Tendrían que ser muy papos para hacer una buena ley

porque ello sería ponerse la soga al cuello y ponérsela, además, a los que les ayudaron a financiar su “brillante carrera política” con donaciones que luego se traducen en el tráfico de influencias que tanto pánico causa no sólo a los políticos, sino especialmente a los empresarios y particulares que han hecho de ese vicio la práctica más lucrativa de sus vidas.

El mismo presidente Otto Pérez Molina dijo que “había ordenado a sus diputados” la aprobación de esa norma sin más dilaciones, pero resulta que hasta su liderazgo mandaron por un cuerno, y ello no obstante que ya les dio la necesaria luz verde para desdentar la ley eliminando la norma concreta que regula la forma en que se produce el tráfico de influencias.
 
 Lo que pasará al final de cuentas es una ley que no tendrá el menor efecto desde el punto de vista de la transparencia porque hubo un acuerdo expreso, pactado sin empacho ni rubor, entre políticos y empresarios para que no se pueda tipificar como delito la gestión oscura que se hace para lograr beneficios económicos a partir de contratos públicos. No hay interés alguno en definir como violación de las normas éticas esa componenda que todos sabemos que existe, que todos sabemos cómo y entre quiénes se da, pero que es consagrada como una simple “gestión” que según los pregoneros de la indecencia no se puede ni debe considerar como algo impropio.
 
 Desde que en tiempos de Álvaro Arzú el Congreso dispuso eliminar la norma del enriquecimiento ilícito siempre ha sido discurso de los políticos que la misma será implementada de nuevo, especialmente luego de que Guatemala se comprometió al suscribir una convención internacional contra la corrupción, pero una cosa es decir las cosas y otra muy distinta es hacerla. Ilusos somos, indudablemente, los que pensamos que es posible avanzar seriamente en la búsqueda de la transparencia a sabiendas de que cualquier ley tiene que ser discutida y aprobada por los diputados al Congreso de la República y que éstos no tienen ningún interés por establecer medidas de sana administración que terminen con los privilegios que les permiten a ellos reponer el monto de sus cuantiosas inversiones de campaña. No olvidemos que los diputados en Guatemala, antes de ser electos, tuvieron que comprar la curul dando una fuerte suma de dinero a la dirigencia nacional del partido que les postula y además se comprometieron a sufragar sus propios gastos de campaña. Una inversión de tal calibre no es obra de filántropos que ponen su dinero para llegar al Congreso a impulsar los asuntos de interés nacional, sino que se trata de apuestas para recuperar con enormes creces lo aportado y esa tónica es la que determina el giro de los negocios en el Congreso de la República.
 
 No vaya a creerse que para un diputado es suficiente que le nombren a los hijos y hasta a la querida en alguna dependencia pública si no es en el mismo Congreso. No se trata de esas menudencias que son apenas la guinda del postre. Lo verdaderamente crucial, lo importante y determinante es la posibilidad de influir para que sus privilegios y los de sus financistas y amigos no se vayan a ver afectados. Por eso es que se encomendó a los enviados del Cacif la tarea de defender a capa y espada el tema para impedir que siquiera remotamente se puedan hablar de tráfico de influencias. Esas viejadas ya no caben en la nueva moral ciudadana de los más conspicuos guatemaltecos.

* en La Hora, 10 de septiembre