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Integrantes de las Fuerzas Especiales y del Ejército participan en el operativo para tomar el control de la cárcel de máxima seguridad denominada Renovación I el domingo 18 de enero, en Escuintla. EFE / Alex Cruz

Motines y política: los ataques sincronizados en un año clave

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Motines y política: los ataques sincronizados en un año clave

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La escalada de violencia que vivió Guatemala en menos de 72 horas dejó nueve agentes de la PNC asesinados a manos de pandilleros, tras una jornada de revueltas en tres prisiones. El gobierno declaró estado de sitio por un mes en todo el país.

La escena de un reo de «alta peligrosidad» que graba y transmite un video, desde la prisión, en el que pide dar golpe de Estado al presidente de la república parece absurda. Pero la temporalidad y el contexto político del país le agrega complejidad. 

Quien hizo la solicitud es Mario Roberto Barneond García, condenado en 2015 por extorsión. Refirió que el exdiputado Aldo Dávila también pidió la renuncia de Bernardo Arévalo y el legislador Carlos Calderón lo tachó de mentir. 

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Los hechos violentos de los últimos tres días atribuidos a las pandillas no solo ocurrieron de forma simultánea, sino en medio de la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio Público (MP). El presidente Arévalo aseguró que detrás de estas acciones están «mafias político-criminales». 

Este año, además, el Estado debe renovar los magistrados del máximo tribunal del país, la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Horas antes de los motines 

Previo al inicio del levantamiento de reos, la tarde del 16 de enero, un tribunal de mayor riesgo rechazó la solicitud de aceptación de cargos de María Marta Castañeda Torres, sobrina de la excandidata presidencial Sandra Torres, en un caso conocido como La Sexta.

Según reportes de prensa, Castañeda Torres es pareja de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias «el Lobo», líder del Barrio 18, uno de los reclusos de Renovación I, una cárcel de supuesta máxima seguridad, antes llamada «El Infiernito», que el gobierno de Arévalo reacomodó a finales de 2024.   

Las tomas de las prisiones

El 17 de enero, un día después de que el mandatario presentó el informe de su segundo año de gobierno, las prisiones Renovación I, Preventivo zona 18 y Fraijanes II amanecieron con reos amotinados y exigiendo que les devolvieran privilegios. 

Esta no es la primera vez que durante el gobierno de Arévalo ocurren motines sincronizados. El año pasado también ocurrieron varias de estas acciones de manera prolongada durante meses. Fue entonces que supuestamente ocurrieron las fugas de 20 pandilleros del Barrio 18. 

Ataques a policías 

En la madrugada del 18 de enero, la Policía y el Ejército retomó el control de Renovación I y controló a «el Lobo». Sin embargo, horas después se perpetraron ataques con armas de fuego dirigidos a agentes de la PNC. 

El Ministerio de Gobernación confirmó que el fallecimiento de siete policías durante las agresiones y el deceso de uno más fue confirmado por el seguro social. Además del estado de sitio, el gobierno decretó tres días de duelo nacional. Un policía más falleció la mañana del lunes.

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Los hechos de violencia los aprovecharon potenciales candidatos a la presidencia, como Sandra Torres, Carlos Pineda y Zury Ríos para criticar las fallas del actual gobierno. 

Bernardo Arévalo llamó terroristas a los pandilleros, pero hace seis años consideró que las pandillas no cumplían con una motivación política y que darles esa dimensión los legitimaba y volvía más peligrosos. 

«Su reconocimiento como grupos terroristas, conlleva a que su respuesta se vea obligada a que el nivel de estructura que actualmente manejan, evolucione hacia modelos organizativos y operativos más fuertes, con lo cual también conlleva a que aumenten su capacidad de cometer actos delictivos y el nivel de violencia de los mismos», consideró Arévalo en 2020.

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