Las alianzas de cartón en el Congreso
Las alianzas de cartón en el Congreso
La directiva 2026 del Congreso se eligió con el 93% de votos, pero una semana después esa correlación se desdibujó. Este comportamiento a lo largo de los últimos dos años da cuenta que las mayorías amplias no responden a alianzas estables, sino a intereses coyunturales, como lo evidenció la sesión del 25 de noviembre, cuando estaban en juego más de Q175,000 millones dentro del Presupuesto General, que la CC lo dejó sin efecto. De cara a las elecciones que este año definirán los poderes políticos, esas coincidencias de intereses de nuevo se pondrán a prueba.
«Sí hay una mayoría consolidada a partir de esta decisión (la junta directiva), pero la cifra está inflada», admite el diputado Samuel Pérez, de la facción Raíces.
La votación del 4 de noviembre de 2025 duró 45 segundos y mostró un patrón que ocurre cuando las decisiones del pleno se vuelven unánimes: si alcanza la mayoría absoluta, hay diputados que, aunque no compartan las propuestas, dan su voto a favor para no quedar fuera de la jugada, o al menos dar esa impresión.
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Cuando la elección de la junta directiva 2026-2027 —que será presidida por Luis Contreras Colindres, de Creo— superó los 100 votos, el tablero electrónico mostró que aún estaban pendientes de votar diputados como Felipe Alejos, de Todos; Héctor Aldana, Boris España y Guillermo Cifuentes, de Vamos; así como Sergio Enríquez Garzaro y Teresita de León Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quienes, según fuentes parlamentarias, apoyaban la planilla por la que operaron Allan Rodríguez, de Vamos y Álvaro Arzú Escobar, de Unionista.
El patrón también se registró, a finales de 2024, en la elección de magistrados de justicia, quienes fueron votados por una amplia mayoría de diputados, aunque eso tampoco significó alianzas sólidas.
La lista de votaciones para la nueva directiva muestra que los bloques que más aportaron para alcanzar los 149 votos fueron los declarados independientes (de Semilla, UNE, Nosotros, Viva y Vos), con 37 votos; Vamos, con 33; Cabal, 18 y la UNE, 17.
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El diputado Pérez señala que lo anterior ocurre porque hay legisladores, principalmente los distritales, que esperan beneficios del gobierno y por eso optan por no entrar en un choque directo con este.
Es una señal de cómo se negocian los votos en el Congreso, sobre una lógica transaccional.
«Cerramos algunos acuerdos con bloques que estaban integrando la junta directiva (2026) del otro lado. Entonces, ante la imposibilidad de conformar una planilla, se le cayó el acuerdo a Álvaro Arzú, Allan Rodríguez, Felipe Alejos, de Sandra Torres… y finalmente, ellos terminaron votando de este lado para intentar tener algún tipo de beneficios del Ejecutivo para 2026, o no entrar en una confrontación directa», indica Pérez.
Victoria Godoy Palala, de Semilla; José Chic, de Vos, y Juan Carlos Rivera, de Victoria, también han observado este patrón. Aseguran que es recurrente que diputados que inicialmente se oponen a algunas iniciativas, se «suban» a estas después de observar que superan los 81 votos en el pleno.
Godoy Palala señala que, en el caso de la elección del presidente del Congreso, la mayoría de legisladores quieren llevar una relación cordial con este, porque tiene a cargo decisiones administrativas que van desde la gestión de un salón para trabajo de comisiones y asignación de oficinas, hasta agilizar la contratación de personal de confianza.
«Después del (voto) 81, nadie quiere quedarse fuera porque ya pasó, ya está marcado y es mejor congraciarse con quien va a ser presidente del Congreso. Luego, es fácil llegar a decir “yo sí voté por ti”. Estos 149 que votaron no es que tengan conversaciones con nosotros. Lo hemos visto en todas las elecciones, en muchas leyes en las que no están de acuerdo por algún sector en específico y una vez pasa, se suben», dice la diputada electa con Semilla.
También es una forma de no quedar al margen de la recomposición de fuerzas dentro del Congreso, aunque en un corto tiempo puede cambiar drásticamente.
«Lo que les permite, por ejemplo, es que no vean su agenda legislativa detenida, sino es parte de congraciarse, decir “bueno, yo sí te apoyé, no vayas a dejar de leer mis iniciativas”. Porque eso sí ha pasado, se prioriza la agenda de quienes se suman y quienes tenemos un acuerdo… quienes tienen un acuerdo. Creo que nadie se quiere pelear con el presidente del organismo al que pertenecés», agrega Godoy Palala.
Rivera sostiene que se está emjpezando una nueva alianza que puede llegar a consolidarse, pero la votación por la directiva de 2026 dio una imagen alterada de los alcances de esta recomposición. El máximo de esta apenas llega a la mayoría absoluta (81 votos), pero depende de que se mantengan alineados los votos de los ocho bloques representados en la directiva, más los 37 declarados independientes por órdenes judiciales.
Pero mantener esa unidad por tanto tiempo en el Congreso es complicado, como lo evidenció la disputa entre las facciones Raíces y Semilla por la participación del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) en el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), por el conflicto de intereses que esto representa.
Finalmente, el 25 de noviembre, los diputados de Raíces votaron a favor de la reforma que no solo mantuvo a los empresarios con poder de decisión sobre los proyectos que a sus miembros les interesan, sino que dejó con mayoría proempresarial al Conadie, pues sus miembros se redujeron de ocho a cinco. Después de tener cuatro ministros y un secretario de gobierno, el Conadie solo tendrá dos ministros, de Economía y Finanzas; el director del Pronacom (afín al sector empresarial) y los presidentes del Cacif y de la CGC.
Arévalo y la operación en el Congreso
De acuerdo con diversas fuentes parlamentarias, la elección de Luis Contreras Colindres como presidente del Congreso se definió después de que obtuvo el respaldo político de Bernardo Arévalo.
«El presidente Bernardo Arévalo le otorgó su confianza, él fue quien dijo que él (Contreras) era una persona que podía presidir el Congreso. Entiendo que tuvieron una buena relación en la legislatura pasada y por eso fue que bajo el visto bueno del presidente Bernardo fue que se empezó a conformar esta junta con Luis Contreras en la presidencia», asegura Samuel Pérez.
No obstante, Godoy Palala dice que la elección de Contreras en la presidencia del Legislativo no fue algo que decidió Arévalo. Mario Gálvez, de la UNE, lo atribuye al trato del nuevo presidente del Congreso con sus colegas, a quien define como alguien conciliador, un perfil idóneo, según Gálvez, en un parlamento atomizado y con múltiples intereses.
Al respecto, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia responde: «La elección del diputado Luis Contreras fue resultado del consenso entre las bancadas aliadas, reflejado de manera en la votación del Congreso».
Y ante la pregunta de si hubo algún ofrecimiento a diputados, a cambio de votar por una directiva en particular, la Secretaría dice: «No hubo absolutamente ningún ofrecimiento de obras, proyectos, presupuestos ni favores políticos de ningún tipo. El presidente Arévalo sostiene reuniones periódicas con distintas bancadas del Congreso para coordinar la agenda legislativa y promover el trabajo conjunto entre Ejecutivo y Legislativo».
Luis Contreras es el diputado de más edad en el Congreso, con 75 años, y suma seis períodos consecutivos como legislador. Estudió ingeniería mecánica en el Tritton College, de Illinois, Estados Unidos, según su hoja de vida pública. Es representante de San Marcos y ha integrado la comisión legislativa de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. Además, fue segundo secretario de la directiva del Congreso 2016-2017 que presidió el exdiputado Mario Taracena.
Ya en la operación en el Congreso, Samuel Pérez sostiene que una de las negociaciones que definió la directiva fue lograr los votos de los grupos comandados por Luis Aguirre, de Cabal, y de Elmer Palencia, de Valor, quienes inicialmente tenían negociaciones avanzadas con la oposición más férrea en el Legislativo, que finalmente no presentó planilla para competir.
Palencia sostiene que su participación en la directiva que finalmente fue electa se definió a pocos días de la votación. La correlación de fuerzas no era la misma semanas atrás, cuando la oposición intentó llevar a cabo la elección.
La alineación de votos no han sido sólidas ni graníticas, no podrían llamarse alianzas.
Tener la chequera del Estado o aparentarlo
«Se escuchó que la alianza de Allan (Rodríguez) y (Álvaro) Arzú buscaba tomar el control de la directiva. Vimos la conferencia de Álvaro Arzú, con integrantes de la Comisión de Finanzas, para mandar un mensaje al pleno donde ellos demuestran que tienen el control del dictamen del Presupuesto, luego lo del veto y la aprobación del decreto 7 (2025) que fue una estrategia para decirle a los diputados “miren, no necesitan una alianza con el Ejecutivo porque nosotros como oposición tenemos el control de la Comisión de Finanzas, rechazamos el veto del presidente, garantizamos los recursos para los alcaldes por medio de los extraordinarios”, creo que esa es la estrategia que ellos tenían, pero creo que lo importante es que muchos diputados reflexionaron», así describe el diputado de Victoria, Juan Carlos Rivera, una de las disputas previo a la elección de la directiva y la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2026.
La escena que recrea Rivera se produjo a inicios de octubre, cuando el diputado Álvaro Arzú aseguró que había reunido a 14 integrantes de la Comisión de Finanzas que estaban dispuestos a trabajar por el dictamen de la iniciativa del Presupuesto General, aunque esa debe ser una decisión de la sala de trabajo en conjunto conformada por todas las bancadas. Reunió a diputados de los bloques UNE, Nosotros, Vamos, Elefante, Viva y Todos.
Sin embargo, las palabras de Arzú y sus acompañantes no surtieron el efecto que esperaban. El 25 de noviembre, en una sola jornada, extendida hasta la madrugada, el Congreso aprobó ocho decretos y dos acuerdos legislativos, entre estos el Presupuesto General de la Nación del próximo año, de 163,469 millones de quetzales, y cinco préstamos con bancos internacionales por 1,350 millones de dólares.
Dentro de los puntos más cuestionados del Presupuesto 2026, se encontraba la asignación de 2,435.5 millones de quetzales para 157 oenegés que debían ser financiadas con fondos de los ministerios de Salud, Educación, Gobernación, Desarrollo Social, Economía y Agricultura.
Otra de las herramientas de negociación política en el Congreso es la asignación de presupuesto a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). El Presupuesto 2026, que suspendió la Corte de Constitucionalidad (CC), incluía un aporte extraordinario de 6,312 millones de quetzales para ejecutar, principalmente obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de desechos. Pero la asignación, hecha sin criterios técnicos, también permitía ejecutar todo tipo de obras de movilidad, transporte, educación, salud y construcción de edificios de usos múltiples.
A estos recursos, se sumaban los aportes ordinarios a los Codedes, de 4,509 millones de quetzales, así como los saldos pendientes de ejecutar entre 2024 y 2025 que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) estimó en 5,820 millones.
Es decir que para este año, los Codedes habrían dispuesto de un presupuesto superior a los 16 mil millones de quetzales, meses antes de la campaña electoral para los comicios de 2027.
Las aprobaciones también incluyeron el presupuesto interno del Legislativo que mantiene el ampliamente cuestionado salario de 66,300 quetzales para los diputados —cifra que representa 16 veces el salario mínimo para actividades no agrícolas en el departamento de Guatemala—, así como la reforma a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, con la que se mantuvo el poder decisión del Cacif y la CGC en el Conadie. El Presupuesto del Congreso no fue suspendido por el tribunal constitucional.
La CC suspendió el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso por errores de forma en el trámite legislativo, como que la iniciativa del plan de gastos no se leyó completa en septiembre pasado y que el dictamen favorable del proyecto supuestamente se emitió fuera de plazo. El Ejecutivo anunció que propondrá una ampliación al presupuesto vigente.
Una directiva con doble candado
El oficialismo justifica que la conformación de la junta directiva para el 2026 se hizo con miras a las elecciones indirectas de este año, cuando el Congreso debe convocar a la comisión de postulación que nominará candidatos a fiscal general, así como elegir un magistrado titular y otro suplente de la CC, cinco del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al nuevo jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
El diputado Samuel Pérez sostiene que, si la directiva la ganaba la oposición, encabezada por Allan Rodríguez y Álvaro Arzú, ese órgano habría entrampado las elecciones. Elmer Palencia, de Valor, opina diferente y niega que el objetivo de los opositores sea el de entorpecer dichos procedimientos.
Con ese objetivo, sostiene Pérez, se buscó que tanto el primer secretario como el primer vicepresidente del Congreso fueran de los legisladores más cercanos al oficialismo. En el primer cargo fue electo Juan Carlos Rivera, de Victoria, mientras que en el segundo, Nery Ramos, de Azul.
«La directiva sí tiene una mayoría suficientemente cómoda de personas que están comprometidas con este mismo objetivo (elecciones de 2026) y tiene doble candado en el sentido que hay un primer secretario de junta directiva que no ha mostrado pero ninguna ocasión estar distanciado de estos objetivos, que es Juan Carlos Rivera. En todo caso, si en algún momento Luis Contreras, por alguna cuestión distrital, tiene que estar ausente del pleno, está el presidente Nery Ramos listo para sustituirlo en cualquier momento», asegura Pérez.
El papel del primer secretario durante las sesiones del pleno es clave, pues controla los tiempos de las votaciones y tramita las mociones que se presentan durante el pleno.
El diputado Rivera lo explica así: «En el tema de secretarios, la ley Orgánica permite que cualquier persona pueda tomar el control de la secretaría. La resolución que la CC nos envió el año pasado nos obliga a respetar el orden en el cual fuimos electos, así que la Secretaría 1 que voy a dirigir el otro año sí jugará un papel importante porque si estoy en el pleno yo tengo la prioridad y la facultad legal de tomar la conducción de la sesión y la secretaría es la que abre y cierra las votaciones y esperamos hacer un buen trabajo en beneficio de nuestro país».
Sin embargo, las decisiones más importantes del Congreso no solo pasan por la junta directiva y muchas de las negociaciones políticas se disputan también en la junta de Jefes de Bloque y los cabildeos de los bloques, en última instancia, se concretan en el pleno, opina la analista Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, que fiscaliza las elecciones de autoridades electorales y de justicia.
Es decir —contrario a la afirmación del oficialismo—, para Ibarra la sola elección de la junta directiva del Congreso no es garantía de respeto sobre los tiempos en los procesos de elección del próximo año y tampoco se le acerca a que cuadros idóneos lleguen a puestos de decisión.
«Todo el mundo dice que si Arzú y Allan dirigían la directiva no iba a avanzar nada. Pero el hecho de que algo no avance depende de muchos otros factores, no de si es (presidente) Luis Contreras o Álvaro Arzú, o Nery (Ramos). Son muchos otros factores porque el poder legislativo no lo tiene la junta directiva; el poder administrativo, sí», señala la directora de Pro Justicia.
El diputado Mario Gálvez, UNE, opina en la misma línea, que los acuerdos en esta legislatura son de corta duración y deben negociarse cada semana, o en cada coyuntura como en noviembre de 2025: «Habrá que negociar cada orden del día, porque el verdadero pulso político es la Instancia de Jefes de Bloque, no necesariamente el momento de la reunión. Ahí es donde va a estar la habilidad y yo le digo que puede jugar un papel muy importante la experiencia del presidente electo; él sabe que para tener gobernabilidad y avanzar una agenda, necesita tener los consensos y las líneas de comunicación política abiertas».
Esta otra conclusión de Ibarra refiere que no todo está escrito sobre las elecciones programadas para 2026: «Para cada elección, los intereses de cada grupo cambian. No son siempre los mismos».
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