«Ahora son los Estados los que nos están pidiendo estándares y guías en temas cruciales» presidenta de la CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), eligió a la Universidad Rafael Landívar como sede para realizar el 176 periodo de sesiones ordinarias, evento en el que se conocerán casos emblemáticos de búsqueda de justicia en diferentes países de Latinoamérica.

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La entrevista ha sido editada para mayor comprensión lectora.

Plaza Pública (PzP): Para empezar quisiera que nos explicara por qué la Corte IDH se encuentra en Guatemala.

Presidenta Nancy Hernández (NH): Bueno, primero que todo muchas gracias. La Corte es un tribunal internacional de derechos humanos regional que tiene 22 períodos de sesiones al año. Desde 2005 tiene como política hacer varios de esos períodos en forma itinerante fuera de su sede en San José, Costa Rica, para tener un acercamiento con los Estados, con las víctimas en el terreno y aprovechar para fortalecer el diálogo entre las partes, con la sociedad civil y el Estado. Ha sido una buena práctica, ya tenemos más o menos unas 36 sesiones fuera de San José, y durante estos años nosotros creemos que la justicia tiene que estar cerca de las personas.

Y otra cosa que hace la Corte, es la supervisión de cumplimiento de sentencias y las diligencias judiciales in situ. Es decir, somos jueces de toga y mochila. No estamos solo en el estrado, sino que a veces estamos en terreno también verificando la prueba.

Hemos estado en la Amazonía, en la selva del Darién, en zonas indígenas y es un trabajo muy dinámico, nos gusta que sea cercano y directamente en terreno en los Estados.

PzP: En este período de sesiones en Guatemala se abordan diferentes casos de distintos países. ¿Cómo se seleccionan? 

NH: Nosotros sesionamos por invitación de los países y más o menos salimos dos o tres veces al año a sesiones itinerantes. El año pasado estuve acá precisamente en la Universidad Rafael Landívar y tuve la ocasión de visitar al canciller de la República (Carlos Martínez). Me manifestó el interés de Guatemala de que celebramos un periodo de sesiones acá y esta es la cristalización de esa invitación que nosotros acogimos.

PzP: Revisando la agenda de trabajo vemos que entre los casos que se van a conocer hay desde peticiones sobre la tenencia ancestral de la tierra hasta casos de ejecuciones extrajudiciales. Estos procesos, ¿cómo retratan la situación que están enfrentando los distintos países de América Latina?

NH: Desafortunadamente en estos 45 años que tiene la Corte, el trabajo del sistema interamericano y en particular de nuestro tribunal, ha estado marcado siempre por desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia contra la mujer y pueblos indígenas, eso es producto de que nuestra región es profundamente desigual y no ha logrado hacer la transición de la dictadura a las democracias en forma plena y todavía tenemos una región llena de desafíos. Por lo tanto, estos casos generalmente son de hace algunos años porque el sistema interamericano es complementario y residual de las jurisdicciones nacionales.

Primero el caso tiene que pasar por el Estado nacional y haber agotado los recursos para llegar a la Corte. Los que estamos viendo ya han pasado por ese proceso de años, es de más de una década, sigue siendo un reto enorme para nuestra región.

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PzP: ¿Cómo reacciona la Corte a los contextos autoritarios que se observan en estos últimos años en Latinoamérica? Esto me lleva a lo que mencionaba en su discurso en la inauguración de 176 período de sesiones, donde en un evento junto al presidente Bernardo Arévalo dijo que Guatemala promovió ante la Corte la petición de una opinión consultiva sobre el derecho a la democracia.

NH: Mire, ese es el gran tema de nuestro tiempo porque existe una gran erosión de la democracia y en el mundo entero, nuestra región no es ajena a esas tendencias. Estamos viendo un surgimiento de tendencias autoritarias en distintos espectros ideológicos, es decir, ya no es un tema ni de izquierda ni de derecha, sino que hay un resurgimiento de fuerzas autoritarias, donde no se han podido cristalizar las promesas de la democracia. Es casi como un voto, un poco protesta, de ciertas sociedades de querer un cambio radical.

¿Qué es lo que pasa cuando cuando hay autoritarismo en los países? El autoritarismo se comporta muy distinto a la democracia, esta le pone límites al ejercicio arbitrario del poder, en respeto, precisamente, de los derechos, garantías y libertades fundamentales de los ciudadanos.

En el autoritarismo eso se desdibuja, se concentra el poder y se agrava el ejercicio del mismo frente a los derechos de los ciudadanos. Y eso impacta primero en los jueces y operadores de justicia a nivel nacional, es decir, no solo en los tribunales internacionales. Entonces, vemos más reclamos por temas de libertad, encarcelamiento de periodistas, persecución de jueces, de defensores de derechos humanos y de todos los grupos que buscan transparentar el ejercicio abusivo del poder, de luchar por los derechos de los demás, especialmente las personas más vulnerables de la sociedad.

Entonces, se agravan esas tensiones y eso impacta en los sistemas de justicia nacionales y en los internacionales sin ninguna duda. Si esta tendencia continúa, lo que vamos a ver es, primero, un agravamiento o más cantidad de casos, y un menor compromiso con las libertades y los derechos fundamentales en la región. 

PzP: Y en ese sentido, ¿qué impacto puede tener esta opinión consultiva promovida por Guatemala? Nos surge la duda si esta va a ser la primera vez en, al menos la última década, que la Corte va a tener un pronunciamiento al respecto. 

NH: Es la primera vez que se plantea este tema que es central en el mundo en este momento. Reconocí el liderazgo de Guatemala en plantear el reto a la región y a la comunidad jurídica internacional de establecer si hay un derecho en la Convención Americana, y cuál es el contenido de ese derecho, qué obligaciones tienen los Estados para garantizar ese contenido a la ciudadanía. Es tal vez el reto más importante que tiene la Corte en este momento de tantas opiniones consultivas que se le han venido presentando.

Y es que recientemente está pasando un fenómeno interesante, además de los casos que la Comisión eleva a la Corte, ahora son los Estados los que nos están pidiendo, tal vez a un ritmo más acelerado que antes, estándares y guías en temas cruciales para la región. Entonces, en este momento la Corte tiene una opinión consultiva solicitada por México sobre las obligaciones de los Estados frente a las empresas que comercian y distribuyen armas, por el impacto que tiene sobre los grupos de crimen organizado en su país.

Otra sobre la emergencia climática, que es también la más participativa de la historia de la Corte con más de 265 amicus de participación de personas de todas partes del mundo, incluido el Vaticano. Luego tenemos una sobre el derecho al cuidado planteada por Argentina y esta cuarta, que es la más reciente, planteada por el Estado de Guatemala.

Entonces, al mismo tiempo que los casos tradicionales que la Corte ve sobre graves violaciones de derechos humanos, ahora tenemos una agenda muy interesante sobre temas de actualidad de los derechos humanos, ya no de violaciones del pasado, sino temas que nos impactan hoy y en el futuro y son los Estados los que están pidiéndole a la Corte guías y estándares de acuerdo a la Convención Americana para enfrentar estos nuevos desafíos del Siglo XXI.

Me parece que eso refleja mucho la confianza en la Corte y la madurez de los Estados donde ya la ven como un complemento, como un aliado para buscar soluciones dentro del derecho y del derecho internacional a los grandes desafíos que tenemos.

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PzP: Me parece muy interesante y considero que se enlaza un poco lo que mencionaba en su discurso de inauguración del 176 periodo de sesiones, que las múltiples crisis institucionales ponen en riesgo no solo la democracia, sino los derechos fundamentales. Guatemala y otros países de la región centroamericana están viviendo crisis institucionales. ¿Cómo la justicia de la Corte y las guías continúan siendo valiosas?

NH: Mire, todos los órganos de justicia y la democracia son importantes porque son los encargados de hacer cumplir la legalidad y frenar la arbitrariedad. Los que defienden los derechos de las personas son los Estados nacionales con la Constitución y la ley; y en el caso de los tribunales internacionales son los convenios internacionales que el Estado ha suscrito voluntariamente.

Entonces, ese rol de los jueces y juezas y operadores de justicia de defender las libertades y derechos básicos de las personas es vital para que el poder arbitrario no se dé, no se desborde y se ejerza el poder dentro de los límites de la democracia. Cuando eso se debilita, lo que pasa es un agravamiento de las circunstancias, donde especialmente las poblaciones más vulnerables son las que sufren más abusos de autoridad o de poder en sus derechos fundamentales.

Por eso me parece que es muy importante fortalecer todos los órganos de justicia, la independencia judicial, todos los controles al ejercicio arbitrario del poder que no son solo los jueces, son los periodistas, la sociedad civil, la academia, los defensores de derechos humanos. En democracias así es como se construyen no solo las decisiones, sino también cómo se transparentan los abusos o los excesos en el ejercicio arbitrario del poder y también los actos de corrupción y la impunidad frente a ambos en caso de que el poder se desborde.

PzP: ¿Cuál es el aporte que tienen las posturas de la Corte en estos países como, por ejemplo Guatemala, donde la propia justicia local es considerada cooptada por intereses oscuros? Eso me enlaza también a la siguiente pregunta, ¿a qué atribuye que cada vez más personas están confiando en instituciones internacionales cuando ven sus justicias locales comprometidas?

Bueno, yo creo que la confianza en la Corte Interamericana se debe a una trayectoria ya de 45 años donde ha demostrado solidez y seriedad en su trabajo y es normal en los casos de los tribunales internacionales, que la gente eleve las disputas sobre las cuales no está conforme en los Estados nacionales. 

La relevancia es, bueno, primero que se obtiene justicia en el caso concreto que se eleva y si es una opinión consultiva se obtienen estándares. Pero la jurisprudencia de la Corte, ya sea en opiniones consultivas o sentencias, tiene además un efecto vinculante a través de lo que se llama el control de convencionalidad. 

Por ejemplo, si se establece que los jueces no se pueden destituir si no es de cierta manera o con ciertas garantías en un caso del país «A», ese estándar sirve para el país «Z», donde un juez está teniendo ese problema. Entonces tiene un efecto multiplicador y transformador en toda la región.

Me parece que el valor de la Corte, aparte de rescatar todos los temas de dignidad humana y derechos fundamentales contenidos en la Convención Americana, es que vela por esos estándares en la región. Tiene esa posibilidad de transformar realidades y vidas en una región de cerca de 700 millones de personas, donde todos los operadores de justicia ―ya sean los poderes ejecutivos o cualquier operador de justicia, aunque no esté en el poder judicial―, puede aplicar esos estándares y cambiar la realidad en sus países frente a situaciones análogas que se estén presentando, aunque no se hayan originado en el caso que dio base a ese estándar o jurisprudencia.

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PzP: Para finalizar, hemos visto que a veces, para el ciudadano de a pie, este tipo de actividades puede parecer muy ajeno. ¿Nos puede dar un mensaje acerca de qué implica para una persona que tal vez no estudió leyes, que ayude a entender la importancia de que la Corte se encuentre en Guatemala?

NH: La Corte Interamericana es un complemento a la protección de todas las libertades fundamentales de una persona, y si esa persona no encuentra justicia en su país, tiene la posibilidad de reclamarla ante el tribunal para ser tutelado. En ese sentido, la Corte amplía el acceso a la justicia y los mecanismos de protección de una persona. Y solo para darle un ejemplo popular que la gente se puede acordar.

Hubo una película, La última tentación de Cristo, que fue prohibida en Chile porque la Constitución Política tenía la censura previa y se la aplicaron a la película. La Corte estableció que de acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana no podía hacerlo y Chile modificó la Constitución Política. A partir de ahí, todo el país tiene acceso y no le pueden censurar ni películas, ni opiniones. Eso es como un impacto concreto que le puedo decir que podría ser en Chile o en Guatemala.

No quiero dar ningún ejemplo de Guatemala para no adelantar criterio y por un tema de prudencia, pero definitivamente tiene un efecto directo en todas las libertades de las personas. Por ejemplo, una persona que esté detenida, que haya sido torturada o haya sido ejecutada extrajudicialmente y no tenga justicia en su país, esa familia puede reclamar el tribunal internacional y se obliga al Estado a que dé justicia, repare e indemnicen a las familias o las víctimas directamente.