Elección de altas autoridades en 2026: clave para el mantenimiento del Estado de derecho y el futuro democrático

Frente a la grave crisis que atraviesa la justicia en el país y a los intentos sistemáticos por socavar el Estado de derecho —tal como lo ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los informes anuales sobre la situación en Guatemala presentados ante el Consejo de Derechos Humanos— estos procesos representan una oportunidad histórica para fortalecer y emprender una reforma estructural de instituciones que son clave para el sistema de justicia y para el futuro democrático del país.

Es importante reiterar que las normas y los estándares internacionales de derechos humanos brindan los principios y garantías mínimas que deben orientar los procesos de elección de altas autoridades que se seguirán en Guatemala.

Conforme a dichas normas y estándares estos procesos deben asegurar:

i) Transparencia y publicidad que permitan el escrutinio público y la auditoría social. La veeduría ciudadana de manera amplia e inclusiva, y de los medios de comunicación, es fundamental para reducir la discrecionalidad en los procesos.

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ii) Claridad y objetividad en los procedimientos con base en méritos de capacidad, idoneidad y probidad de las personas candidatas. Las tablas de gradación que se apliquen deben señalar con precisión los medios de verificación para cada criterio de evaluación y la realización de entrevistas públicas contribuiría a verificar dichos méritos.

iii) Igualdad de oportunidades y no discriminación. Es fundamental que profesionales con los méritos necesarios y provenientes de sectores representativos de la población guatemalteca puedan postularse, en igualdad de oportunidades, en particular en términos de género y de diversidad étnica.

El cumplimiento de estos principios y criterios en la elección asegurará que las personas que sean electas cuenten con la legitimidad necesaria para el ejercicio de su función.

Por tanto, es crucial que todas y todos los actores —que de conformidad con la ley deben intervenir, ya sea como integrantes de las Comisiones de Postulación, como órganos de elección final y de designación— actúen con responsabilidad y con el compromiso de representar los intereses generales, mostrando a la población su voluntad de contribuir en el mantenimiento de las instituciones democráticas del país, conforme a las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Mi Oficina, al igual que en años anteriores y en el marco de su mandato, dará seguimiento a los procesos de elección que se llevarán a cabo durante 2026.  Una vez tomen posesión las nuevas autoridades electas, estaremos en disposición de colaborar con asesoría técnica para fortalecer las capacidades institucionales en la aplicación de las normas y estándares internacionales de derechos humanos.