«¡No fue el fuego, fue el Estado!»

Este proceso estuvo marcado por dilaciones malintencionadas; revictimización de las familias y sobrevivientes; aplazamientos y privilegios otorgados a exfuncionarias y exfuncionarios, lo que incluso ha permitido que algunas y algunos de estos continúen impunes. Durante el juicio, que duró 19 meses, se reafirmó la magnitud de lo ocurrido el 8 de marzo de 2017, pues se evidenció (una vez más) el papel que el Estado ejerció para que esta tragedia sucediera, en vez de evitarla.

Como ya se sabía, este no fue un hecho aislado, ya que lo ocurrido ese día fue producto de años de abusos, violencias, impunidad y falta de voluntad política para proteger a la niñez y juventud. Se trataba de niñas y adolescentes que debían ser resguardadas en estos centros, pero que, por el contrario, fueron aún más vulnerabilizadas. No es solo que haya fallado el Estado, sino que estamos frente a un problema sistemático, derivado del racismo, patriarcado y clasismo que imperan en Guatemala.

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Las niñas y adolescentes del Hogar Seguro fueron tratadas como criminales, con un desprecio y una estigmatización que emergen de la idea de que hay vidas que no importan, que no merecen un trato digno. Da escalofríos ver cómo las funcionarias y los funcionarios contribuyeron a alimentar el fuego que acabó con la vida de 41 niñas y adolescentes y que dejó a 15 con heridas graves y cicatrices (físicas y mentales) que llevarán de por vida. No hay sentencia que pueda revertir esto o regresar el tiempo, pero sí puede asegurar la no repetición y generar las condiciones para que los centros de protección para la niñez y juventud sean verdaderamente lugares seguros para ellas y ellos.

Durante el juicio se comprobó que las diferentes instituciones del Estado (que tienen que ver con niñez, juventud y derechos humanos) tuvieron responsabilidad en este crimen, porque no cumplieron con el papel para la cual fueron creadas; esto denota (nuevamente) la disfuncionalidad de la estructura del Estado que sí ha sabido funcionar para perpetrar violaciones de derechos humanos. El grado de responsabilidad debería corresponder al cargo que cada funcionaria y funcionario ejercía. En ese sentido, uno de los principales responsables es el entonces presidente Jimmy Morales, quien incluso se aseguró de que la Policía Nacional Civil permaneciera en el lugar para reprimir y mantener encerradas a las niñas y adolescentes.

No podemos olvidar que esta fue una tragedia anunciada. Las denuncias de malos tratos, explotación sexual, violaciones, abusos y otras violencias ocurridas en estos centros de «protección» se dieron por años, pero no fueron escuchadas. Y lo más grave es que no solo las ignoraron, sino que permitieron —e incluso alimentaron— que el personal que laboraba en estos centros actuara como verdugo; me atrevería a decir que, en su mayoría, continúan impunes hasta hoy.

¿Cuánto ha cambiado este país desde esta tragedia? Nada. Esto es preocupante, pues hace unas semanas se daba a conocer que hay un aumento de casos de violencia contra niñas y niños, quienes en su mayoría son vulneradas y vulnerados en el entorno familiar. ¿Dónde está la garantía de una vida digna para la niñez y adolescencia? Esto es reflejo de los problemas estructurales que trastocan todos los ámbitos de la vida social, política y económica de la mayoría del país.