Dicha intervención significó la imposición de autoridades ajenas a la profesión para dirigir una de las instituciones que más psicólogos y psicólogas ha formado en el país. El Consejo Directivo fue conformado por delegados de otras áreas, entre los cuales se encontraba un abogado en calidad de director. Como directora de posgrados, una ingeniera; como coordinadora de investigación y de un Instituto de atención a la niñez guatemalteca, una comunicadora; como coordinador de carreras técnicas (Educación Especial, Terapia de Lenguaje, Profesorado en Psicología, Orientación Vocacional y Laboral, Terapia Ocupacional), otro abogado.
Resultado de la desastrosa gestión de dichas autoridades, se retrasaron procesos administrativos y académicos. Se perdieron semanas de clases y se recurrieron a «diseños» inadecuados de enseñanza (en sustitución de las clases presenciales). Se afectó a más de 120 psicólogos y psicólogas docentes, a más de 3000 estudiantes de la carrera y a miles de personas que reciben servicios psicológicos.
En los meses de noviembre y diciembre, la Corte de Constitucionalidad dio lugar a cuatro amparos que resolvieron dejar sin efecto el nombramiento de autoridades interinas y se exige la convocatoria a elecciones. En otras palabras, se deja sin efecto la intervención del Consejo Superior Universitario por contravenir distintas leyes y reglamentos.
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Ante lo que fue un ataque a la dignidad de la profesión, a la dignidad de psicólogos y psicólogas docentes, a la formación de miles de estudiantes y al servicio psicológico de miles de personas (especialmente pertenecientes a sectores populares que de otra forma no tienen acceso a estos servicios), la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos emitió un único comunicado en agosto. En él hacían un «llamado al diálogo» e indicaban que se mantendrían «vigilantes» de la situación.
Dadas las finalidades que incluye en sus estatutos y la situación vivida en una institución como la Escuela de Ciencias Psicológicas, la respuesta de la Junta Directiva del Colegio de Psicólogos fue en extremo débil e inefectiva. Hacer un llamado al diálogo está bien cuando hay paridad de condiciones y una de las partes involucradas no ha violado leyes, estatutos y reglamentos. Pero, en este caso, el Consejo Superior actuó de manera arbitraria e ilegítima, lo que ha afectado a la profesión, a profesionales y la formación de estudiantes de la disciplina.
En realidad, tampoco se evidenciaron las acciones de vigilancia prometidas, y el comunicado fue la única intervención de la Junta Directiva. Por esta razón, hago un llamado a sus miembros y al propio Colegio para que adopten una postura que realmente defienda a sus agremiados y a la psicología. Como institución tienen los medios y la legitimidad que les da haber llegado a puestos de elección, la misma que les otorga las responsabilidades que deben cumplir. Pues el llamado al diálogo y el posterior silencio que mantuvieron deja la sensación de una postura y defensa poco convincente, y una escasa promoción de la dignidad de la psicología y de los psicólogos y psicólogas. Finalmente, no olviden que esto quedará como parte de la historia de la profesión en el país.
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