Las noticias de cómo los políticos corruptos se han gastado el dinero de la ciudadanía es común en El Salvador e Italia, Perú y España. Las últimas noticias del caso de Tony Saca no hacen sino sumar más ejemplos. Las explicaciones de por qué los políticos roban han sido objeto de debate académico por mucho tiempo. Explicaciones las hay históricas, culturales, económicas y políticas. Entre las históricas hay las que señalan que el pasado colonial influyó en cómo se construyeron instituciones y reglas que buscaron beneficiar a un grupo reducido de personas en detrimento de las mayorías. Entre las culturales, la religión, sobre todo aquellas de raíz jerárquica, como el catolicismo, que limitan el cuestionamiento a las autoridades e influyen en cómo se ve la familia en oposición a los otros. Las explicaciones políticas de fortaleza institucional y pluralismo afirman que aumentan las posibilidades de ser arrestado y sometido a penas justas en relación con los delitos. Y hay también las explicaciones económicas, sobre todo aquellas que señalan que las economías más cerradas son más vulnerables, ya que incentivan la protección de mercados a cambio de dádivas frente a competidores externos.
A pesar de las explicaciones tan diferentes, hay un consenso en torno a que los políticos roban para aumentar su capital social (popularidad, lujos, contactos) y claramente su capital económico. Sin embargo, hay menos investigación y debate sobre adónde, además de las cuentas personales, se va el dinero. Lo relevante del caso Tony Saca es que da luces sobre cómo los políticos también roban para capturar los medios, es decir, usan fondos públicos para modificar la cobertura de medios acerca de su gestión.
En un artículo académico muy citado, John McMillan y Pablo Zoido dan cuenta de cómo Vladimir Montesinos, jefe de inteligencia de Alberto Fujimori, pagaba millones de dólares a los dueños de los medios de comunicación en Perú. En grabaciones que luego se conocieron como los vladivideos, Montesinos entregaba fajos de miles de dólares a periodistas, dueños de medios, jueces y también políticos. Sin embargo, los registros contables de Montesinos, revelan los autores del artículo, pagaban hasta 100 veces más a dueños de medios de comunicación y a periodistas que lo que usualmente pagaban a políticos y a jueces. Por ejemplo, el pago a un solo canal de televisión correspondió cinco veces más a lo que se pagó a los políticos. La diferencia entre medios, jueces y políticos está en que solo los medios tienen la capacidad de movilizar a la ciudadanía, el último resguardo de cualquier democracia.
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En mercados de medios altamente concentrados como los centroamericanos, el pago de coimas, la transferencia de fondos públicos y la irregular contratación anual de publicidad pública han sido mecanismos comunes a través de los cuales los políticos han buscado asegurar una cobertura de medios balanceada, es decir, una captura de los medios. En el caso de El Salvador, la captura de medios no es nada nuevo. Por el contrario, el uso de mentas (o sea, coimas) para modificar la cobertura periodística ha estado allí al menos desde la administración Cristiani (1989). Lo relevante del caso de Saca es que por primera vez tenemos datos sobre a qué periodistas y medios se pagó y cuánto. Pero la captura, como la corrupción, siempre ha tenido dos caras. Además de existir políticos que negocian coberturas periodísticas positivas con fondos públicos, hay periodistas y dueños de medios ávidos de aceptar el dinero público para atender las necesidades de los primeros. Las denuncias hechas por senadores estadounidenses y la posible inclusión de Ángel Remigio González, el gran magnate de los medios de América Central, en la lista Magnitsky por corrupción en Guatemala son otros ejemplos.
En países como los centroamericanos, donde la poca y escasa información política proviene de los medios de comunicación, la captura de estos impone una amenaza a la estabilidad democrática y facilita que, una vez sí y otra vez también, los políticos busquen sacar partido de su acceso directo al Gobierno para robar. El caso de Tony Saca hoy, como en su momento el caso de los vladivideos, urge y abre el debate acerca del rol de los medios y los periodistas en los esquemas de corrupción. Es cierto que mucho del dinero que se roban los políticos va a los bolsillos de estos, pero también es cierto que mucho de ese otro dinero termina en manos privadas, muchas de ellas de los medios de comunicación. Esa es la tarea aún pendiente de las autoridades judiciales de nuestros países: la de sentar responsabilidades en la cara privada de la corrupción.
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