Indirectamente, me llevó a reflexionar sobre cómo la revolución silenciosa de Islandia condenó a un sistema financiero que especuló a costa de los ciudadanos. Sea entonces esta frase el preámbulo para realizar algunas consideraciones en relación a cómo operan los bancos en Guatemala.
El sistema bancario de Guatemala reportó utilidades por US$107 millones en el primer trimestre del año, lo que significa un crecimiento del 19.3 % respecto del mismo período de 2010. A primera vista parecería que el sector fuese muy eficiente, pero a medida que se avanza en su estudio se entiende que, en el país de los contrastes, el prestar dinero a los particulares es una parte del negocio que se beneficia de la débil estructura económica del país y de políticas —fiscales, monetarias y cambiarias— que solo se adentran en los problemas coyunturales sin pensar en la necesidad de fortalecer y ampliar la economía a través de los mercados financieros.
Partamos diciendo que Guatemala presenta un alto nivel de concentración bancaria, cerca del 80% de los depósitos están concentrados en manos de tan solo cinco bancos —el 65 % en tres bancos— y que también presenta en la región uno de los mayores spread bancarios. El spread es la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa. La tasa pasiva es la que pagan los agentes financieros por el dinero captado o depositado, mientras que la tasa activa es la que cobran los agentes por los préstamos otorgados.
El spread es relevante, principalmente, porque representa el costo de intermediación bancaria. Una gran brecha entre las tasas de interés, tiene sin duda, desde la perspectiva del ahorrador, un efecto negativo sobre el ahorro, pues obliga a las personas a la búsqueda de otras opciones con mayor rentabilidad. En términos prácticos, desde la perspectiva del deudor, un spread alto hace imposible para muchos acudir al sistema financiero nacional y obliga, a quienes pueden, a recurrir al exterior y conseguir financiamiento relativamente barato. Pero quienes no tienen esa posibilidad se encuentran inmersos en el dilema de endeudarse o no, atados obviamente a las tasas de la banca nacional.
Ahora bien, la relación entre el spread y la concentración es importante, porque a pesar de que existan mecanismos y operaciones para fijar tasas de interés y controlar la inflación y el tipo de cambio, los grandes bancos de manera oligopólica fijan los precios que los otros bancos tan solo seguirán. Si la política monetaria fuera efectiva, los movimientos de tasa líder afectarían todas las tasas en la economía. Pero como son pocos los que participan en las operaciones de equilibrio, la tasa puede sufrir modificaciones. Es como si se estuviera jugando al teléfono descompuesto, el banco central realiza las operaciones para fijar la tasa de interés pero en el camino el mensaje sufre alteraciones debido a que solo son pocos los agentes económicos que tiene acceso al recado que es trasmitido de una manera diferente.
No es de extrañar, entonces, que la competencia de los grandes bancos sea por atraer los depósitos de aquellos pocos clientes con alto capital —como el IGSS—; que disminuir los costos de administración de los bancos no sea un objetivo prioritario en su accionar y que los créditos guatemaltecos sean en su mayoría de corto plazo, para requerimientos mercantiles, de consumo y capital de trabajo, pero muy poco para producción.
Entonces, si un alto spread representa en mediano plazo una limitación al crecimiento del sector y del país mismo, por qué es que el sector puede darse el lujo de continuar aplicando altas tasas de interés. La explicación es sencilla: por una parte, existe una débil regulación sobre las operaciones de crédito a la que se añade una baja educación financiera y una casi nula protección del consumidor, y por otra, hay una dependencia del sistemay economía en la participación de los cinco grandes agentes bancarios, dependencia, que les genera a estos otra gran parte de sus utilidades y la tranquilidad necesaria para no disminuir los costos de intermediación.
Empiezo explicando el problema de la regulación. En tanto la actividad de la Superintendencia se dirige básicamente a supervisar las entidades bancarias a fin de que mantengan la liquidez y solvencia adecuadas que les permita atender oportuna y totalmente sus obligaciones, y evalúen y manejen adecuadamente la cobertura, distribución y nivel de riesgo de sus inversiones; los bancos tienen libertad para fijar tasas de interés. Esta actividad está delimitada únicamente por el delito de usura, cuya operación y definición quedo poco clara por el legislador.
La lógica indicaría que los bancos para determinar el valor de la tasas, además de incorporar el costo del dinero incluirían los costos de administración y algún porcentaje en relación con el riesgo que implica el pago del préstamo. En este sentido, habría que decir que a mayor número de créditos con menor cuantía, habrá mayores costos de administración; y que en la medida que el crédito se va dirigiendo al consumo, aumenta el riesgo porque se va perdiendo la garantía para su pago. Sin embargo, pareciese que la realidad va un poco más allá de esa lógica, pues se observan en el mercado tasas activas exorbitantes sin que exista algún tipo de control o acción del Estado que permita equilibrar la desventaja que presentan los consumidores en una relación que se manifiesta generalmente en un contrato de adhesión.
Para entender lo anterior, presento como ejemplo —entre muchos que existen— las tasas activas de aquellos bancos que atienden básicamente créditos de consumo —principalmente para la compra de muebles y electrodomésticos— las cuales pueden encontrarse arriba del 80% (ver registro de modas y promedios en las tasas activas en la página web de la Superintendencia de Bancos). Lo inaceptable de esta situación es que quienes adquieren estos préstamos son los más necesitados, personas que toman la decisión de endeudarse sin tener claro las implicaciones futuras de su actuar. Deudores que, ante la ficción del pago por cuotas y del bienestar inmediato, terminan amortizando dos o tres veces el valor del bien que adquieren. Sin entrar a cuestionar las posibilidades de acceso a crédito que tienen estas personas, me pregunto si no sería entonces justo que el Estado entrase a regular un máximo para tasas de interés, el tipo de publicidad y la trasparencia que se dan en estos tipos de operaciones para equilibrar la relación contractual.
Ahora bien, la otra parte que hace sostenible mantener las tasas altas es la utilidad que obtienen los bancos debido a la necesidad de su participación para cumplir las metas macroeconómicas. Este mutualismo parte de las restricciones que desde el punto vista fiscal obligan al Gobierno a emitir Bonos del Tesoro para financiar el gasto público y obtener liquidez. Los recursos provenientes de la venta de bonos son básicamente generados —en un 85% — por la intervención de los cinco mayores bancos del sistema. La opción de suscribir bonos es bastante atractiva para ellos, pues tienen una tasa de interés que es similar a la tasa líder más 3 ó 4 puntos, poseen bajos costos de administración y, lo mejor, no tienen riesgo.
Similares dependencias y bondades a las generadas por la política fiscal ofrece a los bancos la política monetaria a través de sus instrumentos para contener la inflación. Las operaciones de mercado abierto del Banco Central, no obstante brindan a los bancos tasas de interés menores a los Bonos del Tesoro, también tienen costos de administración bajos y riesgo cero.
El tema cambiario completa el panorama. El diferencial cambiario que manejan los bancos con los particulares es de 5 ó 6 puntos. Comprar divisas baratas y venderlas caras es un negocio que se complementa con la necesidad del Banco Central de contener el tipo de cambio en un contexto dominado por la depreciación de dólar, el aumento de remesas y los capitales de dudosa procedencia.
No dudo de los beneficios generales que produce el contener la inflación y el tipo de cambio, pero creo que las acciones del Estado son muy limitadas y no encajan con una perspectiva de desarrollo de mediano y largo plazo. Si se observa con detenimiento, existe algo de perversidad en los tres ámbitos —fiscal, monetario y cambiario—, pues promueven una mayor concentración bancaria y utilidades para los grupos financieros a costa del dinero de los contribuyentes. En tanto, los usuarios del sistema financierono tienen casi opciones reales de inversión y solo tienen acceso a crédito mediante tasas de interés elevadas.
En ese sentido, me pregunto dónde queda la responsabilidad del reguladorpor promover el interés público. Más allá de la coyuntura, la interacción de política monetaria, crediticia y cambiaria no puede limitarse únicamente a los movimientos del cangrejo: por un lado recoger dinero para evitar la inflación y por el otro inyectarlo para evitar la depreciación del dólar. Creo que los agentes reguladores tendrían la obligación de evitar la captura del Estado y generar una estructura que fortalezca la economía y fomente una verdadera competencia; de transparentar las operaciones, la liquidación de las cuotas y el cobro de los servicios financieros; de desarrollar instrumentos para que la población tenga la habilidad para analizar la información disponible, tomar decisiones acertadas y adquirir hábitos financieros saludables; y de reconocer y garantizar los derechos de los consumidores.
Se me ocurren, entonces, para finalizar varias reflexiones, la primera, la concentración bancaria genera tales utilidades al sector que éste no está interesado en reformas que amplíen el número de jugadores o profundice en la ampliación de servicios financieros; la segunda, tampoco existirá en el sector un apoyo al desarrollo de un pacto fiscal que pueda afectar su statu quo; y la tercera, estamos condenados, la concentración y no profundización de los servicios financieros genera limitaciones para el desarrollo de otras políticas. No concibo cómo el país está atado para avanzar hacia la consolidación de un sistema moderno de pensiones, una política para el desarrollo de Pymes, una verdadera política de vivienda social o un sistema para el financiamiento de la educación superior. Somos los intereses del capital.
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