Acerca de la soberanía

Ningún país es totalmente soberano, pues todos hacen algún tipo de concesión, incluyendo las grandes potencias. Tanto el derecho internacional como la globalización han impuesto límites a la soberanía. Podríamos decir que estos límites de soberanía son de dos tipos: los que son impuestos desde afuera por razones económicas o políticas y los que son aceptados voluntariamente por principios, por defensa de los derechos humanos, del derecho humanitario internacional, de la democracia, o por principios de equidad económica.

Este segundo tema es el más importante, pues las naciones más democráticas expresan su acuerdo en suscribir convenios internacionales que reconozcan la igualdad de la dignidad del ser humano más allá de las fronteras, sin importar nacionalidad, raza, cultura, religión, origen económico o social, género u orientación sexual. Y además están dispuestos a adecuar su legislación interna a dichos convenios o a principios internacionales de derechos humanos. Esta supuesta concesión de democracia debe ser vista como un avance de la civilización, la democracia y la cultura de paz, y no como un problema para los Estados.

Pero la soberanía también se ve limitada en otros términos, y aquí vale la pena mencionar los falaces argumentos de Gustavo Porras en contra de la Cicig, pues el establecimiento de esta comisión en Guatemala fue producto del reconocimiento del Estado de que su sistema de justicia y su institucionalidad se encontraban infiltrados por el crimen organizado y por los intereses de este. Por consiguiente, era importante solicitar a Naciones Unidas la creación de un órgano de investigación sobre esa penetración del crimen organizado dentro del marco institucional guatemalteco y de las normas internacionales de justicia, debido proceso y derechos humanos.

¿De qué soberanía habla el señor Porras y quién la ejerce? ¿La soberanía de la oligarquía y las élites, que siempre tuvieron una justicia controlada y un modelo democrático controlado a base de corromper partidos y candidatos? ¿O la soberanía de un pueblo que demanda justicia, transparencia y el procesamiento de los funcionarios corruptos y de aquellos de las fuerzas de seguridad que hayan cometido violaciones de derechos humanos, además del apoyo de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional?

Hay otras concesiones de soberanía que el señor Porras no menciona a pesar de ser coordinador del Consejo Económico y Social, donde tiene a su disposición los movimientos sociales comprados. Por ejemplo, ¿acaso no son una concesión de soberanía los tratados de libre comercio suscritos por el Estado de Guatemala, que benefician a una élite, pero son onerosos para el resto del pueblo? ¿No es una concesión de soberanía el hecho de que Guatemala, produciendo el mejor café del mundo, acepte que los precios y las cuotas de café sean establecidos por un órgano internacional, la Asociación Mundial del Café, o la producción de banano por la Asociación Mundial del Banano?

¿Dónde está la congruencia en los planteamientos de soberanía cuando el Estado de Guatemala va a dirimir un conflicto limítrofe en la Corte Internacional de Justicia? ¿O cuando al mismo presidente Otto Pérez —que ya debió haber renunciado por los escándalos de corrupción— lo sostiene en el poder la comunidad internacional bajo un equivocado concepto de estabilidad?

Si realmente estamos hablando de soberanía, debemos romper con los privilegios de élites particulares y plantear que lo más importante de dicho concepto es que las decisiones sean tomadas por el pueblo de una nación, y no por sus élites y por imposición extranjera.

La crisis de gobernabilidad que ahora vive Guatemala, que se manifestó con la renuncia de la exvicepresidenta Baldetti a su cargo por los escándalos de corrupción, no se resolverá hasta modificar la actuación de los partidos políticos y reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Hoy los partidos responden a intereses económicos de corrupción, y no a los designios del pueblo de Guatemala. Y en este caso, ¿dónde queda el ejercicio de soberanía del pueblo, la cual delega a sus representantes electos?