Vicepresidenta de la CIDH: «Pueden cambiar los gobiernos, pero si no cambia la forma de actuar de la justicia, la democracia en Guatemala seguirá en crisis»

En dos salones de un hotel de la Ciudad de Guatemala se realizaron 28 audiencias públicas en una semana. En cada una de ellas abundaron las denuncias, estadísticas, registros y testimonios de miles de personas en todo el continente que llevaron sus casos ante la Comisión. 

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Allí se escucharon desde relatos de migrantes venezolanos que fueron torturados en la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, CECOT; a relatos de jueces guatemaltecos perseguidos por el propio sistema judicial; de víctimas del desplazamiento interno en México causado por el crimen organizado, a personas sudamericanas afectadas por las operaciones de seguridad extraterritorial realizadas por Estados Unidos.

Cada país de la región contaba su propia tragedia: opositores políticos privados de libertad en Cuba y Nicaragua; activistas en Honduras y Brasil perseguidos por empresas mineras debido a su defensa de los recursos naturales. En otros casos, las denuncias de violaciones a los derechos humanos trascendían las fronteras, como en el caso de las audiencias temáticas sobre violencia de género, prácticas para modificar la orientación sexual e identidad de género, periodistas perseguidos y forzados al exilio por los gobiernos de sus países, y los casos de migrantes enviados a países sin ninguna conexión debido a las presiones del presidente Donald Trump para que los gobiernos de la región acepten los acuerdos para recibir deportados de otras nacionalidades. 

Para abordar el significado de las problemáticas a las que se enfrenta el continente, Andrea Pochak, relatora para Guatemala y vicepresidenta de la CIDH, habló con Plaza Pública un día después del cierre de las audiencias. 

―Para empezar quisiera hablar sobre el discurso que dio para inaugurar el 196 Periodo de Sesiones. Mencionó lo importante que es este momento que atraviesa Guatemala para recuperar las instituciones judiciales y que desde ya se detectaron irregularidades en los procesos. Una semana después de haber tenido tanta información y tantas reuniones, ¿cambia esta perspectiva, se amplía, se confirma? 

―Lo que nosotros hemos hecho esta semana fue confirmar gran parte del diagnóstico que hicimos en nuestro informe del año pasado, donde detectamos enormes problemas que tiene la democracia de Guatemala y sobre todo la administración de justicia. Con esta semana podemos confirmar lo que veníamos diciendo, las cosas no han cambiado. Hay procesos de selección de autoridades que tuvieron lugar el año pasado, algunos que tienen lugar ahora y que no terminan de ser del todo transparentes y correctos.

La Comisión viene advirtiendo algunas denuncias que se fueron formulando en el proceso de selección, por ejemplo, de la Corte de Constitucionalidad, de cómo se hicieron operativos fiscales el día de la votación en el Colegio de Abogados, de cómo se limitó la votación a disciplinas afines a la abogacía por primera vez, cuando siempre habían podido votar, del día de la votación para la elección en el Congreso, donde también hubo operativos fiscales en la calle y hubo algunas personas que denunciaron interferencias externas en la selección.

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Entonces los procesos de selección en Guatemala que son muy complejos, siguen enfrentando enormes desafíos para garantizar transparencia, legitimidad, y que las personas seleccionadas sean personas intachables, honestas, que generen confianza en la ciudadanía.

Ahora que todavía está en curso el proceso de selección de Fiscalía General, volvemos a hacer un llamado de atención para que sea un proceso transparente, que se pueda explicar a la ciudadanía por qué se elige a una determinada persona, por qué se elige a otra, que los criterios estén previamente establecidos, que haya absoluta transparencia. Solo así se va a poder recuperar la confianza en una institución que es clave, sobre todo porque ha sido tan sospechada de estar instrumentalizada para garantizar impunidad y perseguir a comunidades indígenas, a periodistas independientes, y a los operadores judiciales independientes.

Entonces, es una oportunidad histórica que tiene Guatemala en este momento para seguir profundizando en la crisis democrática que atraviesa, una crisis profunda de deslegitimidad del sistema de justicia. O, por el contrario, elegir el camino correcto que es modificar esta situación, robustecer la independencia judicial y asegurar la legitimidad del sistema de administración de justicia y de la democracia.

― Al mismo tiempo que se confirma este diagnóstico, también ustedes pudieron escuchar a jueces, al periodista José Rubén Zamora, a Luis Pacheco, Héctor Chaclán, y a Stuardo Campo, personas que están sufriendo en carne propia los efectos de la criminalización y que no existe un sistema de justicia independiente. ¿Cómo se dimensiona su situación?

―A estas personas nosotros cada vez que estamos en Guatemala las entrevistamos y vamos documentando y actualizando su situación, son apenas unos ejemplos, porque Stuardo Campo está detenido hace tantos años acusado de delitos realmente inadmisibles, él está perseguido solamente por haber hecho su trabajo, porque es una persona que encabezó investigaciones sobre hechos muy importantes de corrupción y, sin embargo, es él quien está preso, en vez de los corruptos. Pero eso es apenas un ejemplo, porque hay muchísimos operadores judiciales, ex fiscales, exjueces que están en el exilio. Lo mismo en el caso de José Rubén Zamora que ahora está excarcelado pero como nos dijo en la reunión, no está libre porque todavía tiene la amenaza de volver a ser detenido en cualquier momento porque las causas contra él no cesan. El periódico que él encabezaba está desmantelado, esa voz alternativa fue silenciada, sus bienes fueron congelados y además todavía enfrenta la amenaza de la prisión. Entonces, Zamora es apenas un ejemplo de tantos periodistas criminalizados, hostigados, tantos comunicadores y comunicadoras silenciadas por este sistema de justicia.

Nos encontramos con Chaclán y Pacheco que son apenas dos ejemplos de la cantidad de referentes indígenas y líderes comunitarios que están perseguidos penalmente por esta administración de justicia. Ellos tal vez son el símbolo porque por el lugar que ocupaban en los 48 Cantones de Totonicapán, su caso es un mensaje que se está dando a todas las comunidades indígenas para que no vuelvan a movilizarse, para que no sigan reclamando por sus derechos territoriales. Hay comunidades indígenas enteras que están criminalizadas solamente por defender sus derechos territoriales, por seguir ejerciendo sus derechos básicos, a la tierra que les corresponde.

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Nosotros seguimos monitoreando estos casos en particular, como un ejemplo de un uso arbitrario del derecho penal que se que se hace en Guatemala, de un uso espurio del sistema penal para perseguir a voces disidentes, a voces alternativas, a quienes ejercen derechos, a estudiantes, profesores, líderes sindicales, líderes y abogados solamente perseguidos por defender a casos en tribunales, mujeres indígenas doblemente hostigadas por ser indígenas y por ser mujeres. La práctica de la criminalización arbitraria es generalizada en Guatemala.

Una crisis a la democracia no afecta solamente los derechos de estas personas en particular, sus derechos individuales, sino que afecta a la democracia en conjunto. Cuando el Estado se utiliza para perseguir a opositores, para perseguir a dirigentes, para perseguir a quienes defienden derechos humanos o ejercen derechos humanos, lo que está en juego no son solamente los derechos de esas personas, sino los derechos de todo el pueblo. Y esto es a lo que nosotros estamos llamando la atención desde la Comisión.

― ¿Tuvieron la oportunidad de hablar con autoridades del sistema judicial, como del Ministerio Público? 

― En esta visita no porque está orientada al periodo de audiencias. Nosotros fuimos recibidos por Guatemala para llevar adelante nuestro 195 periodo ordinario de sesiones. Entonces, el eje de la visita fue celebrar nuestras audiencias públicas en Guatemala.

Pero sí fuimos teniendo distintas reuniones con organizaciones que vimos en las audiencias y en estas visitas que hicimos. 

― ¿Cómo ve el escenario de Guatemala para el otro año que tenemos elecciones generales? Es difícil anticiparse al futuro, pero ¿cuál sería la preocupación más grande, o ven en un espacio para que las cosas mejoren en el país?

― Bueno, estas elecciones de segundo grado son vitales para poder reencauzar el rumbo de la democracia. Como te digo, las democracias no dependen de quién es el poder ejecutivo, quién es el poder legislativo, todas las instituciones del Estado tienen que actuar de manera democrática. Y por eso decimos que el momento es ahora, no es de esperar las elecciones del año, porque si no se cambian algunas cosas, aunque cambie el presidente, aunque cambien algunos diputados, las instituciones van a seguir manejándose de una manera arbitraria.

Lo que está pasando en este momento, y lo venimos advirtiendo con mucha claridad, es que pueden cambiar los gobiernos, pueden cambiar los poderes políticos, pero si no cambia la forma de actuar de la justicia, la democracia en Guatemala va a seguir en crisis. 

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― Y ahora viéndolo la situación desde un punto de vista más amplio, en las audiencias de este Periodo de Sesiones también escuchamos de casos de amenazas a la democracia, de persecución de voces disidentes en El Salvador, Nicaragua, Honduras. Como región, ¿qué ve la CIDH a través de estas sesiones?

―La Comisión Interamericana está advirtiendo en general un fuerte retroceso en materia de derechos humanos en muchos países, un fuerte deterioro del sistema democrático. Nos preocupa mucho la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en muchos países que están siendo hostigados. En muchos países se enfrentan serios problemas de libertad de expresión, del uso arbitrario de la fuerza. Estamos advirtiendo con mucha preocupación la situación de las personas en movilidad, la situación de derechos humanos en muchos países está seriamente debilitada.

Por eso es crucial que la Comisión Interamericana pueda visibilizar estas situaciones en estas audiencias públicas, que pueda recibir a las organizaciones, darles voz a las organizaciones de la sociedad civil, a los expertos, a las organizaciones internacionales y que también se pueda escuchar a los gobiernos que han venido, a delegaciones de muchos países a explicar sus desafíos, sus políticas y sus iniciativas.

Se han generado en algunos casos discusiones muy interesantes, debates, diálogos. Las audiencias públicas sirven para visibilizar situaciones de preocupación, pero también para facilitar espacios de diálogo entre la sociedad civil y los Estados para mejorar la situación de derechos humanos.

― Una de las frases que me impactó mucho y eso fue una sesión relacionada a personas en movilidad y las presiones de Estados Unidos para que los países acepten acuerdos para recibir a migrantes, fue que usted dijo, «parece que se ha puesto de moda la falta de humanidad». ¿Estamos viviendo un momento histórico donde los derechos humanos pasan a hacer algo de segundo plano frente a los intereses de los grandes países?

― Siempre hubo fuertes retrocesos en la historia, pero creo que, por ejemplo, particularmente en el tema de la movilidad y de las personas migrantes, siempre hubo políticas que no respetaron los derechos humanos de las personas migrantes, pero tal vez ahora ahora con mucha claridad se ve cómo el inmigrante es visto por algunos países o algunas políticas como un enemigo, como un adversario, y es deshumanizado. Y esto la historia de la humanidad lo ha sufrido.

Cuando las personas, los seres humanos son considerados cosas, cuando se deshumanizan, la humanidad entra en riesgo. Los derechos son pisos mínimos que se deben garantizar. Todo ser humano tiene derecho a la dignidad, a la igualdad, a la no discriminación. No importa su condición regulatoria, su condición documental. 

Hoy estamos viendo muchas políticas migratorias que consideran al migrante, al extranjero, como un enemigo, como un invasor, como alguien a quien se puede tratar sin dignidad y sin derechos básicos. 

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―Eso me lleva también al tema de Estados Unidos, sobre las operaciones de seguridad extraterritorial, sobre la presión a los países de Latinoamérica y del mundo para que acepten estos acuerdos. ¿Qué pueden hacer los países frente a una potencia como esta? Frente a esa situación porque parece que va en crecida.

―Yo no te puedo decir desde la Comisión Interamericana qué tienen que hacer los países. Lo que sí es importante es robustecer los espacios de multilateralidad. La humanidad aprendió que los derechos humanos no son asuntos de los Estados, son asuntos de la comunidad internacional. Cuando se afectan derechos humanos, se afecta a toda la humanidad. A lo largo del siglo 20 la humanidad fue avanzando en espacios multilaterales, se crearon espacios como Naciones Unidas, espacios como la Organización de Estados Americanos, donde los países se pusieron de acuerdo en que hay pisos, hay reglas mínimas y los asuntos de derechos humanos son asuntos globales. Esto es lo que hay que recuperar. Hay que recuperar los espacios multilaterales.

Tanto la Comisión Interamericana, como la Corte Interamericana y los organismos especializados en Naciones Unidas en derechos humanos, estamos para eso. Estamos para visibilizar situaciones que a veces en un país no se pueden resolver. Entonces, para llamar la atención de la comunidad internacional de que estos problemas que tienen que ver con torturas, con ejecuciones, con desapariciones forzadas, con violación de derechos humanos de las mujeres, violación de derechos humanos de los niños, de los pueblos indígenas, de la población afrodescendiente, son problemas de la humanidad y no dependen de las políticas de los gobiernos. Cuando los gobiernos, los estados no pueden resolver esos problemas, no pueden garantizar derechos en sus propios países, es la comunidad internacional la que tiene que salir a respaldarlos.

Y parece que nos estamos olvidando de esas lecciones que nos dejó la humanidad en el siglo XX, que son lecciones aprendidas en base al holocausto. En base a masacres, en base a sangre. Mucho sufrimiento de muchas guerras, mucha muerte que ha generado que la humanidad pueda evolucionar hacia esta plataforma jurídica de derechos humanos y es lo que tenemos que seguir robusteciendo en este momento.

― Durante las sesiones se habló mucho de que los países no tienen la capacidad de proteger los derechos de sus propios ciudadanos. ¿Cómo se protegen los derechos humanos de los migrantes que están en tránsito? 

― Bueno, en primer lugar, para volver al tema de la migración, déjame decirte que es un asunto que genera responsabilidades compartidas. Hay responsabilidades en los países de origen cuando los países expulsan a sus ciudadanos, cuando las personas tienen que huir de sus países por razones de violencia o por razones de hambre, por falta de derechos básicos. Esos países son los que tienen la responsabilidad primaria, porque son los que no generan las condiciones para que sus sus ciudadanos quieran seguir viviendo en sus países.

Pero luego, cuando las personas se ven forzadas a huir o tienen la necesidad de huir porque no tienen una forma de subsistencia en esos países, los países de destino también tienen una enorme responsabilidad. Los seres humanos son personas que enriquecen las economías, enriquecen a las sociedades con su diversidad cultural. Entonces, también los países de destino tienen que garantizar la integridad de los migrantes. 

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También los países de tránsito. En América se ve con mucha claridad cómo hay personas que salen de sus países y luego caminan o hacen trayectos larguísimos pasando por varios países hasta llegar al país de destino. Entonces, la cuestión de la migración genera responsabilidades compartidas en muchos países.

En nuestra región tenemos un ejemplo muy claro que es Haití, un país que está atravesando una enorme crisis humanitaria, institucional y política. Toda la región tiene que respaldar, tiene que solidarizarse, tiene que recibir a las personas haitianas, integrarlas y ayudar a que deje de expulsar personas. Las responsabilidades son compartidas.

Lo que definitivamente no puede pasar es que sea un asunto del migrante. Hay situaciones políticas, hay situaciones económicas, hay situaciones sociales que explican por qué las personas toman la decisión de huir de sus lugares de nacimiento y todos los países deben hacerse cargo de esa situación.

― Ya pasamos del tema de justicia, criminalización, migración y algo que falta es la situación de los defensores de la naturaleza, de los recursos naturales. Sabemos que hay mucha preocupación, al menos en Guatemala, de que el marco legal se vea alterado, de que frente a los intereses extractivos ya ni siquiera se le consulte a los pueblos indígenas y estas son cosas que hemos visto a lo largo de toda la región. Aquí también se expuso un poco sobre eso. ¿Cómo ve la CIDH esta problemática?

―Sí, la Comisión está muy preocupada por la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en general y de defensores ambientales en particular. Tuvimos una audiencia en el caso de Berta Cáceres, una defensora de derechos de la tierra en Honduras. Bertha fue asesinada hace ya 10 años por llevar adelante su trabajo de defensa del medio ambiente y su caso sigue enfrentando impunidad. Los autores materiales del crimen están presos, pero no así los autores intelectuales.

Hay quienes se benefician cuando se degrada la tierra, cuando se lleva adelante un plan, un proyecto extractivista, cuando se avasallan derechos de los pueblos indígenas, hay detrás de esto intereses económicos que generan más temor entre los defensores ambientales.

La Comisión está llevando adelante un monitoreo muy fuerte, haciendo informes y visibilizando situaciones en muchos países de la región. 

― Para cerrar, ¿qué viene después del Periodo de Sesiones? ¿qué pasa con toda esta información que se recogió? 

― Toda esa información es relevante y enriquece el trabajo de monitoreo sobre la situación de derechos humanos en los diferentes países o sobre las diferentes temáticas. Gracias a la información aportada en las audiencias, la Comisión puede hacer informes, puede hacer recomendaciones, puede profundizar su mirada sobre determinados temas para mejorar su capacidad de incidencia.

Las audiencias sirven para visibilizar situaciones, para recibir información y también para empoderar la voz de la sociedad civil. Para facilitarles el trabajo que están llevando muchos defensores y defensoras de derechos humanos en sus países, para darles un espacio para facilitar el diálogo con las autoridades. Así que nosotros consideramos que este periodo de audiencia fue muy positivo. 

Hemos recibido información de casos dramáticos y de muchos retrocesos que se están viviendo, pero nos vamos con un sabor positivo porque pudimos escuchar las distintas voces, pudimos facilitar el diálogo, pudimos también escuchar la perspectiva de los gobiernos. 

― Una pregunta más, en algunas sesiones se habló de que las organizaciones de la sociedad civil han visto su trabajo complicado por la reducción de fondos de cooperación internacional y pareciera que están muy solos dentro de toda esta lucha por los derechos humanos frente a tantos retrocesos. Ahora que dice que se va con una un sentimiento positivo, ¿cómo se puede empatar esta idea entre que la situación que cada día está más difícil? ¿tTodavía tienen fuerza para seguir cambiando el mundo?

― Sí, hay personas muy valientes en esta región. Hay defensores y defensoras de derechos humanos, activistas muy valientes que llevan adelante su trabajo a veces en soledad, a veces sufriendo fuertes hostigamientos de las autoridades de sus países. En muchas audiencias la comisión tuvo que recordar que ninguna persona puede sufrir ningún tipo de hostigamiento o represalia por haber participado en una audiencia de la Comisión Interamericana. La Comisión recibe periódicamente solicitudes de medidas cautelares de personas que están presas por defender derechos humanos.

Muchos abogados, muchos activistas y referentes de la sociedad civil se encuentran amenazados, en muchos casos asesinados, por llevar adelante su trabajo. De modo que el trabajo de defensa de derechos humanos en nuestra región sigue siendo un trabajo de mucho riesgo y siempre es una oportunidad para la Comisión Interamericana acompañar, resaltar y homenajear a estas personas que hacen su trabajo con tanto compromiso.

Y la comisión es también un espacio para brindarles ese acompañamiento, para complementar su trabajo y también eh muchas veces para visibilizar los esfuerzos que hacen los Estados, porque se hacen muchos esfuerzos en muchos países, hay políticas, hay iniciativas, hay legislaciones, y prácticas que son de avance, que también sirve para mostrarlas, visibilizarlas para que en otros países se puedan replicar.