Jazmín de la Vega, los pagos que la dejaron fuera del gobierno y los nexos con Vamos, FCN y Líder
Jazmín de la Vega, los pagos que la dejaron fuera del gobierno y los nexos con Vamos, FCN y Líder
Para limpiar uno de los ministerios más señalados de corrupción, Jazmín de la Vega, extitular del CIV, se rodeó de un exviceministro denunciado por lavado de dinero y de personas que estuvieron relacionadas con los partidos Vamos y los extintos FCN-Nación y Líder. Con 142 días de trabajo, la arquitecta fue expulsada del gobierno luego de avalar pagos millonarios a constructoras cuestionadas, algunas conectadas con estas mismas agrupaciones políticas.
Unos 20 periodistas bombardearon a Jazmín de la Vega. La exministra, parada detrás de un podio en un salón del Hotel Intercontinental, respondió durante poco más de una hora preguntas sobre su remoción como jefa del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), al que llegó por sugerencia que la Cámara Guatemalteca de la Construcción dio al presidente Bernardo Arévalo.
La exfuncionaria organizó la rueda de prensa el 21 de mayo, cuatro días después de que el mandatario la removiera por autorizar pagos a constructoras de proyectos viales «fuera del procedimiento de control acordado». «Destituyeron a su mejor ministra», lamentó De la Vega con una sonrisa forzada frente a los reporteros.
Horas antes de aquella conferencia, el secretario general y la secretaria privada de la Presidencia revelaron en una reunión con diputados del Congreso los nombres de tres de las compañías a las que la exministra favoreció al incumplir el trato con Arévalo, quien ordenó escalonar pagos a contratistas cada tres meses como máximo, entre otras normas para evitar la corrupción.
Las firmas eran: Construcciones Integrales Avanzadas (Ciansa), Coamco y Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM). Los desembolsos para las tres, efectuados en marzo y mayo, suman unos 66,858,000 quetzales.
La primera empresa está ligada con Gustavo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colom implicado en cinco casos de corrupción. Las otras dos están involucradas en un supuesto esquema de financiamiento ilícito para la última campaña electoral de Alejandro Giammattei, según un reportaje de El Faro de 2022.
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«Yo no veía nombres ni propietarios, solo rutas. ¿Qué hace usted si ya está contratada una obra y la necesita la población?», respondió De la Vega cuando Plaza Pública le cuestionó al final de la conferencia si no consideró el historial de las constructoras para distribuir los pagos.
Estos contratistas no son los únicos que conectan a la exministra con la sombra de gobiernos pasados. Cuatro personas que integraron su círculo de confianza en el CIV ocuparon espacios o intercedieron a favor de los partidos Vamos, FCN-Nación y Líder. Estas tres organizaciones dirigieron el Organismo Ejecutivo o mantuvieron una cuota de poder en el Congreso en los últimos 15 años. Una quinta persona del entorno cercano de De La Vega afrontó una investigación por pedir supuestos sobornos cuando era funcionario en la gestión del exmandatario Otto Pérez Molina.
De estas cinco personas, tres fungieron como asesores de la exministra: Luis Adrián Ruiz, Elizabeth Donis y Édgar Aguilar. Las otras dos trabajaron en el vicedespacho administrativo: Karla Alvarado como viceministra e Ingrid Chavarría como directora financiera.
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Cuadros del pasado
En una entrevista con Plaza Pública, después de su salida del CIV, De la Vega reconoció que a Ruiz, Alvarado, Donis y Aguilar les invitó a trabajar directamente en la cartera.
Con los primeros dos se relaciona a través de amistades desde hace más de cinco años, mientras que a los últimos los conoció hace dos décadas en actividades del Partido de Avanzada Nacional (PAN). De 1996 a 1998, la arquitecta fue diputada del Congreso por esta agrupación, fundada por el expresidente Álvaro Arzú.
Ruiz, denunciado por lavado de dinero en 2012 cuando fungió como viceministro de Alejandro Sinibaldi, fue «la mano derecha» de De la Vega, según tres fuentes que lo vieron trabajar en el CIV de marzo a mayo. Las tres prefirieron omitir su nombre por seguridad, pero aseguraron a Plaza Pública que el exfuncionario conocía la agenda de la exministra y estuvo en sus reuniones.
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La arquitecta negó que Ruiz fuera su principal consejero y se limitó a describirlo como «el responsable» de algunos proyectos de infraestructura vial que le encargó impulsar.
Una de las tareas del exviceministro de Sinibaldi en la administración de De la Vega fue dirigir un plan para bachear y señalizar carreteras turísticas antes de la Semana Santa. También organizó iniciativas para mejorar caminos rurales y dotar de tecnología a establecimientos de salud.
«Yo no tuve poder de decisión de absolutamente nada, más que organizar equipos. [...] Nunca tuve acceso a temas financieros, como pagos a contratistas», declaró Ruiz a Plaza Pública.
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Ruiz también fue candidato vicepresidencial del partido Poder en los comicios de 2023. Como asesor del CIV aseguró que nunca firmó un contrato de servicios con la cartera y sostiene que no cobró por sus asesorías. El portal Guatecompras tampoco da cuenta de ello. Ruiz añadió que tampoco forma parte del equipo del nuevo jefe del CIV, Félix Alvarado.
Sin embargo, asistía con regularidad a la cartera. De acuerdo con los registros de visitas al ministerio, a los que Plaza Pública accedió a través de una solicitud de información, de marzo a mayo, Ruiz entró y salió 13 veces de la oficina superior del CIV. Algunas de sus estadías duraron más de ocho horas.
Aguilar, el segundo consultor de De la Vega, entró y salió del despacho más alto del ministerio en nueve ocasiones en el mismo período. Desde esa oficina se dedicó a ser el enlace entre la exministra y el Organismo Legislativo: canalizó solicitudes de reuniones y otras peticiones que los congresistas enviaban a la arquitecta.
Esas atribuciones no fueron extrañas para Aguilar, quien a lo largo de 2022 asesoró al bloque FCN-Nación en el Congreso. En el CIV fue contratado en marzo de 2024. El acuerdo estipuló un salario de 16,000 quetzales mensuales, pero fue rescindido el 22 de mayo, tres días después de que Félix Alvarado asumiera como ministro.
Donis llegó a la cartera un mes antes que Aguilar, en febrero de 2024. Luego de ser diputada del Legislativo durante ocho años con el PP, la UNE y Líder, volvió al ruedo político para acomodar la agenda profesional de la exministra.
La excongresista fue contratada con un salario de 24,000 mensuales, pero renunció al cargo en la segunda semana de junio, según confirmó a Plaza Pública.
Jazmín de la Vega colocó a sus alfiles en el viceministerio administrativo y financiero del CIV desde enero. En la cabeza de esa unidad nombró a Karla Alvarado, quien en el proceso electoral de 2019 intentó ser diputada del Parlacén con la bandera de Vamos, la organización política de Giammattei.
En ese vicedespacho, la misión de Karla Alvarado fue solicitar al Ministerio de Finanzas (Minfin) cuotas del presupuesto estatal para remunerar a las constructoras que laboran para el CIV. De acuerdo con la planilla de abril publicada en el portal web de la cartera, la exviceministra ganaba 31,624 quetzales al mes. Arévalo también la destituyó en mayo.
De acuerdo con De la Vega, Chavarría llegó a su equipo de la mano de la viceministra Alvarado. Como directora financiera, su papel es más burocrático: confirma la viabilidad en el presupuesto ministerial para realizar los gastos destinados a los proveedores. En la tercera semana de julio, el CIV confirmó a este medio que Chavarría todavía continuaba en su puesto.
La directora, quien favoreció a los candidatos ligados a Vamos en la última elección del contralor general de cuentas, gana 12,727 quetzales mensuales, de acuerdo con la información pública colgada en el sitio web de la cartera.
A juicio de la exministra De la Vega, estas cinco personas tenían «fortalezas» para desempeñarse en las tareas que les asignó mientras estuvo en el CIV. Cuatro pasaron por los partidos de los que Arévalo, su jefe en el gabinete, intentó diferenciarse en la época electoral.
«Cuando me hablaron para ser ministra, lo primero que dije fue que quería la mesa limpia. [...] Llevar a mi personal de confianza y así fue», recalcó.
De las tres agrupaciones partidistas, solo Vamos sigue activa en la política nacional. Karla Alvarado se desmarca de la dirigencia actual del grupo, que lidera la oposición al Movimiento Semilla en el Congreso.
«A mí me llamaron para ser candidata (en 2019) por mi perfil profesional. Yo nunca he respondido a un partido político», afirmó a Plaza Pública.
Chavarría declinó detallar sus lazos con Vamos para este reportaje. Aguilar y Donis se distanciaron de las agrupaciones por las que caminaron antes de trabajar para la exministra De la Vega.
El exconsultor legislativo afirmó que dejó de vincularse con los militantes de FCN-Nación ―cancelado por falta de votos luego de los comicios de 2023― cuando concluyó su contrato en el Congreso.
«No hubo pleitos, simplemente las personas van y vienen», dijo.
Donis sostuvo que abandonó Líder después de perder su reelección como diputada en 2011.
«No se puede generalizar a las personas que estuvimos en política. [...] En el partido había mucha diferencia entre gente honesta y gente que no. No me interesa relacionarme con ellos», mencionó en referencia a la familia de Manuel Baldizón, quien fundó el partido en 2010 y nueve años después fue condenado por lavar dinero del narcotráfico en Estados Unidos.
Grifo de la corrupción
Para permanecer en su cargo los cuatro años de gobierno, a Jazmín de la Vega no le alcanzó ser la ministra que interpuso más denuncias por presuntos actos corrupción en los primeros 100 días de administración semillista.
El presidente la removió del cargo el 17 de mayo por desobedecer las reglas que, junto con el Minfin, definió para remunerar a contratistas de infraestructura vial: no repetir pagos en meses consecutivos, sincronizar gastos de empresas ejecutoras y supervisoras de obras, pagar a compañías con avances físicos y financieros alineados y repetir desembolsos cada tres meses como máximo. Para corroborar el estado de cada proyecto, el CIV dispone del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Arévalo nunca publicó la lista de todos los pagos que violaron el procedimiento ―además de los que recibieron Ciansa, COAMCO y SCM―, pero Plaza Pública obtuvo un informe que da una luz.
El documento, elaborado por el vicedespacho administrativo del CIV y entregado a la bancada VOS el 20 de mayo, muestra que Jazmín de la Vega autorizó desembolsos a 74 empresas del 1 de marzo al 17 de mayo. Los montos individuales que cada constructora recibió oscilan entre los 13,000 y los 29 millones de quetzales. En conjunto, la cartera gastó 351,948,000 quetzales. Si se compara, la cantidad equivale a la que el Ministerio de Salud pidió en 2023 para darle prestaciones a parte de su personal salubrista.
De los 74 en el reporte, 13 contratistas recibieron dos o tres abonos en meses consecutivos o solo con abril de por medio. De estos, cuatro tienen nexos con casos de corrupción. Dos están conectados con Vamos, dos con el Partido Patriota (PP), uno con Líder y otro con FCN. La compañía con la factura más alta fue SCM (con un total de 30,691,000 quetzales) y la que menos sumó fue Inaser (534,000 quetzales).
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En la rueda de prensa en el hotel capitalino, De la Vega explicó que priorizó a estas 74 empresas porque tenían en sus espaldas obras que «por el beneficio de las comunidades, no debían dejarse tiradas por falta de pago». La arquitecta puntualizó a este medio que 13 de esos proveedores repitieron abonos porque así lo consensuó con las compañías para avanzar los proyectos.
Plaza Pública visitó dos de esas obras para constatar si los quetzales gastados en cada una corresponden al avance físico alcanzado en el terreno, o si el progreso en el trabajo es menor al monto de dinero entregado.
La primera obra recorrida es un camino de concreto de tres kilómetros que une la aldea Las Ovejas con la colonia Jorge Mario Barrios Falla, en El Jícaro, El Progreso. Está adjudicada a Imesa, cuyo representante legal dio aportes a la campaña de FCN de 2015.
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La segunda es una vía de 32 kilómetros de asfalto que conecta a Tecpán con San Martín Jilotepeque, en Chimaltenango. Está a cargo de SCM, involucrada en un esquema de financiamiento anómalo a la propaganda de Vamos en 2019.
En la primera, el dinero que gastó el contratista coincide con el avance en la pavimentación del camino. En la segunda, no. Este medio constató que solo 13 de los 32 kilómetros de la carretera en Chimaltenango están asfaltados, lo cual representa el 41% de la obra. Según el registro del contrato en Guatecompras, la constructora ya ejecutó 126,871,000 quetzales, que cubren el 60% de los 211,438,000 quetzales que se espera que valga el nuevo camino.
A pesar de la discrepancia entre el avance físico y el financiero de la obra, De la Vega autorizó que SCM recibiera más dinero. Desde que se firmó en 2020, el contrato de la carretera ha crecido un 19% gracias a cuatro ajustes acordados por la empresa y el ministerio. Tres fueron avalados durante la gestión de Giammattei y otro en el mandato de Arévalo.
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Uno de los argumentos que la constructora usó para justificar los incrementos fue que en la terracería encontró material imprevisto que debía eliminar antes de asfaltar. SCM no atendió los pedidos de entrevista que Plaza Pública planteó por teléfono y en sus oficinas para conocer qué otros retrasos ha enfrentado.
El CIV estima que la empresa deberá concluir la obra en noviembre de 2024; sin embargo, la compañía recibió dos abonos que incomodaron a Arévalo.
En la conferencia de prensa, la exministra dio otra razón para resistirse a obedecer al presidente: para ella, los proveedores de obras como la de Chimaltenango deben percibir pagos cada mes.
«No me presté a acatar órdenes manifiestamente ilegales», declaró con un tono molesto ante la veintena de reporteros.
¿Es en verdad ilegal el procedimiento de retribuciones que defiende Arévalo? En realidad, no. La Ley de Contrataciones del Estado deja un vacío que permite a las oficinas estatales escalonar pagos a proveedores.
Para cobrar cualquier monto, las empresas deben dar a los funcionarios estimaciones de pago, que son documentos que resumen el trabajo que completaron durante un período y el cálculo del dinero que deberían ganar por él.
La normativa de contrataciones públicas ―en sus artículos 59 y 62― solo establece que las instituciones gubernamentales disponen de 30 días para retribuir a los contratistas una vez aprueben las estimaciones. No regula el tiempo que debe pasar entre la presentación de la solicitud de pago y su visto bueno.
Según Heizel Padilla, gerente para Guatemala de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Infraestructura Pública (CoST, por sus siglas en inglés), «siempre hay una salida legal (para espaciar pagos)».
Es decir, De la Vega habría podido cumplir el procedimiento de Arévalo. «Se vio mal que no se pusieran de acuerdo en el gabinete», opina Padilla.
Cada mes o cada trimestre, entregar sumas millonarias a constructores de obra pública no es poca cosa. El sector, según un estudio de 2015 que divulgó la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), es uno de los canales para financiar de forma ilegal la política.
Félix Alvarado, un académico afín al Movimiento Semilla y ajeno al campo de la construcción, es el relevo que Arévalo colocó en el CIV para lidiar con la maraña de contratistas y cerrar el chorro de la corrupción. Por el momento, su cartera mantendrá como guías los cuatro criterios para pagar a las compañías encargadas de sostener la red vial de Guatemala, una de las peores en América Latina.
El 11 de julio, casi dos meses después de asumir, Alvarado hizo su primera gran movida para alinearse al discurso de transparencia de Arévalo. En un salón del Palacio Nacional, aseguró que en la cartera opera una «estructura criminal» que entorpeció la contratación de una empresa encargada de reparar el hundimiento que se formó a mediados de junio en la autopista Palín-Escuintla.
El ministro destituyó a Gilberto Guerra, el director general de Caminos, a quien acusó de haber obligado a uno de los integrantes de la junta evaluadora de ofertas a retractarse de su participación para alterar el proceso de compra. El exdirector negó el señalamiento en un mensaje telefónico enviado a Plaza Pública.
Sobre Alvarado pesa el encargo del presidente de eliminar esta y otras posibles irregularidades en las contrataciones que haga el CIV. Detrás del académico hay un museo de exministros perseguidos por acusaciones de uso indebido de recursos públicos. Los últimos siete jefes de la cartera afrontan señalamientos o investigaciones penales por dudas en la manera en la que adjudicaron contratos o remuneraron a empresarios de infraestructura.
La propia Jazmín de la Vega fue la más reciente en unirse al grupo, aunque ella rechaza toda acusación: «Doy fe de que nadie cometió ningún acto de corrupción mientras yo estuve en el ministerio, al menos en lo que a mí me compete».
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