganó un escaño en el Registro de Información Catastral (RIC), además del Tribunal de Honor y el Comité Asesor e Inversiones en el CANG en sus elecciones de 2025. «Estas son señales claras de que Gálvez todavía juega bien y tiene influencia en el gremio, aunque quizá un poco menos dentro de la institucionalidad formal de la USAC», afirma el investigador social Harald Waxenecker.

Según el exfiscal Juan Francisco Sandoval, Gálvez se desplaza en espacios legítimos, en el gremio académico, en el Colegio de Abogados y el Poder Judicial. «Cuando pierde fuerza en el Colegio, se apoya en la academia para mantener interlocución, e incidir, o viceversa», señala. «No mantiene fidelidad ideológica; sus alianzas son pragmáticas: con quien convenga en el momento». Esto explica su alianza con Porras, quien hace casi ocho años insistió en la captura del exrector por el caso Comisiones Paralelas. Información extraoficial sugiere que su anuencia a esta alianza obedece a un chantaje de la fiscal general: unir fuerzas a cambio de no perseguirlo penalmente. Sin embargo, no se pudo confirmar este extremo directamente con el exrector porque no respondió solicitudes para una entrevista.

Hace sólo un año la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que dirige Rafael Curruchiche solicitó a la rectoría de la USAC información acerca de la Junta de Licitación en el proceso de compra de un terreno para construir una sede universitaria. Era una averiguación que podía perjudicar a Gálvez, a quien se le vinculó al caso en 2020, cuando Sandoval dirigía la fiscalía. Ocurrió sólo diez meses antes de la anunciada alianza del exrector con Porras. Desde entonces, no hay información pública disponible que indique que tenga una orden de captura vigente o una situación jurídica que impida su participación política. La oficina de prensa del MP tampoco respondió solicitudes en 2025 de una entrevista con Curruchiche. Luego, el 5 de enero pasado, Gálvez anunció que contempla postularse como candidato titular del CANG para la CC.  

Una publicación de Prensa Comunitaria señala que la agrupación gremial de Gálvez también tenía algunos nexos con funcionarios del gobierno de Bernardo Arévalo y la junta directiva del Congreso en 2024, cuando estaba en marcha la elección de las nuevas CSJ y Corte de Apelaciones. Aunque la publicación no provee detalles, señala que esos vínculos, supuestamente, lograron que el Legislativo eligiera a la hermana del exrector, Flor de María Gálvez, para integrar la nueva CSJ. 

El exrector Gálvez, como otros operadores, no negocia con dinero sino con el intercambio de favores: nombramientos, resoluciones, votos, contratos en universidades: prácticas clientelares. «Construye legitimidad institucional», agrega Sandoval, exjefe de la FECI. «Tiene un capital académico, y usa la estructura universitaria para influir en nuevas generaciones de abogados y dominar las comisiones de postulación».

El exrector se replegó mientras resolvía su situación jurídica, pero su estructura no se desmanteló, y sus operadores establecieron alianzas, según el exfiscal. Su influencia aún es clave para asegurar candidatos afines o bloquear perfiles independientes. Sandoval señala cómo Gálvez ya aparece en actividades públicas pese a sus procesos judiciales y el desprestigio público por su vinculación al caso Comisiones Paralelas. También recuerda que la actual alianza de Gálvez con Porras no es nueva.

«En algún momento se vio como aliado del MP, de Consuelo Porras», dice Sandoval. «Después, cuando la alianza ya no fructificó, ella intentó reabrir su caso (en 2024)». En noviembre pasado, a juzgar por las noticias, esta coalición  se reactivó.

El evento revelador fue una actividad gremial de la que una fotografía muestra a un sonriente exrector junto a Melvin Portillo, secretario de política criminal del MP, compartiendo mesa. Quedaba claro que la Alianza Nacional de Abogados, Notarios y Ciencias Afines Avanza, que organizó la actividad, quiso divulgar la noticia porque facilitó la fotografía a la prensa. Este grupo, del que Portillo es miembro, salió con las manos vacías de la elección 2025 para la presidencia de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor del CANG, lo que podría explicar el acercamiento a Gálvez. De hecho, según publicaciones de prensa, este funcionario del MP figuraría como suplente del exrector si se postula como candidato a una magistratura de la CC en 2026.

Sandoval explica que el exrector logró construir una red clientelar en centros universitarios, y las sedes regionales del oriente del país, «que son todas de él». De hecho, su planilla ganó el Tribunal de Honor del CANG en 2025 con Alicia Franco Flores, una influyente jueza de paz en Zacapa y hermana del magistrado del TSE, Mynor Franco Flores. (Franco Flores está vinculada al diputado Boris España de Vamos —en la Lista Engel— y fue temporalmente destituida por negligencia cuando fue oficial de un tribunal de sentencia en Zacapa).

La red clientelar del exrector también abarca los bufetes populares, las cortes, exalumnos, apadrinados, y aliados, que ocupan puestos estratégicos en Salas de Apelaciones. Este es un punto clave. Según Ortiz, en esas salas está «la mugre» del Organismo Judicial (OJ). «Es donde se pueden desarmar los casos», afirma. 

Ortiz cree que la debilidad de Gálvez está en la capital y Mynor Lorenzo, de Guatemala Visible, le dijo a Prensa Comunitaria en 2025 que la planilla 10 (Unidad por la Justicia) le arrebató la junta directiva del CANG a Gálvez por el voto de los abogados en el departamento de Guatemala. Es algo que podría haber vuelto a ocurrir en las elecciones del pasado 5 de enero.

Más allá de esto, el exrector conserva un rol articulador entre bufetes, académicos, y políticos. «No sé cuántos magistrados tiene en la CSJ», observa Sandoval. «A veces no depende tanto de su visibilidad pública, que digan ‘ahí a Estuardo Gálvez’, por su capacidad para mover piezas discretamente, y ser una figura pública que hasta en la sombra tiene poder». 

En otro plano, López Villatoro tuvo un retorno público en la elección de las altas cortes en 2024, con la planilla Unión. Se lanzó como candidato a presidente de la junta directiva del CANG en 2025, y perdió. Según Ortiz, su caudal político ya no le basta para despegar, y necesita alianzas por ser un desconocido para el nuevo padrón.  En las elecciones del CANG del 5 de enero para elegir postuladores de los magistrados del TSE, Unión apenas logró el 3% de los votos contabilizados. No obstante, Sandoval afirma que por su perfil económico y político mantiene su peso entre los gremios de abogados y en el Congreso, aunque también fue procesado por el caso Comisiones Paralelas.

«Tiene vínculos financieros y logísticos», dice el exfiscal. «Él es más de financiar campañas, influir en nombramientos, y coordinar paquetes de magistrados afines. Delega más y se mantiene activo por medio de emisarios y familiares, incluyendo sus hijos. Lo que hacen es reajustar la estructura: cambian voceros, testaferros, pero tratan de conservar su influencia por medio de alianzas tácticas del momento, y se redistribuyen roles porque ahí hay gente del gremio, además de políticos y empresarios, y la intención es conservar cuotas de poder».

Sandoval explica que, cuando el contexto político cambia, como ahora que estos grupos «no tienen al Ejecutivo», los operadores clave se mantienen en el sistema judicial sustituyendo piezas visibles por nuevas figuras. «Quizá lanzan al ruedo a gente indeseable para participar en estos procesos, como al actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, o al juez Mynor Moto, como una estrategia mediática porque la sociedad civil los ataca, pero no se da cuenta de que debajo de agua tienen a determinadas figuras asegurándose de que la estructura sobreviva».

Se solicitó una entrevista a la dirección de correo electrónico que López Villatoro tiene registrada en el Colegio de Abogados, pero no respondió. También se llamó al número de teléfono que tiene en el mismo registro, con idéntico resultado.

Néster Vásquez Pimentel, magistrado y expresidente de la CC, con nexos políticos en el entramado del OJ, es el poder detrás de la planilla que ganó la junta directiva del CANG en 2023: Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA), que aun siendo oficialista empató con actores nuevos (en la planilla 8) en las elecciones de 2024, para elegir postuladores de magistrados. Además, perdió la junta directiva y Tribunal de Honor del CANG en 2025.

De Vásquez no apareció ni la sombra en la reciente unión de conveniencia Porras-Gálvez, y sus respectivas planillas y agrupaciones gremiales. Esto, aunque en 2021, Porras insistió en que se emitiera una orden de captura contra Gálvez (en el caso Comisiones Paralelas) mientras protegió a Vásquez, también acusado en el caso, hasta que este gozara de la inmunidad que le brindaba su magistratura en la CC después de electo. «La fiscal primero nos detuvo los antejuicios, y después cuando (Vásquez) ya tenía inmunidad, hizo todo lo posible para parar la investigación», recuerda Sandoval.

Según el Movimiento Pro-Justicia, las bases de ASPA también apoyaron la candidatura del juez Moto en 2021, cuando ese grupo aún no existía como tal. Luego ASPA surgió de Dignificación Profesional, que dirige el magistrado de la CC, Pérez Aguilera, «con quien Vásquez Pimentel tiene afinidad».
Sandoval añade que Vásquez se mueve más en el ámbito judicial, dentro de la CSJ y en la CC. «Consolida la captura de las instituciones con resoluciones y control de la agenda, en el corazón del aparato judicial», afirma. «Tiene conocimiento técnico, mantiene inmunidad para sí mismo y peso político en los puestos que ocupa».

Ortiz lo describe como un sujeto que se trepó a la cima en la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024) y se blindó, aunque haya perdido fuerza. Dice que Vásquez recibe apoyo de sectores difíciles de mapear, opositores al Movimiento Semilla, que incluyen al menos a dos empresarios conservadores. «Corrupción y contratistas y todas esas cosas difíciles de rastrear están allí, pero se ven en el terreno, en los eventos públicos que organizan», afirma Ortiz, quien suma a abogados de narcos al círculo del magistrado.

Las redes que sostienen a Vásquez en el sistema de justicia son permanentes, según la exabogada de la CICIG. Tienen capacidad de negociación que se modifica, pero sin cambios sustanciales. «Néster Vásquez ha construido las redes que sostienen a ASPA con el apoyo de Sergio Madrazo Mazariegos (candidato a presidente de junta directiva del CANG en 2025, con ASPA, y hermano del diputado de TODOS, Danilo Madrazo), y sus vínculos son magistrados de Sala y Corte de Apelaciones, que permanecerán cuatro años en los cargos», afirma. «Si son reelectos, en función de los favores que hagan, permanecerán más tiempo. Hay cierta estabilidad que les conserva en esos espacios».

Se solicitó una entrevista al magistrado Vásquez por medio de la oficina de prensa de la CC, y por correo electrónico, a la dirección que el magistrado registra en el directorio del CANG, pero no respondió. 

En otro plano, Gustavo Alejos Cámbara (en libertad, tras varios años en prisión, porque una jueza ordenó el sobreseimiento de los procesos en su contra) tiene nexos en el aparato judicial y con figuras políticas, y aún aparecía en un estudio del Movimiento Pro-Justicia de 2024, acerca de los nexos políticos de las planillas que se postularon para la elección de 12 representantes del CANG (y suplentes) para la comisión de postulación en la elección de magistrados.

Una característica de Alejos, empresario farmacéutico y secretario privado del presidente Álvaro Colom (2008-2012), según fuentes extraoficiales y reportes de prensa, es su proclividad a financiar o a mantener nexos con varias planillas a la vez para asegurarse, independientemente del resultado de las elecciones del CANG, una parcela de influencia. En las elecciones generales de 2011, información extraoficial indicaba que también había cofinanciado las campañas de los tres partidos punteros, incluido el partido oficial electo, Partido Patriota (PP).

En el caso Comisiones Paralelas 2020 Alejos se le incautó un documento con nombres de personas, cuotas y votos para la integración de las comisiones de postulación, según el informe de Pro-Justicia. En ese documento aparecía el magistrado Vásquez, lo que le valió que el Gobierno de Estados Unidos lo incluyera en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos. Porras, Alejos y Gálvez también integran esa lista. No fue el único documento incautado a Alejos con nombres de candidatos para integrar las cortes. También destaca otro relacionado con el proceso de 2023.

Fuentes extraoficiales y reportes de prensa revelaron que, para la elección de junta directiva del CANG, en febrero de 2025, Alejos cofinanciaba las planillas Avanza, que apoya la fiscal general Porras, la de Gálvez, y la del rector de la USAC Walter Mazariegos, Unidad Gremial de Abogados y Profesionales Afines (UGAP). No era casualidad entonces que Armando Ismael Ajín Pérez, quien encabezó la planilla UGAP en 2024 (y también integró la comisión para elegir nueva CSJ), fue abogado defensor de Alejos. Además, en febrero de 2025 aún formaba parte de ella.

Se le preguntó al exdiputado Roberto Alejos si por su medio se podía localizar a su hermano Gustavo. En dos ocasiones ofreció proporcionar el número de un abogado que podría contactarlo, pero nunca envió la información.

En el informe del Movimiento Pro-Justicia de 2024 sobresalen gremios y actores asociados con el caso Comisiones Paralelas, o que tienen vínculos con Alejos, Gálvez, Vásquez o López Villatoro, e incluso con Consuelo Porras. Una fuente de este grupo, que pidió no ser citada, aclaró que lo que el estudio expone ya estaba desfasado para fines de 2025. Un ejemplo es la otrora enemistad entre Porras y Gálvez, que ahora son aliados.

Waxenecker expone que Vásquez, López Villatoro y Porras también tienen otros actores e intereses en su entorno, que se convierten en otros nexos y aristas de poder, y son un producto de la hiperfragmentación de las redes tejidas alrededor de las agrupaciones gremiales de abogados. Lo mismo ocurre con Alejos.

Coaliciones fugaces, un mapeo para cada proceso

Las coaliciones dentro y entre las agrupaciones gremiales son fugaces. Cambian con tal frecuencia que casi solo es posible identificar a las cabezas visibles entre un proceso y otro. Esa volatilidad no impide que la influencia de las agrupaciones gremiales en 2024 (con las elecciones de las nuevas CSJ y Corte de Apelaciones) pueda ser comparable con los procesos en 2026, aunque los mecanismos sean distintos, según Waxenecker. «Pero es difícil medir esas dinámicas de manera anticipada, y predecir resultados», dice este investigador. 

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Ortiz confirma que no hay estabilidad de jugadores en la política gremial y, como Waxenecker, la describe como fluctuante e hiperfragmentada. Se trata de vínculos gremiales que se reorganizan antes de cada evento electoral, según Sandoval. Cada proceso va a activar alianzas de coyuntura, como la identificada entre Porras y Gálvez a finales de noviembre pasado. Por eso conviene hacer un mapeo para cada proceso electoral y en las vísperas del mismo, particularmente en el caso de las planillas del CANG.

«Corresponde elaborar líneas de tiempo con fechas clave y las agrupaciones gremiales que están en competencia, las alianzas del momento, qué candidatos hay, y quién promueve», dice el exjefe de la FECI. «Eso permite ver cómo se mueven los operadores entre los gremios». Sandoval explica que la movilidad intergremial es importante porque algunos de sus miembros buscan preservar su influencia más allá del cargo formal o del prestigio público. Las alianzas con esa influencia, aun si son fugaces, no sólo ofrecen movilidad y ascensos profesionales, sino también permanencia.

«Es un poco naif no entender que la gente está en alianzas porque si no el sistema las saca», dice Ortiz. «Conocí jueces super honestos que tenían el apoyo de Néster (Vásquez). Si aquí nadie debe tener alianzas o padrinos, entonces que cambien el sistema. Mientras eso no suceda, habrá lealtades que son inmóviles. Néster y Gálvez tienen gente incondicional, que serán al menos unos 25 para cada uno. El resto se va con el caballo ganador».

La afiliación con ciertos padrinos o patrocinadores no necesariamente implica un nexo criminal. Además, migrar a otro grupo puede obedecer también a que hubo promesas incumplidas respecto a beneficios gremiales a cambio del apoyo.
«En el CANG, por ejemplo, la famosa planilla 8 (de nuevos actores en 2024); en otro evento más reciente, aparecía fragmentada y no hizo tanto ruido», señala Sandoval de la planilla en relación con los procesos de 2025. Primero, es necesario identificar a las planillas activas, sus integrantes, si conservan viejos vínculos o tienen nuevos intermediarios e intereses. Si han sido electos sus integrantes, es esencial el seguimiento a sus resoluciones judiciales o los nombramientos relacionados. «Como el gremio está fragmentado, es válido decir que los actores, los operadores, se reconfiguran», dice el exfiscal. «[En] cada evento electoral la lealtad se redibuja».  

Moisés Galindo, cofundador de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y exdefensor del expresidente Otto Pérez Molina, atribuye el movimiento de piezas entre agrupaciones gremiales a que se perdió la identificación con el liderazgo. «Se mantienen en la misma planilla por uno, dos o tres procesos, pero al cuarto cambian. Los intereses gremiales y personales cambian con cada elección», señala. 

Este abogado argumenta que en la elección de representantes del CANG y en sus decisiones están en juego los intereses de todo el gremio. «Somos usuarios directos (o más frecuentes) del sistema, y si no funciona, los afectados somos nosotros», afirma. «Si la CSJ no agiliza la administración de justicia, por ejemplo, nosotros como abogados quedamos mal ante nuestros clientes, que pueden creer que le cobramos pero no hacemos nada porque los procesos son muy tardados».

Sin embargo, Galindo admite que también inciden intereses sectoriales y particulares cuando las cabezas y los financistas son más relevantes que un grupo particular, y la ideología suele no ser un factor. No existe la intención de seguir a una figura en particular, sino de alinear intereses. Además, el cambio de un abogado de una planilla a otra no implica necesariamente que haya nexos entre una y otra.

Para el investigador Gustavo Herrarte, los bufetes no siempre son visibles, pero las personas sí. Algo similar ocurre con las agrupaciones gremiales y su influencia. «Alejos y López Villatoro han sido los más exitosos para manejar estos procesos», señala, respecto al papel de las agrupaciones gremiales en las elecciones de segundo nivel. Sin embargo, señala que grupos menos visibles los han desplazado, igual que a Vásquez y Gálvez. «Los ves activos en los procesos de elección, pero no es como antes, cuando por ejemplo Alejos estaba presente todo el tiempo», dice Herrarte. 

Una muestra de nexos llamativos   

Alejos siempre parece querer asegurarse apoyo en varias planillas y una mayor posibilidad de maniobra en las comisiones de postulación, según lo revelan informes del tema y datos extraoficiales. Este operador declaró ante el MP, en el caso Comisiones Paralelas 2020, que Óscar Argueta, de la UNE,  diputado hasta 2024, fue su enlace en 2019 con Wilson Joel López González. Alejos mantenía contactos con la UNE desde que fue secretario privado de la presidencia.

En 2021, López González apoyó al juez Mynor Moto, cuando éste buscaba la magistratura de la CC. Además, fue la cara visible de la planilla Coalición Gremial (del MP-Porras) en 2024. 

Luego, Ronny López (tío de López González y exfiscal contra el crimen organizado que fue procesado y condenado en el caso Manipulación de Justicia) fue el enlace entre Alejos y el abogado Dennis Billy Herrera Arita (que habría conspirado con el juez Moto «para obstruir la justicia en el caso Comisiones Paralelas 2020», según la FECI de Sandoval). Herrera Arita, también en la lista Engel, ha estado activo con Coalición Gremial en procesos eleccionarios previos.

En 2021, López González además fue asociado con el fundador de la Universidad Da Vinci, expresidenciable del partido Todos, y operador político Fredy Cabrera, según el informe de Movimiento Pro-Justicia. Este es un detalle clave considerando la importancia del voto de las universidades en las comisiones de postulación. En 2023, López González probó suerte en vano como candidato a concejal de la municipalidad capitalina por el partido Cabal de Edmond Mulet. Por aparte, otro miembro de la Coalición Gremial, Julio Juan de León Irías, fue representante legal y candidato a diputado el mismo año por Petén, para el partido Cambio de Manuel Baldizón.

Entonces, no es extraño que para febrero de 2025, en las actividades de la planilla Avanza y Coalición Gremial, entre los asistentes estuvieran Baldizón, Fredy Cabrera, y el expresidente Alfonso Portillo. En 2023, el exmandatario ofreció conferencias académicas en varios departamentos en actividades de la Coalición Gremial, según el informe de Pro-Justicia.

Entre los conferencistas también figuraba Abelina Cruz, jueza de Mayor Riesgo D, que en febrero de 2024 sobreseyó un caso contra Alejos por lavado de dinero, defraudación tributaria, asociación ilícita y otros dos delitos. Además, cerró el caso contra el exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi. 

Dictaron conferencias además otros cuatro jueces, incluyendo un representante ante el Consejo de la Carrera Judicial.

El informe de Pro-Justicia reveló que entre los contactos de la Coalición Gremial (vinculada a Porras) estuvo el abogado Erick Castillo, que presentó el amparo que le permitió a Porras integrar la nómina de candidatos a fiscal general y la llevó a su reelección en 2022. No obstante, para 2024, según Pro-Justicia, Castillo aparecía como afín a ASPA de Vásquez.

En 2025, López González reapareció como candidato a presidir el Tribunal de Honor del CANG por la alianza Avanza y Coalición Gremial, que Alejos también habría financiado. En noviembre pasado, además, Gálvez participó en al menos una de las actividades gremiales de Avanza.

Alejos también financió a ASPA, planilla de Vásquez. Como su candidato para presidente de la junta directiva del CANG en febrero pasado, Sergio Madrazo Mazariegos, es hermano de un diputado de Todos, tampoco pareció inusual que diputados de ese partido y de Vamos asistieran a actividades de la planilla antes de febrero de 2025. Según Ortiz, fue en la administración presidencial Vamos-Giammattei, que Vásquez llegó a la CC.

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Otros rostros conocidos y desconocidos

En el mapa de figuras visibles, Herrarte también se refiere a Raúl Falla Ovalle, de la FCT, conocido por los procesos contra operadores de justicia que diferentes organizaciones de sociedad civil califican como criminalización; y a Diego Sagastume Vidaurre, que describe como «no tan famoso, pero importante».

Sagastume fue candidato a la presidencia del Tribunal de Honor del CANG, por la planilla Salvemos al CANG, ligada a sectores conservadores. «Está afiliado al movimiento político Consensos Cívicos de Nación y Acción, cuya cabeza visible y organizador es el pastor John Del Salto», explica Herrarte. «La FCT está allí, con la Asociación de la Defensa por la Propiedad, pero Sagastume es quien los moviliza o vincula a todos». 

Según el investigador, Sagastume Vidaurre no es FCT pero une la extrema derecha con los ultraconservadores. Además, es sobrino de Ricardo Sagastume Morales, excandidato presidencial y ministro de economía de Pérez Molina, quien además intentó sacar de las comisiones de postulación 2024 al rector de la URL Miquel Cortés alegando falsamente que no tenía nacionalidad guatemalteca. En 2019, fue candidato a la vicepresidencia junto al presidenciable de Todos Fredy Cabrera, quien apoyó la candidatura del juez Moto a la CC y se le vincula a Alejos en el contexto del caso Comisiones Paralelas. Además, ambos Sagastume apelaron los resultados electorales del CANG en 2025.

«Él va a poner las primeras denuncias contra las elecciones», anticipa Herrarte, refiriéndose a Sagastume Vidaurre. «Las va a declarar fraudulentas».

El analista señala que tiene alianzas en el Congreso, particularmente con el partido Vamos. «Hicieron un encuentro de ultraderechistas y neoconservadores, y la invitada de honor era Consuelo Porras, luego el MP comenzó con las persecuciones políticas», agrega. «En la reelección de Porras (2022), un actor influyente fue la FCT y un movimiento neoconservador ligado con el Desayuno de Oración, y Charles Bland, actual presidente del CACIF».

El presidente de la FCT, Ricardo Méndez-Ruiz, dijo que la fundación sí intentó influir en la reelección de Porras, pero solo  por medio de las redes sociales. «La Fundación Contra el Terrorismo lo hizo mediante la cobertura que tienen sus dirigentes en las redes sociales, y con base en el artículo 35 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión», dijo Méndez-Ruiz. 

Herrarte explica que desde la llegada de Jimmy Morales (presidente 2016-2020), la elección de Consuelo Porras en 2018, y la caída de la CICIG en 2019, este grupo está empoderado, no para la tramitología de puestos, sino con acción política usando las cortes. Se refiere a Sagastume Vidaurre, Falla y a Galindo «tras bambalinas por el proceso en su contra», aunque Galindo asegura que no es abogado de la FCT desde 2021. Este abogado fue capturado, procesado y luego absuelto (hace 15 años) en relación con un caso de corrupción en el Ministerio de la Defensa, y actualmente enfrenta otro proceso por lavado de dinero que regresó a su etapa inicial por un amparo que la CC le otorgó a Galindo.

«Desplazan a abogados tradicionales que manejaban el sistema debajo del agua, y arman un bloqueo, campañas de desprestigio, criminalización en las cortes, acusaciones (vía el secretario privado del MP, Ángel Pineda, también asociado a Avanza), contra quienes opten a cargos públicos y no sean afines a esta visión de ultraderecha», agrega Herrarte, «y con esto van a sufrir los tradicionales».

Galindo sí reconoce que hay un juego de poder de todos los grupos fuertes a nivel nacional, político, social, y económico. Como ejemplo ofrece la última elección para la junta directiva del CANG, que ganó Unidad por la Justicia, una planilla que describe como «progobierno». 

«El problema es que no se había terminado de impugnar (la elección) y una sala de lo contencioso administrativo les dio un amparo para que tomaran posesión inmediatamente», señaló. 

El informe de 2024 del Movimiento Pro-Justicia señaló que los postulantes de Unidad por la Justicia sí tenían «relación con el partido político [oficial] Movimiento Semilla». En realidad, varios de los integrantes de la planilla tienen vínculos con el partido Semilla o sus integrantes. Pero además, uno de ellos, Gregorio Saavedra (también candidato en las elecciones del CANG en el proceso de postulación del TSE) es hermano del actual titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra. 

Ortiz lo explicó así: «Somos una alianza muy coyuntural, donde hay abogados indígenas, otros progresistas, etcétera, es una carpa grande», dice el abogado. «Eso nos hace fuertes ante los grupos de Gálvez y Néster, y hay un 10% de boost obviamente porque el gobierno ve la planilla como afín, aunque digan que ‘es la planilla del gobierno’». Ortiz es parte de la Fundación Libertad y Desarrollo, por lo que también se le vincula al empresario Dionisio Gutiérrez.

Para Escobar, que integra la agrupación Unidad por la Justicia, el fenómeno de Bernardo Arévalo y la junta directiva del CANG electa en febrero de 2025, obedeció al hartazgo de ver los mismos grupos. La planilla ganadora tenía nuevos actores del sector empresarial y académico, y sólo con un mes de campaña en 2024 logró empatar con la oficialista ASPA, del magistrado Vásquez, en campaña desde 2023. Aunque el magistrado de la CC intentó contrarrestar la influencia de Gálvez, perdió apoyo que se sumó a la causa de Gálvez. Cada una (ASPA y Unidad por la Justicia) obtuvo seis puestos entre las dos comisiones de postulación que eligieron la nómina preliminar de magistrados.

Los votos de los abogados, o su apoyo a una planilla específica, pueden definir o explicar su trayectoria. «Dime por quién votas y te diré con quién andas» señala Waxenecker. «Eso es un indicador». En la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones en 2024, este analista afirma que el rol del gremio de abogados fue muy central, y lo será en los procesos de 2026. «Así que no soy muy optimista» agrega.

Los resultados que obtuvieron las planillas en las elecciones 2024 del CANG dicen algo: Vásquez y ASPA sólo lograron colocar seis comisionados; López Villatoro logró tres y Gálvez alcanzó cinco (entre ambos procesos, para CSJ y Corte de Apelaciones). El rector Mazariegos apoyaba a dos planillas —la Alianza de Profesionales y la Unidad Gremial de Abogados y Profesionales Afines (UGAP), una escisión de Vásquez y Gálvez— que lideran socios cercanos y estructuras afines de la USAC, según dijo a Prensa Comunitaria Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro-Justicia. 

Sin embargo, Mazariegos sólo consiguió dos comisionados y no presidió ninguna comisión. Fue la primera vez que la USAC perdió ese liderazgo, aunque según Waxenecker, Mazariegos acumulaba poder en las sedes regionales de Humanidades. Ahora, dice, «la mayoría la tienen ellos», Mazariegos y compañía, y si tuvieran que votar hoy, podrían elegir a Consuelo Porras (por ejemplo, como magistrada de la CC). Al menos hasta marzo de 2025, Mazariegos conservaba su alianza con Porras, quien, para noviembre, se decantó por Gálvez de nuevo en las vísperas del inicio del proceso para postular candidatos para el TSE.

En 2024, por aparte, Fernando Chacón, cofundador de la UGAP con Mazariegos, y expresidente del CANG (2021-2023), tuvo el respaldo de Unidos por el Derecho y Gálvez, de quien luego se distanció para aproximarse de nuevo a Mazariegos, según el informe de Pro-Justicia.

Luego, aunque Henry Arriaga, decano de Derecho de la USAC, fue cofundador con Gálvez de Unidos por el Derecho y Plataforma de Profesionales por la Justicia, también es afín a Mazariegos y (hasta 2025) lo era a Consuelo Porras (quien, aunque se podría beneficiar el apoyo de la USAC y su rector, optó por acercarse a Gálvez).

En el entorno de la UGAP también se ubica al diputado de Cabal, Luis Aguirre, quien para febrero de 2025 había asistido a algunas de sus actividades.

Visibilidad y el uso clientelar de la formación académica

Un abogado con al menos tres décadas de experiencia, y que fungió como magistrado suplente en la CSJ, señala que cuando el sector público es la única opción de un abogado novato para ejercer la carrera, ser visible e incorporarse a las cadenas de favores es lo único que también la permitirá hacer carrera. 

La participación en formación académica, y en agrupaciones gremiales como una plataforma, garantizan visibilidad (al tener una sobresaliente evaluación al desempeño vía formación académica), considerando que hay casi 46,000 abogados colegiados, según Escobar. Las agrupaciones gremiales cubrían la formación de los abogados, un espacio en el que esta abogada afirma que el Colegio solo  ahora está retomando cierta presencia.

Escobar señala que ofrecer visibilidad (como la que garantiza optar a una magistratura) es un mecanismo para atraer participación en las agrupaciones gremiales.

Para los nuevos, más que visibilidad, hay una oferta de plazas en el gobierno, en el OJ; y para los que ya están en un puesto, hay una promesa de estabilidad. «En todos los puestos, por oposición o por funciones de postulación, lo que revisan son el diplomado, el cursito, etc., entonces esto lleva a ciertos electores a participar en estas actividades», agrega.

Por aparte, la exabogada de la CICIG explica que la formación académica (un doctorado, una maestría, o «los famosos diplomados del CANG») se valoran por la cantidad, no la calidad, lo que ha distorsionado el valor de los méritos. «Toda esa distorsión es causada por el uso obligatorio de estos diplomas dentro de las instituciones del Sistema de Justicia», añade. «Te piden en el OJ que hayas recibido equis número de formaciones, de horas en el año, porque si se tiene 500 horas, se puntea más en la evaluación de desempeño. Son malas prácticas y monedas de cambio en este sistema clientelar».

Según un análisis que publicó Prensa Comunitaria, la disputa por la junta directiva del CANG también está relacionada con el control y manejo que ésta tiene de la Unidad Académica del Colegio, «que tradicionalmente ha funcionado como un medio propagandístico en la política gremial».

Ortiz calificó de ingenuo que, en 2019, la CICIG y la FECI se refirieran a las buenas prácticas para contrarrestar el sistema de favores y padrinazgos. Ese año, en un informe sobre independencia judicial, la Comisión señaló que la presidencia de la postuladora (que elabora una nómina de candidatos) propiciaba negociaciones políticas desde el CANG, en un claro reflejo de un conflicto de intereses. Un año antes, el MP y la CICIG habían divulgado el caso Comisiones Paralelas, que involucraba a abogados que incidieron en la nominación de magistrados afines a los partidos Líder (anterior partido de Baldizón) y Patriota.

«¿Qué esperaban si lo que hay es un andamiaje institucional de lealtades?», pregunta el abogado. «El que no tiene lealtades nunca va a subir. Maco Villeda pasó 20 años siendo juez, y nunca llegó al Congreso como designado, hasta que nosotros lo metimos en las comisiones en 2024, aunque de todos los que metimos —los llamados «Jueces por la Integridad— ninguno entró. Pasa eso porque no tienen grupo». Ortiz se refiere a Marco Antonio Villeda Sandoval, actual ministro de Gobernación y exjuez de extinción de Dominio. 

En 2009 y 2014, Villeda también se postuló al cargo de Fiscal General. No lo logró, aunque estuvo entre los tres aspirantes mejor evaluados la primera vez. En la segunda, obtuvo la mitad de los puntos con los mismos aspectos evaluados, aunque tenía cinco años más de experiencia. Luego tampoco fue elegido como magistrado de Sala de Apelaciones, cuando respaldó la denuncia de otra candidata reelecta, Claudia Escobar Mejía, respecto a la selección de magistrados a cambio de favores y no con base en los méritos de la persona candidata.

Algo semejante se puede decir del exjuez Miguel Ángel Gálvez. En un juzgado de competencia ampliada en Chiquimula, hace casi 25 años, Gálvez llevó un proceso contra un exalcalde de Puerto Barrios, Izabal, del entonces partido oficial Frente Republicano Guatemalteco. El día de la audiencia de primera declaración por el caso, Gálvez recibió una llamada. «Era el presidente del Congreso, Ríos Montt», recordó. «No me dijo qué quería; lo único que me preguntó fue: ‘¿usted tiene aspiraciones para mejorar en el Organismo Judicial? Si las tiene, podemos incluirlo en la lista para magistrados elegibles. Si no, no tenga pena’, me dijo. ‘Va a aparecer en una lista de los no elegibles’, y cortó». Años después, el magistrado de la CSJ, César Barrientos, incluyó al juez Gálvez en la lista de funcionarios judiciales que ocuparían los Juzgados de Mayor Riesgo. En 2022, el ahora exjuez salió al exilio, acusado por la FCT de incurrir en ilegalidades. Se le incluye entre los operadores de justicia criminalizados, como a Sandoval, exjefe de la FECI.

Las condiciones o desafíos en que los abogados hacen carrera en el OJ, y la dependencia en los padrinazgos y favores, están amarradas a la falta de una carrera profesional seria en las instituciones de justicia y también en el Servicio Civil, según la exabogada de la CICIG. «Quien tiene esas palancas, va entrando, se va quedando o va subiendo, y no es conforme a las evaluaciones del desempeño, o las selecciones por mérito, que a este tipo de elementos de carrera le correspondería subir», señala. «La misma normativa y la Constitución tienen mucho que ver. En un contexto democrático, el vacío lo llenan leyes, protocolos, prácticas de una cultura meritocrática que te permita subir normalmente en tu carrera, pero en este contexto distorsionado es a partir de puras palancas».

Ortiz razona que el ejercicio político gremial lleva a que la mayoría o toda la CSJ la conformen jueces de carrera judicial que tienen «una palanca», en lugar de alguien de la calle que no tiene ningún apoyo interno.

Síntomas del contacto político-judicial

Algunas planillas del CANG en 2024 mostraron una ventana hacia sus vínculos en el sector justicia al incluir a jueces entre los conferencistas de sus actividades académicas—entre ellos destacan figuras célebres por fallos controversiales, o tachados de corruptos.

¿Síntoma de qué es esto? «Demuestra afinidad», dice Sandoval. «Es un síntoma de la cooptación; se normaliza el contacto político-judicial. Le da visibilidad a los magistrados y jueces, canales de acercamiento y validación, porque aparentemente son actividades académicas pero en realidad son formas de cortesía política, o lobby encubierto. Como es un intercambio de favores y de reciprocidad, el gremio o grupo logra prestigio porque tiene una figura judicial de alto nivel. A su vez, el juez obtiene exposición, reconocimiento, respaldo gremial, que luego se puede traducir en votos o en apoyo en procesos de elección o ratificación».  

Aquí la ruptura de la independencia judicial es evidente, según el exfiscal, porque borra las fronteras entre el juez imparcial y un actor político gremial. «No están buscando formación jurídica, sino guardando fidelidad a los cuadros», agrega.

Los conferencistas por lo general están devolviendo un favor tras bambalinas a los líderes del grupo o planilla, o haciendo puntos para recibir apoyo en sus carreras judiciales, según el abogado penalista con 30 años de experiencia. Ese apoyo se puede manifestar como la inclusión en una nómina, o en becas para estudiar posgrados (y calificar más adelante para una magistratura, o a fiscal general, al cumplir el requisito académico), entre otras formas.

Otro abogado litigante considera preocupante que las personas que desconocen el sistema, dentro del gremio, piensen que conviene escuchar a los conferencistas, y apoyar a quien estas personas digan que deben apoyar. «Es obvio que el agremiado puede creer, ‘si yo beneficio a quien me está diciendo, es posible que yo obtenga algún resultado más positivo en mis querellas, litigios civiles, situación laboral, etc.’», dice. «¡Y olvídese de las conferencias! También están las invitaciones a desayunar o cenar en lugares más o menos rimbombantes, supuestamente a una reunión social, pero cuando usted llega todo está pagado por alguien de un alto organismo del sistema de justicia, y a cambio le piden apoyar a una agrupación gremial».

Patrocinadores que dictan las normas

«Nadie se atreve a hablar de la incursión del dinero que se está blanqueando», revela Escobar, en relación con el origen del financiamiento de las campañas para la elección de planillas en el CANG, para integrar una comisión postuladora, o elegir un candidato en particular (como en el caso de la CC), que resultan onerosas. La abogada señala que este financiamiento puede involucrar nexos con diputados relacionados con el narcotráfico, o una relación directa. 

El exviceministro de Gobernación Axel Romero García se ha referido a las empresas constructoras contratistas del Estado, vinculadas a los diputados que las usan para lavar dinero de fuentes ilícitas. Por algo, Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana (AC), ha mencionado lo codiciadas que son las candidaturas a diputaciones para personas involucradas en hechos ilícitos, porque ofrecen inmunidad. «Se habla de que un tercio de los diputados responden a grupos del narcotráfico», señala el fundador de AC, el capítulo en Guatemala de Transparencia Internacional. Al menos cuatro diputados están incluidos en la Lista Engel y la Ley Global Magnitsky que los vinculan a hechos de corrupción. 

Por aparte, un exfiscal que investigó pandillas en el MP dijo que los Caradura (hermanos involucrados en suministro de droga al narcomenudeo en la capital) y la Mara Salvatrucha le habían patrocinado las carreras también a abogados, fiscales y jueces.

Marroquín asegura  que antes de que existieran las comisiones de postulación, el CANG era una voz de autoridad, con abogados reconocidos por su experiencia. «Pero una vez se incorporó la figura, eso se volvió el instrumento de cooptación para influir en las universidades y poder ser un gran elector», afirma, en relación al factor académico.

El abogado litigante que prefiere no ser identificado afirma que muchas veces lo importante no es quién conforma los grupos, o quiénes son los testaferros (quién se promociona para presidir el CANG o su tribunal de honor), sino quién paga. «Hay que averiguar si el exrector de la USAC está detrás, el magistrado de la CC, o los grupos emergentes (con más dinero e influencia que la oligarquía), a quienes la delincuencia organizada puede financiar muerta de la risa», afirma. «Pero sí hay que averiguar quién pone el dinero porque ese dicta qué música se toca».

En enero de 2025, Ibarra denunció que la planilla oficial ASPA utilizaba fondos del CANG para promover a su candidato para presidir la junta directiva, Sergio Madrazo. Asimismo, señaló que otras planillas estaban «utilizando financiamiento oscuro».

Según la exabogada de la CICIG, al menos hasta la administración anterior del CANG había un gran vacío de transparencia y rendición de cuentas respecto a su financiamiento.

«Sigo las páginas de los diferentes grupos y de octubre para noviembre hubo un evento grande todos los días, una conferencia o cena, con equis cantidad de abogados en un hotel en cualquier lugar de la república», señala la exabogada de la CICIG, refiriéndose a las agrupaciones gremiales en general, y no específicamente a la junta directiva actual del CANG. «No son eventos aislados. Hay una sistematicidad en la forma en que operan, se presentan, regalan cosas, etc. El financiamiento, definitivamente, no sale de las cuotas de asociados».
La exabogada de la CICIG dice que la falta de transparencia y de techos para los gastos genera desigualdad en el acceso al poder en el CANG. No hay posibilidades de participar o promoverse electoralmente en igualdad de condiciones. Para Escobar, son obvias las señales de la participación con grandes ventajas.

«Hasta patrocinan rifas de motocicletas, y un año, Sergio Roberto López Villatoro, ‘El Rey del Tenis’ (una de las figuras influyentes en estos procesos), hizo una alianza con una universidad en España y dieron becas», recuerda la abogada. «Esto y las promesas son de las cosas que más mueven (apoyos, votos). Ahorita en redes sociales una abogada aliada con [el expresidenciable Carlos] Pineda, está prometiendo plazas a quienes se alíen a una nueva agrupación, si Pineda es electo». La expectativa es que la gente se sume a la causa, o aporte dinero.

Pero hay excepciones. Según Ortiz, la agrupación que representa, Unidad por la Justicia, hizo una campaña modesta sin eventos onerosos, con base en un presupuesto austero, que es cuanto reunió con donaciones, y aun así consiguió ganar la junta directiva del CANG en 2025. 

CANG y postuladoras, plataforma de agrupaciones gremiales

El abogado Ortiz afirma que las comisiones de postulación funcionan como el hilo conductor de todo el movimiento gremial.

En otras palabras, las diferentes agrupaciones gremiales se mueven en función de: (a) las elecciones para integrar esas comisiones, o elegir a funcionarios judiciales, y (b) de cómo pueden avanzar sus intereses de grupo, gremio o patrocinadores por medio de esos procesos, para que tengan eco en los funcionarios electos. Marroquín, fundador de AC, además señala que el CANG ha sido el apéndice de los gremios de abogados con intereses clientelares vinculados a la corrupción y de un cooptado sistema de justicia. Así ha operado este Colegio. 

Entonces, no es descabellado decir que las agrupaciones gremiales han intentado alcanzar la directiva del CANG para avanzar sus objetivos al elegir una magistratura en la CC, e integrar comisiones de postulación para influir en el nombramiento de fiscal general, funcionarios judiciales y electorales claves. Sin embargo, la actual administración del Colegio, en posesión durante los próximos dos años, tiene un desafío mayor: aparece dividido porque la planilla Unidos por la Justicia con la exjueza Patricia Gámez ganó la junta directiva, mientras que la planilla del exrector Gálvez ganó el Tribunal de Honor, con la jueza Alicia Franco.

En los procesos anteriores, la planilla que llegaba a la junta directiva también ocupaba el Tribunal de Honor y el Comité Asesor de Inversiones, este último también ganado por la planilla de Gálvez. Este comité asesora a la junta directiva (ahora liderada por Gámez) respecto a las inversiones del Colegio, supervisa el manejo de fondos, y propone estrategias que aseguren una gestión financiera eficiente, transparente y sostenible. 

La Junta Directiva actual, vinculada con el oficialismo y Semilla, la integran la presidencia, vicepresidencia, secretaría, prosecretaría, y tres vocales. El Tribunal de Honor, que integran nueve personas que deben velar por el profesionalismo de los agremiados, investigando faltas éticas o disciplinarias y proponiendo sanciones, también está vinculado a los partidos Vamos, Valor y Unionista, además de Gálvez, según publicaciones de prensa. Este ejercicio, en la práctica, podría ser un desafío considerando los distintos perfiles de las planillas que ocupan la junta y el tribunal.

«Las agrupaciones gremiales no son entes neutrales; reflejan cómo funciona el poder en el país», explica Sandoval, exjefe de la FECI. «Las redes que controlan el Estado replican su influencia en el gremio, y son un reflejo de que la política y la justicia se cruzan. Quien controla el voto de los abogados incide en la postulación y elección de los magistrados. Como el CANG tiene el monopolio de la representación de la profesión, tiene una influencia desproporcionada en procesos estatales clave, y no hay mecanismos reales de rendición de cuentas».

Sandoval añade que, como la mayoría de los abogados no participa en las elecciones, facilita que minorías organizadas capturen los órganos directivos. Según Escobar, las influyentes agrupaciones gremiales de abogados se asemejan a clubes donde los miembros se hacen favores entre sí, y el poder de negociación de la cabeza del club, su poder adquisitivo y especialmente su capacidad para cumplir sus promesas, son fundamentales para la conformación de la CC, el MP, el TSE y la Contraloría, y pueden incidir en otros electores como la USAC, el Ejecutivo, el Congreso, y el OJ.

La abogada que trabajó con la CICIG dijo que los gremios de abogados «operan para grandes fuerzas que no estamos viendo: poderes militares, económicos, inteligencia, redes de narcotráfico y de crimen organizado, que están detrás y mueven los hilos de la puesta en escena». También funcionan para lo cotidiano, los favores entre los abogados, cosas relacionadas con el día a día y parte de este engranaje. «Los mecenas de estos grupos tienen las monedas para canjear en medio de los procesos de elección», afirma.

En la carrera por los votos en el CANG, las planillas más fuertes» tampoco tienen que convencer a cuarenta mil abogados, porque los que votamos somos como ocho mil», dice Galindo. «Hay muchos abogados jóvenes comenzando su profesión y enfocados en hacer carrera, y no todos están interesados en andar en esto de los grupos gremiales. Hay un voto duro, digamos, su grupo y los grupos que se unen a ese grupo, pero usted va a ganar con base en el voto restante», añade el abogado.

En 2024, sin embargo, votaron cerca de 15,800 agremiados, o el 36%. Y a esa movilización, de los que habitualmente no votan, se le atribuye la victoria del grupo Unidad por la Justicia, de Saavedra y Ortiz. Ese incremento fue la repercusión de lo que Escobar califica como «hartazgo con los candidatos de siempre». 

La contienda entre Gálvez y Unidos por la Justicia de Gámez, en la segunda vuelta en las elecciones del CANG, obligó a alianzas con otras planillas. El Movimiento Pro-Justicia reveló que, para conseguir más votos, el exrector encontró apoyo en las planillas de López Villatoro y Pérez Aguilera (antes aliado de Néster Vásquez), y otras agrupaciones que perdieron en la primera vuelta y se les identifica con la vieja política. La planilla de Gámez, en cambio, buscó directamente el voto del gremio en lugar de negociar con operadores políticos. Según Ibarra, el antivoto a Gálvez también benefició a Gámez. 

Galindo explica que se apela a la negociación política gremial cuando las elecciones del CANG no arrojan los resultados deseados para una agrupación en particular. Si no obtuvo suficientes espacios dentro de una comisión de postulación, sus representantes deben negociar con otras para impulsar a determinados candidatos. En la misma línea, en las elecciones internas del Colegio, se sustentan en negociaciones y alianzas para conseguir más votos para una planilla--aun si solo produce resultados parciales, como ganar el Tribunal de Honor, pero no la junta directiva del Colegio, en el caso del grupo de Gálvez. 

En la elección del CANG en el proceso para la elección del nuevo TSE, el pasado 5 de enero, votaron 15,744 agremiados. El 38% votó por la planilla 4, de Saavedra y Ortiz. Este porcentaje les hizo superar en 1,478 votos a la planilla 5 (asociada a Néster Vásquez y Moto), que logró segundo lugar y será su contendiente en la segunda vuelta. Este escenario obliga a observar el caudal en votos que logró la planilla que alcanzó el tercer lugar, la 1, de Gálvez y el MP y Porras, como un aliado clave para ganar la segunda vuelta. Hasta el momento, no hay pronunciamientos oficiales respecto a posibles alianzas. Aparecen como un posible plan B que Gálvez y Moto hayan anunciado su posible postulación como candidatos del CANG a magistraturas de la CC en planillas separadas.

El papel de la USAC    

Para Waxenecker, el rol de la universidad estatal es fundamental. «Aunque no es exclusivamente del gremio de abogados, la USAC es un poder en sí mismo; eso es muy claro», señala. 

La USAC tiene un poder político tan extenso como diverso, según una publicación de Plaza Pública de 2018, así como su presupuesto (Q2,200 millones sin fiscalización ni rendición de cuentas), que han movido a grupos externos a aspirar a controlarlo tanto administrativa como políticamente con fines espurios. Un mandato legal le otorgaba representatividad en 53 entidades o instituciones estatales estratégicas en 2014, según ese análisis.

Un mapa de poder, que publicó la Dirección General de Investigación (DIGI) de la USAC, registró que el rector y los decanos de Ciencias Jurídicas y Sociales, y Ciencias Económicas son responsables en su mayoría de las representaciones de la USAC y de elegir funcionarios estratégicos. Además de las entidades ya mencionadas, autoridades universitarias participan en las comisiones de postulación para el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas, y la Defensa Pública Penal. 

Asimismo, el CSU, que el rector preside, elige a los representantes suplentes de la universidad ante la CC, la Comisión Nacional de Electricidad, la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), los Consejos (Nacional, Regionales, y Departamentales) de Desarrollo Urbano y Rural, la Junta Monetaria y el Instituto Nacional de Estadística.

«[La USAC] es una de las aristas que más influencia tiene; el peso del decano de Derecho es uno de los actores con más poder institucional en ese entramado», explica Waxenecker. «Son muchos los factores que inciden en la USAC, canalizados vía el decano, el rector, el Consejo Superior Universitario, en cualquiera de las comisiones de postulación, o de decisiones directas como en el caso de la CC».

En este contexto, también es clave Estuardo Gálvez, interviniendo o influyendo, según Escobar. Esta abogada afirma que entre los votantes de la USAC, la mayoría ocupa puestos en el OJ. Así como la Universidad Francisco Marroquín gradúa abogados corporativos, Escobar señala que la USAC gradúa litigantes y jueces. 

El contenido de la ley de las comisiones de postulación explica la cooptación de la USAC (porque incorpora al sector académico en el proceso, con especial importancia a la universidad estatal). Por eso, para controlar este actor clave, el actual rector Mazariegos fue electo en 2022 a toda costa, tras una serie de irregularidades que denunciaron catedráticos y estudiantes. El rector incluso ya prepara el camino para su posible reelección.

Actualmente, el voto puede ser un favor a cambio de un respaldo a la carrera, que detona una cadena de favores y otorga movilidad profesional, que se pagan cuando el votante alcanza un puesto clave. Este principio de reciprocidad corroe la independencia judicial, según el abogado penalista y exmagistrado suplente.

El kilómetro cero

El abuso de las leyes creadas para democratizar la elección de funcionarios del sistema de justicia desnaturalizó el proceso. La exabogada de la CICIG insiste en que la Constitución condicionó la influencia de los gremios de abogados, y se definió así en 1993. Para elegir Fiscal General, desde entonces, el 100% de quienes participan como miembros de la comisión de postulación deben ser abogados, por ejemplo.

«Veo un fuerte condicionamiento a partir de la legislación, que da pie a un desarrollo de redes clientelares de distintos niveles, entre universidades, instituciones estatales y Colegio de Abogados», explica la experta. «Los espacios ganados para cada grupo gremial son capitalizados en función de llegar a una posición alta en el sistema de justicia, mantener un puesto, tener una respuesta específica en un proceso, o ganar impunidad».

Pero Ortiz dice que Guatemala era otro país cuando las comisiones fueron creadas. Para empezar, había cinco universidades, no 12, y casi 40,000 abogados colegiados menos. El proceso era expedito y apegado a la ley, con funcionarios confiables a cargo, como ocurrió con la primera comisión de postulación realizada en democracia en 1986 para elegir a la CSJ.

Marroquín sostiene que las Comisiones de Postulación fueron un proyecto muy bien intencionado, pero nacieron cuando comenzaba el proceso de captura y cooptación del sistema de justicia. «Entonces, fueron involucionando al ritmo del sistema, que fue penetrado con la depuración del Congreso», añade.

En 1994, las reformas a la Constitución de la República aplicaron el mecanismo de las comisiones de postulación a más elecciones, y abarcaron la Corte de Apelaciones, la jefatura de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, Fiscal General y jefe del MP y Procurador de los Derechos Humanos.

Marroquín agrega que la rotación anual de la presidencia de la CSJ (que antes duraba cinco años), de acuerdo con  las reformas constitucionales, también sentó las bases de la cooptación. «Cada presidente lleva su propia agenda, y son agendas más de sus bufetes, no para el fortalecimiento institucional», señala. Galindo sostiene que esto dio «la pauta a que otros grupos de poder lo quisieran aplicar [en detrimento] del fiel cumplimiento de la ley».

Más complejo aún es el panorama con los 250 magistrados de las Salas de Apelación (156 titulares y 104 suplentes electos en 2024), que también cambian cada cinco años, y que si no tienen contactos, o padrinos, o apoyo en el Congreso, «se quedan en el aire», según Ortiz.

«La peor idea no son las comisiones de postulación, sino el relevo de jueces», dice este abogado. «Se pierde el control total de lo que entra a las salas [porque] los magistrados suplentes de Sala no tienen prohibido ser abogados, y esa es otra cosa. Vas al bufete del Rey del Tenis, y él te dice: ‘No te preocupés; aquel es el magistrado de la Sala Cuarta, entonces vamos a hacer que aquel integre la sala cuando tu caso llegue. Se va a inhibir el titular, y el otro va de la oficina al Juzgado e integra’. [Por eso], si querés ver dónde está la mugre está en las Salas de Apelaciones, donde se pueden desarmar los casos».

Ortiz explica que la política gremial hasta 2003 «era extremadamente elitista», pero la reforma a la ley de Colegiación Profesional Obligatoria de ese año cambió el proceso (que antes consistía en una elección en asamblea en la sede central del CANG en la capital). Así, ordenó que debía haber una elección con un tribunal electoral, en las sedes electorales departamentales donde hubiera más de 50 agremiados, para elegir a la persona representante o representantes del Colegio que integrarán las comisiones de postulación. Esto las volvió elecciones nacionales con nuevos y más jugadores. Es decir, pasó de estar controlada por la élite capitalina a abrirle paso al resto del gremio. «Se convierte en una suerte de campo electoral», añade el abogado. «Así da lugar a un nuevo andamiaje institucional que incluía la construcción de redes en el CANG, en cuya esfera se mueve la política gremial, que a su vez se mueve en la política interna de la Corte de Apelaciones».

La exabogada de la CICIG subraya que detrás de las reformas a la ley de Colegiación Profesional Obligatoria hubo intereses, porque se aprobó en un Congreso que presidía Efraín Ríos Montt. Además, las promovió López Villatoro para mover sus influencias, pero tuvo un impacto directo en la participación y comportamiento gremial al extender las votaciones a nivel nacional. La movilización de votos hacia un candidato o planilla en particular implicó desde entonces un esfuerzo mayor para las agrupaciones gremiales y/o operadores políticos. 

No fueron sólo las leyes

Galindo recuerda que cuando comenzó a ejercer la profesión de abogado, hace 25 años, había seis mil colegiados, de los que estaban activos unos 4,500. «Era más fácil [identificar a los que, por su experiencia, años de ejercer la profesión, ser autores de libros, eran reconocidos como eminencia en su área: mercantil, civil, laboral, penal», dice. «No quiero decir que no hubiera influencias políticas, amistades, compadrazgos, excepciones, pero en general llegaban a las cabezas de las instituciones y todos reconocíamos con respeto que tenían una capacidad demostrada».

Para principios de los 2000, varios grupos de abogados se percataron de que, como organización, podían conseguir apoyo estudiantil, luego político y gremial, un electorado, para llegar a esos máximos puestos de la administración de justicia y lo logran, según Galindo.

«Entonces en la USAC, donde nació todo esto, se comienzan a disparar exponencialmente las graduaciones, pero (como una fuerza electoral) para ser elegido en ciertos puestos», agrega el abogado. «[Hubo] catedráticos de la universidad que después llegaron a puestos de elección».

En 2009 se emitió una ley específica para las comisiones de postulación, que redujera la discrecionalidad en la elección de funcionarios, entre otros objetivos. Pese a que varias organizaciones participaron en la formación de la ley, como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), y el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (Cenap), entre otras, los procesos se desnaturalizaron. Además, el CANG se convirtió en uno de los vehículos para sesgar las elecciones, además de la USAC, otras universidades, y los poderes del Estado según la administración de turno.

«La situación dio visos de un cambio en 2009, y no para bien», dice el litigante. «Empezaron a ver al CANG como un verdadero botín político, por su rol en las diferentes elecciones de segundo nivel». Entonces, continúa, trataron de dominar las comisiones de postulación a la vez que armaron comisiones paralelas para de todas formas asegurar que sus testaferros (candidatos ungidos) ocuparan las magistraturas.

Las reformas legales llevaron a un boom en la apertura de universidades con facultades de Derecho (por el voto que tienen los decanos en los procesos). Esa apertura la promovieron grupos que buscaban puestos altos en la administración de justicia. Aunque algunas de estas facultades no tenían estudiantes cuando su decano integró una comisión, y estaba claro que «sí [era] un incentivo tener ese derecho de picaporte ahí», según Marroquín, también aumentó el número de abogados graduados y colegiados. Así llegaron a representar un importante caudal de votos para elegir autoridades del CANG, o delegados del Colegio para integrar comisiones de postulación.

«Se pensó que al incluir a la academia se despolitizaba el sistema», agregó Marroquín, «pero resultó que (…) en la práctica era otra historia». El exjuez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, afirmó que el proceso —para la elección de altas cortes— se politizó desde que los diputados debían elegir la nómina final de magistrados del listado final de la comisión de postulación.

«Lamentablemente los magistrados tienen que exponerles a las bancadas qué están ofreciendo para que los elijan en la nómina final, lo que abre lugar a las negociaciones políticas de los grupos de poder», señala Galindo. No por nada Ibarra dice que el Congreso define la agenda judicial de los magistrados a quienes colocó en el puesto. En algunos casos ocurre previa negociación, supuestamente como en el caso de la hermana de Gálvez, magistrada electa en 2024. Según un informe de Impunity Watch, de la elección de las Altas Cortes ese año, los listados se negociaron con antelación a la anunciada elección por parte del Legislativo. 

Una ley que condiciona el proceso no es lo ideal, pero es lo que hay, según Waxenecker. «Lo más complejo es la influencia informal, extrainstitucional paralela, las comisiones o redes paralelas», afirma. «Las negociaciones se producen en espacios que no son los formales, y los formales los avalan y los legalizan y legitiman. Este es el gran desafío y el gremio de los abogados está en el meollo de esta tormenta (...). Los actores que más ganan ahí lo hacen a partir de la influencia formal». 

¿Y ahora qué?

Si bien no se dice nada nuevo al señalar los actores y sus influencias, «una forma de debilitar los nexos informales y paralelos es exponerlos públicamente», según Waxenecker. «Y eso es lo que hace la sociedad civil, pero mucho más los medios de comunicación. Ahora, la incidencia sobre tomadores de decisión ya es mucho más difícil y compleja».

La exabogada de la CICIG sostiene que hay márgenes de acción para las fuerzas democráticas, pero deben entender su rol en estas elecciones, y entre ellas está el Presidente de la República. «Esta no es una elección ajena al Estado», afirma esta experta. «Lo más importante será contar con candidaturas libres de criminalización. Esto condicionará lo que se logre, que la gente se anime a participar. Si ocurre, nos vamos a enterar hasta los últimos momentos de presentación de expedientes. Nadie quiere decir que va a participar; todo el mundo está protegiéndose».

La abogada señala que no abona al proceso, ni es pertinente, que actores democráticos le apuesten a negociaciones con actores que durante décadas han negociado en planos informales y nada legales. «De repente hay una apertura para que el sistema comience a funcionar un poco más normalmente, y sin criminalización», afirma. «Ese debería ser un ‘no negociable’ de las fuerzas democráticas, y la no reelección en todos estos órganos debería ser un pilar del trabajo de la sociedad civil y la comunidad internacional».

Escobar admite que el mapeo de estos gremios no asegura elecciones limpias «porque se mueve mucha plata», pero puede transparentar el proceso para que los actores más influyentes—para bien o para mal—puedan estar a la vista.