Transcurría noviembre de 2018, un vehículo recorría las calles de Patzún, Chimaltenango, anunciando la convocatoria a una asamblea comunitaria para tratar el caso del Centro Comunal (CECOPA). Esta fue una de varias asambleas autoconvocadas por las vecinas y vecinos para impulsar un proceso de recuperación del Centro Comunal y renovar su Junta Directiva, la cual, por más de 20 años, había sido cooptada por un grupo espurio.
El Centro Comunal de Patzún (CECOPA) surgió como una iniciativa colectiva para contribuir a la reconstrucción de la comunidad, la cual había sido fuertemente afectada por el terremoto de 1976. Su papel consistía en aportar de forma social, cultural y económica al pueblo; lamentablemente, con el paso de los años el Centro Comunal fue perdiendo su rumbo, convirtiéndose en un negocio del que únicamente se han beneficiado un pequeño grupo de la población.
La falta de transparencia en la elección e integración de su Junta Directiva y Tribunal de Honor, la inexistente entrega de cuentas, la falta de proyección social y el descarado aprovechamiento individual de los recursos generados del Centro, provocaron indignación en la población, que decidió ejercer mecanismos propios para resolver comunitariamente esta problemática.
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En asamblea comunitaria fueron desconocidos los y las integrantes de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor, y se eligió una representación provisional cuya tarea principal fue impulsar el proceso para elegir a nuevas y nuevos representantes de manzana, quienes posteriormente eligieron a las nuevas y los nuevos representantes del Centro Comunal.
La reacción de quienes fueron separados de su cargo fue inmediata. No dudaron en denunciar penalmente a autoridades comunitarias, vecinas y vecinos, provocando con esto un proceso de criminalización que inició en noviembre de 2018 y finalizó en enero de este año. Derivado de esto, 15 personas fueron perseguidas injustamente, provocándoles distintas afectaciones; tres de ellas fallecieron durante dicho proceso, no llegando a presenciar la sentencia que dejó firme su inocencia.
La criminalización tiene la intención de inmovilizar y perjudicar de múltiples formas a quienes el sistema de «justicia» obliga a cambiar su dinámica de vida, para lidiar con las consecuencias de un proceso penal engorroso, lento y costoso que está fundado en falsedades y fortificado a través de la imperante corrupción e impunidad.
Es por ello que hablar sobre esto es importante: celebramos que se haya comprobado que defender el patrimonio colectivo de un pueblo no es un delito, pero seguimos lamentando que el sistema racista y colonial en el que vivimos no busque generar cambios, sino que se ensañe en perseguir a quienes fiscalizan, exigen y defienden sus derechos y los de sus comunidades.
Un efecto de este mismo sistema ha provocado que CECOPA no solo permanezca cooptado, sino que su significado social se haya ido diluyendo con el tiempo en la memoria del pueblo, cuyas nuevas generaciones ya no lo reconocen como un lugar que pertenece a su comunidad ni como un espacio que encarna el trabajo y los demás aportes que las personas de Patzún realizaron para su construcción y funcionamiento.
Sin memoria somos como el agua que se estanca y se pudre.
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