Mediante un recurso de casación, el jueves 26 de septiembre, el abogado Moisés Galindo expuso que el juicio contenía el error de haber establecido un veredicto sin que se conociera el paradero de Sáenz Calito y que, por lo tanto, no se podía dictar una sentencia contra el acusado.
La Cámara Penal de la CSJ lo declaró improcedente ya que el delito de desaparición forzada es considerado permanente y continuado hasta que la víctima no sea liberada, dijo Gustavo Bonilla, magistrado de la CSJ.
Mynor Alvarado, asesor jurídico del GAM explicó que el defensor Galindo -quien no se presentó a la audiencia celebrada en la sala de vistas de la CSJ- ha propuesto varios recursos de apelación en defensa del acusado, para impedir que quede firme la sentencia que se le dictó a Arredondo. Galindo explicó que se han presentado tres amparos y un recurso de casación que apelan a la sentencia dictada en agosto de 2012.
Galindo explicó que no pudo asistir a la Sala debido a que se encontraba en una audiencia en un proceso en el cual está acusado por el desfalco de Q471 millones en el Ministerio de la Defensa en 2001. Es el mismo caso que se sigue contra el ex presidente Alfonso Portillo, en el cual es acusado por el ex fiscal Celvin Galindo y la Contraloría General de Cuentas.
Los querellantes adhesivos presentes en la Sala de Vistas de la CSJ fueron el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que obtuvo un mandato de la Cámara Penal para investigar el caso a solicitud del GAM. Ambas entidades presentaron argumentos para que el recurso de casación fuera rechazado.
García Arredondo fue jefe del Comando VI y del Cuerpo de Detectives de la extinta Policía Nacional (PN) durante el gobierno de Romeo Lucas García, hasta ser expulsado tras el golpe de Estado que llevó a Efraín Ríos Montt a la presidencia. García Arredondo permanece en prisión desde el año pasado, a la espera de que en 2014 se lleve a cabo un juicio en el que se le acusa por implicación en la quema de la Embajada de España en enero de 1980.
