La década de 1980 inició con los múltiples rumores de que algo realmente grave sucedía en la región del altiplano guatemalteco. Se hablaba de masacres, desapariciones, secuestros, violaciones, poblaciones indígenas totalmente destruidas en manos del ejército de Guatemala. La versión oficial del Estado, no obstante, era que nada de esto sucedía. Ni los diarios ni la radio como tampoco la televisión se atrevían a refutar lo que el gobierno de Romeo Lucas García se encargaba de silenciar. Había miedo, represión y autocensura. Cero críticas. Había una guerra declarada contra la guerrilla en muchos departamentos de Guatemala. Y en la capital, cada historia de violencia que se daba en el altiplano apenas llegaba como un rumor, con apenas algo de ruido.
Entonces, la segunda semana de enero de 1980, una delegación de campesinos intentó cambiar la situación y hacer visible lo que ocurría. Llegaron a la capital el 7 de enero. Más de 20 dirigentes. Era la segunda vez que una delegación de este tipo se integraba con la intención de dar a conocer las operaciones del ejército en contra de la población civil de Chajul, Cotzal, Nebaj, San Pablo el Baldío y Uspantán, en Quiché. En un primer intento, en diciembre de 1979, tocaron la puerta del Congreso y nada: pidieron que se investigara lo que ocurría en sus comunidades pero nadie los escuchó. Ahora, apenas un mes más tarde, regresaban y sobre sus hombros cargaban nuevas masacres y más secuestros que denunciar. Se refugiaron, durante semanas en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y justo el último día de ese mes (31/01/1980), 22 de ellos morirían calcinados junto a cinco estudiantes, ocho diplomáticos y dos visitantes en el interior de la Embajada de España en Guatemala.
Más de tres décadas después, en octubre de 2014, la muerte de estas 37 personas ha llegado finalmente a juicio dentro de las salas de justicia de Guatemala. Pedro García Arredondo, jefe del Comando VI de la Policía Nacional (PN), es el único acusado por el Ministerio Público. Otros implicados, como el expresidente Lucas García, el exjefe de la Policía Nacional, Germán Chupina Barahona, y el exjefe de la policía judicial, Manuel de Jesús Valiente Téllez, ya han fallecido. El exministro de gobernación, Donado Álvarez Ruiz, está prófugo.
A pesar de todo, el Tribunal B de Mayor Riesgo –Jeannette Valdés, Sara Yoc y María Castellanos– está a punto de dictar una sentencia. En un momento en el que el Ministerio Público, los querellantes adhesivos –entre ellos Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz e hija de uno de los asesinados– han solicitado una condena por más de 1240 años de prisión para García Arredondo. En tanto la defensa, a cargo del abogado Moisés Galindo, ha dejado que la decisión definitiva sea tomada por el Tribunal, sin pedir nada, ni libertad ni proclamar inocencia para el único acusado de la quema de la embajada de España en 1980.
Comando VI, tras los pasos de los campesinos
Las penúltimas audiencias de un juicio siempre tienen el tono de repaso, de antología. Es la última oportunidad que se tiene para convencer a los jueces de que los hechos ocurrieron tal y como los describe cada una de las partes. Cada testigo, cada documento y detalle es recordado. Cada uno en favor o en contra de acusados y acusadores. Así, en este sentido, la fiscal del MP, Hilda Pineda, unos minutos antes de terminar sus conclusiones, ha pronunciado la siguiente frase:
–Está claro que la Policía Nacional realizó un complejo operativo de inteligencia en el caso de la quema de la embajada de España en Guatemala.
La defensa, a cargo del abogado Moisés Galindo, la refutará un poco más tarde:
–La llegada de la policía fue fortuita, no una operación de inteligencia como argumenta el MP.
La intencionalidad de provocar el incendio en la embajada y la manera en que fue calcinada la delegación de campesinos ha sido, en gran parte, la discusión entre querellantes, fiscalía y abogados de la defensa. Quién puso el fuego y cómo. Además de por qué.
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Más de tres meses de debate han transcurrido para que se esgriman los últimos argumentos antes de que el Tribunal B de Mayor Riesgo emita una sentencia.
Según la fiscalía, el operativo del 31 de enero de 1980 no fue una casualidad. No, luego de realizar un análisis sobre el recorrido de los campesinos antes de ocupar la embajada de España en Guatemala para denunciar al mundo las atrocidades por parte del ejército.
“Desde la llegada de la delegación de los campesinos a la ciudad de Guatemala la Policía Nacional estuvo detrás de ellos. Nunca fueron escuchados pero sí perseguidos y vigilados”, señaló la fiscal Pineda ante el tribunal.
La delegación campesina acudió, sin suerte, a medios de comunicación, organizaciones internacionales y colegios católicos antes de ocupar la embajada.
Óscar Clemente Marroquín, periodista y hoy director del diario La Hora, fue llamado a testificar durante este juicio. Marroquín recordó que “a la recepción del diario llegó una comisión de campesinos. Entre 11 hombres y tres mujeres. Querían que se les ayudara a divulgar lo que ocurría en el Quiché. No podíamos contarlo. No se podía. En aquella época los medios manejábamos una autocensura de hecho. Ya algunos reporteros que trabajan conmigo habían sido reprimidos. Les expliqué que no podía. Corría riesgo la vida de varios reporteros. No se podía hacer ninguna publicación. La actitud de los campesinos era pacífica, casi angustiosa. Cada 31 de enero me entra un gran remordimiento al recordar lo ocurrido en la embajada, cuando no cumplí con mi deber de periodista”.
Antes de la visita a Clemente Marroquín, según documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), que fueron utilizados por la fiscalía para probar la vigilancia y persecución por parte de los elementos del Comando VI, la delegación de campesinos intentó pedir ayuda para solicitar la verificación nacional e internacional de las masacres en el altiplano. El 22 de enero llegaron al colegio Belga. El 24 a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al partido Frente Unido Revolucionario (FUR). El 28 a Radio Rumbos, Radio Favorita, Prensa Libre, La Hora, El Gráfico, Nuevo Mundo Radio. El 29 a varias iglesias como la de San José Pinula. Durante todo ese recorrido nadie –según informes propios del Comando VI y la PN– atendió sus solicitudes. Las masacres no podían ser evidenciadas.
El testigo Marco Tulio Álvarez, de la Organización Justicia y Paz, indicó ante el tribunal que “el 30 se tomó la decisión de ocupar la embajada de España; los cálculos eran 70% que iba a salir bien y 30% que iba a salir mal”. Según la fiscalía, la toma de la embajada el 31 de enero fue el momento clave para justificar que el Comando VI eliminara a los campesinos que había perseguido durante varias semanas. “El fuego estaba dirigido”, indicó la fiscal Pineda. “La operación corrió a cargo del Teniente Coronel de la Policía, Pedro García Arredondo”. El fuego acabaría con la vida de 37 personas dentro del despacho del embajador español Máximo Cajal.
La defensa argumentó, no obstante, que la persecución de parte de la PN no había ocurrido. Los agentes actuaron ante la toma de rehenes. “Existía un acuerdo entre el embajador y los ocupantes. Un acuerdo previo. El embajador estaba enterado de todo pero la situación se le fue de las manos”, planteó Moisés Galindo a lo largo de sus alegatos.
Acelerar el fuego
El día de la ocupación, 22 campesinos, acompañados de cinco estudiantes universitarios irrumpieron en la sede diplomática con la intención –una vez más– de denunciar las masacres en el altiplano guatemalteco.
“Había una lista de por lo menos dos años de torturas, desapariciones, masacres en el Quiché. Secuestros, violaciones de niñas, muerte”, enumeró el testigo Víctor Ferrigno, actual asesor de Naciones Unidas y en aquel momento secretario general del Frente Universitario Robin García (FURG) de la USAC, una de las organizaciones que acompañó a los campesinos en el intento de ser escuchados. “Era la denuncia del inicio de la política de tierra arrasada”, agregó.
Para la defensa, sin embargo, se trató de una toma de rehenes. “El embajador”, explicó Galindo, “declaró que había una violencia contenida (el día de la toma de la embajada). Una violencia en la que describió literalmente ‘todos teníamos un machete en el cogote’. Pero eso no es una violencia contenida, sino violencia a secas. No fue una toma pacífica como la quieren pintar. Habían bombas molotov, machetes, armas”.
La policía llegó a la embajada casi de inmediato. Otilio Corado, uno de los agentes asignado al Cuerpo de Detectives que llegó el 31 de enero de 1980 a la sede diplomática, indicó que se dio la orden para que distintos departamentos de la PN se presentarán al lugar: Primer Cuerpo (por ser su territorio), el Cuerpo de Detectives (encargados de investigaciones), y el Comando VI (una sección operativa, de acción rápida, una SWAT, denominada por Estados Unidos en sus desclasificados como un “comando élite” para ejecutar operativos siguiendo órdenes del director de la Policía Nacional, Germán Chupina Barahona).
“Había una marcada rivalidad entre estos grupos. Entre Arredondo, jefe del Comando VI; y Valiente Téllez, jefe del Cuerpo de Detectives”, dijo el testigo y ex agente de la PN, Francisco Guillermo Monterroso. “Ese día indicaron que Manuel Valiente Téllez debía acudir como observador. Los elementos del casco azul, los del otro bando, eran los del comando VI. Tenían a cargo el operativo”.
El Comando VI estaba integrado por militares como René Aguilar Prado, José Antonio Lima, y Pedro García Arredondo. Cuando la fiscalía presentó al Testigo A, un ex agente del Comando VI, mediante videoconferencia, el acusado García Arredondo se mostró incómodo. El Testigo A explicó que el operativo de la toma de la embajada fue especial. Ese 31 de enero concentraron a todo el personal. Había tres jefes encargados: Arnoldo Paniagua como tercer jefe de la inspectoría general; Gonzalo Pérez Vásquez, primer jefe del primer cuerpo de la PN; y García Arredondo, el encargado de toda la operación, bajo las órdenes de Chupina Barahona, jefe de la PN; y del Ministro de Gobernación, Donado Álvarez Ruiz.
“El embajador Máximo Cajal, el exministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Molina Orantes; y el ex vipresidente de la República, Eduardo Cáceres Lehnhof, intentaron persuadir a la policía para que no entrará. Pero fue imposible. Se violó la inmunidad diplomática de la Embajada de España con la incursión de la policía”, indicó la abogada Estela Funes, representante de Rigoberta Menchú.
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De los videos de la quema de la embajada presentados como evidencia para este caso, el Testigo A identificó a Agustín Santos Ruiz, Octavio Díaz Chávez, Isaac Silva Leal, Martín Morales, Juan Fernández Sánchez, Humberto Pineda García y José Humberto Carrera López, como miembros del Comando VI. “Eran compañeros de trabajo”. Los observó en la televisión. A unos golpeando los vidrios de la embajada. Otros en el techo. A otros más en la calle, entre las ambulancias. El Comando VI aparecía en todos los videos de la quema de la embajada. Y entre la multitud, saliendo de la sede diplomática, con patillas largas, sin rasurar, bigote de ranchero, lento y obeso, con el ceño fruncido, García Arredondo fue identificado por el Testigo A.
La fiscal Pineda dijo: “Arredondo sale de la embajada y cinco minutos después el fuego empieza desde adentro”.
Galindo dijo: “No pueden probar que García Arredondo haya dado ninguna orden. No tienen nada”.
Las llamas consumieron todo. “Se quemaron las manos, los brazos, la parte superior de los cuerpos. Alguien manipulaba el fuego desde dentro”, señaló la fiscalía. “Se quemaron del tórax para arriba. El fuego fue dirigido. Las llamas disminuían y se incrementaban”.
Ante el tribunal –un tribunal que en el que, a diferencia de otros tribunales, sus integrantes, Jeannette Valdés, Sara Yoc y María Castellanos, se mantienen bastante alejadas una de la otra durante todas las audiencias– la defensa argumentó que los campesinos se habían inmolado. “Las bombas molotov que cargaban los campesinos provocaron el incendio. El MP jamás pudo probar lo contrario. No hubo ningún experto en fuego que explicara el comportamiento de un incendio”.
Los videos presentados como evidencia, sin embargo, muestran a Rodolfo Cruz Tepez, la persona de más confianza de García Arredondo, según el Testigo A, con una especie de lanzallamas entre los brazos. “La gasolina no es suficiente para acelerar el fuego. No”, explicó el MP.
“Si la fiscal dice que hubo un acelerador del fuego no fue un lanzallamas. El acelerador fue la pólvora, la gasolina y no un lanzallamas”, defendió Galindo.
No obstante, un día no lejano a la quema de la embajada, en la cafetería del Comando VI, el Testigo A escuchó a Agustín Santos Ruiz -alias el ñoño- conversar con Isaac Silva Leal: “¿Saber quién echó fuego ahí va vos? Cumplimos las órdenes del jefe. Ojalá no hayan clavos”.
Que no quede nadie vivo
Únicamente dos personas sobrevivieron a la quema de la embajada de España en Guatemala. El embajador Máximo Cajal y el campesino Gregorio Yujá. Ambos fueron trasladados al Hospital Herrera Llerandi. Ambos tratados por quemaduras de segundo y primer grado. Pero cada uno separado del otro en el interior de la sección de habitaciones del Herrera Llerandi.
La noche del 31 de enero un grupo armado secuestraría a un Yujá mal herido. Aparecería una día más tarde, sin vida, con señales de tortura, frente a la Usac. En su bolsillo: una amenaza: “Correrá mismo riesgo el embajador español”.
El embajador Cajal logró salir de la sede diplomática en medio de un alboroto, justo antes de la quema de su despacho. El testigo, Jaime Fuente González, ex funcionario español asignado a la embajada de ese país, relató que Cajal “apareció en la puerta ahumando, se le venía quemando la barba. Estaba totalmente desorientado, se caía. Alguien dijo ‘Es el embajador, matarlo’”. La orden que escucharon otros testigos –muchos desde las radios de los oficiales– era “que no quede nadie vivo”. O, como relató el periodista Elías Barahona, ex vocero del ministerio de gobernación: “Hay que sacarlos a como dé lugar”. La orden era del presidente Romeo Lucas García. Y más tarde, las radios de los agentes preguntaban: “¿Hay algún sobreviviente?”.
Para la fiscalía, “efectivamente había una orden. La orden estaba dada y había que cumplirla”. Incluso uno de los testigos señaló que García Arredondo, le indicó que “Las órdenes eran de muy arriba. Entrar era una orden de muy arriba”.
Se trató, como reiteró la fiscalía, de un operativo especial de inteligencia. Una operación policial clandestina. “No fue coincidencia, no fue un accidente”.
Más muertes en un sepelio
Un día después de que el cuerpo de Gregorio Yujá apareciera frente a la universidad de San Carlos, distintas organizaciones sociales se preparaban para el sepelio de los 22 campesinos y los cinco estudiantes fallecidos en el interior de la embajada. Según Víctor Ferrigno, el funeral recorrería varias calles de la zona 1 antes de enfilar al cementerio general de Guatemala. El punto de partida sería el Paraninfo Universitario. El comando VI lo impediría.
Bajo el mando de García Arredondo, agentes de la PN fueron asignados para controlar los sepelios del día 2 de febrero de 1980. Ese día, los estudiantes Jesús España Valle, de 24 años, y Gustavo Adolfo Hernández González, 21, serían asesinados.
García Arredondo, sus guardaespaldas y 34 agentes del Comando VI, según la fiscalía, ordenaron a los dos estudiantes detenerse a tan sólo una calle del paraninfo universitario. Los testimonios presentados al tribunal relatan que Jesús España y Gustavo Hernández levantaron las manos, dejaron caer un maletín lleno de monedas sobre el suelo que provocó un ruido metálico muy fuerte. Los agentes de seguridad les dispararon. Uno de los estudiantes respondió el fuego. Hirió a dos oficiales del Comando VI, como validó el MP ante el Tribunal B de Mayor Riesgo, mediante un documento del AHPN que contiene el registro médico de los agentes.
El argumento de defensa se enfocó en decir que García Arredondo, ese 2 de febrero de 1980, no estuvo cerca del Paraninfo Universitario. Sin embargo, una imagen del fotógrafo Mauro Calanchina, presentada como evidencia por la fiscalía, ubica al jefe del Comando VI frente a la sede universitaria, sosteniendo una metralleta.
Una sentencia contra el fuego
Los querellantes adhesivos y el MP, por la responsabilidad de Pedro García Arredondo como jefe del Comando VI el 31 de enero de 1980, solicitaron al Tribunal una condena de 30 años de prisión por cada una de las 37 personas asesinadas en el interior de la embajada de España, 40 años por el delito de asesinato en grado de tentativa en contra del embajador Máximo Cajal y Gregorio Yujá, 50 años por los asesinatos de Jesús España y Gustavo Hernández, además de otros 40 años por los delitos de lesa humanidad. En total: 1240 años de prisión como parte de la sentencia que intentará apagar un fuego que ha durado más de 34 años.
Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, tuvo oportunidad de pronunciarse ante el tribunal. “Las doctrinas de dictaduras no varían tanto. Se siente dónde está la calumnia, la destrucción de la verdad”, indicó. Defendió además que su padre jamás se inmolaría. “Jamás empuñó un arma. Jamás portó un uniforme guerrillero. Era un campesino. A los 37 que fueron asesinados les rindo homenaje. Lo que yo esperé durante 34 años, que un tribunal valide la verdad de las víctimas”.
La sentencia por el juicio de la quema de la embajada será dada a conocer el lunes 19 de enero. Ese mismo día, Pedro García Arredondo será escuchado, podrá argumentar a su favor antes de que el tribunal decida su futuro. Un futuro que tan sólo acompañará –sea condena o no– a su actual pena de cárcel de 70 que cumple por la desaparición, en 1981, del estudiante Édgar Sáenz Calito.
