Papeles marcados, amenazas y la última negociación en la postuladora de Apelaciones
Papeles marcados, amenazas y la última negociación en la postuladora de Apelaciones
En el punto de quiebre de la votación por la nómina de candidatos, un grupo de comisionados esparció «un mensaje enviado desde Gerona», con el que buscaban influir en la inclusión de perfiles a último momento. Durante las 39 horas que duró la votación, dividida en dos extensas jornadas, los comisionados aprovecharon los recesos para intercambiar papeles marcados con números de expedientes que les interesaba incluir en la nómina. Hubo amenazas y la elección estuvo a punto de fracasar.
La tarde del 21 de septiembre, durante la elección de la nómina de 312 candidatos a la Corte de Apelaciones, una conversación entre el presidente de la comisión encargada del proceso, Raúl Arévalo Alburez, y el decano de Derecho de la Universidad Rural, Mario García Morales, reveló cómo ocurrieron parte de las negociaciones dentro del comité, para impulsar o vetar a determinados aspirantes.
Las conversaciones de este tipo sucedieron durante los recesos o en los intermedios de las votaciones, que se iniciaron la mañana del 20 de septiembre y terminaron la madrugada del 22.
Así fue el diálogo, previo a la votación por el bloque de expedientes del 431 al 470 (que quedó grabado en la transmisión en directo de la postuladora). Al principio habló Arévalo, rector de la Universidad Internaciones:
—Mire, me dieron un papelito aquí. Pero hay gente que yo tengo aquí rara, usté… Mire, dice «508, 510»… quiero saber…
—Ah ¿quiénes son?
—Sí, porque mire, 508 sí lo tenía bueno. Pero 510 yo lo tenía como maloso y ahora me dijeron que sí…
—Martínez Ríos, Carlos Rafael… No, no tiene.
—Ni fu ni fá.
—Ni fu ni fá. Gris.
—440… Este está bien.
—A ese sí, Tacam, sí lo puse yo también.
—442, mire, este yo lo tenía como malo y ahora me dicen que es bueno.
—Coyoy Tucux, sí yo voy a votar por él.
—Vaya… ¿Y 445?
—Este es recomendado del decano de la Usac. Dicen que es bueno…
—(Arévalo gruñe) No sé, yo si es recomendado de Walter, no.
—Es que, en realidad, entre pares debería funcionar el sorteo, vaá.
—Sí… Bueno…
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En la conversación entre Arévalo y García solo se menciona con nombre y apellido a uno de los candidatos, el del expediente 510: Carlos Rafael Martínez Ríos. Fue el único de los cinco aspirantes —cuyos números de carpeta se mencionan— que no fue incluído en la nómina final, aunque el rector y el decano votaron a favor de él.
Los demás números corresponden a José Orlando Chaclán Tacam (440), Marvin Giovanni Coyoy Tucux (442), Milton Alberto Estrada Morales (445) y Guillermo de Jesús Javalois Cruz Andy (508). Por todos ellos, Arévalo y García también votaron a favor y los cuatro integran la nómina de 312 candidatos enviada al Congreso.
Incluso, el rector votó por el expediente 445, sobre el que en la conversación se mostró reacio. Milton Alberto Estrada Morales es juez en Quetzaltenango, y es quien García identificó como «recomendado del decano de la Usac».
Una hora después de esa escena, el rector Arévalo reprendió a los comisionados que se intercambiaban papeles.
«En el momento que se está haciendo el recuento de votos veo que se forman grupitos y empiezan a circular papelitos, como cuando estábamos en la escuela antes del Facebook [...], cuando estemos haciendo el recuento, permanezcan en sus lugares, no grupitos, por favor, da lugar a muchos malos pensamientos». En las dos horas siguientes, el panorama no cambió y las negociaciones entre los comisionados continuaron.
El rector advirtió que, de continuar así, los sancionaría según el reglamento de la postuladora. Pero nunca ocurrió y las pugnas por incluir o vetar a candidatos subieron de tono, según se observó durante el desarrollo de las votaciones y al analizar los datos de estas.
Arévalo fue contactado por Plaza Pública, por medio de su asesora de comunicación, para que explicara por qué no denunció quién le había llevado el papel marcado con números de expediente, por qué no reprochó esa práctica en el momento y por qué votó por los números manuscritos que le entregaron, pero no respondió.
Plaza Pública llamó a García, al teléfono que registró en el Colegio de Abogados, para cuestionarlo sobre la conversación con el rector Arévalo. No respondió las llamadas.
Otro cuadro similar ocurrió en la medianoche del 20 de septiembre, casi al final de la primera jornada para integrar la nómina.
Mientras el secretario de la postuladora, Fernando Díaz, leía los resultados de las votaciones por el bloque de candidatos del 271 al 290, en la grabación se observa cuando la decana de la Universidad de Occidente, Ana Suasnávar, llegó al lugar del rector para entregarle un papel, después de que Arévalo le señaló el listado de candidatos sobre su escritorio. Enseguida, Arévalo revisó el documento que tenía enfrente, con el cual se apoyaba para votar por la conformación de la lista.
Otro de los comisionados que constantemente se movía de su lugar para buscar acuerdos con otros delegados de la postuladora fue Luis Velásquez, de la planilla 8, quien sobre el uso de los papeles para pedir el voto a favor de ciertos perfiles, justificó que esa era una forma alternativa de comunicación. Durante la votación, los postuladores tenían prohibido usar sus celulares.
«En una votación como esa te tenés que comunicar. Si al presidente le parecía que se veía mal que nos estuviéramos parando, de alguna manera te tenés que comunicar para cerciorarte de acuerdos», dijo Velásquez.
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El poder del veto
En las postulaciones de candidatos a cortes de justicia en Guatemala, el juego de números es clave y las últimas votaciones así lo reflejan con aspirantes a quienes solo algunos comisionados estaban dispuestos a votar.
Debido a que cada comisión de postulación tiene 37 integrantes, para que un candidato fuera integrado a la lista final debía conseguir, al menos, 25 votos. Por el contrario, para impedir que un aspirante siguiera en contienda, se requerían 13 votos en contra, o abstenciones.
A las 23:54 horas del 20 de septiembre quedó grabada otra conversación que refleja cómo los comisionados se preparaban para las votaciones.
En esta otra escena, antes de que la postuladora votara por el bloque de expedientes del 291 al 310, se observa cómo el decano de la Universidad Mariano Gálvez (UMG), Luis Ruano Castillo, se acercó al lugar del rector Arévalo a quien le indicó que en el siguiente grupo se aproximaba «uno del MP».
«Ahí viene uno del MP y esos van a estar llamando. Este es el fiscal regional…», dijo Ruano a Arévalo. En el bloque de 20 candidatos que a esa hora estaba por votarse, el único fiscal regional era Dimas Jiménez y Jiménez, cercano a Consuelo Porras.
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Ruano y Arévalo no votaron por Jiménez y este no logró los votos mínimos en la postuladora para Corte de Apelaciones esa noche, le faltaron tres. Dos días después fue incluido en la otra nómina, la de Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Desde el inicio del actual proceso, en la postuladora para Corte de Apelaciones se observó una clara división entre dos bloques de comisionados: quienes querían que las sesiones se desarrollaran en la sede de la Universidad Rafael Landívar (URL) y los postuladores que buscaban llevar la elección al Organismo Judicial (OJ).
El primer bloque estuvo conformado la mayoría de las veces por nueve decanos, los tres integrantes de la Planilla 8 y el representante del grupo Coalición Gremial, Julio De León, representante en Petén del partido Cambio, del excandidato presidencial Manuel Baldizón.
Varios de los votos disidentes de los decanos eran los de Henry Arriaga, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac); Luis Lepe, de la Universidad Regional y Fernando Sánchez Usera, de la Universidad Panamericana (Upana).
Los votos de este bloque, principalmente, permitieron vetar a candidatos como Wilber Estuardo Castellanos Venegas, presidente de la Sala Primera de Apelaciones Civil y Mercantil, señalado por la figura más visible de Coalición Gremial, Wilson López, de ser uno de los operadores que buscaba estropear la actual elección. A Castellanos le hicieron falta dos votos para lograr el mínimo.
Geisler Smaille Pérez Domínguez, incluído en la Lista Engel de «actores corruptos y antidemocráticos» de Estados Unidos, otro magistrado de Apelaciones, quedó fuera del proceso con 19 votos.
Este veto también se observó en el caso del fiscal Gilberto de Jesús Porres de Paz, esposo de la fiscal general Consuelo Porras, quien solo logró el apoyo de 20 comisionados. Esta fue una de las votaciones más seguidas por las autoridades indígenas, quienes la noche del 20 de septiembre aplaudían cuando votaban en contra de Porres o abucheaban cuando algún postulador daba su apoyo.
Así como Porres, Castellanos y Pérez, varios candidatos se ahogaron en la orilla:
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Otros casos son los del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) Rafael Curruchiche —quien aseguró que las elecciones 2023 deberían anularse— y del juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez —que ordenó investigar a periodistas por hacer su trabajo—, ningún comisionado votó por ellos.
El consenso dentro de la comisión, según Luis Velásquez, fue que no se apoyaría a personas que abiertamente han sido catalogadas como «antidemocráticas».
Pero también quedaron fuera de la nómina otros candidatos que no lograron ningún voto, como el abogado defensor de derechos humanos Esteban Celada Flores, quien según una publicación de Prensa Comunitaria, hasta junio de 2020, había sufrido 39 atentados producto de su trabajo.
Celada dijo a Plaza Pública que le sorprendió la nota que le dio la postuladora, pero también que su expediente fue relegado y por encima de él fueron electos otros perfiles que a criterio suyo no son idóneos. También cuestionó la forma en que se negoció la conformación de la lista.
«Desde que decidí ser abogado fue el tema de justificar la negociación… o sea, sí, hay algunas cosas que se pueden negociar, pero ¿una justicia negociada es justicia? Yo siempre lo he preguntado y ¿hasta dónde los derechos de las personas se pueden negociar? Si no, estamos igual, incurriendo en las mismas prácticas de los sectores privilegiados que tanto hemos cuestionado», señaló el abogado.
Tampoco logró ser incluída la abogada Brenda Dery Muñoz Sánchez quien, cuando se postuló a la fiscalía general del MP, en 2018, aseguró que su plan de trabajo estaba enfocado en la lucha contra la corrupción y que le habría «encantado» que la Cicig —vigente en ese entonces— fuera su socia más fuerte, según dijo en una entrevista con Plaza Pública.
El punto de quiebre de la postuladora
En la madrugada del 22 de septiembre ocurrió el momento de mayor tensión en la postuladora para Corte de Apelaciones.
Dos fuentes de la comisión que pidieron no ser identificadas, contaron que cuando votaban por bloques de 60 candidatos, los comisionados vinculados al exrector de la Usac Estuardo Gálvez tenían la intención de terminar la nómina en la primera ronda. Eso dejaba sin opción para intentar «rescatar» a candidatos que al inicio de las votaciones no habían alcanzado los 25 votos, pero habían quedado cerca.
En ese momento, el grupo conformado por la mayoría de los decanos y los integrantes de la Planilla 8, con vínculos con el partido Movimiento Semilla y al gobierno de Bernardo Arévalo, cambiaron la «estrategia» para poner en aprietos a la planilla Plataforma de Profesionales, asociada a Gálvez, así como a los magistrados de la CSJ que votaban en bloque con candidatos con los que tenían compromisos políticos.
El cambio fue, según las dos fuentes, empezar a votar por todos los expedientes, excepto por los que los decanos y la Planilla 8 tenían vetados previamente. Eso provocó que se redujeran los espacios disponibles en la lista. Es decir, menos espacios para los candidatos sobre los cuales el grupo de Gálvez, Néster Vásquez y los magistrados de la CSJ tenían compromisos.
La nómina de Corte de Apelaciones era como un saco enorme con mucho espacio, que se llenaba de a poco, pero tenía un límite: solo cabían 312 aspirantes y a esa hora iban más de 200.
Al darse cuenta de lo que estaban haciendo los decanos, el grupo de Gálvez y de los comisionados entraba y salía del salón para discutir donde no fueran vistos por las cámaras de la prensa y los observadores y conversaban alrededor del salón.
De acuerdo con las fuentes, momentos después, plantearon dos amenazas a los demás comisionados: que si continuaba así la votación, desintegrarían el cuórum de la sesión sin importar que se ponía en riesgo cumplir con el plazo que les había impuesto la Corte de Constitucionalidad (CC), para entregar la nómina a más tardar el 23 de septiembre.
Además, en la comisión se esparció el rumor de que «llevaban un mensaje enviado desde Gerona», como en el ambiente político se le llama al Ministerio Público y las figuras alrededor de Consuelo Porras, con el que se informaba que si sus candidatos no tenían el apoyo suficiente, se reactivaría el caso contra cuatro decanos de derecho que participan en la postuladora, anunciado por el MP en junio.
Uno de esos decanos investigados es Luis Ruano Castillo, de la UMG, quien el 20 de septiembre dijo en la conversación con Raúl Arévalo que los del MP «van a estar llamando». Luego de eso, la sesión se estabilizó y se terminó la primera ronda de votaciones, pero solo se lograron elegir 232 candidatos, hacían falta 80.
Los rescatados
La postuladora estuvo detenida desde las 3:00 hasta las 4:30 de la mañana del 22 de septiembre. Durante ese tiempo se discutió la conformación de una «lista de consenso», en la que cada uno de los grupos (decanos, representantes del Colegio de abogados y magistrados) propusieron a candidatos para alcanzar una lista de 74 candidatos, por la que casi todos los comisionados votaron a favor.
Posteriormente, se conformó otra «lista de consenso», esta de seis candidatos, para completar los 312. Entre los 80 candidatos que se incluyeron en la nómina a última hora figuran varios que en la primera ronda estuvieron cerca de alcanzar el mínimo de votos, como el juez Marco Antonio Villeda Sandoval, reconocido por su trabajo al frente del Juzgado de Extinción de Dominio.
En la primera ronda, el juez Villeda logró el apoyo de la mayoría de decanos, la planilla 8 y algunos integrantes del grupo de Estuardo Gálvez, pero no reunió los 25 votos mínimos.
Ignacio Blanco Ardón, padre de la excandidata a diputada por el Movimiento Semilla, Marcela Blanco, también fue integrado a la «lista de consenso», pese a que al inicio no logró ningún voto.
Mario Antonio Siekavizza Álvarez, presidente del Colegio de Abogados y vinculado al presidente de la CC, Néster Vásquez, también se encuentra entre los perfiles rescatados a última hora. Siekavizza había quedado fuera del proceso por errores en su papelería, pero un amparo provisional lo reintegró a la contienda. La Comisión Postuladora no informó quién fue el juez que lo otorgó.
Juan Carlos Corona López, exasesor de la fiscal general Consuelo Porras, también había sido vetado al inicio, pero al final fue rescatado. Corona y Siekavizza recibieron en la primera vuelta, en su mayoría, votos de magistrados de la CSJ y comisionados vinculados con Néster Vásquez y Estuardo Gálvez.
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Selección opaca
A decir de la abogada penalista Mónica Leonardo, la elaboración de la «lista de consenso» es preocupante porque con ello se dejaron de lado dos aspectos importantes de la Ley de Comisiones de Postulación: no hubo transparencia porque es imposible saber quién propuso la inclusión de cada uno de los candidatos en la nómina y porque no se privilegió la integración de personas que provienen de la carrera judicial.
«A pesar de que hay muchas voces celebratorias, yo no soy una de ellas, veo con mucha preocupación varios aspectos técnicos que repercuten en lo político y que dejan un mal sabor respecto a esta jornada [...], ¿Solo porque no incluyeron al fiscal Curruchiche o a la fiscal Cintia Monterroso debemos dar por bien hecho? Yo considero que no», opinó la abogada.
Leonardo también señaló que la lógica del «trasiego de números» de expedientes tampoco contribuyó a una adecuada elección de candidatos, pues difícilmente se elige a los más idóneos de esa forma.
La abogada también cuestionó: «sabemos que se habla de cobros para estar incluidos en la nómina, de juramentos de lealtad en caso de ser nombrados magistrados para luego resolver a favor de quienes les han nombrado, cuestiones que sí sobrepasan, no solo lo ético, sino lo legal».
La elaboración de las listas de consenso es lo que varios candidatos que quedaron excluidos utilizan como argumento para pedir a los órganos de justicia que se repita la conformación de la nómina para Corte de Apelaciones. El abogado Erick Castillo, quien en 2022 logró el amparo que le abrió la puerta a Consuelo Porras para la reelección, hoy es quien apoya a 15 aspirantes que quedaron fuera de la lista, para intentar botar el proceso.
Esta postuladora informó que hasta el 26 de septiembre habían recibido siete amparos contra la integración de la nómina.
Mientras eso se resuelve, el Congreso se prepara para elegir a 156 magistrados titulares y a 104 suplentes para la Corte de Apelaciones. Los aspirantes requieren el apoyo de, al menos, 81 diputados para ser tomados en cuenta. Al final de la votación en el Congreso, los candidatos con más votos serán electos magistrados. Si el proceso sigue el pie, el juego político de negociaciones y números se repetirá.
Este proceso estuvo marcado por una palabra que usaron el rector Raúl Arévalo y el decano Mario García el 21 de septiembre: «gris».
La analista Carmen Aída Ibarra, quien observó de cerca el desarrollo, también lo dijo así a la mitad de las votaciones: «este tipo de contexto político de alguna manera abre la puerta a los grises: a los aspirantes de los cuales no se sabe nada bueno o malo».
Personajes como Consuelo Porras y Néster Vásquez, hace más de una década cuando buscaban un espacio en las postuladoras, fueron también considerados candidatos «grises».
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La tabla completa con los datos de las votaciones que se visualizan en este reportaje pueden verse en este link
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