Desde que empezó la pandemia, Natalia Kanem (UNFPA) señaló como graves problemas el incremento de la violencia contra niñas y mujeres, el incremento de la carga del trabajo de cuidados y la desatención de los derechos sexuales y reproductivos. En consecuencia, a las reivindicaciones por el cese de la violencia se ha sumado el reclamo por el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, así como por una educación integral en sexualidad, la única manera de prevenir los embarazos en niñas y adolescentes, y por una educación en el respeto de las diferencias.
A estos problemas se suma el alarmante avance de los fundamentalismos religiosos, que impiden el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y que con sus posiciones ideológicas ponen en riesgo las vidas de niñas y de mujeres. Tenemos como ejemplo la penalización del aborto, incluso involuntario, en tres países de Centroamérica.
En Nicaragua, desde 2006, el Código Penal castiga el aborto bajo cualquier circunstancia. En El Salvador, la penalización se encuentra en la misma Constitución de la República. Y Honduras endureció recientemente dicha criminalización al introducir un cambio constitucional. Esta iniciativa legal fue presentada el 11 de enero de 2021 por el diputado Mario Pérez, del Partido Nacional, el que gobierna. Tal iniciativa fue denominada Escudo contra el aborto en Honduras.
Honduras tiene una de las tasas más altas de embarazos adolescentes de América Latina. Según datos de Naciones Unidas, «uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años».
De acuerdo con declaraciones dadas por el diputado Mario Pérez al diario hondureño La Tribuna, «esta reforma surge por la ola de reformas constitucionales en países de América Latina, impulsadas por gobiernos de izquierda dirigidos a legalizar el aborto, como sucedió en Argentina».
[frasepzp1]
Las declaraciones del diputado evidenciaron su desprecio por la vida de las mujeres. También enfatizó: «El Partido Nacional es provida y votará a favor de esta reforma, que representa un candado a la legalización del aborto. Y el que no lo quiera y desea que se apruebe la muerte de un bebé en el útero de la madre, que vote en contra».
A pesar de las reacciones de condena por parte de organizaciones de derechos humanos y de las mismas Naciones Unidas, que señalaron el grave retroceso que esto significa para la vida y la salud de las mujeres, la posición retrógrada se mantuvo.
Evidentemente, el desprecio por la vida de las mujeres es consecuencia del sistema patriarcal. Y la crueldad inhumana hacia los cuerpos y las vidas de las mujeres se refleja en este tipo de iniciativas legales, así como en las declaraciones prepotentes de quienes detentan el poder.
La cerrazón ante los argumentos científicos y de derechos humanos es parte de la soberbia y de la ignorancia que suelen caracterizar a quienes asumen posiciones contrarias a la auténtica vida.
En el caso de Guatemala, las cifras de inicio de año son realmente escalofriantes: 23 víctimas de feminicidio en lo que va del año, de acuerdo con las cifras del Ministerio Público. Ante la amenaza de retrocesos favorecidos por la pandemia de covid-19, debemos alzar nuestras voces para frenar la embestida de retrocesos que nos abruma.
Más de este autor