A estas alturas es normal ver que el Congreso le retire la inmunidad a la magistrada más poderosa de la Corte Suprema de Justicia o que la misma corte permita que diputados como Luis Rabbé puedan ser investigados. Ya no nos sorprende, incluso, que se hagan masivas capturas de funcionarios, operadores o empresarios que han sido privilegiados por la justicia.
Pero hace apenas tres años estos asuntos eran imposibles. Antes de esto, la dupla MP-Cicig había tocado algunas estructuras como la de Carlos Vielmann y compañía, la de Raúl Velásquez (ministro de la Unidad Nacional de la Esperanza —UNE—) o la de Enrique Ríos Sosa, pero no de una manera concentrada, sin develar el entramado de corrupción que ha tenido al Estado totalmente arrodillado.
Fue hasta que Iván Velásquez asumió el mando de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) cuando la historia del país empezó a cambiar. Recuerdo que, cuando se anunció su venida, Gerson Ortiz, entonces mi compañero en elPeriódico, averiguó que Velásquez había fotografiado la casa de Pablo Escobar y utilizó ese evento expectante para elaborar el título de una nota.
Velásquez no defraudó. Superó las expectativas. El primer golpe fue a la red de las prisiones que manejaba el capitán Byron Lima, el capo de las cárceles, en 2014. Esto rozaba a Otto Pérez Molina, pues se empezó a saber que Lima era amigo de Otto Pérez junior, que fabricó camisas para el Partido Patriota (PP) y que en la audiencia de primera declaración despotricó contra López Bonilla, a quien acusó de ser el mero gánster de las cárceles. Luego se capturó a Haroldo Mendoza, conocido narco, y por allí se acercaban aún más a Pérez Molina.
Después de eso vino la denuncia de Claudia Escobar contra Gudy Rivera (ya condenado). Aquí la Cicig desbarató el círculo de confianza del PP como antesala de La Línea, el caso de corrupción más sonado, el cual involucró al mismo Pérez Molina y desató las manifestaciones de 2015, además de una serie de procesos contra funcionarios, contratistas y operadores.
Pero el culmen se alcanzó cuando se develó el caso Cooptación del Estado, pues con este se desnudó el sistema político completo y se evidenció a los presidentes de dos de los bancos más grandes (G&T y Banrural) como parte de la corrupción estructural. Además, involucró a empresas enormes y a la esposa de Ángel González, dueño de los canales nacionales y de la Radio Sonora.
Por supuesto, el estandarte de esta pelea ha sido Iván Velásquez, acompañado de un grupo relevante de investigadores y asesores, quienes junto con el Ministerio Público (MP) y la fiscal Thelma Aldana han demostrado no solo los conocimientos técnicos, sino la decisión de enfrentar como nunca a las mafias de este país.
Esta conjunción de procesos inéditos ha sido vista como una insolencia (una persecución contra los empresarios para estrambóticamente meter miedo diciendo que se instaurará un régimen al estilo venezolano) por parte de los sectores más conservadores, que han mantenido el poder en el país desde hace mucho, ya que estos procesos judiciales implicaron poner en jaque el sistema de valores, la realidad política como tal. ¿Quién cree ya que hemos vivido todo este tiempo en un Estado de derecho, como lo llaman?
El pulso desde el año pasado era que el presidente Jimmy Morales tambaleaba entre las mafias (la llamada Juntita) que lo han acompañado desde sus estudios y quienes lo llevaron al poder, o bien cedía ante las demandas de la ciudadanía, el MP y la Cicig.
Ahora que están presos el hijo y el hermano de Morales, todo indica que la decisión del mandatario ha sido tomada y que este, fiel a sus orígenes, seguirá las instrucciones de la Juntita, que actúa con tanta desvergüenza que no se atrevió a votar para eliminarle el antejuicio a Blanca Stalling.
La estrategia de expulsar a Velásquez solo podrá ser detenida con el respaldo de la gente que apoya la lucha contra la corrupción y cree en un país que funcione, ya que Jimmy, los militares con procesos, los del Mariscal Zavala, los medios rastreros (Sonora, canales nacionales y Siglo 21), los empresarios defraudadores (y los que pudieran salir perjudicados) y los políticos temerosos que tienen la cola machucada van a tratar de declararlo no grato desde la presidencia para pedirle a la ONU que lo cambie, para lo cual aducirán cualquier pretexto que para ellos sea suficiente.
#ApoyoAIván.
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