En 2006 migré de Huehuetenango a la ciudad capital, pues era allí el único lugar que ofrecía la licenciatura en Sociología. Mi inscripción fue interrumpida por las ya comunes reparaciones de la carretera interamericana y los desastres que dejó el huracán Stan, mostrándome el primer choque burocrático de la Universidad, al no otorgar nuevas fechas para los primeros exámenes de admisión. Sin embargo, en la segunda oportunidad ingresé a la Escuela de Ciencia Política. Muchas personas me despidieron al salir de Huehuetenango, aconsejándome no convertirme en otra mártir más, olvidada por la historia. Aunque tenía vaga idea del significado de esas palabras, poco entendía sobre la posición política discursiva de ese mensaje tan cargado de memoria histórica, inscrita con miedo y propaganda anticomunista.
El primer día de clases en el M5 llegué ilusionada de la vida universitaria e inmediatamente las cosas empezaron a ser diferentes al colegio católico y privado de donde había egresado de bachillerato. Las quejas iniciaron cuando no encontramos suficientes escritorios y cuando algunos docentes no se presentaron a impartir clases. Escuché a colegas decir que eso era normal y a otras lamentarse de no estar en una universidad privada. Sin embargo, quienes estábamos ahí ejercíamos nuestro derecho a la educación y muchos no habíamos dimensionado que miles de jóvenes se habían quedado fuera de la educación superior.
[frasepzp1]
La Usac no fue solo un espacio académico. Para mí, la universidad fue reveladora. Recorrí los cinco años de mi carrera conociendo esa Guatemala que antes, en mi burbuja de privilegios, no existía. Lo hice acompañada de fotocopias con lecturas de todo tipo, algunos trabajos de campo y discusiones interesantes. Conocí estudiantes que con dificultad e ingenio pagaban Q1 de bus para regresar a casa, conocí aquellos que llegaron en su carro propio y a otros a quienes llevaba el chofer de papá. Ir a la universidad pública fue un privilegio y me cambió la vida. Fue la Usac que me permitió nombrar a la Guatemala racista, clasista y misógina y la que me abrió los ojos a las injusticias sociales, la desigualdad y la impunidad.
La educación pública es clave para construir un país digno, con ciudadanía crítica y posibilidades diversas de habitar un territorio donde quepamos todas las personas. El Censo del 2018[1] mostró que el 18,5 % de la población con 15 años o más es analfabeta y el 16 % no tiene ningún grado de escolaridad. Actualmente, con la pandemia de COVID19, la deserción escolar aumentó y se hicieron más evidentes las malas condiciones de las escuelas y los institutos.
En el mundo, la educación pública, gratuita y de calidad es un derecho y una lucha constante. Los movimientos estudiantiles han liderado transformaciones sociales que están cambiando las condiciones de vida de las personas y la propia educación pública también. Pero en el país, solamente el 5.5 % de la población ha aprobado por lo menos un grado universitario y en un período de 16 años, la educación a nivel superior únicamente ha aumentado 2 puntos porcentuales (de 3.6 % en 2002 a 5.5 % en 2018), además son más de 4 millones de niñas, niños y adultos entre 4 y 29 años que para 2018 no asistían a un centro educativo y entre sus principales causas para no hacerlo estaban la falta de dinero, el tener que trabajar y el no querer ir.
Vivir en un país tan desigual como Guatemala, ha provocado que un derecho se convierta en un privilegio. Estudiar no puede ser una oportunidad para quien pueda financiarlo, sino para todas las personas por el mero hecho de serlo. Las universidades públicas en varios países del mundo, sobre todo en Latinoamérica, no solo son las mejores, sino también, han podido utilizar la financiación estatal (a través de impuestos) para generar beneficios individuales y colectivos. Las universidades públicas, que no son víctimas del saqueo y la corrupción como lo es la Usac, poseen diversos programas para facilitar el acceso a aquellas personas que viven en condiciones de pobreza (con programas de vivienda, transporte, alimentación, becas de subsistencia y acceso a recursos estudiantiles) y además, por sus altos niveles de calidad, reúnen a diversas clases sociales en donde todas las personas comparten la misma biblioteca, comida, transporte, los mismos laboratorios y preguntas, creando mayor empatía y solidaridad entre grupos.
Tenemos que cobrar conciencia que la educación pública, gratuita y de calidad nos beneficia a todas las personas, independientemente si hacemos uso o no de ella. La educación de este tipo no es únicamente un gasto de presupuesto de la nación; es quizá, la inversión clave para garantizar otros de nuestros derechos, así como en muchos casos, para garantizar movilidad social. Y aunque no debería de ser la movilidad social el principal motivo para entrar a la universidad, tenemos que reconocer que, en algunos casos, en este país, es la universidad un puente para alcanzar la vida digna. Ahora, cuando las mafias han ganado terreno y han consolidado sus agendas, la Usac tiene la oportunidad de elegir nuevos cuerpos electorales y rectoría, quienes no solo velarán por la autonomía universitaria, tomarán decisiones para el desarrollo académico de estudiantes, sedes departamentales, escuelas no facultativas, facultades y centros de investigación, sino también estarán directamente involucrados en tomar decisiones políticas para las comisiones de postulación de la Contraloría General de Cuentas, nombramiento de magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC), así como en otras 64 instituciones[2] (algunas de ellas, Consejo Nacional de Cambio Climático, Comisión Nacional de Electricidad, Comisión de Postulación de la Defensa Pública Penal, Comisión de Postulación de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Comisión de Postulación del Ministerio Público y Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral , entre otras).
Esta es una de las razones por las que el sistema de elección debe cambiar, pues actualmente es antidemocrático al no permitir el voto a estudiantes de escuelas y de centros regionales. Estuardo Gálvez y Murphy Paíz, dos antiguos rectores, están en la cárcel señalados por actos de corrupción, ya que jugando a ser amigos de una élite depredadora, resultaron desechables y nuevamente fueron estudiantes, docentes, jubilados y la ciudadanía en general quienes pagaron los platos rotos. Hoy, parece ser que hay posibilidades de dignificar la universidad a través del movimiento SOS Usac y me quedo con la esperanza de recuperarla como un espacio político-académico contra todo tipo de injusticia social. Quizá, si nos permitimos soñar, la próxima generación que llegue a las aulas de la Usac sea recibida con dignidad y compromiso social y tenga un espacio de formación y construcción de pensamiento crítico, solidario y rebelde, enfocado al bien común. Espero que la Usac siga cambiando vidas y que lo haga con los recursos que la población estudiantil, docente y jubilada merece tener.
[1] XII Censo nacional de población y VII de vivienda. Resultados Censo 2018. Instituto Nacional de Estadística Guatemala. 2019
Más de este autor