Bernardo Caal Xol: el maestro preso que enfrentó a la hidroeléctrica Oxec

Terminar en la cárcel, dice Bernardo Caal Xol, era una posibilidad de la que sospechaba desde tiempo atrás. No sabía cuál sería la acusación concreta, ni si alguna vez ocurriría, pero desde hace años sabía que tenía boletos para acabar algún día entre rejas, por los poderes económicos que decidió enfrentar.

Su encarcelamiento “es un plan para destrozarme, ya está trazado, solo lo ejecutan”, dice desde el Centro Preventivo para Hombre de Cobán, en Alta Verapaz. Ahí permanece desde el pasado 30 de enero. En su opinión, es el precio por ser la cara visible de un movimiento de defensa del territorio en Santa María Cahabón, Alta Verapaz, en contra las dos plantas de la hidroeléctrica Oxec en los ríos Cahabón y Oxec desde 2015.

Caal Xol es un líder comunitario maya q'eqchi de 46 años. Fue detenido el día en que se presentó de manera voluntaria a una audiencia ante el tribunal de Cobán, que hacía casi dos meses ordenó su captura. El juez Ricardo Isaías Caal lo ligó a proceso acusado de los delitos de robo agravado y retención ilegal. En total, entre tres y quince años de condena.

El señalamiento que le mantiene en prisión está relacionado con una protesta que tuvo lugar el 15 de octubre de 2015. Empleados de Netzone S.A., empresa subcontratada que trabajaba en la construcción de la segunda planta de la hidroeléctrica Oxec, dicen haber sido retenidos y robados por un grupo de comunitarios descontentos con la infraestructura, liderados por Caal.

Caal Xol lo niega. Ese día llegó tarde al sitio donde se registraron los disturbios, y si ocurrió algo delictivo él no estaba allí, asegura. Mientras ocurrían los supuestos hechos, él viajaba desde Cobán con información sobre la empresa. Cuando arribó lo único que hizo fue calmar los ánimos y convencer a los comunitarios a regresar a sus aldeas.

El líder indígena también enfrenta otro proceso judicial. El ministerio de Educación lo acusa de cobrar su salario como maestro entre 2012 y 2013, sin haber trabajado. Caal defiende que esas horas las dedicó a su labor como representante sindical. “Tarde o temprano se sabrá la verdad. Creyeron que con mi encarcelamiento iban a lograr que cayera la lucha del pueblo q'eqchi, pero están despertando más conciencia”, dice.

Como parte representante de las comunidades opuestas a las hidroeléctricas, Caal Xol interpuso tres acciones legales en distintas instancias en contra de la Oxec. La primera, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que denuncia que no se consultó a las comunidades q'eqchis de la zona según dicta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La segunda, ante la Fiscalía de Medio Ambiente, por la tala ilegal de árboles en 15 hectáreas. La tercera, ante diversas instancias, entre ellas el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Cree  que la infraestructura se construyó irregularmente en terrenos propiedad del Estado. En las dos primeras, los jueces ya le han dado la razón. La última está siendo investigada por la Fiscalía Distrital de Alta Verapaz, en Cobán.

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El proceso penal en contra de Caal “es una maniobra de criminalización”, dice Claudia Samayoa, de Udefegua (Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Guatemala), que monitorea el caso. Cree que que en este tipo de estrategias colaboran las empresas privadas y la administración.

Valeria Prado, responsable de Sostenibilidad de Oxec S.A., la compañía que explota las dos hidroeléctricas, negó durante una entrevista en febrero pasado que la empresa tenga responsabilidad en el encarcelamiento.

La vida del activista en la cárcel

Es domingo 22 de abril, día de visitas en la prisión de Cobán. Son las 9:00 horas. Bernardo Caal se encuentra sentado en un banco junto al acceso a una de las celdas. La cárcel acoge a aproximadamente 370 reos, divididos en cuatro sectores. Todos tienen que salir de esas salas en las que duermen hacinados, reciban o no visita. En el centro del patio hay 13 mesas con sus sillas; un par de tiendas levantadas en lámina y madera, como casitas dentro del propio recinto penitenciario; una iglesia, porque siempre hay una iglesia, e incluso una parrilla para cocinar los alimentos que traen los familiares. Si uno se abstrae, parece un espacio de recreo mal apañado. Los alambres de la parte superior del muro, donde permanecen apostados los guardias, recuerdan que esta es una institución en la que se encierra a los privados de libertad. Al contrario que en otras penitenciarías más modernas, esta se ubica en el centro de la ciudad y no existe perímetro de seguridad.

“El primer día pasé miedo”, cuenta Caal sobre su primera jornada entre rejas. “Jamás había puesto un pie en la cárcel. La primera noche no pude conciliar el sueño. Por suerte, encontré personas a las que había tratado en Cahabón”. Estar encerrado le hace vulnerable, considera. “Siempre hay rumores de amenazas en mi contra, se acerca alguien y te dice, pero no se puede comprobar…”.

La conversación se interrumpe.

Desde el otro lado del patio llegan dos niñas acompañadas por su madre. Son Ni´kte´ Ixch´umil Squijix, de 11 años, y Chahim Yaretzi Ketzali´, de 9, sus hijas, y su compañera, María Isabel Matzir, de 36 años. Los nombres de sus hijas mezclan los idiomas q´eqchí y kakchiquel, las comunidades lingüísticas a las que pertenece la pareja. Ambos se conocieron en capacitaciones de movimientos sociales, hace más de 15 años. Llevan juntos desde entonces.

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Las niñas, una a cada lado, se abrazan a su padre como dos koalas. Este, con los ojos cerrados, intenta abarcar a ambas, como si se le pudiesen escapar entre los brazos. La madre les mira, a un metro, aguardando su turno. Durante unos segundos no están en el patio de una prisión sino en cualquier otro lugar. Por ejemplo, en la Laguna Lachuá. Allí realizó la familia sus últimas vacaciones. Fue en diciembre de 2017, justo antes de que el juzgado cursase otra orden de búsqueda y captura contra Caal; la segunda en un año, la que le mandó a prisión.

Seguimos la entrevista aunque, esta vez, con las dos niñas convertidas en centinelas silenciosas de su padre.

Llevan a la espalda un largo camino. Residen en Chimaltenango, a 262 kilómetros por carretera. Para ver a su padre tienen que desplazarse hasta la capital en taxi. Luego, autobús hasta Cobán. Llegan en la noche del sábado, tras ocho horas de trayecto. Duermen algo en un hotel. Amanecen a las tres de la madrugada, para acompañar a su madre mientras cocina. Hoy toca punta de güisquil con huevo y b’atcha de pavo, un guiso con hierbas de Alta Verapaz. Isabel no sabe con exactitud si los guardias permitirán que la comida ingrese. La arbitrariedad, explica, marca qué es lo que entra o no en el presidio.

La visita concluye a las 16:00 horas. De ahí, camino a la inversa. Al día siguiente hay clase para las niñas y clase para la madre, que también es maestra.

A la carga emocional se suma la económica. Cada fin de semana de visita gasta unos Q1,100 en transporte. A eso hay que añadir los alimentos y enseres que el preso pueda necesitar. Un platal.

Una historia común sobre Guatemala

En la historia sobre Bernardo Caal aparecen tres elementos que, por sí solos, no explican que actualmente se encuentre encerrado en la prisión de Cobán pero que unidos aclaran mejor la situación actual.

El primero es su origen humilde, que le empujará hacia el activismo social.

El segundo, sus estudios como maestro, su trabajo en la escuela y su implicación en el sindicato de docentes, con enfrentamiento con Joviel Acevedo incluido.

El tercero es su regreso a Santa María Cahabón y su liderazgo comunitario contra la construcción de la hidroeléctrica Oxec. No fue él quien lo buscó, sino que sus vecinos le buscaron a él. Ocurrió en 2015. Como habla bien castellano y tenía facilidades para acudir a la capital, fue el elegido para presidir la junta directiva que se opondrá a la infraestructura. En aquel momento, la primera planta acababa de comenzar a funcionar.

El líder comunitario nace en 1972 en Sepos Semococh, la última de las 196 aldeas del municipio de Santa María Cahabón en dirección al Estor, Izabal. Hijo de Manuel Caal Caal, fallecido en 1992, y Carmen Xol Maquín, que actualmente tiene 62 años. Seis hermanos: José Ángel, de 40 años; Elsa de Jesús, de 38; Manuel, de 34; Rosa, de 31; María Josefina, de 28. También Olga Estela Caal Xol, de 38 y con quien comparte padre únicamente.

Cuando él nació aquel era un poblado pobre, prácticamente incomunicado. Ahora sigue siendo humilde, muy humilde. Al menos dispone de camino de terracería y nadie sufre las penurias que la familia Caal Xol atravesó cuando el patriarca, Manuel, enfermó de cáncer a principios de la década de los 90. Para llevarlo al hospital de Cobán tenían que cargarlo entre varios hombres durante dos días, recuerda Bernardo. Solo entonces llegaban hasta Cahabón, donde un picop lo cargaba hasta la capital departamental.

La historia de Bernardo Caal es la de cualquier joven nacido en una aldea en Alta Verapaz. Su abuelo era un mozo colono que trabajaba en una finca por el módico precio de nada. Era lo habitual. Los finqueros les permitían permanecer en su aldea de siempre a cambio de sus labores. Un modelo de esclavitud que no termina de erradicarse.

Muy joven, sus padres lo envían a Cahabón, a casa de la familia Barrientos García, que lo acogen como chico de los mandados. Imaginen: un niño asustado, que apenas ha salido de su aldea, llega a un municipio en el que hablan un idioma que no comprende. Su lengua materna es el q'eqchi y en aquel domicilio solo se expresaban en castellano. Su padre, de hecho, no sabía leer ni escribir.

A partir de ahí, el relato no se sale de lo común: estudios en Cahabón, estudios en Cobán, trabajo en finca de café a Q4 por quintal. Termina magisterio y marcha a trabajar a su aldea. Al ser el mayor de los hermanos, adopta una figura de autoridad en la familia. En aquel tiempo también comienza su actividad social, promoviendo la construcción de un camino de terracería, reclamando tierras para los campesinos con asesoría del Comité de Unidad Campesino (CUC).

Tras concluir sus estudios, en 1995, regresa a Semococh, su aldea, como maestro.

La expulsión del sindicato

—Bájale un poquito el ritmo a la pelea social; luchamos contra dos grandes monstruos: el sindicato y el gobierno del Partido Patriota, el más corrupto que hemos tenido en Guatemala. Nos van a hacer mucho daño. Bájale.

—Ya me despojaron de mi salario, de mi bienestar laboral, me están despojando de mi condición indígena, no voy a quedarme callado.

—Nos van a destrozar la vida.

Esta conversación se produjo en algún momento de 2015 entre Daniel Solares y Bernardo Caal. Para entonces, los dos habían sido expulsados del sindicato tras una disputa con Joviel Acevedo y, casi como consecuencia, despedidos de sus puestos de trabajo. El líder encarcelado, que es un tipo obstinado, no hizo caso de las recomendaciones de su amigo.

Ese mismo año, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) emite un oficio dirigido a la Policía Nacional Civil (PCN) para brindar “seguridad personal y perimetral urgente” a Caal, Solares y Mayra Hernández Ventura, la tercera compañera en la disputa contra el sindicato. El motivo: haber recibido “intimidación y amenazas” por “autoridades del ministerio de Educación, ministerio de Trabajo y Previsión Social y del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala”.

Existe un largo camino desde que Caal llega como maestro a Semococh en 1995, hasta su expulsión del sindicato en 2013, que le dejará también sin empleo.

Antes hay que comprender el contexto. En las aldeas de Alta Verapaz, como en buena parte del interior de Guatemala, el papel de los maestros no se limita a dar la lección. Tienen una autoridad comunitaria. Sellan actas; median en las disputas. Eso mismo hacía Caal Xol. Su relato sirve para explicar las condiciones de precariedad de los maestros en áreas rurales: escasos recursos, muchas horas extra para intentar abarcar a todos los alumnos, estudiantes que deben abandonar las clases para trabajar en el campo, gran necesidad y nula inversión por parte del Estado.

En Alta Verapaz, el índice de pobreza llega hasta el 89,5%, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2011.

La firma de los acuerdos de paz, en 1996, abrió una etapa de liberalización de la economía, dirigida por el entonces presidente Álvaro Arzú Irigoyen. Alta Verapaz, con grandes riquezas naturales, no quedó al margen del desembarco empresas que querían operar en el territorio. Los conflictos, desde aquel momento, no han cesado.

No se puede entender una cosa sin la otra. Caal Xol, como maestro, tomó parte en las iniciativas de defensa del territorio en su comunidad. Primero, en el caso de la empresa Mayaníquel. Después, con las hidroeléctricas que proliferan en el río Cahabón. Actualmente, en su caudal hay seis plantas para generar energía: cinco de ellas del conglomerado Renace, propiedad de Corporación Multi Inversiones, y otras de Oxec S.A.

Al mismo tiempo, se integró en el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), que entonces ya estaba liderado por Joviel Acevedo. “Hacíamos trabajo sindical pero también un trabajo de concienciación social sobre el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sostenible o valores como la participación ciudadana”, explica Daniel Solares.

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Para 2013, Caal Xol lidera el sindicato en Alta Verapaz. Las relaciones con la dirección se deterioran. “Se venían impulsando políticas neoliberales y, apoyados por la asamblea, nos opusimos”, explica Solares. Tanto él como Caal Xol y Hernández fueron expulsados. Según el primero, fue el propio director departamental de Eduación, Álvaro Heriberto Xoy Reyes, quien les entrega el oficio por el cual quedaron fuera del sindicato.

Desprotegidos por no gozar ya de los beneficios de los representantes de los trabajadores, el ministerio de Educación les deja sin empleo. Argumenta que no acudieron a su puesto durante el tiempo en el que ejercían como sindicalistas. Ellos defienden que el convenio les ampara.

Aquí se abre un complejo proceso judicial. En 2015, dos años después de los hechos, un tribunal laboral da la razón a los expulsados del sindicato. Acevedo, sin embargo, nunca les readmitirá, argumentando que ya no son maestros y, por lo tanto, no pueden representar a sus compañeros. Es el perro que se muerde la cola.

Ese mismo año, Xoy Reyes, director en Alta Verapaz del ministerio de Educación, interpone una demanda penal contra Caal. Le acusa de “estafa” por haber cobrado Q104 mil en salarios entre el 6 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2013. Durante ese tiempo, Caal dice que se dedicó a realizar actividades sindicales, apoyado en lo que establece el convenio de condiciones de trabajo.

Este es el proceso por el que el 27 de marzo de 2017, el juez Ricardo Isaías Caal, de Cobán, decretó la primera orden de captura contra el maestro.

Tras permanecer cuatro meses en la clandestinidad, Bernardo Caal se presenta ante el juez el 19 de julio de 2017. Queda en libertad con cargos tras pagar una fianza de Q25 mil. Hasta el 30 de enero, cuando fue detenido de nuevo, por una causa diferente.

Existen diferentes versiones sobre el caso de la presunta estafa.

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En el departamento de comunicación del ministerio de Educación aseguran que Caal dejó de ser maestro en agosto de 2013. “Se le hicieron gestiones para que volviera a trabajar. Se agotaron instancias, nunca presentó apelaciones. Se fue a instancias penales. No se presentó. Se le notificó y se vencieron los plazos”, dicen estas fuentes, que no se identifican.

Daniel Solares denuncia una connivencia entre el sindicato de Acevedo y el ministerio. También, entre Educación y las empresas hidroeléctricas. Defiende la ausencia por motivos sindicales. En su caso, un fallo de la Corte de Constitucionalidad de hace nueve meses ordena restituirle en su puesto. Cinco años después de ser despedido. Todavía no se ha hecho efectivo. Explica que el proceso sobre Caal iba “viciado, manipulado” y que por eso no pudo seguir su mismo camino legal.

Sobre las irregularidades profundiza Edgar Pérez Archila, abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos que representa a Caal. “Esto es una situación orquestada”, denuncia. Explica que la causa penal contra el antiguo maestro por “estafa” no ha agotado todos los pasos legales. Según la norma, primero corresponde un procedimiento administrativo. Luego, lo que se denomina un proceso “económico coactivo”, que se pone en marcha cuando un empleado debe dinero a la administración en la que trabaja. El último recurso es la vía penal. Para llegar a él hay que agotar los otros dos, algo que no ha ocurrido en este caso. Se lo confirmó la CSJ al propio Archila. Esto bastaría, según el letrado, para poner fin a la causa. A pesar de ello, el procedimiento sigue su curso.

Un detalle: en 2017, el juez Isaías Caal quiso excusarse y no conocer el proceso alegando sufrir “presiones de personas externas al proceso”. En ese momento, con el líder comunitario en libertad, no se realizaban manifestaciones ni plantones en el exterior del juzgado de Cobán. Nunca se desveló quiénes eran esas presiones. Un año después, el juez repitió alegación, en este caso, denunciando las protestas de comunitarios.

Trabajadores de Oxec como testigos

“En el día de hoy, 15 de octubre, a eso de las 8:30, recibió una llamada telefónica del señor Luis Romero, quien es su piloto, indicándole que un grupo de 100 personas aproximadamente, que aparentemente realizaban una manifestación, le interceptaron el paso en la ruta de El Estor hacia Cahabón, Alta Verapaz. Dichas personas robaron herramientas, cables eléctricos y de comunicación”. Así reza la denuncia interpuesta el 15 de octubre de 2015 por Óscar Giovani Cordón Duque, representante legal de Netzone SA. No se identifica a nadie. En julio de 2017, dos años después, se presenta una segunda demanda. La firman otros trabajadores de esa empresa: Estuardo González Ruiz, Fernando Barrios García y Milton Orlando Barrios Ruiz. Dicen haber reconocido a Caal por televisión. El famoso Luis Romero, quien efectúa la llamada, no aparece en ninguna denuncia. Ya no trabaja en Netzone.

La fecha de la segunda demanda coincide con un momento clave en el conflicto sobre Oxec: un mes antes de la celebración de una consulta de buena fe en el municipio que no contó con el visto bueno del ministerio de Energía y Minas. Participaron 26,537 habitantes, de un total de 70 mil residentes, aunque a estos habría que descontar los menores de 16 años.

Plaza Pública contactó con la compañía, que se mostró dispuesta a dar su versión, pero al cierre de esta nota, después de dos semanas, no había aportado dato alguno.

El 8 de diciembre de 2017, a instancias del Ministerio Público, el juez Isaías Caal decreta una orden de busca y captura en contra de Caal. En opinión de Pérez Archila, podía haberle citado, sabiendo que estaba ligado a otro proceso, que pagó una fianza y estaba localizable.

Caal Xol siempre ha creído que la empresa está detrás de su encarcelamiento. Valeria Prado, representante de Oxec, dice que la hidroeléctrica no tiene nada que ver.

Recientemente, la acusación ha presentado a seis empleados de Oxec como testigos. Todos ellos aseguran haber visto al antiguo maestro en moto, liderando a los comunitarios.

Edgar Archila ve ahí una contradicción. Si había personas que identificaron a Caal el día de los hechos porque “es una persona muy conocida en Cahabón”, ¿por qué esperar dos años para interponer una denuncia?, se pregunta.

Dos de los testigos, Valeriano Chun y Pedro Coc, trabajadores Oxec, aparecen en un video de República GT en el que se les pregunta sobre Bernardo Caal. Está publicado en febrero de 2017, justo después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diese la razón al líder campesino y ordenase la paralización de los trabajos de la hidroeléctrica por no haber preguntado a las comunidades, según dicta el convenio 169 de la OIT.

“Bernardo Caal, nada que ver en las 11 comunidades, nosotros somos los que vivimos en las 11 comunidades. Él dice que nos representa pero queremos decirle que todo es mentira”, dice Valeriano Chun en la grabación.

“Bernardo Caal es el que representa a las oenegés que afectan a nuestras comunidades. Nos está afectando. No nos representa en ningún momento. Desconocemos que él haya venido a hablar que se está contaminando, eso es lo que él dice. De dónde sacará la idea”, dice Pedro Coc.

Ninguno de ellos hace mención a la supuesta agresión que presenciaron. A pesar de ello, testificarán contra Caal en el proceso que está previsto que comience a finales de junio. Prado, representante de Oxec, dijo desconocer los detalles sobre el procedimiento.

Estas voces ponen de manifiesto que la adhesión a Caal no es unánime en Santa María Cahabón. Existe división entre partidarios y detractores de la hidroeléctrica. Los primeros le ven como a un enemigo. Lo explica, por ejemplo, José Chun, empleado en la planta y líder comunitario en La Escopeta, una aldea cuya población apoya a la empresa. Entrevistado en agosto de 2017, Chun culpaba a Caal Xol de haber generado divisiones en la comunidad, de no ser vecino de la zona (nació en el municipio, pero no en las comunidades denominadas “área de influencia”) y de “contar mentiras”. A su juicio, la hidroeléctrica no perjudica el medio ambiente y genera empleo en una zona empobrecida.

Desde que lidera el movimiento contra la empresa, Caal Xol fue estigmatizado, según denuncia Julio González, del colectivo ecologista Madre Selva. Aparecieron panfletos acusándole de no ser originario de Cahabón. República GT filmó su domicilio familiar en Chimaltenango. Incluso se distribuyó una supuesta constancia de antecedentes penales en la que aparecía una acusación por violencia contra la mujer en Petén. Se trataba de otra persona con la que comparte nombre y apellido.

El expediente de Caal Xol ha sido analizado por la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH), el relator de la ONU para defensores de Derechos Humanos, la Relatora de la ONU sobre pueblos indígenas (Victoria Tauli Corpuz, quien visitó a Caal en la cárcel de Cobán durante su reciente viaje a Guatemala) o Amnistía Internacional. Según explica Claudia Samayoa, de Udefegua, hasta que no haya sentencia firme no puede recurrirse a la justicia internacional.

El proceso judicial va rápido, mucho más de lo que suelen avanzar otros procedimientos en el mismo tribunal, dice Archila. El 19 de junio, martes, a las 9:00 horas, en Cobán, será la primera sesión de la causa por la supuesta agresión.

El preso, mientras tanto, sigue en la cárcel. Allí también tiene sus momentos de duda y soledad. Este lugar, como dice Isabel, su compañera, es de “oír, ver y callar”.

Según relata, pasa el tiempo leyendo y escribiendo. No ha perdido su ojo crítico. Denuncia que la cárcel castiga especialmente a quienes no tienen recursos. Que hay gente que permanece encerrada por no poder pagarse un abogado que gestione sus trámites.

También reflexiona sobre los conflictos en el territorio.

“Si la hidroeléctrica se hubiese creado para dar luz a todos los guatemaltecos, si pagásemos un precio simbólico, si hubiesen consultado, quizás podría aceptarse. Pero mira el ejemplo de Chixoy”, dice, haciendo referencia a la mayor planta construida en Guatemala. Esta se construyó en 1982 y no fue hasta 2014 que cinco mil habitantes del área de influencia recibieron luz eléctrica. Hasta entonces se alumbraban con candelas.

“Yo estoy aquí por un supuesto robo que no cometí. La hidroeléctrica se robó tierras de la Nación y todavía no ha ocurrido nada”, protesta.