Los magistrados obstruyen la renovación de cortes de justicia y estos son los operadores detrás de ellos

Un grupo poderoso de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones busca la reelección y al mismo tiempo es parte de las postuladoras que evaluarán a los aspirantes a esos cargos. Sus intereses bloquean el avance de las Comisiones de Postulación, que en las próximas semanas deben elaborar una lista con los nominados a esos puestos para que el Congreso elija y asuman el cargo el próximo 13 de octubre.

Aunque el tiempo está en contra, las postuladoras no han avanzado como se preveía. El trabajo se estancó porque los magistrados que integran ambas mesas de trabajo, con apoyo de algunos delegados del Colegio de Abogados de Guatemala (Cang), se oponen a que la sede sea  la Universidad Rafael Landívar (URL) y en cambio buscan trasladarla a la Sala de Vistas del Palacio de Justicia.

La disputa tiene una preocupación de fondo: la seguridad de los expedientes de los aspirantes al cargo. Este debate ha llevado a que ambas postuladoras realicen casi una docena de votaciones sin llegar a un acuerdo y evidencia que existen dos bloques, uno de ellos con operadores paralelos y grupos de influencia detrás.

Esta elección es crucial para el futuro de Guatemala y el nuevo gobierno, ya que los magistrados tienen el poder para detener o hacer avanzar los casos del Ministerio Público (MP) de la Fiscal Consuelo Porras, incluidos aquellos contra el presidente Bernardo Arévalo y sus funcionarios. En los últimos años, Plaza Pública ha documentado cómo el sistema judicial del país es utilizado como un mecanismo para procurar impunidad en grandes investigaciones por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Los bloques

En la Comisión de Postulación para evaluar a magistrados aspirantes a integrar la Corte Suprema de Justicia, hay dos bloques enfrentados para definir la sede de trabajo.

De un lado está el bloque de los magistrados de apelaciones, aliados a comisionados del Cang vinculados a Néster Vásquez, presidente de la Corte de Constitucionalidad; Wilber Estuardo Castellanos, magistrado de apelaciones y expresidente del Instituto de Magistrados; y Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este grupo tiene un objetivo: retrasar la elección al impedir que la agenda de trabajo avance y se estanque en la votación para llevar la postuladora a su cancha, la Sala de Vistas del Palacio de Justicia.

Por otro lado, está el bloque con la mayoría de los decanos de todas las facultades de Derecho del país, representantes del Cang de dos planillas (Unidad por la Justicia y Coalición Gremial) y los rectores que son presidentes de cada postuladora, Miquel Cortés Bofill, de la URL y Raúl Horacio Arévalo, de la Universidad Internaciones. Esta ala vota por quedarse en el campus de la URL, donde actualmente están instaladas, ante preocupaciones por garantizar la independencia y transparencia del proceso.

Los acuerdos entre el primer bloque se hicieron evidentes desde que arrancó oficialmente el trabajo de las postuladoras. En la primera reunión de la Comisión para la CSJ, realizada el martes 30 de julio, el actual magistrado de apelaciones, Ramiro López, pidió el traslado a la Sala de Vistas del Palacio de Justicia, un espacio de 80 metros cuadrados, donde cada uno de los 37 integrantes de la mesa tendría dos metros cuadrados para moverse. 

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Inmediatamente la propuesta  fue secundada por Armando Ismael Ajín, vinculado al empresario, operador político y financista de campañas electorales, Gustavo Alejos, de quien fue abogado defensor. Ajín dijo que además de la comodidad y accesibilidad para el resto de abogados, este espacio garantiza el uso de fondos públicos durante el proceso. A esos argumentos se unieron los delegados de las salas de apelaciones y representantes del Colegio de Abogados de Guatemala (Cang) vinculados a operadores paralelos que hasta ahora, parecían ser enemigos, según analistas que fiscalizan la elección.

Ajín ha sido uno de los comisionados más polémicos y de los que más insiste en cambiar la sede. En una de las reuniones le exigió a gritos al rector de la URL, Cortés Bofill, que explique los fondos que la universidad utilizaría para instalar la postuladora en su campus. Cortés no respondió a esas interrogantes. El rector y presidente de la Postuladora para la CSJ visitó las instalaciones del Palacio de Justicia para verificar si era viable el traslado, y reportó que el recinto no cumple con las condiciones de espacio y transparencia para llevar a cabo las reuniones en ese lugar.

Néster Vásquez, presidente de la Corte de Constitucionalidad; Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Gustavo Alejos; y Roberto López Villatoro, conocido como el «Rey del Tenis», Wilber Estuardo Castañeda, magistrado de apelaciones, son nombres omnipresentes en las Postuladoras. Aunque no están físicamente, su influencia se percibe entre delegados.

En diferentes momentos, estos personajes han sido señalados de usar su influencia entre el gremio de abogados y el sistema de justicia para colocar en las magistraturas a sus allegados. Vásquez es el más poderoso por presidir la Corte más importante del país, organizaciones que fiscalizan el proceso como el Movimiento ProJusticia lo vinculan a la agrupación gremial ASPA, que tiene como representantes en la Postuladora a los abogados José Urrutia, Francisco de León y María Lisset García Stalling, quienes también votaron por trasladar la postuladora a la CSJ.

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La sorpresa en esta alianza fueron los dos comisionados del Cang ligados al exrector de la Usac, Gálvez, Alicia Franco y Walter Barrios, y los magistrados de apelaciones Manuel Alfonso Castellanos, Beatriz Seijas Balcárcel y Julio Recinos Castañeda.

Entre los abogados es conocida la pelea del presidente de la CC y Gálvez, en febrero de 2021. Ambos eran candidatos del Cang para ocupar una silla en la Corte de Constitucionalidad. El exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido por la fiscal Consuelo Porras en julio de ese mismo año, dijo que fue presionado por la jefa del Ministerio Público para pedir la captura de Gálvez, pese a que que no estaba finalizada la investigación en su contra por supuestamente haberse reunido con Gustavo Alejos en el marco de otro proceso de elección de magistrados. Sandoval señaló que Porras insistió en la captura de Gálvez, eso dejó libre el camino para que Vásquez llegara a la CC.

El exrector pasó tres meses en la cárcel por ese caso, que aún no está cerrado. Esto lo deja sujeto a las decisiones de la fiscal Porras.

Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento ProJusticia, ve la coordinación entre este bloque, pero duda de su solidez: «es de ver qué tanto va a aguantar la alianza entre estos grupos, todavía no lo sabemos».

Uno de los comisionados que señaló a estos grupos de recibir instrucciones externas fue Wilson López, integrante de Coalición Gremial, y delegado por  el Cang. Una investigación de la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), lo vinculó a Gustavo Alejos, considerado uno de los mayores operadores alrededor de la elección de magistrados. Sin embargo, ha tomado distancia y, por ahora, se enfrenta a los magistrados de apelaciones.

«Les hago un llamado a la reflexión, entiendo que detrás de ustedes también están los líderes de los que hemos estado hablando, como Estuardo Castellanos, que es uno de los principales portavoces del Instituto de Magistrados que ha manejado para que esto no pase», dijo en la sesión de la postuladora del pasado 6 de agosto.

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Castellanos fue señalado por la antigua Feci en el Caso Comisiones Paralelas 2020, el que reveló que un grupo de magistrados, políticos y abogados se reunía con Gustavo Alejos cuando este se encontraba recluido en un sanatorio privado, centro que funcionó como la sede de operaciones para decidir quiénes serían los siguientes magistrados.

Castellanos fue vinculado a la planilla 3 de candidatos del Instituto de Magistrados para integrar la postuladora para la CSJ: cuatro de sus aspirantes quedaron y ahora son parte del proceso: Marco Tulio Pérez, Ramiro López, Mario Rodolfo Passarelli y Jorge Adalberto Cano.

Estos comisionados operan en bloque junto a los abogados vinculados a Vásquez, presidente de la CC, quien a través de este proceso podría garantizarse que quienes sean  electos futuros  magistrados de la CSJ, voten por él en 2026 y así asegurar su reelección en la máxima Corte.

Los magistrados de apelaciones que a su vez evaluarán a los aspirantes a la CSJ y que según entrevistas realizadas, son aliados de Vásquez son: Miguel Colop Hernández, Irma Judith Arrazate Centeno, Edwin Martínez Escobar, José Alexander Ortíz, y Roberto Hernández, electo secretario titular de la postuladora para la CSJ.

Este bloque suma entre 20 y 22 votos dentro de la postuladora; sin embargo, no logra alcanzar los 25 necesarios para tomar decisiones. Se enfrentan al grupo de decanos de las facultades de Derecho, al presidente de la Comisión y a delegados de la planilla Unidad por la Justicia: Elvio López Ruiz, Ana Prudencia López Sales y Gregorio Saavedra. Este grupo suma entre 14 y 16 votos.

«Ya solo nos faltan cuatro votos», dijo en una de las sesiones el delegado José Urrutia, vinculado a Néster Vásquez y a la Fundación contra el Terrorismo, en un intento por presionar al otro bloque para cambiar de sede. Si su bloque logra los votos para trasladar la Comisión de lugar, también enviará el mensaje de que tiene el control para decidir quiénes integrarán las listas de aspirantes finales que serán enviadas al Congreso.

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Los magistrados de la CSJ lideran retraso en la postuladora de Apelaciones

La Postuladora para Corte de Apelaciones lleva un ritmo similar. Los magistrados de la CSJ, con el apoyo de al menos siete representantes del Colegio de Abogados —vinculados a Néster Vásquez, Estuardo Gálvez y al rector de la Usac Walter Mazariegos—, y el de los decanos de la Universidad Regional y de la Usac, mantienen este comité sin ningún avance.

Este es el grupo mayoritario en esta postuladora, que reúne entre 20 y 21 votos y que pide trasladar la sede de trabajo a la CSJ. Además del cambio, todo este bloque se abstiene de votar cuando otros comisionados proponen avanzar para aprobar temas prioritarios, como aprobar el reglamento de trabajo, mientras se confirma el lugar de trabajo.

Los magistrados de la CSJ únicamente guardan silencio y cruzan miradas en medio de las votaciones cuando el presidente de la comisión, el rector de la Universidad Internaciones, Raúl Arévalo, u otro comisionado, proponen cambios en la agenda. 

Parecido a lo que sucede en la otra postuladora, en la comisión para Corte de Apelaciones el bloque minoritario está liderado por los decanos de Derecho. De los doce decanos, solo el de la Universidad Regional, Luis Lepe, y el de la Usac, Henry Arriaga, votan a favor de que la sede sea la CSJ.

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Evitar que las postuladoras avancen es una «estrategia» de los magistrados de la Corte Suprema y de Apelaciones que hoy están en el cargo, dijo a Plaza Pública una fuente que pidió su anonimato.

Según el informante, los funcionarios judiciales retrasan el proceso porque visualizan dos alternativas para su reelección: asegurarse el apoyo político suficiente para mantenerse en el cargo tras una nueva elección, o esperar alguna acción legal que retrase de manera indefinida el proceso, como ocurrió con la anterior magistratura que se mantuvo cuatro años más del periodo constitucional.

Pero entre los magistrados de la Corte Suprema se observó una pequeña fisura en la sesión del 5 de agosto. De la docena de magistrados que integran la postuladora, los votos de Elvia Ester Velásquez y René Girón Palacios no coincidieron con los de sus colegas. La primera se abstuvo de votar por el cambio de sede, mientras que el segundo votó junto con el bloque minoritario.

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En la reunión del 31 de julio, el comisionado Julio De León, electo en el Cang con la planilla Coalición Gremial vinculada al expresidenciable Manuel Baldizón y Gustavo Alejos, criticó a los actuales magistrados de la CSJ, así como su colega Wilson López lo ha hecho en la otra postuladora.

 «Están acomodando su agenda… y ya dejen de hacer lobby en el Congreso, por favor, porque más se mantienen en el Congreso viendo su reelección y no cumpliendo con su función», dijo De León. 

El único acuerdo concreto al que llegó la postuladora para Corte de Apelaciones fue pedirle al presidente de ese comité que busque y proponga una tercera opción de sede de trabajo. Arévalo pidió dos semanas para hacer una propuesta, la cual debe ser sujeta de una nueva votación. Mientras tanto, esta comisión continúa en impasse, porque sigue casi sin ningún consenso para continuar la agenda.

Tras el único acuerdo, la magistrada de la CSJ, Benicia Contreras, tomó la palabra: «Esta es una muestra de que queremos trabajar y que no estamos con consignas de entorpecimiento o de querernos, como se ha dado a entender, los que somos magistrados de CSJ, quedarnos en el puesto, no. Tenemos un mandato y un periodo constitucionalmente fijado y para esa fecha tenemos que estar con una decisión, muy distinto es que uno tenga la oportunidad de volverse a postular…».

Mientras esto ocurre, la fiscal Consuelo Porras acecha el proceso. A la fecha sigue abierta una investigación contra un grupo de decanos señalados de supuestamente reunirse previo a que iniciaran las sesiones de la postuladora, extremo que fue negado por Luis Ruano, decano de la Universidad Mariano Gálvez, quien fue citado a declarar en la Fiscalía contra la Corrupción.